Dan prisión preventiva a presunto responsable del accidente en la autopista Guadalajara-Tepic que dejó 9 muertos
De acuerdo con las investigaciones el domingo 12 de julio, el imputado conducía un tractocamión marca International, modelo 2022, sin placas de circulación y acoplado a un semirremolque
Sepa la Bola: Justicia bajo presión
Su permanencia en prisión preventiva, por varios meses, se justifica como medida cautelar para evitar posibles presiones o influencias indebidas en la investigación.
Claudia Bolaños @claudiabola
El caso de Arturo Emmanuel Gómez Lara, CEO de EON Energy, actualmente en prisión preventiva en Torreón, Coahuila, por presuntos actos de fraude, representa un desafío crucial para el Estado de derecho en México. La situación se complica por una campaña mediática que buscaría influir en el proceso judicial a su favor.
Se alega que Gómez Lara enfrenta acusaciones de fraude por parte de diversas empresas del sector energético del norte del país, específicamente por la falta de pago de 45 millones de pesos correspondientes a la comercialización de 15 megavatios (MW) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en 2023.
Adicionalmente, existe un expediente con la causa penal 974/2023 que lo acusa de incumplimiento de un contrato de exclusividad. Su permanencia en prisión preventiva, por varios meses, se justifica como medida cautelar para evitar posibles presiones o influencias indebidas en la investigación.
La estrategia de defensa de Gómez Lara, según reportes, incluye una campaña que algunos califican como difamatoria. Esta campaña buscaría, presuntamente, desprestigiar a los acusadores y cuestionar la imparcialidad del proceso judicial. Se ha señalado la contratación de agencias de relaciones públicas para influir en la opinión pública y, potencialmente, en las decisiones judiciales.
Es fundamental que el Poder Judicial de Coahuila actúe con total independencia, resguardando la integridad del proceso y evitando cualquier forma de presión mediática.
El Estado de Derecho exige que las investigaciones se lleven a cabo de manera exhaustiva y objetiva, sin que la opinión pública ni campañas influyan en la resolución.
El incumplimiento de contratos y los presuntos actos fraudulentos deben investigarse a fondo y, de comprobarse la culpabilidad, deben aplicarse las sanciones previstas en la ley.
Y Sepa la Bola… pero la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza, Seguridad, Mensajería, Mantenimiento, Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana (UNITYEL), que preside Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar, conocido como “El Zar de la Limpieza”, continúa siendo señalada por presuntas irregularidades en algunas empresas a las que se le ha vinculado desde hace varios años, aunque él siempre lo ha negado.
Hay voces del sector que señalan que, a través de su representante legal, Julio César Velázquez Hernández, se implementan estrategias legales y se utiliza el argumento del derecho de réplica para intentar eliminar cualquier tipo de información que relacione a Reyes Saldívar con prácticas cuestionables de empresas como Ocram Seyer S.A. de C.V., Rapax S.A. de C.V., Semalyn S.A. de C.V., Wilk S.A. de C.V. y Suministros Doxie S.A. de C.V.
Decenas de trabajadores de dichas empresas reportan no contar con equipo adecuado, prestaciones sociales ni el pago puntual de su salario. La forma de operar es similar: dar de alta al menor número posible de empleados, incumplir con la cantidad de personal solicitada por las dependencias, y en los últimos meses se han registrado las mayores inconformidades en la atención de servicios del ISSSTE.
Y Sepa la Bola… pero
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