Jazmín “N” estaría vinculada a la facción conocida como “Agrupación Silvano Pedraza”, fungiendo como presunta líder; esta agrupación formaría parte del grupo delictivo “Sindicato 25 de marzo” y estaría vinculada a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)
Edgar “N” fungía como jefe de plaza de “Los Cabrera” en la región Laguna de Durango y Coahuila.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como resultado de trabajos de inteligencia, fue detenido en el estado de Durango Edgar “N”, alias “El Limones”, integrante de la organización criminal “Los Cabrera”, afín a “Los Mayos” del Cártel del Pacífico.
De acuerdo con lo dado a conocer por el titular de la SSPC, la detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la SSPC a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).
García Harfuch detalló que, con información del CNI, se identificó la operación de una célula delictiva relacionada con amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región, además de que, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el detenido fue investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, siendo señalado como operador financiero del grupo delictivo “Los Cabrera”.
Según las investigaciones, Edgar “N” fungía como jefe de plaza de “Los Cabrera” en la región Laguna de Durango y Coahuila, ubicándose en el segundo nivel de la estructura criminal, donde recibía órdenes directas de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”.
El secretario de Seguridad indicó que Edgar “N” recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con el lavado de dinero, además de participar en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.
Omar García Harfuch subrayó que este operativo reafirma el compromiso del Gobierno de México, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de utilizar la inteligencia y la coordinación interinstitucional para combatir la extorsión, castigar a sus responsables y restituir la seguridad de agricultores, empresarios y familias, en consonancia con la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
La pregunta es inevitable: ¿dónde está la gobernadora? Mientras el estado vive una ola de sangre que ya se volvió cotidiana, González Saravia mantiene un discurso político que no corresponde a los hechos ni a la percepción ciudadana.
Raúl García Araujo @araujogar
Morelos cierra 2025 con un balance devastador en materia de seguridad. En apenas una semana, 20 personas fueron asesinadas en distintos municipios sin que la autoridad haya logrado dar una respuesta contundente ante la expansión del crimen.
Los hechos son contundentes: hombres torturados y amarrados en Tepoztlán; un repartidor de tortillas ejecutado en Temixco; cuerpos abandonados en la cajuela de un vehículo en Yautepec; homicidios cometidos en un campo de futbol y en carreteras; un joven privado de su libertad en Totolapan hallado muerto en Tlalnepantla; dos jóvenes ejecutados en Yecapixtla; y un hombre desmembrado en Cuautla.
La impunidad es tan amplia que, para las células criminales, matar no solo es un delito: es un mensaje de dominio. La violencia en Morelos no disminuye, no se contiene y, peor aún, no encuentra oposición efectiva por parte del gobierno estatal.
Los morelenses están viviendo exactamente lo que vivieron durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo, un periodo marcado por la ausencia, la improvisación y la incapacidad. Y lo que prometió Margarita González Saravia —un gobierno distinto, capaz y con rumbo— simplemente no ocurrió.
Su administración no ha mostrado diferencias reales ni en estrategia ni en resultados; por el contrario, reproduce la misma inacción que dejó a Morelos vulnerable y fracturado.
La violencia no es el único indicador del fracaso. La extorsión, el delito que mejor revela el nivel de control territorial de las organizaciones criminales, expone de forma clara la incapacidad del gobierno estatal.
Durante el primer año de González Saravia se denunciaron 376 casos de extorsión, con incrementos mensuales que alcanzaron hasta el 100 por ciento.
Cuando la gobernadora asumió el cargo, en octubre de 2024, se abrieron 25 carpetas por este delito; para mayo de 2025 la cifra llegó a 50, el doble, a pesar de contar con el apoyo de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
La pregunta es inevitable: ¿dónde está la gobernadora? Mientras el estado vive una ola de sangre que ya se volvió cotidiana, González Saravia mantiene un discurso político que no corresponde a los hechos ni a la percepción ciudadana.
Habla de esfuerzos y coordinación, pero no de resultados. Presume mesas de seguridad, pero no presenta avances. Y la realidad es que para los habitantes de Morelos, la violencia no solo no disminuye, sino que empeora.
Lo lamentable es que Margarita González Saravia no representa una ruptura con su antecesor, sino una continuidad de la misma inacción que permitió que el crimen organizara su propia lógica de gobierno en amplias zonas del estado.
Los ciudadanos no olvidan que Cuauhtémoc Blanco terminó siendo uno de los gobernadores más repudiados por su ausencia ante el avance de la violencia, y hoy ven cómo la historia está repitiéndose.
Morelos llega al final de 2025 con más homicidios, más extorsiones, más miedo y menos liderazgo político. Lo más grave es la sensación creciente de que este gobierno no tiene rumbo ni capacidad para recuperar el control.
Cuando un estado siente que ya vivió lo peor con Cuauhtémoc Blanco, pero descubre que lo que llegó después tampoco mejora nada, la conclusión es dolorosa y directa: Morelos sigue a la deriva y su gobernadora no sabe —o no puede— tomar el timón.
En Cortito: Nos cuentan que Cuernavaca se ha convertido en un referente de cómo la coordinación y la estrategia pueden marcar la diferencia.
Mientras otras regiones de Morelos viven atrapadas en la improvisación y la ausencia de liderazgo, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha optado por caminar en la dirección contraria: la de la responsabilidad, la de la articulación institucional y la de trabajar sin estridencias para ofrecer resultados reales en materia de seguridad.
Durante la reciente sesión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz de la Región Tepoztlán, Huitzilac y Cuernavaca, Urióstegui volvió a colocar en el centro del debate lo que muchos gobiernos olvidan: la seguridad no se construye desde la soledad del escritorio ni desde el discurso político, sino desde el trabajo conjunto, la claridad en el diagnóstico y la voluntad de sumar esfuerzos.
El alcalde insistió en algo fundamental: para enfrentar los desafíos de seguridad, primero hay que hablar con honestidad sobre ellos. Visibilizar lo que ocurre, entenderlo y asumirlo permite diseñar estrategias que no se queden en la retórica.
Y más aún, reconoció que sin coordinación entre municipios, Estado y Federación, cualquier política pública está destinada al fracaso.
En un Morelos donde varios municipios operan en silos, cada uno intentando salir del paso como puede, Cuernavaca ha ido en sentido opuesto.
Urióstegui ha buscado la articulación permanente, no solo como mecanismo político, sino como principio operativo. Esa visión quedó clara en la sesión de la Mesa de Seguridad, donde se revisaron acciones concretas, como la convocatoria para fortalecer a la policía municipal mediante la incorporación de nuevos elementos.
No se trata solo de aumentar el número de uniformados; es un paso para profesionalizar, robustecer capacidades operativas y asegurar que la corporación tenga mejores herramientas para actuar con eficacia.
El alcalde de Cuernavaca ha optado por una visión más técnica y menos política: coordinar, profesionalizar y actuar. Esa combinación es la que hoy permite que la capital del estado no solo resista mejor los embates de la delincuencia, sino que avance hacia el objetivo mayor: convertirse en una de las ciudades más seguras del país.
Entre los 15 detenidos se encuentran los dos principales operadores y líderes de esta célula delictiva: Isaí Gabriel “N”, de 34 años, “El Carnal” e Ignacio “N”, de 44 años, “Pelayo”
La legislación contempla agravantes que aumentan las penas cuando el delito se comete contra menores de edad, adultos mayores.
Con 456 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que busca establecer un marco legal uniforme en todo el país para combatir este delito, considerado uno de los de mayor impacto social y económico.
La nueva norma, derivada de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con once propuestas de legisladores de Morena, PAN, PVEM y PT, define competencias y mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, perseguir y sancionar la extorsión y los delitos vinculados.
La ley establece penas de seis a quince años de prisión y multas de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quien obligue a otra persona, sin derecho, a realizar o tolerar un acto que genere beneficio o lucro indebido, causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico. Además, determina que el delito se investigará y perseguirá de oficio y que las víctimas podrán presentar denuncias sin revelar su identidad a través del número 089.
Entre las disposiciones más relevantes, la legislación contempla agravantes que aumentan las penas cuando el delito se comete contra menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas migrantes; cuando se emplean medios digitales o violencia física; o si la extorsión afecta actividades productivas como el comercio o la agricultura.
Asimismo, se prohíbe otorgar beneficios preliberacionales a quienes sean sentenciados por extorsión, salvo en casos excepcionales de colaboración con la justicia. Los centros penitenciarios deberán implementar tecnología que impida el uso de dispositivos electrónicos y de comunicación en su interior para prevenir que este delito se siga cometiendo desde prisión.
La ley también ordena la creación del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el cual tendrá como objetivo recibir, canalizar y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas.
El dictamen incluye reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además, dispone que los congresos locales deberán armonizar su legislación en un plazo máximo de 180 días.
Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán, informó que se reservaron diversos artículos del nuevo ordenamiento y de las leyes secundarias relacionadas, los cuales serán discutidos en lo particular en el Pleno.
Ante ello, sigue la discusión…
