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En Corto: Harfuch va por el narco en Zacatecas

En Corto: Harfuch va por el narco en Zacatecas

Hoy, la frontera entre Zacatecas y Jalisco ya no es tierra de nadie. Es un frente abierto del Estado mexicano, respaldado por cooperación internacional y una estrategia de seguridad que no negocia con el crimen. Y en esa ruta, la conducción de García Harfuch marca una línea firme: no hay tregua, no hay retrocesos y no habrá escondite posible.

Raúl García Araujo @araujogar

La frontera que conecta a Zacatecas y Jalisco dejó de ser una estadística regional para convertirse en un tema político de primer orden en la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos.

No se trata solo de violencia local, sino de un corredor estratégico donde el control territorial define rutas, poder criminal y capacidad del Estado para imponer autoridad. Por eso, este punto específico del país ha sido colocado sobre la mesa en las reuniones bilaterales de seguridad entre ambos gobiernos.

En el centro de esa discusión aparecen nombres que concentran su atención y presión: El Geras, El Doble R y Mario González, quienes encabezan una disputa criminal por el control y trasiego de droga en los límites de ambas entidades.

No son actores marginales; son liderazgos que han convertido esa franja territorial en un campo de batalla, afectando directamente la estabilidad regional y la seguridad de comunidades enteras.

Desde el ámbito político, lo relevante es que estos personajes no operan en la sombra ni fuera del radar institucional. El Gobierno de México ha dejado claro que están plenamente identificados y bajo seguimiento permanente.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó al gobierno de Donald Trump que el año pasado se logró un golpe clave contra la estructura de El Geras con la captura de uno de sus operadores más relevantes: el exalcalde de Apulco, Zacatecas.

Un caso que evidenció la colusión entre poder local y crimen organizado, y que rompió un esquema de protección política que durante años permitió operar a estas redes.

Ese golpe no fue aislado. Forma parte de una estrategia de inteligencia sostenida, enfocada ahora en ubicar y capturar tanto a El Geras como a El Doble RR, así como a otros liderazgos criminales que buscan consolidar su presencia en la frontera Zacatecas–Jalisco.

El objetivo es claro: desmantelar estructuras, no solo detener individuos, y recuperar el control territorial que el crimen intenta imponer.

Este esfuerzo se da en un contexto político contundente: el traslado a Estados Unidos de 37 presos de alta peligrosidad, varios de ellos líderes y operadores de cárteles criminales. La decisión envía un mensaje inequívoco dentro y fuera del país: la cooperación bilateral en materia de seguridad es real, operativa y con consecuencias directas para las organizaciones criminales.

En este escenario, el papel de Omar García Harfuch adquiere una dimensión estratégica. No solo como jefe de la política de seguridad, sino como el funcionario que ha logrado convertir la relación con el gobierno de Donald Trump en una coordinación efectiva de inteligencia y acción, sin discursos vacíos ni simulaciones diplomáticas. Los resultados —detenciones, traslados y presión sostenida— respaldan esa línea de trabajo.

El mensaje político es contundente. El Estado mexicano actúa desde la fortaleza institucional, define prioridades y asume el costo de enfrentar a liderazgos criminales que durante años se movieron con margen de impunidad. Para El Geras, El Doble R y Mario González, quienes operan en esa franja territorial, la señal es clara: el cerco se cierra y el tiempo se agota.

Hoy, la frontera entre Zacatecas y Jalisco ya no es tierra de nadie. Es un frente abierto del Estado mexicano, respaldado por cooperación internacional y una estrategia de seguridad que no negocia con el crimen. Y en esa ruta, la conducción de García Harfuch marca una línea firme: no hay tregua, no hay retrocesos y no habrá escondite posible.

En Cortito: Nos cuentan que la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con los líderes de Morena, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán fue presentada como un encuentro para dialogar y escuchar puntos de vista.

La propia mandataria explicó que ella los invitó luego de que la buscaran para informarle cómo están trabajando y conocer su opinión, negando que existieran acuerdos adicionales o definiciones políticas formales.

Sin embargo, nos dicen que en el fondo el encuentro tuvo un peso político mayor. En un momento clave para el país, uno de los temas que genera mayor disuasión es la Reforma Electoral impulsada por Sheinbaum, particularmente la necesidad de construir consensos para sacarla adelante sin confrontaciones innecesarias.

Aunque públicamente se descartó el tema, el contexto obliga a leer la reunión como parte de una estrategia de diálogo previo y medición de fuerzas.

La presencia, según trascendió, de Ricardo Monreal y Adán Augusto López refuerza esa lectura. Ambos son piezas clave en el tablero legislativo y su participación apunta a que la presidenta privilegia el acuerdo político antes que la imposición.

En Corto: El Geras actúa impune en Zacatecas

En Corto: El Geras actúa impune en Zacatecas

El gobernador David Monreal lleva años sin poder presentar un solo resultado de alto impacto. Todavía más grave: continúa sin lograr la captura de El Geras, el principal generador de violencia en Apulco y Nochistlán.

Raúl García Araujo @araujogar

Mientras el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, defendía —con números y con ironías— que los siete cadáveres abandonados en la frontera con Zacatecas no pertenecían a su estado, lo que quedó exhibido no fue una disputa limítrofe, sino la profunda incapacidad del gobierno de Zacatecas para contener la violencia.

Gallardo acusó a las corporaciones zacatecanas de intentar “mover” cadáveres para no sumarlos a su estadística. Y aunque sus declaraciones pueden parecer provocadoras, apuntan a una verdad incómoda: en Zacatecas, la violencia no sólo no cede, sino que se ha vuelto imposible de maquillar.

El gobernador David Monreal lleva años sin poder presentar un solo resultado de alto impacto. Todavía más grave: continúa sin lograr la captura de El Geras, el principal generador de violencia en Apulco y Nochistlán, el hombre que mantiene aterrada a la región y cuya presencia ha fracturado la seguridad en la frontera con otros estados. La omisión dejó de ser una preocupación pública para convertirse en el símbolo más claro de la parálisis estatal.

Mientras tanto, Gallardo presume que San Luis Potosí cerró noviembre con nueve homicidios —una cifra históricamente baja para la entidad— y cuestiona públicamente la lógica de que cuerpos identificados como zacatecanos hayan sido asesinados fuera del territorio donde nacieron, vivieron y fueron reportados. Del otro lado, Zacatecas no ofrece claridad, ni datos, ni avances, ni responsables. Sólo silencio.

Pero quizá el golpe más duro para el gobierno estatal llegó cuando quedó claro que el único operativo de alto impacto en Zacatecas en lo que va de 2025 no vino del gobernador Monreal, sino del Gobierno de México. Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien encabezó desde la Mesa Nacional de Seguridad el desmantelamiento de una red criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El líder de esa estructura no era un delincuente menor: se trataba del exalcalde de Apulco, Mauro Yuriel “N”, prófugo durante meses y pieza clave del CJNG en la región. Un político que usó el poder público para operar a favor de la organización criminal y que terminó detenido sólo cuando intervino la Marina, no cuando actuó la autoridad estatal. Hoy la FGR lo procesa por delincuencia organizada, portación de armas exclusivas del Ejército y otros delitos federales.

La captura de Mauro “N” no sólo exhibe la profundidad con la que el crimen organizado ha penetrado las estructuras políticas municipales; también evidencia la ausencia total del gobierno de Zacatecas. Porque el golpe más importante, el único que realmente movió las estructuras criminales del centro del país, no lo dio David Monreal… lo dio Harfuch.

Y mientras El Geras continúa libre y la violencia sigue desbordada en Nochistlán y Apulco, el gobernador insiste en que todo va “bien”, que la coordinación “es buena” y que su relación política con Gallardo “es muy buena”. Para intentar corregir el desorden, su secretario de Gobierno tuvo que pedir el lunes que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República, como si eso bastara para resolver una crisis que ha dejado crecer por años.

 

En medio de la polémica, los dimes y diretes, los números, los territorios controlados por el CJNG y las detenciones que tuvo que ejecutar la Federación cuentan otra historia: una donde Zacatecas está solo, rebasado y atrapado en una crisis que ya no sabe —o no quiere— enfrentar.

 

En Cortito: Nos cuentan que durante el informe del alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez dejó claro que el Gobierno del Estado de México mantendrá una relación estrecha y de cooperación con el Ayuntamiento y con el Gobierno Federal, retomando el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la deuda histórica con la zona oriente.

 

Cerqueda agradeció este respaldo y destacó que gracias a esta coordinación se puso en marcha el Plan Integral de la Zona Oriente, con el que por primera vez municipio, estado y Federación coinciden en prioridades y recursos para atender el rezago de la región.

 

El alcalde también abordó uno de los problemas más urgentes: las inundaciones. Adelantó que los colectores Kennedy y Sor Juana serán intervenidos en 2026 para evitar afectaciones como las registradas este año, obras que serán posibles gracias al acompañamiento del Gobierno del Estado de México.

 

La gobernadora, además, respondió con disposición a la solicitud de Cerqueda para incrementar el presupuesto destinado a la rehabilitación del Parque del Pueblo, un espacio emblemático que cumple 50 años y que requiere una renovación integral.

 

La sintonía política entre Delfina Gómez y Adolfo Cerqueda envía un mensaje claro: cuando existe voluntad, respeto institucional y objetivos compartidos, la transformación deja de ser discurso para convertirse en hechos concretos.

 

FGR investiga red de funcionarios ligados al CJNG en Apulco, Zacatecas

FGR investiga red de funcionarios ligados al CJNG en Apulco, Zacatecas

Los agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), provenientes de la Ciudad de México, sorprendieron a trabajadores y funcionarios municipales.

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) irrumpieron la semana pasada en la Presidencia Municipal de Apulco, Zacatecas, para investigar a una red de funcionarios vinculados con el exalcalde desaforado Mauro Jáuregui y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las indagatorias, desde que asumió la alcaldía en 2024, Jáuregui habría montado un esquema de desvío de recursos públicos para financiar a Gerardo González Ramírez, alias “El Geras”, presunto líder regional del CJNG y señalado como uno de los principales generadores de violencia en el sureste de Zacatecas y el sur de Jalisco.

Los agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), provenientes de la Ciudad de México, sorprendieron a trabajadores y funcionarios municipales, a quienes comenzaron a llamar a declarar por el uso y destino del dinero público.

La FGR sostiene que la red de complicidad operó incluso cuando Jáuregui fue desaforado y permanecía prófugo de la justicia, hasta su captura el mes pasado.

En paralelo, el Gobierno federal ha desplegado un operativo especial en Nochistlán y Apulco encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) y coordinado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el objetivo de ubicar y detener a “El Geras”.

El Geras

El Geras

Las autoridades tienen bajo la lupa inmuebles ligados al círculo cercano del capo y analizan una presunta red de protección integrada por servidores públicos, quienes habrían utilizado el sistema C4 para alertar al líder criminal y facilitarle la evasión en distintos operativos.

Desde mayo de 2022, la FGR mantiene vigente una recompensa de 500 mil pesos por información que lleve a la captura de Gerardo González Ramírez, cuya influencia delictiva se extiende a municipios de Zacatecas y Jalisco como Apulco, Nochistlán, Jalpa, Villa Hidalgo, Teocaltiche y Yahualica de González Gallo.