La promesa de seguridad se convirtió en una operación para criminalizar a civiles, sembrar evidencias y violar derechos humanos.
Raúl García Araujo @araujogar
Este sábado se cumple una semana desde que venció el plazo que el gobernador Pablo Lemus fijó para pacificar Teocaltiche. Y hoy, a siete días de ese compromiso, no hay resultados. No hay informe. No hay justicia. Solo hay silencio.
Ni Lemus, ni su secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, ni el Fiscal del Estado, Salvador González, han dado la cara para explicar el fracaso evidente de su estrategia de seguridad.
Lo que sí hay —y en abundancia— son abusos, simulación y fabricación de culpables. Durante los últimos 45 días, las fuerzas estatales han construido una narrativa oficial basada en el montaje y la represión.
La promesa de seguridad se convirtió en una operación para criminalizar a civiles, sembrar evidencias, violar derechos humanos y presentar “resultados” que se derrumban ante el menor escrutinio.
Esta semana quedó al descubierto una práctica que muchos pobladores ya venían denunciando: detenciones arbitrarias, testimonios falseados y fabricación de cargos.
Un juez federal del penal de Puente Grande liberó a Juan Carlos N. “El Camello” y a José Luis N., dos hombres detenidos el 1 y 2 de junio por la policía estatal, señalados de ser parte del grupo de “El Coyote” y acusados de portar armas de fuego.
Según el parte policial, ambos fueron arrestados en operativos distintos y sorprendidos con armas. Sin embargo, el juez concluyó que las detenciones fueron irregulares y las circunstancias, sospechosamente idénticas: “fortuitas”, sin flagrancia real, sin pruebas sólidas.
Uno de ellos incluso relató:
“Me detienen y cuando me doy cuenta ya tenían todo plantado: la pistola, el cargador, los tiros, una manta de la policía estatal. Me sacaron fotos, me regresaron a la patrulla y me volvieron a esposar.”
¿Pacificación? Lo que hay en Teocaltiche es una fábrica institucional de culpables, una maquinaria que no combate al crimen, sino que simula combatirlo para sostener un discurso vacío de resultados.
Y no es el único caso que genera dudas. El presunto líder del grupo, Francisco N. “El Coyote”, fue vinculado por portación de un arma de uso exclusivo del ejército. Pero su detención también huele a montaje: según la versión oficial, caminaba tranquilamente por la calle con una pistola visible, sin oponer resistencia, como si un líder criminal operara con tal descuido. ¿Montaje o conveniencia? Sus familiares afirman que se dedica a reparar consolas de videojuegos y que es inocente.
Mientras tanto, medios como Dominio Público Noticias y periodistas como Arturo Ortiz Mayén, en un reportaje transmitido por Despierta de Televisa, han documentado estos abusos a nivel nacional. La evidencia está ahí. Pero las autoridades estatales siguen sin explicar nada.
Lo que ocurre en Teocaltiche es una crisis de derechos humanos disfrazada de estrategia de seguridad.
La administración de Pablo Lemus ha fallado en lo fundamental: proteger a la ciudadanía. Y peor aún, ha convertido a las víctimas en sospechosos con tal de justificar una operación que hoy se tambalea ante la evidencia.
En vez de combatir al crimen con inteligencia, lo enfrentan con montajes. En lugar de justicia, ofrecen impunidad para sus propios abusos. Y mientras tanto, la población sigue viviendo entre el miedo y el abandono.
Teocaltiche no necesita más operativos espectaculares. Necesita verdad, justicia y un gobierno que deje de fabricar culpables para ocultar su incapacidad.
