Cómo pensar que dos magistrados que viven en Mérida desde hace más de dos décadas y han creado nexos en la comunidad, sean imparciales
Raúl García Araujo | @araujogar
Próximamente veremos si la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúa con total independencia de la que tanto presume el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
A un mes de dejar la presidencia de la Corte, el ministro se jactó de entregar un Poder Judicial independiente, renovado y autónomo, donde según él, las sentencias que emiten los jueces y juezas, magistrados y magistradas están apegadas a derecho, sin influyentismo y compadrazgo.
Bien haría Zaldívar Lelo de Larrea, antes de dejar la presidencia de la SCJN, citar en sus oficinas a los magistrados Jesús Hernández Moreno y Jorge Enrique Eden Wynter del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito para que le expliquen su actuación en el caso de Ermilo Javier Castilla Roche.
A este empresario, juzgado dos veces por el delito de fraude, ambos magistrados le han negado un amparo y se han negado a recusarse, es decir hacerse a un lado en la revisión del caso, a pesar de sus evidentes nexos con la parte acusadora.
Todo apunta, que la raíz de esto, es un conflicto de interés, ya que estos integrantes del Poder Judicial tienen una relación de familia y de negocios con Fernando Ponce García principal personaje en esta trama y quien por su poder económico es uno de los hombres más influyentes de la península.
Cómo pensar que dos magistrados que viven en Mérida desde hace más de dos décadas y no han sido enviados a otros estados para evitar la creación de arraigo y posibles nexos como los que vemos ahora, sean imparciales.
Como lo documentamos en la pasada entrega de En Corto https://cutt.ly/y1EHKLE el caso de Ermilo Castilla Roche es la viva muestra de cómo el sistema judicial de nuestro país puede ser usado para una venganza, a través de argucias como la prisión preventiva oficiosa.
Ermilo es un empresario de Mérida, Yucatán, quien, tras su divorcio, fue denunciado penalmente por su exsuegro, Fernando Ponce García, cuya familia controla Grupo Bepensa, que tiene más de 40 compañías y negocios, entre ellos, la licencia para producir y distribuir productos de la marca Coca-Cola.
En suma, un pleito legal entre particulares por un delito patrimonial que no amerita el uso de la prisión preventiva, en la que Ermilo, por cierto, lleva ya casi cuatro años.
En Corto cuenta con documentos que señalan que existe una relación de parentesco de Ponce García con Pablo Jesús Hernández Moreno y de negocios con Jorge Enrique Eden Wynter.
En el primer caso, un hijo de este magistrado está casado con una sobrina de Fernando Ponce García, además de ser representante legal de la empresa Mega Empak S.A. de C.V. compañía en la que aparece como accionista, ¿quién cree usted? sí, el exsuegro de Ermilo Castilla Roche.
Tal situación viola la Ley de Amparo en su artículo 50, así como el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que señalan que hay una causal de impedimento cuando exista una relación de consanguinidad entre línea recta entre el Magistrado y el representante legal de una de las partes.
Es decir, a pesar de que el hijo del magistrado Pablo Jesús no es el representante legal de Fernando Ponce García, sí lo es de una de sus empresas, en pocas palabras, existe un conflicto de interés.
En el caso del magistrado Jorge Enrique Eden Wynter, según los documentos en nuestro poder, éste adquirió en junio de 2010 junto con otro socio algunos bienes inmuebles en el estado de Yucatán.
Ese socio fue hasta 2018 director general de Bepensa Bebidas, empresa donde es socio mayoritario Fernando Ponce García, por lo tanto, se establece que hay lazos de negocios y de amistad entre estos personajes.
Ante tales irregularidades, la defensa de Ermilo Reyes Castilla Roche interpuso en octubre de este año, ante el Tribunal en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, la recusación de Jesús Hernández Moreno y Jorge Enrique Eden Wynter, por considerar que están impedidos para conocer recursos de revisión de un amparo promovido por la defensa del inculpado para poder dejar un penal. Pero los magistrados insisten en que ellos deben resolver el caso y se niegan a hacerse a un lado.
Ese es el tema central de este conflicto de interés e influyentismo que debe atender el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para el caso de Ermilo Javier Castilla Roche, empresario que está en prisión preventiva por un delito patrimonial, que no amerita cárcel.
Estaría bien que ante tanto atropello, los integrantes de la Corte, analizarán este caso y Ermilo sea el primero en recibir, después de anular la prisión preventiva oficiosa, en delitos como fraude, sobre todo porque el asunto ya está en manos de la SCJN.
En Cortito: De la misma forma el ministro tiktokero, Zaldívar Lelo de Larrea y sus pares que lo acompañan, incluidos los de la 4T, deben revisar verdaderamente asuntos relacionados con influyentismo y nepotismo al interior de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
Y es que a los ojos de su «sedicente amigo», el presidente López Obrador, Lelo de Larrea ha ejercido un gatopardismo, en esos dos preceptos, y en el de tutelar los derechos de las mujeres, los cuales son pisoteados con la complacencia del resto de ministras, ministros y consejeros de la Judicatura.
En el primer caso, bien harían los ministros y consejeros en asomarse cómo se da el influyentismo en muchas áreas, empezando por la de Recursos Humanos de la Suprema Corte, donde la titular, América Tabla, lleva ya más de 16 años en el cargo, no solo por guardar un parentesco directo con uno de los ministros, sino porque a través de ella se «enjuagan» los de otros servidores públicos, consanguíneos de otros ministros o de otros directivos de alto nivel, quienes son contratados en ponencias o áreas diferentes a las de sus parientes para salvar la cuestión del nepotismo e influyentismo. En fin, gatopardismo, en su máxima expresión.
