A más de dos años de su creación, la Guardia Nacional, institución insignia de la cuatroté en materia de seguridad no ha podido serenar al país
Israel Mendoza Pérez
Incluso, tener más cuarteles distribuidos a lo largo de los 32 estado tampoco es señal de vencer a la inseguridad que azota al país.
En los últimos dos años, se construyeron 165 cuarteles de la Guardia Nacional, que la fuerza operativa de la institución era de más de 100 mil elementos y que para finales de su sexenio las bases de operaciones aumentarían a 500 en todo el país. En este contexto, de las tropas comandadas por Luis Rodríguez Bucio, sólo el 10 por ciento han sido certificados para realizar funciones de policía civil; sin olvidar que el 28 de mayo, pasado, se venció el plazo constitucional y legal para certificar a sus integrantes. Y es que el artículo 21 constitucional obliga a los integrantes de instituciones de seguridad pública a ser certificados en sus capacidades como policías, de no ser así, implica baja de la corporación.
Por ser uno de los proyectos de la cuatroté, el gasto no es austero, hasta el pasado fin de semana el Gobierno federal ha gastado 4 mil 290 millones de pesos en infraestructura para la Guardia Nacional y busca invertir al menos 13 mil millones de pesos.
Cada cuartel tarda en construirse seis meses y los encargados de la edificación, al igual que en las principales obras de su gestión, son el cuerpo de ingenieros y militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En 2020 concluyeron 120 cuarteles y se tiene proyectado construir otros 76 este año para tener a finales de 2021 al menos 248 bases terminadas.
Lo evidente es que la percepción de la seguridad es enmascarada por los simples actos de entrega de cuarteles, pero ello no es sinónimo de más seguridad. Hacer más cuarteles no es un indicador de seguridad, los rondines y patrullaje cuentan, pero sólo es parte de lo cosmético.
La falta de un proyecto estructurado y la coyuntura actual llevó a que los elementos de la Guardia Nacional fueran enrolados en tareas de la pandemia por Covid-19, por lo que no se ve que se prepare una vuelta a los cuarteles y la justificación para que se encuentre en las calles del país sobran.
Lo que se perfila es formalizar lo que operativamente ya está sucediendo que es una militarización de la seguridad pública al tener a la Guardia Nacional en las calles y ahora integrarla a la estructura militar.
En los hechos, la Guardia Nacional ya es un apéndice de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que la reforma que viene es solo una manera de formalizar y blindar a su agrupamiento, pues con una oposición fuerte en el Congreso se corre el riesgo de desaparecer a la guardia.
El proyecto de militarizar al país y con ello serenarlo toma más sentido para un gobierno que se encuentra atrapado en la narrativa de abrazos y no balazos.