por Dominio Público | Ago 14, 2026 | Opinión, Principales
Ulloa mantiene una ventaja de 13 puntos sobre su competidora más cercana.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero en política, las encuestas no entregan candidaturas, pero sí mandan mensajes. Y en Nezahualcóyotl acaba de aparecer uno que difícilmente pasará inadvertido dentro de Morena: Gerardo Ulloa Pérez encabeza, por ahora, las preferencias entre cinco personajes considerados rumbo a la disputa por la presidencia municipal en 2027.
La medición de AIMSA, Medición y Estrategia en Opinión Pública, coloca al diputado federal con 35 por ciento de las preferencias. El dato adquiere relevancia no solo porque lo ubica en primer lugar, sino por la distancia respecto a sus posibles competidores.
María del Carmen de la Rosa Mendoza aparece con 22 por ciento y Susana Estrada Rojas con 20.
Es decir, Ulloa mantiene una ventaja de 13 puntos sobre su competidora más cercana. Después aparecen Carlos César Avilés Osorio, actual director de Gobierno municipal, con 14 por ciento, y Epifanio López Garnica, con 9 por ciento.
La fotografía resulta interesante por otra razón: tres de los perfiles mejor posicionados tienen actualmente representación legislativa. Ulloa es diputado federal por el Distrito 29; De la Rosa representa el Distrito XLI en el Congreso mexiquense y Estrada ocupa la diputación del Distrito XXIV. Los tres cuentan con estructura, exposición pública y experiencia electoral. Ninguno puede considerarse fuera de la competencia.
Pero el 35 por ciento de Ulloa modifica el tablero inicial. Una ventaja de dos dígitos obliga a sus adversarios internos a decidir si buscarán reducirla individualmente o si, conforme avance el proceso, comenzarán los acercamientos y alianzas que suelen acompañar las sucesiones municipales.
Y ahí está precisamente el punto político de esta encuesta. Morena tendrá que administrar una competencia interna en uno de los municipios electoralmente más importantes del Estado de México. Nezahualcóyotl no es una plaza menor: su peso poblacional, político y territorial convierte la definición de 2027 en una decisión que inevitablemente tendrá repercusiones más allá del ámbito municipal.
También habrá que observar cómo se mueven las estructuras territoriales de Morena, porque en una elección municipal el conocimiento del aspirante no basta. La capacidad para sumar liderazgos, mantener cohesionado al partido y construir acuerdos puede terminar inclinando la balanza. Ulloa lleva ventaja en esta fotografía, pero todavía deberá convertir esos números en respaldo político efectivo dentro de Neza.
Para Ulloa, aparecer primero representa una ventaja, pero también aumenta el escrutinio. A partir de ahora tendrá que demostrar si ese 35 por ciento constituye un piso que puede crecer o simplemente el resultado de una coyuntura temprana. Sus competidores, mientras tanto, tienen tiempo para construir posicionamiento y modificar las tendencias.
Falta mucho para que Morena defina candidaturas y sería equivocado presentar una encuesta como sentencia anticipada. Las mediciones cambian, las alianzas se reorganizan y las decisiones partidistas también pesan. Pero las carreras políticas empiezan mucho antes de las campañas oficiales.
En Neza, esa carrera parece haber comenzado. Y en la primera fotografía disponible, Gerardo Ulloa aparece varios pasos adelante.
Y Sepa La Bola… pero trabajadores de la Delegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentaron ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno una denuncia por posibles irregularidades administrativas, luego de que señalamientos presentados desde mayo ante instancias internas, aseguran, no han tenido avances.
La denuncia, registrada con el folio 115895/2026, incluye señalamientos relacionados con la Jefatura de Afiliación y Cobranza de la zona sur del IMSS en la Ciudad de México, encabezada por Antonia Gutiérrez Ramírez.
De acuerdo con los denunciantes, algunas irregularidades estarían relacionadas con procedimientos de revisión de obligaciones patronales y documentación correspondiente a diversas empresas. Los trabajadores señalan que determinadas compañías podrían haber recibido un trato distinto durante procesos de auditoría.
También mencionan a Anuar Estefan Garfias como una de las personas que presuntamente participarían en estas prácticas.
Corresponderá a las autoridades investigar y determinar si existen elementos que acrediten los señalamientos incluidos en la denuncia.
Los empleados también reportan posibles presiones laborales contra quienes se habrían negado a participar en determinados procedimientos. Según su versión, algunos trabajadores fueron objeto de medidas laborales después de manifestar su inconformidad.
La denuncia incluye posibles anomalías relacionadas con registros de trabajadores, acceso a servicios médicos, pensiones y procedimientos administrativos.
Ahora corresponderá a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisar el expediente, investigar los hechos denunciados y determinar si existen responsabilidades.
por Dominio Público | Ago 13, 2026 | Opinión, Principales
No hubo golpes mayores ni lesiones reportadas. Lo que sí hubo fue una confirmación: cuando la política tiene como objetivo principal conservar el poder, el lenguaje termina degradándose hasta parecerse al de una discusión de cantina.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
No cabe duda de que nuestros «políticos profesionales» —siempre me ha hecho reír ese adjetivo— hacen todo lo posible por denigrar su «oficio». Aquí tenemos un ejemplo.
El 12 de agosto, en el Patio del Federalismo del Senado de la República, el vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, y el diputado del PRI Carlos Gutiérrez Mancilla protagonizaron un altercado con insultos, empujones y acusaciones graves.
No fue un debate parlamentario. Fue un espectáculo de descalificaciones que retrata buena parte de la política mexicana.
Todo comenzó después de que Ávila hablara ante los medios sobre el proceso de desafuero contra Alejandro «Alito» Moreno, dirigente nacional del PRI. El morenista lo acusó de traición a la patria por sus gestiones en Estados Unidos y pidió acelerar las investigaciones en su contra.
Poco después, Gutiérrez Mancilla —cercano a Moreno y con antecedentes de enfrentamientos en el recinto— encaró a Ávila.
Lo que siguió quedó registrado en videos: «eres el vocero del narco», «proveedor de armas», «asesino», «¿me vas a mandar a matar?». Ávila respondió: «eres el porro de Alito», «no me toques, cabrón», y se retiró entre jaloneos.
No hubo golpes mayores ni lesiones reportadas. Lo que sí hubo fue una confirmación: cuando la política tiene como objetivo principal conservar el poder, el lenguaje termina degradándose hasta parecerse al de una discusión de cantina.
Las acusaciones de vínculos con el crimen organizado y de «porrismo» no son nuevas. Circulan en ambos sentidos desde hace años. Lo novedoso no es el contenido, sino la naturalidad con la que ahora se escenifican frente a las cámaras, como si el patio del Senado fuera el escenario de un reality show.
Este episodio no es un accidente. Es un eslabón más de un círculo que conocemos bien.
Alito Moreno denuncia en Washington, exige protección y habla de persecución. Morena responde con investigaciones, solicitudes de desafuero y señalamientos de corrupción. Los operadores de ambos bandos bajan al terreno de los empujones y los insultos.
Después vienen las declaraciones de solidaridad, las denuncias cruzadas, los llamados a la mesura de los coordinadores y, finalmente, el olvido hasta el siguiente choque.
Nosotros, los ciudadanos, nos indignamos un rato y seguimos con nuestra vida. Mientras tanto, la polarización se consolida como método de control.
La confrontación permanente moviliza a las bases, genera contenido, distrae de la agenda legislativa y permite que cada bando se presente como víctima o defensor de la patria.
Mientras tanto, los problemas de fondo —seguridad, corrupción, institucionalidad y capacidad de gobierno— quedan en segundo plano. Los espacios destinados a la deliberación de las ideas terminan convertidos en cuadriláteros.
No se trata de absolver a nadie. Las denuncias de corrupción deben investigarse con rigor, sin importar el partido. Las acusaciones de vínculos con el crimen organizado, si tienen sustento, deben llegar a las instancias judiciales y no quedarse en gritos de pasillo.
Pero cuando la respuesta automática es el insulto personal y la provocación física, lo que se debilita no es solo la imagen de los legisladores involucrados. Se debilita la idea misma de que la política puede ser algo distinto de una pelea entre bandos.
La maquinaria política se alimenta de la memoria corta y de la necesidad de fabricar enemigos.
Hoy son Ávila y Mancilla. Ayer fueron Noroña y Alito. Mañana serán otros.
Mientras el sistema premie el espectáculo por encima del argumento, el patio seguirá siendo ring y no espacio de deliberación.
Y el país seguirá girando en el mismo círculo, sin salir del mismo punto.
Hace falta un verdadero cambio generacional en la política porque, en este momento, NO HAY A QUIÉN IRLE.
por Dominio Público | Ago 12, 2026 | Opinión, Principales
Cervantes Martínez pone la investigación y la procuración de justicia; García Harfuch, la inteligencia y la coordinación federal; y la gobernadora, la conducción política para que esa estrategia tenga continuidad.
Raúl García Araujo @araujogar
Delfina Gómez Álvarez encontró en José Luis Cervantes Martínez y Omar García Harfuch a dos aliados fundamentales para enfrentar uno de los mayores desafíos de su gobierno: recuperar la seguridad y cerrar los espacios de impunidad que durante años permitieron crecer a las redes de corrupción en el Estado de México.
La gobernadora entendió que un problema de esta magnitud no se resuelve con esfuerzos aislados, sino con coordinación, inteligencia y decisiones firmes.
Los resultados comienzan a verse en las calles y también en los expedientes judiciales. Mientras Delfina Gómez conduce la estrategia desde el gobierno estatal, Cervantes Martínez, al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ha asumido una tarea fundamental: investigar a quienes utilizan el servicio público para delinquir y llevar esas investigaciones hasta sus últimas consecuencias.
La coordinación con García Harfuch permite que esa inteligencia se traduzca en operativos de alto impacto.
El reciente desmantelamiento de una presunta red de extorsión contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio es una muestra de ello.
La Fiscalía mexiquense, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y fiscalías de otras entidades, cumplimentó órdenes de aprehensión contra dos servidores públicos señalados por su probable participación en esa estructura.
Según la investigación, habrían exigido cuotas ilegales y utilizado sus cargos para presionar a las víctimas, generando recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales.
Aquí el trabajo de Cervantes Martínez adquiere especial relevancia. La Fiscalía no se limitó a recibir denuncias: siguió las líneas de investigación, identificó a presuntos integrantes de la red y consiguió órdenes de aprehensión.
De acuerdo con las indagatorias, uno de los detenidos habría tenido vínculos políticos con el Partido Verde y habría utilizado esa cercanía como presunta protección para intimidar a quienes se negaban a pagar.
Las responsabilidades deberán determinarse ante los tribunales, pero el mensaje político es contundente: ninguna relación partidista puede convertirse en blindaje para quien abuse de un cargo público.
La estrategia también está dando resultados en materia de homicidio doloso. El promedio diario pasó de 6.6 casos en septiembre de 2024 a 2.7 en julio de 2026, una reducción cercana al 59 por ciento.
La cifra por sí sola no resuelve el problema de seguridad, pero sí muestra una tendencia que sería irresponsable ignorar.
Delfina Gómez tiene ahora la responsabilidad de mantenerla, mientras Cervantes Martínez profundiza las investigaciones y García Harfuch sostiene la coordinación federal que permite convertir inteligencia en resultados.
El verdadero reto está en no bajar la guardia. Porque combatir la inseguridad no significa solamente detener delincuentes; también significa desmontar las redes de corrupción que les permiten operar, investigar a quienes desde las instituciones les abren la puerta y cortar las complicidades que durante años hicieron posible la impunidad.
En esa tarea, Cervantes Martínez tiene una responsabilidad central: seguir la ruta del dinero, identificar a todos los involucrados y llegar hasta donde conduzcan las investigaciones.
Delfina Gómez ha apostado por una estrategia en la que el gobierno estatal y la Federación trabajan sobre los mismos objetivos.
Cervantes Martínez pone la investigación y la procuración de justicia; García Harfuch, la inteligencia y la coordinación federal; y la gobernadora, la conducción política para que esa estrategia tenga continuidad.
Si los resultados se mantienen, el Estado de México estará demostrando que recuperar la seguridad también pasa por recuperar la autoridad.
Porque el mensaje de fondo es mucho más poderoso que cualquier estadística: cuando el Estado decide investigar a los intocables, perseguir la corrupción y cerrar las puertas de la impunidad, el poder deja de ser refugio para los corruptos y vuelve a estar del lado de la gente.
En Cortito: Nos cuentan que Azucena Cisneros Coss decidió enfrentar de frente uno de los mayores lastres de cualquier gobierno: la corrupción desde adentro.
Con “Ecatepec Sin Mordidas”, la alcaldesa pone en manos de los ciudadanos una herramienta para denunciar, incluso de forma anónima, a servidores públicos que pidan dinero, abusen de su autoridad o utilicen el cargo para beneficio personal.
La plataforma permite obtener un folio, dar seguimiento a la denuncia y proteger los datos del ciudadano.
La apuesta es clara: que la corrupción deje de combatirse solamente con discursos. La denuncia deberá convertirse en investigación y, cuando existan responsabilidades, en sanción.
La policía municipal es el mejor ejemplo. El gobierno de Ecatepec reporta 510 procedimientos administrativos para separar a malos elementos y 138 policías han sido separados por causas disciplinarias y de control institucional, entre ellos casos derivados de quejas ciudadanas y controles de confianza.
Pero la estrategia también busca profesionalizar a quienes sí cumplen. Los policías municipales ganan actualmente 14 mil pesos mensuales y próximamente recibirán 16 mil, además de mejoras en capacitación y equipamiento.
La lógica es sencilla: cero tolerancia para quien abuse de la placa, pero mejores condiciones para quienes cumplen con su deber.
por Dominio Público | Ago 11, 2026 | Opinión, Principales
Llegaría a un país donde la violencia no cede, miles de personas permanecen desaparecidas y sus familias siguen buscándolas.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
La visita del cardenal Pietro Parolin a México volvió a poner sobre la mesa una pregunta que lleva meses rondando: ¿cuándo vendrá el papa León XIV a nuestro país?
El secretario de Estado del Vaticano se reunió con Claudia Sheinbaum, ofició una misa en la Basílica de Guadalupe y transmitió a la presidenta que el Papa tiene muchas ganas de venir a México.
La invitación sigue abierta.
Pero hay un dato que conviene mirar con atención. El Vaticano ya anunció el primer viaje de León XIV a América Latina. Será del 6 al 17 de noviembre y contempla Uruguay, Argentina y Perú. México no aparece en el itinerario, ni siquiera como escala.
¿Desaire? No necesariamente.
¿Prudencia? Puede ser.
Recibir a un Papa nunca es solamente organizar una misa, cerrar calles y preparar una fotografía para la historia.
Juan Pablo II visitó México cinco veces. Benedicto XVI estuvo en 2012 y Francisco en 2016. Cada visita fue un acontecimiento religioso, pero también movieron complejos engranajes políticos y diplomáticos para que se concretaran.
León XIV no llegaría a cualquier México.
Llegaría a un país donde la violencia no cede, miles de personas permanecen desaparecidas y sus familias siguen buscándolas. Llegaría, además, a un territorio donde sacerdotes y comunidades religiosas también han sido víctimas del crimen organizado.
El Centro Católico Multimedial ha documentado asesinatos y desapariciones de sacerdotes y ha advertido sobre agresiones contra templos y comunidades religiosas.
Es aquí donde aparece la pregunta incómoda.
¿Qué pasaría si al Papa le preguntan por la violencia?
Seguramente se lo preguntarán.
¿Y por los desaparecidos?
También.
¿Y por las víctimas, los migrantes, la pobreza, la impunidad y la inseguridad?
Alguien tendrá que preguntárselo.
Y ahí está el problema.
Si León XIV habla con claridad sobre la violencia y las víctimas, habrá quienes digan que se está metiendo en política. Lo acusarían de intervencionista.
Si evita el tema, otros dirán que vino a México, conoció las heridas del país y prefirió no hablar de ellas.
Si escucha a las madres buscadoras, habrá quienes conviertan ese encuentro en un mensaje contra el Gobierno.
Si se reúne con el Gobierno, habrá quienes lo interpreten como respaldo.
Y si habla de paz, dignidad humana, justicia, reconciliación y respeto a la vida, tampoco faltará quien lleve cada palabra al terreno de la política mexicana.
Ese es el verdadero riesgo.
No el Papa.
Nosotros.
Porque en México cualquier acontecimiento de alcance nacional puede terminar convertido en una disputa política.
Para millones de católicos la visita sería un acontecimiento de fe. La presencia del Papa en la Basílica de Guadalupe tendría un significado difícil de medir. También podría convertirse en un mensaje internacional de paz y reconciliación en un país que lo necesita.
Pero una cosa es querer que venga el Papa y otra estar preparados para recibirlo.
Y ahí está el verdadero debate.
Una visita papal no puede organizarse pensando únicamente en lo que queremos que León XIV diga.
También tenemos que estar preparados para escuchar lo que él quiera decir.
Los viajes papales tienen una finalidad pastoral, pero también producen efectos diplomáticos y políticos. El Vaticano conoce el peso de cada palabra y de cada gesto. En México tampoco somos ajenos a ello: el Gobierno sabe el valor político de recibir al jefe de la Iglesia católica y la oposición conoce el valor de cualquier fotografía a su lado.
Por eso habría que tener cuidado.
No vaya a ser que una visita pensada para hablar de paz termine convertida en otra batalla política.
No vaya a ser que la fotografía importe más que el mensaje.
No vaya a ser que todos quieran al Papa en México, pero solamente si dice lo que cada quien quiere escuchar.
La visita de León XIV, cuando ocurra, puede ser una verdadera fiesta nacional.
Pero para que lo sea, habrá que entender algo muy sencillo:
Invitar al Papa significa también aceptar que no podremos controlar lo que diga.
Y quizá esa sea la parte más difícil de la invitación.
por Dominio Público | Ago 7, 2026 | Opinión, Principales
El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, tiene ahora una decisión política y administrativa. Puede ordenar auditorías, revisar contrataciones, verificar declaraciones de intereses y esclarecer el uso de recursos.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa la Bola… pero en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dicen que opera un grupo que se conformó por relaciones personales, inexpetiencia y una inquietante ausencia de controles internos. Los señalamientos, derivados de acusaciones realizadas por personas afectadas, apuntan a funcionarios que, pese a que pesa en su contra cuestionamientos administrativos, posibles conflictos de interés y dudas sobre su perfil profesional, continúan dentro de una estructura pública que debería conducirse con transparencia.
La primera responsabilidad recaería en la directora general de Administración y Finanzas, Damaris Flores Ortiz. De acuerdo con las acusaciones hechas por afectados y los señalamientos recopilados, esa oficina presuntamente habría aceptado formatos de no antecedentes penales únicamente firmados, sin realizar una verificación exhaustiva de su contenido.
El caso que más dudas genera es el de Jean Carlo Javier Bautista Guzmán, director de Coordinación Territorial, cuyo nombre aparece mencionado en averiguaciones previas y carpetas de investigación, según los señalamientos de personas afectadas. La más reciente señalada corresponde al 19 de marzo de 2021, ante la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, por una conducta clasificada como falsedad ante autoridades.
La existencia de una investigación no equivale a una sentencia, eso es claro. Sin embargo, en un cargo público de esta naturaleza, la falta de revisión plantea una pregunta elemental: ¿quién verifica que los perfiles cumplan con los requisitos de ingreso, confianza y probidad?
El segundo punto es el posible conflicto de interés. Christopher Pérez Jiménez, coordinador general de Enlace Interinstitucional, Territorial y Ciudadano, es señalado en acusaciones por presuntamente haber incorporado a una persona identificada como cercana, Paulina González Aragón, en el cargo de Cultura de Movilidad, pese a los cuestionamientos sobre su experiencia en la administración pública.
También aparece Ángel Rodríguez Jiménez, identificado por los denunciantes como primo del funcionario, quien presuntamente, mediante un contrato de honorarios, realizaría tareas internas y gestorías para terceros en distintas áreas.
A ello se suman colaboradores provenientes de otros estados que, según las acusaciones de afectados, presuntamente no cumplirían con los años de experiencia requeridos para sus puestos, aunque percibirían salarios cercanos a 40 mil pesos mensuales.
Lo más delicado es la acusación de que algunos de ellos presuntamente habrían solicitado pagos a grupos disidentes de rutas para facilitar su ingreso a los Centros de Transferencia Modal.
Las cantidades mencionadas por los denunciantes van de 300 mil a 600 mil pesos. Estos señalamientos deben ser investigados por las autoridades correspondientes. Representan una alerta dentro de la Semovi.
Otro nombre que aparece es el de Joan Ruiz, señalado por afectados como supuesto cercano sentimental de Damaris Flores Ortiz y exdirector ejecutivo de Tecnologías de la Información y Comunicación.
De acuerdo con los señalamientos, su salida, ocurrida en junio, presuntamente estuvo relacionada con el manejo de más de 30 millones de pesos destinados a infraestructura tecnológica, equipo de cómputo y sistemas biométricos. También se mencionan posibles indicios que requerirían revisión patrimonial, como la adquisición de un vehículo Tesla, viajes y artículos de lujo exhibidos en sus redes sociales, los cuales —según las acusaciones— no corresponderían con sus ingresos reportados.
Son acusaciones formuladas por personas afectadas que requieren una revisión patrimonial y administrativa por parte de las autoridades competentes.
El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, tiene ahora una decisión política y administrativa. Puede ordenar auditorías, revisar contrataciones, verificar declaraciones de intereses y esclarecer el uso de recursos. O puede permitir que el silencio convierta estas acusaciones en una sombra permanente sobre su gestión.
En el servicio público, la confianza no se exige: se demuestra. Y en la Semovi, hoy, esa demostración está pendiente.
La ciudadanía merece saber quién autorizó cada nombramiento, qué controles fueron aplicados y por qué las alertas internas no generaron consecuencias inmediatas. La movilidad también se gobierna desde la integridad institucional.También ajusté algunos verbos para que quede más claro que se trata de denuncias y no de hechos acreditados.
por Dominio Público | Ago 6, 2026 | Opinión, Principales
Hacerse el «simpático» en este tipo de videos no aporta absolutamente nada a la educación del país.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
No sé quién asesore al secretario de Educación, Mario Delgado, en materia de comunicación, pero creo que ya es momento de cambiar de estrategia.
El pasado 3 de agosto, el funcionario publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X:
«Hoy les tenemos una excelente noticia a todas las familias mexicanas: por primera vez, niñas y niños de primaria reciben la beca #RitaCetina.
Son 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares, que nuestra presidenta @Claudiashein les manda para que sigan construyendo sus sueños.
Ahora solo revisa qué día te toca según la inicial del primer apellido de tu hija o hijo… ¡y listo! Acude al Banco del Bienestar más cercano y prepárate para el inicio de clases.»
El secretario también difundió un video en el que pregunta a los padres de familia:
—¿Cuándo fue la última vez que les regalaron un libro a sus hijos?
Luego añadió que, con la beca, ya no había pretexto para no hacerlo.
Delgado cerró el video frotándose las manos y diciendo:
—”Ya cayó el dinerito de la beca Rita Cetina”.
Al inicio de esta colaboración comenté que el máximo responsable de la educación básica en México debería cambiar su estrategia de comunicación. Hacerse el «simpático» en este tipo de videos no aporta absolutamente nada a la educación del país.
Y no es la primera vez que recurre a ese estilo. En marzo de este año grabó un video para promocionar la plataforma Mi derecho, mi lugar, donde soltó esta frase:
—«¿Hacer examen para la prepa? Como tu ex, eso ya quedó en el pasado… Tú ya tienes tu lugar asegurado en la preparatoria cerca de tu casa».
Sin comentarios.
Lo que más me preocupa del episodio reciente no es el tono del video, sino la afirmación falsa de que los 2,500 pesos «los manda la presidenta Sheinbaum». Los beneficiarios reciben recursos de un programa social financiado con dinero público; es decir, con los impuestos que pagan todos los mexicanos, incluido el propio secretario.
Después de escuchar esas palabras, solo me queda una duda:
¿Quiso quedar bien con la presidenta al decir que el dinero lo mandaba ella o, sencillamente, «se le chispoteó», como decía El Chavo del 8?
Mario Delgado tiene asuntos mucho más importantes que atender que grabar videos para parecer simpático. Pero, si insiste en hacerlos, al menos debería cambiar de guionistas.
EN EL TINTERO:
Post Mi derecho, mi lugar:
https://x.com/mario_delgado/status/2033704483813802279
Post beca Rita Cetina:
https://x.com/mario_delgado/status/2033704483813802279u
