por Dominio Público | Feb 20, 2026 | Opinión, Principales
Entre los puntos expuestos destacan la falta de contratos formales, ausencia de recibos de nómina, carencia de equipo de protección personal, así como la no afiliación al IMSS.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero un grupo de trabajadores que prestan servicios de limpieza hospitalaria bajo contrato con la empresa PROAM Administración S. de R.L. de C.V. presentó un escrito ante autoridades federales para denunciar irregularidades en sus condiciones laborales.
Ese documento sabemos que ya fue recibido el 12 de febrero y está dirigido a Marath Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, y Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Ahí, los firmantes señalan que realizan labores de limpieza en instalaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), principalmente en áreas hospitalarias, con falta de pago, sin prestaciones sociales, uniformes, insumos, malos tratos y amenazas de la empresa PROAM Administración S de R.L. de C.V., propiedad de Guillermo Solís.
En el escrito solicitan que la autoridad laboral practique una visita de constatación a la empresa contratante, con fundamento en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, además de disposiciones reglamentarias en materia de inspección laboral.
Entre los puntos expuestos destacan la falta de contratos formales, ausencia de recibos de nómina, carencia de equipo de protección personal, así como la no afiliación al IMSS.
En sus denuncias y quejas también refieren que los pagos salariales se realizan mediante depósitos desde diferentes cuentas bancarias o en efectivo, sin comprobantes fiscales o laborales que respalden la relación de trabajo.
El documento identifica como domicilio de la empresa PROAM Administración S. de R.L. de C.V. la dirección ubicada en Calle Venado 111, Parque Industrial Tenango del Valle, Estado de México. Sin embargo, los trabajadores señalan que se les instruye acudir a General Salvador Alvarado 8, interior 405, colonia Hipódromo Condesa, Ciudad de México, oficinas vinculadas a Shiny Place S.A. de C.V., para cobrar en efectivo.
Los denunciantes también mencionan que han sido trasladados a realizar labores en oficinas distintas a sus centros habituales de trabajo, incluyendo instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Y también señalan que en esas ocasiones se les proporciona uniforme distinto al de PROAM, sin claridad documental sobre la cobertura laboral o administrativa de esas jornadas.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la afiliación al IMSS, la formalización contractual y la entrega de comprobantes de pago constituyen obligaciones patronales.
Especialistas en derecho laboral consultados indican que la falta de registro de trabajadores puede derivar en procedimientos de inspección y verificación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de revisiones en materia de seguridad social.
El escrito expone que más de 800 empleados se encontrarían en condiciones similares.
Los firmantes advierten que la ausencia de seguridad social limita el acceso a servicios médicos, incapacidades y medicamentos, especialmente en casos de enfermedades crónicas.
Las autoridades deben tomar cartas en el asunto, pues no es posible que pasen tantas irregularidades en
PROAM Administración S. de R.L. de C.V. ni en Shiny Place S.A. de C.V.
La Secretaría del Trabajo ya recibió el documento y debe evaluar la procedencia de acciones de inspección conforme a la normativa vigente.
Los trabajadores continuarán prestando sus servicios mientras esperan respuesta institucional.
El caso se suma a los expedientes laborales que actualmente revisan autoridades federales en esquemas de subcontratación y servicios especializados en sectores sensibles como el hospitalario.
Y Sepa La Bola pero la respuesta de Petróleos Mexicanos a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por la Cuenta Pública 2024 no es un episodio menor en la ya compleja historia financiera de la petrolera. La ASF identificó inconsistencias por casi 3 mil millones de pesos, una cifra que, aunque acotada frente al tamaño del presupuesto de la empresa, resulta significativa por el contexto de presión fiscal, endeudamiento histórico y dependencia estratégica que caracteriza a Pemex.
De acuerdo con la fiscalización, las principales observaciones se concentran en proyectos de exploración y producción como los campos Comalcalco y Quesqui, así como en la operación de la Refinería Olmeca. No se trata únicamente de montos por aclarar; el señalamiento apunta a posibles pagos en exceso y deficiencias en la supervisión contractual. En términos de gobernanza corporativa, estos hallazgos revelan vulnerabilidades en los controles internos que no deberían persistir en una empresa de esta magnitud.
Pemex, por su parte, sostiene que atenderá y solventará las observaciones dentro de los plazos legales establecidos. El procedimiento es claro: la ASF formula pliegos de observaciones y la entidad auditada cuenta con un periodo para presentar documentación comprobatoria. Sin embargo, más allá del trámite administrativo, el punto central es la calidad de la rendición de cuentas. Cumplir formalmente con la ley es indispensable, pero no suficiente si no se corrigen de fondo las fallas estructurales que originan estos señalamientos.
El problema de fondo es reputacional y financiero. Cada observación alimenta la percepción de riesgo en los mercados y refuerza la narrativa de ineficiencia operativa. Para una empresa con elevados compromisos de deuda y un papel estratégico en la política energética nacional, la transparencia no es solo un requisito normativo: es un activo crítico. La credibilidad institucional tiene un impacto directo en su costo de financiamiento y en la confianza de inversionistas y proveedores.
En última instancia, el caso vuelve a colocar sobre la mesa una discusión recurrente: ¿es suficiente la supervisión ex post de la ASF o se requiere fortalecer los mecanismos preventivos de control interno en Pemex? La fiscalización cumple su función al detectar inconsistencias; ahora corresponde a la empresa demostrar que puede no solo aclarar cifras, sino robustecer su arquitectura de cumplimiento para evitar que estas observaciones se repitan en futuras cuentas públicas.
por Dominio Público | Feb 19, 2026 | Opinión, Principales, Uncategorized
La propuesta es clara: ningún exfuncionario de confianza podrá recibir una pensión superior al 50% del salario del titular del Ejecutivo federal (hoy alrededor de 70 mil pesos).
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El martes pasado les comentaba la semana de infierno que había vivido la 4T. Intentaron hacer control de daños con un evento ruidoso: el anuncio de estímulos al cine mexicano con la presencia de Salma Hayek.
Pero el ruido no cesa.
Este 18 de febrero, desde el púlpito de la mañanera “del pueblo”, se lanzó un dardo directo a la vieja guardia burocrática: la poda masiva a las pensiones de exfuncionarios de confianza.
El argumento suena celestial para el oído resentido: ¿cómo es posible que un exdirector de Pemex o de la CFE cobre cerca de un millón de pesos mensuales mientras el ciudadano promedio batalla con la canasta básica? La narrativa de la “austeridad republicana” se viste de gala.
El problema es que, cuando uno rasca la pintura, aparece un campo minado jurídico.
La propuesta es clara: ningún exfuncionario de confianza podrá recibir una pensión superior al 50% del salario del titular del Ejecutivo federal (hoy alrededor de 70 mil pesos). Suena justo. Pero el derecho no se construye con percepciones de justicia, sino con certezas.
Y aquí es donde lo invito a que pongamos el desorden.
El artículo 14 constitucional es la columna vertebral de la seguridad jurídica:
“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Si alguien trabajó décadas bajo ciertas reglas, ¿puede el Estado cambiar el marcador cuando el partido ya terminó?
El gobierno responde que sí. Y para blindarse, pretende elevarlo a rango constitucional.
Seguramente el asunto llegará a la Suprema Corte. No pasará nada. Yo me pregunto: ¿qué impide que mañana se ajuste cualquier otra prestación bajo el argumento de que “es demasiado”?
México ha firmado tratados internacionales que establecen el principio de progresividad de los derechos sociales: solo pueden ampliarse, no reducirse. Recortar una prestación ya consolidada constituye, técnicamente, una regresión.
No nos confundamos: políticamente, la jugada es maestra. Es popular, ahorra unos 5 mil millones de pesos (marginales en el presupuesto federal) y refuerza el discurso contra los “privilegiados”.
Pero cuando la Constitución se usa como borrador para corregir contratos del pasado, lo que hoy parece justicia social mañana puede convertirse en incertidumbre jurídica.
El lunes la reforma llega al Senado. Y con ella, la fila de abogados que ya afilan los dientes rumbo a la Corte. Aunque, siendo francos, el margen de resistencia judicial luce cada vez más estrecho.
Al final, la discusión no es si esas pensiones son altas —que lo son— ni si generan indignación —que la generan—. La pregunta es otra: ¿estamos dispuestos a debilitar la estabilidad de nuestras reglas por un titular que suene bien?
EN EL TINTERO
Mientras la presidenta coloca como urgente el tema de las pensiones —altas, quizá injustas, pero otorgadas bajo condiciones legales vigentes en su momento—, mantiene abiertos otros frentes: los señalamientos de Julio Scherer en su libro y la reforma electoral que sigue sin concretarse.
Dicen que ahora sí, la próxima semana, presentarán la tan anunciada reforma electoral. Una reforma que, si se aprueba a toda prisa y sobre las rodillas, llegará con errores de fábrica.
Y esos errores, como siempre, los pagaremos después.
por Dominio Público | Feb 18, 2026 | Opinión, Principales
Puebla hoy es uno de los estados más seguros del país. Y esa seguridad no es un discurso: es coordinación institucional, inteligencia, operativos y inversión estratégica día tras día.
Raúl García Araujo @araujogar
Alejandro Armenta es uno de los gobernadores más cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esa cercanía no es solo política: se traduce en resultados claros para Puebla.
La estabilidad que hoy vive la entidad no es casualidad. Es fruto de decisiones firmes, inversión histórica y coordinación total entre los tres órdenes de gobierno.
Desde su llegada, Armenta dejó algo claro: no pactará con el delito ni tolerará la corrupción. En apenas 229 días, puso la seguridad como eje absoluto de su administración.
Se alineó a los cuatro pilares de la estrategia nacional: prevención, inteligencia, operativos y coordinación institucional.
Los números hablan por sí mismos. Puebla redujo 41% los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, y los delitos de alto impacto bajaron 11%.
Más de mil 300 personas fueron detenidas por crímenes graves; se aseguraron armas, drogas y laboratorios clandestinos. Células criminales vinculadas a homicidios, extorsión y robo de hidrocarburo fueron desarticuladas.
La coordinación ha sido clave. Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía, policías estatales y municipales trabajan en conjunto. Puebla opera además con inteligencia compartida con siete estados colindantes y mantiene seguimiento constante del mapa delictivo.
La inversión respalda la estrategia. Más de mil 240 millones de pesos en torres de videovigilancia, drones, cámaras y patrullas equipadas.
La Academia de Policía se transformó en la Universidad de las Ciencias Policiales. Helicópteros sobrevuelan la zona metropolitana de manera permanente.
El combate a la corrupción municipal también es contundente: cinco presidentes municipales en prisión, uno prófugo y nuevos procesos en marcha. Ningún cargo público es escudo frente a la ley.
Sí, hubo un hecho lamentable en Angelópolis: tres personas fallecieron. Se investigará y se castigará. Pero usar este episodio aislado para desacreditar la estrategia de seguridad ignora la realidad. Los indicadores muestran una tendencia sostenida a la baja en delitos de alto impacto. Un incidente no define un estado.
Puebla hoy es uno de los estados más seguros del país. Y esa seguridad no es un discurso: es coordinación institucional, inteligencia, operativos y inversión estratégica día tras día.
La estabilidad también impulsa la economía y el turismo. Más de 17.7 millones de visitantes en 2025 dejaron una derrama económica superior al 10%.
La expansión aérea conecta a Puebla con 12 destinos nacionales e internacionales, mientras el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán superó 1.2 millones de pasajeros, con un incremento anual del 16%.
La confianza en Puebla no es solo institucional: es económica y turística.
Quien piense que Puebla es un estado inseguro ignora el trabajo de fondo. Alejandro Armenta combate la delincuencia de manera integral: desarticula células criminales, enfrenta la corrupción y protege a la ciudadanía.
Los resultados son claros: la violencia disminuye, la confianza crece y la autoridad se consolida.
Puebla avanza porque tiene un gobernador que no se detiene ante el riesgo ni ante la crítica. Mientras algunos medios intentan magnificar hechos aislados, Armenta mantiene el rumbo.
Consolidando un estado seguro, próspero y conectado con el mundo. Su gobierno demuestra que la verdadera política se mide en resultados: calles más seguras, instituciones fuertes y una economía y turismo que crecen al ritmo de la paz y la estabilidad.
Quien hoy visite Puebla no solo encontrará infraestructura moderna o rutas aéreas internacionales. Encontrará un estado que decidió no rendirse ante el crimen y apostar, de manera firme, por su gente.
En Cortito: Nos cuentan que la administración del alcalde José Luis Urióstegui Salgado puso en marcha un nuevo despliegue de seguridad en la capital morelense, atendiendo la instrucción de reforzar acciones para prevenir actos de violencia y fortalecer el orden público.
Se trata del operativo denominado “Espiral”, encabezado por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, enfocado en la supervisión de bares y establecimientos de los llamados giros rojos, sectores que históricamente han sido señalados como puntos sensibles en materia de seguridad y orden público.
El despliegue no fue menor. Se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en un esfuerzo interinstitucional.
Como resultado de las inspecciones, cuatro establecimientos fueron sancionados administrativamente tras detectarse irregularidades conforme a la normatividad vigente.
Más allá del número, lo relevante es la señal política: supervisión permanente y cero tolerancia a quienes operen fuera del marco legal.
El operativo “Espiral” no sólo pretende inhibir delitos y faltas administrativas; también busca fortalecer la presencia institucional en horarios y giros considerados de riesgo.
La estrategia del alcalde José Luis Urióstegui Salgado parece apuntar a reforzar la prevención.
Por tal motivo, nos dicen que en el Ayuntamiento de Cuernavaca la instrucción es clara: anticiparse a los problemas que pudieran presentarse en este tipo de establecimientos.
por Dominio Público | Feb 17, 2026 | Opinión, Principales
En la 4T la disciplina es discurso, no costumbre.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
La semana del 9 al 13 de febrero, sin lugar a duda, la presidenta Claudia Sheinbaum querrá enterrarla y borrarla del calendario… y de la historia.
El desorden comenzó con la publicación del libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia durante los primeros años del gobierno de López Obrador, y del periodista Jorge Fernández Menéndez. En el volumen se relatan actos “presuntamente” no del todo honestos cometidos por altos perfiles de la cúpula 4T. Un libro incómodo, de esos que no se leen en Palacio Nacional.
El caos siguió con el pleito entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal. El legislador pidió respeto a la división de poderes en la entidad. Sansores respondió como suele hacerlo: mandándolo a atender sus asuntos… porque, según ella, tenía un chiquero.
La pretendida reforma electoral tampoco ha sido un día de campo para Sheinbaum. Sus aliados —PT y PVEM— sin los cuales no sería nada, siguen sin darle el visto bueno. Están vendiendo caro su amor. El reto ha llegado a tal nivel que el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, levantó la mano de la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, destapándola como posible candidata al gobierno estatal. Todo esto pese a que la presidenta ha dicho en reiteradas ocasiones que no está de acuerdo con prácticas que podrían configurar nepotismo.
Pero los pulsos no solo vienen de los aliados. En casa también hay problemas. El senador Saúl Monreal insiste en reclamar sus “derechos dinásticos” para gobernar Zacatecas, pese a los llamados de la presidenta y de su propio hermano, Ricardo Monreal, para que espere. En la 4T la disciplina es discurso, no costumbre.
Para cerrar la semana llegó un despido largamente esperado: el de Marx Arriaga, hasta entonces director de Materiales Educativos de la SEP. ¿El motivo? Desobedecer a sus jefes. Se negó a modificar los libros de texto porque, según él, los cambios iban en contra del “obradorismo”.
Lejos de retirarse con dignidad, Arriaga armó un pancho monumental: soberbio, provocador, retador. Tal vez la forma en que le comunicaron el despido fue excesiva —con policías incluidos—, pero siendo sinceros, él se lo buscó. Viéndolo bien, uno podría pensar que Marx Arriaga, mártir del obradorismo, esperaba un nombramiento como secretario de Educación… no un despido. Al momento de escribir estas líneas, sigue atrincherado en su oficina de la SEP.
Cuando parecía que la semana de pesadilla ya había terminado, llegó la cereza del pastel. El domingo 15 de febrero se anunció un programa de estímulos al cine mexicano. Qué bueno, ojalá beneficie a los creadores nacionales. El detalle es que en el anuncio apareció Salma Hayek, quien será una de las beneficiadas, y aprovechó para lanzar flores a la presidenta, así como a las gobernadoras de Quintana Roo y Veracruz. El resultado: una paliza en redes sociales.
No pongo en duda los posibles beneficios del programa, pero tampoco se puede negar que anunciarlo, tras una semana para llorar, con una figura como Salma Hayek, buscaba hacer ruido. Lo lograron… aunque no del todo en sentido positivo, al menos para la actriz.
Lo verdaderamente preocupante es que ninguno de estos resbalones puede ser aprovechado para empujar cambios de fondo. ¿La razón? No hay oposición y no hay una sociedad organizada que presione. Así, los tropiezos se vuelven anécdota y no consecuencia.
EN EL TINTERO
Al cierre de esta colaboración se dio a conocer el nombramiento de Nadia López García como nueva directora de Materiales Educativos de la SEP.
Me queda una pregunta: ¿Qué le deben a Marx Arriaga que no lo han sacado de las instalaciones? En cualquier otra empresa ya habrían usado la fuerza pública.
por Dominio Público | Feb 13, 2026 | Opinión, Principales
El mensaje oficial habla de abasto; la experiencia ciudadana habla de filas, fichas agotadas y frustración.
Claudia Bolaños @claudiabola
Más de 20 minutos de espera —el doble de lo advertido— es lo que hoy debe invertir cualquier ciudadano que marque al 079 para preguntar dónde puede vacunarse contra el sarampión. La grabación del número de Atención Ciudadana es clara: la demanda es alta y hay que esperar un aproximado de 10 minutos. Las direcciones de los puntos es incompleta. «Es lo que indica la lista de sitios para vacunarse».
En medio del brote, la vacuna se ha convertido en un bien escaso incluso en el sector privado. En un ejercicio periodístico llamé a un sitio privado que presume tener todos los biológicos disponibles; la respuesta fue contundente: de sarampión no hay, está agotada y no saben cuándo llegará.
El gobierno federal asegura contar con más de 23 millones y medio de dosis, pero en los módulos públicos apenas se distribuyen poco más de cien vacunas por día. Es un número insuficiente, especialmente en puntos de alta concurrencia como estaciones del Metro, donde la demanda rebasa con facilidad la oferta. Basta revisar redes sociales: después de las nueve de la mañana, a una hora de abrir, las dosis se terminan. El mensaje oficial habla de abasto; la experiencia ciudadana habla de filas, fichas agotadas y frustración.
Y Sepa la bola cómo se explica esa brecha entre las cifras oficiales y lo que ocurre a ras de calle. Porque junto a la escasez física de dosis hay otra carencia igual de preocupante: la ausencia de un sistema digital que concentre el historial de vacunación de cada mexicano. Quien no conserve su cartilla —y no tenga padres con memoria intacta— difícilmente puede saber qué biológicos tiene aplicados. La recomendación es revisar el carnet y confirmar si está marcada la vacuna triple viral (SRP), pero esa indicación parte de un supuesto frágil: que el documento exista y esté completo.
La información sanitaria de una persona no debería depender de papeles que se extravían o se deterioran. Recuperar antecedentes puede convertirse en una odisea burocrática, como ocurrió en una escuela donde, tras perderse una cartilla, los padres tuvieron que reconstruir a mano el historial médico de su hijo. La solución fue emitir un nuevo carnet y continuar con las siguientes dosis. La prevención, así, queda sujeta a la memoria y al archivo doméstico.
Sepa la bola también en qué punto la discusión dejó de ser estrictamente sanitaria para convertirse en política. La oposición, particularmente legisladores del PAN, sostiene que entre 2022 y 2025 se dejaron sin ejercer más de 44 mil millones de pesos destinados al Programa de Vacunación.
Según esa narrativa, siete de cada diez pesos presupuestados no se utilizaron, lo que habría impactado directamente en las coberturas y en la capacidad de respuesta ante el brote.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba ha insistido en que no se trata de un problema heredado de décadas, sino de decisiones recientes que no tradujeron recursos aprobados en vacunación efectiva. Para él y su bancada, la falta de ejercicio presupuestal tiene consecuencias medibles: menor protección, mayor exposición y un sistema que reacciona cuando debería anticiparse. “No vale la pena morir por una enfermedad que puede prevenirse”, ha reiterado.
Entre filas interminables, módulos que agotan dosis en horas y expedientes que duermen en archivos físicos, el país enfrenta una pregunta incómoda: ¿es un problema de logística, de planeación, de ejecución presupuestal o de todo al mismo tiempo? Sepa la bola. Lo cierto es que la vacunación no solo requiere biológicos suficientes; exige trazabilidad, gestión eficiente y rendición de cuentas. Porque cuando la prevención falla, la factura la pagan los ciudadanos.
por Dominio Público | Feb 12, 2026 | Opinión, Principales
Lo cierto es que existen muy pocas posibilidades de que el gobierno “4tero” haga algo frente a las revelaciones que involucran a personajes de alto perfil del movimiento, como Jesús Ramírez Cuevas.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Mentes más lúcidas que la de un servidor han señalado en los años recientes que es tal el poder que ha acumulado la 4T, que la verdadera oposición terminaría gestándose dentro del propio movimiento: una implosión. Y es que, al adueñarse de la narrativa diaria, el régimen se brindó a sí mismo el escenario perfecto para ello.
Esa implosión, o al menos un esbozo, parece comenzar a tomar forma con la publicación del libro “Ni venganza ni perdón”, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, en el que el primero narra su paso por la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Lo que se expone en el libro no proviene de una investigación opositora ni de un medio considerado “enemigo del régimen”. Viene de alguien que estuvo dentro del engranaje de la 4T, alguien que conoció al “monstruo” desde adentro. Dicho de otra manera: las afirmaciones no llegan desde fuera, sino desde el corazón mismo del movimiento.
Pero pongamos el desorden.
Si bien el libro tiene el potencial de generar una implosión justo en una de las líneas de flotación del régimen —la honestidad—, lo cierto es que existen muy pocas posibilidades de que el gobierno “4tero” haga algo frente a las revelaciones que involucran a personajes de alto perfil del movimiento, como Jesús Ramírez Cuevas.
¿Por qué digo lo anterior? Déjenme explicarles. En primer lugar, el actual régimen dinamitó cualquier contrapeso institucional que pudiera existir y reconfiguró al Estado mexicano hacia una concentración de poder sin precedentes. Lo más probable es que todo termine en una maroma monumental: el gobierno dirá que los señalados son funcionarios ejemplares, hombres y mujeres “honestos”, fieles al movimiento y víctimas de una campaña de desprestigio.
En segundo lugar, como señalé en mi colaboración “Se busca líder”, publicada el pasado 5 de febrero, del lado opositor no existe un liderazgo capaz de capitalizar los errores del gobierno. Y conviene aclararlo: no hablo de capitalizar para destruir, sino de presionar para corregir el rumbo.
Y es aquí donde me pregunto: ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo seguirán las maromas para justificar lo injustificable: la corrupción, la mala gestión gubernamental, las complicidades?
¿Hasta cuándo seguiremos soportando a gobernadores como el de Sinaloa, que aseguran que todo está bien mientras su estado se desangra?
¿Hasta cuándo aguantaremos la soberbia de personajes como Layda Sansores, gobernadora de Campeche, que se creen intocables sin entender que lo que están haciendo es cavar su propia tumba política?
¿Hasta cuándo se darán cuenta de que no gobiernan para un movimiento, sino para un país?
Urge que los ciudadanos retomemos el control y que el “movimiento” entienda que debe corregir el rumbo en varios aspectos, porque —como ellos mismos coreaban en sus marchas— “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”.
EN EL TINTERO
No sé qué espera el Senado para desaparecer poderes en Sinaloa. A estas alturas resulta evidente que ahí nada funciona bien. Basta ver los recientes secuestros de mineros y turistas en la entidad.
No se trata de administrar el caos.
Se trata de resolverlo.
