por Dominio Público | Mar 25, 2026 | Opinión, Principales
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha consolidado como la voz oficial de las acciones del gobierno federal contra el crimen organizado. Cada operativo relevante encuentra ahí su primera versión pública, en un ejercicio claro de control del mensaje.
Raúl García Araujo @araujogar
En seguridad, no hay espacio para figuras decorativas. Hoy, quien está sentado en la mesa donde se toman las decisiones más sensibles entre México y Estados Unidos es Omar García Harfuch.
Desde esa posición no solo coordina operativos: construye acuerdos, intercambia inteligencia y mantiene una relación directa con las agencias más poderosas del vecino del norte.
En los hechos, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se ha convertido en la pieza central del engranaje de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo frente a la administración de Donald Trump.
Su papel va mucho más allá de la coordinación interna. Es el arquitecto de una relación bilateral en seguridad que busca dejar atrás la desconfianza y traducirse en resultados concretos.
Su presencia constante en Washington y su interlocución directa con agencias clave confirman que la estrategia mexicana ha optado por una cooperación pragmática, centrada en objetivos compartidos.
Un ejemplo reciente lo ilustra con claridad: su reunión con Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad. Ahí, ambas partes reafirmaron principios que hoy resultan indispensables: reciprocidad, respeto a la soberanía y responsabilidad compartida. Pero más allá del discurso, lo relevante son los resultados.
Gracias al intercambio de información, México ha logrado detener a objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, además de diversos generadores de violencia que operaban en el país. Es decir, la cooperación bilateral comienza a traducirse en golpes concretos contra estructuras criminales.
La misma lógica se replicó en su encuentro con el director de la DEA, Terrance Christopher Cole. En esa mesa, la prioridad fue consolidar mecanismos de colaboración para enfrentar amenazas comunes, con énfasis en dos frentes críticos: el combate al narcotráfico y el freno al flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México. Este último punto, históricamente relegado, empieza a colocarse en el centro de la agenda.
No es casualidad que el gobierno estadounidense invite de manera constante a Harfuch a reuniones de alto nivel. Su perfil técnico, combinado con capacidad política, lo ha convertido en un interlocutor confiable, pero también en un operador que entiende que la seguridad se construye tanto en el terreno como en la negociación internacional.
A ello se suma un elemento estratégico: la narrativa. Desde sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha consolidado como la voz oficial de las acciones del gobierno federal contra el crimen organizado. Cada operativo relevante encuentra ahí su primera versión pública, en un ejercicio claro de control del mensaje.
Y ese control no se limita al ámbito interno. Harfuch también ha asumido el papel de vocero del Estado mexicano ante medios internacionales. Lo hizo al informar, en entrevistas con medios estadounidenses, sobre el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
No fue solo la comunicación de un resultado operativo. Fue un mensaje político dirigido a Washington: el Estado mexicano tiene capacidad, voluntad y coordinación para golpear a las estructuras criminales de mayor impacto.
En paralelo, los intercambios de alto nivel —incluida la visita del propio director del FBI a México— han confirmado un incremento en las operaciones coordinadas y en la captura de objetivos prioritarios que afectan a ambas naciones. La cooperación, así, deja de ser discurso y se convierte en acción.
Al final, en un gobierno donde la seguridad define la estabilidad política, Harfuch no solo ejecuta la estrategia: la conduce, la negocia y la comunica. Y en ese cruce de funciones —operación, interlocución y narrativa— es donde hoy concentra un poder que pocos dentro del aparato gubernamental pueden igualar.
En Cortito: Nos cuentan que, lejos del reflector cotidiano, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián, ha comenzado a recorrer el país con una misión clara: poner en marcha una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad y reconstrucción del tejido social, la estrategia Reconecta con la Paz.
No se trata de un programa más. Desde la Consejería Jurídica se está impulsando un enfoque que busca ir al fondo del problema: atender las causas de la violencia desde una lógica distinta a la punitiva.
La propuesta se alinea con principios de justicia restaurativa, reinserción social y prevención, apostando por una ruta que combine legalidad con reconstrucción social.
En cada entidad que visita, Damián Peralta no solo presenta la estrategia, también la posiciona como una política pública sustentada en evidencia internacional y en las mejores prácticas en materia de justicia restaurativa.
Si logra consolidarse, Reconecta con la Paz podría convertirse en uno de los pilares silenciosos del modelo de seguridad de este gobierno.
por Dominio Público | Mar 24, 2026 | Opinión, Principales
La crisis de vocaciones en la Iglesia Católica no es un fenómeno aislado. Es, más bien, un síntoma particularmente visible de una sociedad que ha aprendido a desconfiar de lo permanente.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Desde hace varios años escucho a amigos y parientes sacerdotes hablar de una crisis de vocaciones. Ya los jóvenes —dicen— no sienten el llamado. En el pueblo de donde soy originario, en el sur del Estado de México, eso dejó de ser diagnóstico y se volvió evidencia.
Cuando era niño, en mi pueblo había sotanas de sobra: diez sacerdotes y hasta un obispo. Hoy quedan dos. Y no ha vuelto a surgir una vocación más.
La situación se volvió más evidente con la cercanía de Semana Santa en la parroquia de Coatepec Harinas, a la que pertenece mi comunidad y que agrupa a 37 localidades. Este año, el párroco tendrá que enfrentar solo uno de los momentos más importantes del calendario litúrgico. Por movimientos recientes en la Diócesis de Tenancingo, se quedó sin vicario y no tendrá apoyo, al menos, hasta julio.
Eso ha obligado a recortar celebraciones, ajustar horarios y, en los hechos, administrar la fe como si fuera un recurso escaso.
Pero ¿cómo se llegó aquí? ¿La fe va en caída libre? ¿Los escándalos han pasado factura? Quizá. Pero reducirlo a eso sería cómodo. Hay algo más silencioso y, al mismo tiempo, más profundo: la dificultad de sostener el compromiso.
Vivimos en la era del “clic” de retorno. Si un producto no nos gusta, lo devolvemos; si una suscripción nos cansa, la cancelamos; si una relación se complica, la reconfiguramos. Nos hemos acostumbrado a salir de todo… incluso de nosotros mismos.
En ese contexto, el compromiso a largo plazo dejó de ser norma y empezó a parecer una excepción. Para algunos, incluso, una forma extraña de heroísmo.
La crisis de vocaciones en la Iglesia Católica no es un fenómeno aislado. Es, más bien, un síntoma particularmente visible de una sociedad que ha aprendido a desconfiar de lo permanente.
Las cifras ayudan a dimensionarlo, aunque no lo expliquen todo. De acuerdo con el Anuario Pontificio y reportes de la Agencia Fides, la población católica mundial supera los 1,400 millones de fieles, mientras que el número de sacerdotes ronda los 406,996. En paralelo, las congregaciones religiosas han perdido miles de integrantes en los últimos años y los seminarios europeos registran caídas cercanas al 5 por ciento.
Pero esos números, leídos desde lo local, adquieren otro peso: en lugares como mi parroquia, significan un solo sacerdote para decenas de comunidades.
La pregunta de fondo es incómoda: ¿por qué un joven hoy asumiría que su “yo” de 20 años puede comprometer al “yo” de 70?
En un mundo que ofrece un menú infinito de opciones, elegir una sola vida —y elegir “para siempre”— empieza a percibirse no como un acto de libertad, sino como una renuncia excesiva.
No es solo un problema de “escucha” al llamado. Es, también, un problema de voluntad para sostenerlo. Porque el reto no está únicamente en entrar, sino en permanecer. No son pocos los casos de sacerdotes que, con los años, abandonan el ministerio por desgaste, crisis personales o falta de acompañamiento.
Y ese desgaste no es exclusivo del campanario.
Lo vemos en otros espacios: en instituciones que ya no forman vocaciones, sino apenas ocupaciones; en profesiones que antes se asumían como proyectos de vida y hoy se viven como escalones temporales; en un servicio público cada vez más orientado al beneficio inmediato. En México abundan los cargos, pero escasean las vocaciones. Y eso también tiene consecuencias.
Hemos pasado, poco a poco, de una lógica de permanencia a una lógica de tránsito.
Por eso, la llamada “crisis de vocaciones” también funciona como espejo. No solo habla de la Iglesia, habla de nosotros.
Si cada vez nos cuesta más sostener decisiones que duren décadas, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo?
Quizá el problema no sea que los votos resulten demasiado exigentes, sino que hemos dejado de valorar la idea misma de permanecer.
En una época que nos quiere siempre disponibles para cambiar de opinión, comprometerse a largo plazo empieza a ser, más que una carga, una forma de rebeldía.
Y tal vez ahí esté el verdadero fondo del asunto: en nuestra obsesión por no perdernos nada, estamos aprendiendo, sin darnos cuenta, a no quedarnos en nada. Y una sociedad que no sabe quedarse, difícilmente sabe construir.
por Dominio Público | Mar 20, 2026 | Opinión, Principales
En cualquier sistema de contrataciones, la diferencia de costos y la falta de justificación deberían activar revisiones.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero en la administración pública hay decisiones que, sin necesidad de adjetivos, hablan por sí solas. El caso de la empresa PROAM Administración S. de R.L. de C.V., propiedad de Guillermo Solís, es uno de ellos: una compañía con señalamientos y denuncias que obtuvo un contrato plurianual del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Los antecedentes están documentados. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de México inició una investigación sobre condiciones laborales relacionadas con la empresa.
Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social auditó y embargó al empresario cuando buscaba contratos con “Soles Mantenimiento”. Son registros institucionales que forman parte del historial del proveedor.
A pesar de ello, el Infonavit le otorgó un contrato cuyo costo es 60 millones de pesos superior a la propuesta presentada por Armot, empresa que inicialmente había sido considerada para el mismo servicio.
La cancelación de ese primer contrato se realizó sin explicación pública. En cualquier sistema de contrataciones, la diferencia de costos y la falta de justificación deberían activar revisiones.
La decisión recayó en Iyadalid Martínez, subdirectora de administración y proveedora de servicios de la dependencia. Su nombre ha sido mencionado en distintos momentos por prácticas en cargos públicos previos. Más allá de valoraciones, la recurrencia de señalamientos en trayectorias vinculadas al manejo de recursos públicos merece atención.
El tema no se limita a una sola adjudicación. El 22 de diciembre de 2025, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una investigación sobre la licitación CO-PVB-095-2025, relacionada con la construcción de vivienda en Hidalgo y también autorizada por Martínez Domínguez.
La repetición de casos coloca el foco en los procesos.
A esto se suman antecedentes en Petróleos Mexicanos, donde empleados señalaron la asignación de labores en días de descanso, extensión de jornadas y solicitud de actividades adicionales, así como la designación de personal sin el perfil requerido.
Posteriormente, al separarse de la empresa productiva del Estado, se le otorgó un finiquito por más de dos millones y medio de pesos, documentado en oficios oficiales.
El punto de fondo no es la existencia de señalamientos, sino la manera en que estos conviven con decisiones administrativas de impacto económico.
Cuando un contrato supera por 60 millones de pesos a otra propuesta y no hay explicación pública, la discusión deja de ser técnica y se convierte en un asunto de rendición de cuentas. Los datos están sobre la mesa.
Y Sepa La Bola… pero hay un riesgo que nadie frena. La caída de una lona en un muro ciego ubicado en Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 4192, en Álvaro Obregón, vuelve a exhibir un problema que persiste en la Ciudad de México: la operación de estructuras de publicidad exterior sin permisos.
La empresa señalada, Carteles y Neón Espectaculares Publi20, forma parte de un esquema donde anuncios se instalan sin autorizaciones de uso de suelo, dictámenes de protección civil ni seguros de responsabilidad.
La Ley de Publicidad Exterior establece restricciones claras para este tipo de estructuras; sin embargo, su proliferación muestra fallas en supervisión y sanción.
Hoy no hubo víctimas, pero el riesgo es constante en zonas de alta circulación. La pregunta no es nueva: ¿qué acciones implementará el gobierno capitalino para retirar estas instalaciones y evitar consecuencias mayores?
por Dominio Público | Mar 19, 2026 | Opinión, Principales
La Federación está metiéndose, otra vez, en la lógica presupuestal de estados y municipios.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Desde el primer día de la 4T hubo una consigna clara, casi litúrgica: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Algo con lo que estoy de acuerdo. Lo que comenzó como una política de contención del gasto terminó convertido en un mandato moral… y después en una herramienta de poder.
Hoy la pregunta ya no es retórica: ¿la austeridad está limpiando al Estado o lo está debilitando?
El 17 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado su reforma electoral, rebautizada como “Plan B” tras el fracaso constitucional. La promesa es atractiva: reducir el costo de las elecciones. Menos gasto, más eficiencia.
Pero el detalle importa. La iniciativa propone topar salarios en el INE y los OPLES, limitar el número de regidores —ningún municipio podría tener más de 15— y fijar un techo de apenas 0.70% del presupuesto estatal para los congresos locales. Dicho de otro modo: la federación está metiéndose, otra vez, en la lógica presupuestal de estados y municipios.
Y hay algo más delicado. Mucho más.
La posibilidad de realizar la consulta de revocación de mandato el mismo día de las elecciones intermedias. Es decir, colocar a la presidenta en la boleta… y en campaña. No es un ajuste técnico: es una ventaja política.
Lo propuesto encaja demasiado bien en un patrón conocido: cada recorte “por justicia” termina reduciendo la capacidad de las instituciones que deben arbitrar al poder.
El INE ya sufrió una reducción de mil millones de pesos en 2026. Y ahora se le pide hacer más con menos.
No es austeridad: es presión estructural.
Pero vayamos a los “triunfos” de la austeridad.
La narrativa oficial presume la eliminación de pensiones a expresidentes, seguros médicos de élite y gastos suntuarios. Son decisiones populares, sin duda.
Pero en términos fiscales, el impacto es marginal: menos del 0.2% del gasto público.
Un ahorro simbólico que se amplifica en el discurso… pero que no transforma un presupuesto de más de 10 billones de pesos.
La austeridad, así planteada, no es una política económica de fondo. Es una narrativa políticamente rentable.
Donde esa narrativa se rompe es en los datos duros.
En salud, pese a aumentos nominales, hay una caída real frente a 2024. Instituciones como el Instituto Nacional de Cancerología, Nutrición o Cardiología enfrentan recortes de hasta un tercio de sus recursos reales.
No son cifras: son tratamientos que no llegan, diagnósticos que se retrasan y pacientes que pagan lo que el Estado dejó de cubrir.
En educación superior, los recortes acumulados superan los 83 mil millones de pesos desde 2019. Menos investigación, menos infraestructura, menos futuro.
Y en paralelo, el contraste incómodo: diputados con percepciones superiores a 1.3 millones de pesos anuales… y nuevas prestaciones.
La austeridad, al parecer, no es un principio: es un criterio de selección.
La austeridad republicana puede ser necesaria. Pero aplicada de forma selectiva deja de ser virtud y se convierte en mecanismo.
Cortar privilegios no debería significar recortar capacidades. Mucho menos debilitar a quienes vigilan al poder.
Si los ahorros son mínimos, pero los daños institucionales son profundos, entonces no estamos ante una transformación del Estado… sino ante su reconfiguración.
Y cuando la austeridad sirve más para concentrar poder que para mejorar la vida pública, deja de ser mística republicana…
y empieza a parecer una guillotina institucional.
EN EL TINTERO
La CNTE volvió con su viejo libreto: presión, caos y negociación. Nada nuevo bajo el sol… salvo la factura.
Carpetazo al caso de Pío López Obrador. Los videos del hermano del expresidente recibiendo dinero no fueron prueba suficiente.
por Dominio Público | Mar 18, 2026 | Opinión, Principales
En marzo de 2018, Andrés Manuel López Obrador lanzó una frase que hoy parece una profecía mal entendida: “no es bueno despertar al tigre”. Lo que no se anticipó —o no se quiso ver— es que ese tigre no solo podía despertar contra un régimen anterior, sino también contra quienes hoy gobiernan. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Morelos.
Raúl García Araujo @araujogar
Morelos dejó de ser una advertencia para convertirse en evidencia. La crisis ya no se puede maquillar con discursos ni contener con comunicados.
Tiene nombre, tiene rostro y, sobre todo, tiene víctimas: jóvenes estudiantes asesinadas, desaparecidas y una comunidad universitaria que ha decidido no callar más.
El feminicidio de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos encendió una indignación que no deja de crecer.
Pero lejos de apaciguarse, la realidad se ha vuelto todavía más brutal. En el municipio indígena de Coatetelco, en la carretera hacia Miacatlán, apareció el cuerpo sin vida de una mujer en condiciones que reflejan el nivel de descomposición que vive la entidad.
Se trataba de Karol Toledo Gómez, estudiante de Derecho desaparecida días antes, no solo estremeció a su familia, sino que profundizó el miedo colectivo.
Al mismo tiempo, la confirmación del feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán terminó por detonar una respuesta social que ya venía gestándose.
No se trata de casos aislados. Se trata de un patrón. De una cadena de violencia que el Estado no ha sabido —o no ha querido— frenar.
Las calles hablaron. Más de 10 mil mujeres marcharon en Cuernavaca en el marco del Día Internacional de la Mujer.
No fue una movilización simbólica: fue un grito de hartazgo. Pintas, destrozos, consignas… todo ello es la expresión de una sociedad que se siente abandonada.
Y en paralelo, estudiantes de distintas facultades bloquearon avenidas, denunciaron acoso dentro de las propias instituciones educativas y exigieron algo tan básico como seguridad para poder estudiar.
Aquí es donde la crisis adquiere su dimensión política más grave.
En marzo de 2018, Andrés Manuel López Obrador lanzó una frase que hoy parece una profecía mal entendida: “no es bueno despertar al tigre”.
Lo que no se anticipó —o no se quiso ver— es que ese tigre no solo podía despertar contra un régimen anterior, sino también contra quienes hoy gobiernan. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Morelos.
La gobernadora Margarita González Saravia no solo ha sido rebasada por la realidad; ha sido exhibida por ella.
Su reacción tardía, su falta de sensibilidad y la evidente mediocridad de buena parte de su equipo han convertido una crisis de seguridad en una crisis de gobernabilidad.
Presentar un “Plan Integral de Seguridad Universitaria” en medio del enojo social no se percibe como una solución, sino como un intento desesperado por contener lo incontenible.
Porque el problema no es de anuncios. Es de credibilidad. Y esa, hoy, está rota.
Los estudiantes morelenses lo tienen claro. Aunque han regresado parcialmente a clases, no han bajado la guardia. Se organizan, se articulan y planean.
Y lo hacen con un objetivo definido: exhibir a un gobierno que consideran incapaz de garantizar lo más elemental. La indignación ya no es espontánea; se está convirtiendo en movimiento.
Morelos es hoy un polvorín. Cada feminicidio, cada desaparición, cada denuncia ignorada suma presión a una caldera que está a punto de estallar. Y cuando eso ocurra, no será solo una crisis local. Será un golpe político de alcance nacional.
En Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación lo saben. Las alertas están encendidas. No por cálculo, sino por necesidad.
Porque si la situación se desborda, Morelos podría convertirse en el primer estado gobernado por Morena que enfrente un escenario real de ingobernabilidad con consecuencias mayores, incluida la eventual salida de su gobernadora.
La pregunta ya no es si se puede evitar el colapso. Es si alguien está dispuesto a asumir el costo político de actuar antes de que sea demasiado tarde.
Porque mientras el poder duda, en las calles el mensaje es contundente: el tigre no solo despertó… ya empezó a avanzar.
En Cortito: Nos cuentan que en Morelos no hay espacio para fiestas mientras la indignación y el dolor social se desbordan.
Suspender la Feria de la Primavera en Cuernavaca no es un detalle menor: es un gesto de sensibilidad política que muchos otros funcionarios locales parecen desconocer.
El Ayuntamiento de Cuernavaca decidió posponer de manera indefinida la Feria de la Primavera —también conocida como Feria de la Flor— en respuesta a la crisis de luto y protesta que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tras los feminicidios de Kimberly Joselin y Karol.
José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de la capital, entendió lo que otros no han podido: no se puede celebrar mientras la sociedad está dolida y las calles están llenas de exigencias de justicia.
“Sería contradictorio”, señaló el alcalde, “tener una celebración de este tipo con los tiempos actuales, con la máxima casa de estudios en paro y en crisis por los feminicidios de sus compañeras”.
Esa claridad política —reconocer la magnitud del dolor antes de cualquier calendario de festividades— es un rasgo que hace falta en la clase política de Morelos, caracterizada por la improvisación, la torpeza y la desconexión de la realidad social.
La decisión de Urióstegui Salgado no solo es atinada; es ejemplar. Demuestra que gobernar no se trata solo de administrar recursos o organizar eventos, sino de leer el momento histórico y actuar en consecuencia.
Suspender la feria tiene costos económicos y políticos, pero transmite un mensaje más poderoso que cualquier comunicado: la prioridad es la gente, no la simulación de normalidad.
La postura del alcalde de Cuernavaca debería ser la norma: gobernar con responsabilidad, empatía y sentido común.
por Dominio Público | Mar 17, 2026 | Opinión, Principales
La iniciativa gira alrededor de la asociación civil Humanidad con América Latina, organización sin fines de lucro recientemente autorizada por el SAT para recibir donativos deducibles de impuestos.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El expresidente López Obrador es un “ave de tempestades”. Parece ser que su “retiro” ya le aburrió y busca cualquier pretexto para salir a la palestra pública. Lo hizo el pasado mes de noviembre para presentar su más reciente libro, Grandeza; el 3 de enero para protestar por la captura de Nicolás Maduro y, el pasado 14 de marzo, para pedir donaciones para el “pueblo de Cuba”, las cuales debían ser depositadas en una cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina.
En un mensaje difundido en la red social X, el exmandatario aseguró que, aunque se encuentra retirado, le duele que “busquen exterminar” al pueblo cubano y llamó a los mexicanos a solidarizarse con la isla. Para justificar su postura, citó al general Lázaro Cárdenas durante la invasión de Playa Girón: “No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.
Acto seguido difundió el número de una cuenta bancaria para recibir donativos destinados —según explicó— a comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para Cuba.
La iniciativa gira alrededor de la asociación civil Humanidad con América Latina, organización sin fines de lucro recientemente autorizada por el SAT para recibir donativos deducibles de impuestos. Su autorización aparece registrada apenas el 9 de marzo de 2026, es decir, días antes del llamado público del expresidente.
De acuerdo con lo que se ha difundido, la asociación fue creada por ciudadanos, escritores y periodistas, y está detrás del manifiesto “El destino de Cuba no nos es ajeno”, firmado por más de doscientas personas que convocan a una campaña de ayuda humanitaria para la isla.
Hasta ahí, en apariencia, podría tratarse simplemente de un acto de solidaridad internacional. Nada reprochable en principio: ayudar a quien sufre siempre será un gesto noble.
El problema es que tratándose de López Obrador, nada es inocente.
Su mensaje reabrió un debate político que parecía cerrado desde que dejó la Presidencia. Para sus simpatizantes, el llamado refleja el “humanismo mexicano” y la tradición de solidaridad latinoamericana. Para sus críticos, en cambio, se trata de una provocación política calculada: apoyo indirecto al régimen cubano, presión ideológica al nuevo gobierno mexicano y, además, una colecta respaldada por una asociación civil creada apenas días antes.
Las redes sociales reflejaron de inmediato esa polarización. Mientras legisladores y funcionarios cercanos a Morena presumían capturas de sus donaciones, otros cuestionaban la transparencia de la campaña y preguntaban por qué no convocar colectas similares para hospitales públicos, madres buscadoras o comunidades mexicanas que viven tragedias cotidianas.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum salió a respaldar el llamado, aclarando que su aportación sería personal y defendiendo el gesto como un acto de solidaridad con el pueblo cubano.
Pero incluso con esa explicación, la pregunta sigue flotando en el aire:
¿se trata de una causa humanitaria o de una señal política?
Porque López Obrador ya no gobierna, pero tampoco parece dispuesto a desaparecer del escenario. Y cada vez que reaparece lo hace del mismo modo en que ejerció el poder durante años: polarizando.
Pero el asunto no termina en la discusión moral sobre ayudar o no a Cuba.
En los próximos meses México deberá sentarse con Estados Unidos y Canadá para revisar aspectos clave del T-MEC, el acuerdo comercial más importante para nuestra economía. Y en Washington, donde la política hacia la isla sigue siendo un tema extremadamente sensible, estos gestos no suelen interpretarse como simples actos humanitarios.
Para López Obrador puede ser una bandera ideológica. Para Estados Unidos puede ser una señal política.
Y cuando se trata de comercio, inversiones y empleos mexicanos, las señales también tienen consecuencias.
EN EL TINTERO
Mientras la conversación pública gira en torno a lo que dijo López Obrador, Morena y sus aliados reconfiguraron su alianza legislativa y alistan la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral, que será enviado este martes al Congreso. Como suele ocurrir en la política mexicana, la discusión no estaba en el contenido, sino en encontrar la fórmula para alcanzar los votos necesarios.
Por otro lado, el municipio de Coatepec Harinas, en el sur del Estado de México, está por celebrar 200 años de historia. Felicidades. Lamentablemente, en los últimos meses varias casas antiguas de la cabecera municipal han sido derribadas para construir inmuebles modernos. Quizá convendría que el INAH desempolvara su catálogo de monumentos históricos y se diera una vuelta por la zona. Tal vez descubra que algunos de ellos… ya no existen.
