por Dominio Público | Feb 26, 2026 | Opinión, Principales, Uncategorized
Lo que deberíamos exigir a nuestros preclaros gobernantes —y particularmente al gabinete de seguridad— es conocer qué acciones se están implementando para desmantelar las redes financieras, operativas y territoriales del cártel.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Tras el operativo del pasado domingo que desembocó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, han surgido infinidad de comentarios, sospechas y “asegunes” sobre lo ocurrido, casi todos encaminados a demeritar la acción y, de paso, golpear a la actual administración.
Quiero advertir algo desde el inicio: no defiendo al gobierno. Quienes me hacen el honor de leerme semana con semana saben que he sido crítico constante de esta administración. Pero también hay críticas que terminan por abandonar la lógica y entrar de lleno en el terreno de la fantasía.
Uno de los señalamientos más repetidos sostiene que Estados Unidos proporcionó toda la inteligencia y prácticamente entregó al capo en bandeja de plata, reduciendo la participación mexicana a simplemente ir por él. Puede ser que haya existido cooperación internacional —como ocurre desde hace décadas—, pero convertir eso en argumento para invalidar el operativo resulta, cuando menos, simplista.
Otros cuestionamientos han girado en torno a un debate casi semántico. Primero se informó que “El Mencho” fue abatido; posteriormente se precisó que había sido herido junto con dos de sus escoltas y que los tres murieron mientras eran trasladados en helicóptero para recibir atención médica.
Para algunos, ello constituye una mentira gubernamental, pues uno de los significados de abatir implica causar la muerte inmediata. Pero más allá de la pureza del diccionario, el fondo del asunto difícilmente cambia: el líder criminal fue neutralizado como resultado directo del operativo.
Luego aparecen los conspiranoicos profesionales, quienes aseguran que el capo fue asesinado durante el traslado porque al gobierno le convenía silenciarlo. Y en el extremo del absurdo, incluso hubo quien —periodista con cierta trayectoria— afirmó que fue estrangulado por un agente del FBI a bordo de la aeronave.
Así podríamos pasar días enteros revisando teorías, sospechas y versiones dignas de sobremesa conspirativa. Pero todos esos cuestionamientos parten de un error fundamental: están mal dirigidos.
La verdadera pregunta no es cómo murió, sino qué sigue.
Lo que deberíamos exigir a nuestros preclaros gobernantes —y particularmente al gabinete de seguridad— es conocer qué acciones se están implementando para desmantelar las redes financieras, operativas y territoriales del cártel, y qué estrategia existe para evitar que otro criminal ocupe el trono vacante.
Porque la historia mexicana demuestra que cuando cae un capo sin destruir su estructura, el relevo llega más rápido que la celebración oficial.
La oposición política no puede comportarse como un sicario que dispara a diestra y siniestra. Su función debería parecerse más a la de un francotirador: pocos disparos, pero certeros. De lo contrario, el ruido sustituye al análisis y la crítica pierde utilidad pública.
Porque en México solemos discutir la forma de la bala mientras olvidamos preguntar quién sigue armado.
Y mientras el debate público se pierde entre teorías y sospechas, el crimen organizado —ese que sí entiende de poder— ya está resolviendo la sucesión.
EN EL TINTERO
La presidenta Claudia Sheinbaum decidió abrir uno de los debates más delicados del sistema político mexicano: la reforma electoral. Y lo hizo bajo dos premisas políticamente irresistibles: abaratar la democracia y devolver el poder al pueblo.
El problema —como casi siempre— no está en el discurso, sino en los detalles.
por Dominio Público | Feb 25, 2026 | Opinión, Principales
Y mientras tanto, convoyes criminales circulando con camionetas clonadas de la Defensa, uniformes tácticos y despliegue intimidante. La percepción ciudadana se vuelve inevitable: ¿ineficiencia o complicidad del gobierno estatal? ¿incapacidad o abandono de la administración de Pablo Lemus?
Raúl García Araujo @araujogar
Jalisco volvió a exhibirse. No como potencia económica. No como vitrina tecnológica. No como el estado moderno que presume su gobernador. Se exhibió como lo que fue en Teocaltiche: un territorio donde la autoridad estatal no apareció cuando más se necesitaba.
Un agente federal muerto y dos heridos dejó el ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación contra la base de la Guardia Nacional. No fue un choque menor. Fue una ofensiva con armas de alto poder, rifles calibre .50 y convoyes blindados que llegaron desde Nochistlán, Zacatecas. Tres camionetas disparando. Tres cubriendo la retirada. Maniobra táctica. Coordinación criminal. Desafío frontal al Estado mexicano.
Mientras los federales resistían el asalto, la pregunta retumba: ¿dónde estaba la policía estatal? No hubo reacción visible. No hubo respaldo inmediato. No hubo liderazgo operativo.
La agresión ocurrió tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, abatido en Tapalpa al resistirse a su captura. El crimen organizado respondió con fuego. Y el gobierno estatal respondió con vacío.
El apoyo que evitó una tragedia mayor llegó desde la Federación. Fuerzas de la Defensa repelieron el ataque. El agente caído fue uno de los casos reportados por Omar García Harfuch en la conferencia federal. El dato político es contundente: quien sostuvo la línea fue el Gobierno de México, no el gobierno de Jalisco.
La imagen de la base perforada por cientos de impactos —documentada por dominiopublico.com.mx— es más que evidencia balística. Es una radiografía política del gobierno de Pablo Lemus: rebasado por la realidad.
Porque mientras en Teocaltiche se combatía, en Guadalajara se presumían Cybertrucks y patrullas Tesla de casi dos millones de pesos cada una. Vehículos de exhibición presentados como símbolo de “inteligencia” y modernidad. Puro espectáculo. Cero estrategia territorial. Cero contención real del crimen.
En el operativo contra “El Mencho” no figuraron ni el secretario de Seguridad estatal ni el fiscal. La ausencia no fue protocolaria, fue política. El mensaje fue claro: el gabinete de seguridad federal no confió en sus contrapartes locales para una operación de alto nivel.
Y mientras tanto, convoyes criminales circulando con camionetas clonadas de la Defensa, uniformes tácticos y despliegue intimidante. La percepción ciudadana se vuelve inevitable: ¿ineficiencia o complicidad del gobierno estatal? ¿incapacidad o abandono de la administración de Pablo Lemus?
La Federación terminó asumiendo el control operativo y narrativo. Los números lo reflejan: ocho de cada diez mexicanos se enteraron del operativo; la mayoría lo calificó con notas altas; y más de la mitad mejoró su opinión sobre la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, tras la acción federal. En contraste, el gobernador aparece reprobado.
En Jalisco, ya nadie le cree a Pablo Lemus cuando llama a la calma. La sociedad jalisciense continúa con sus actividades: va a la escuela, al trabajo, se reúne con amigos, ignora los exhortos oficiales, porque la autoridad perdió toda credibilidad.
Teocaltiche no fue sólo una emboscada. Fue un parteaguas. Exhibió descoordinación, fragilidad institucional y una ausencia de mando estatal en uno de los momentos más críticos. Mostró que mientras los federales enfrentaban al crimen organizado, el gobierno estatal quedó al margen de la operación que redefinió la seguridad en Jalisco.
La muerte de “El Mencho” no sólo sacudió al CJNG. También pulverizó la narrativa oficial de que en Jalisco las cosas están bajo control. Porque cuando el crimen ataca una base federal y el estado no encabeza la respuesta, la modernidad deja de importar.
Lo que quedó en Teocaltiche no fueron sólo casquillos y bardas perforadas. Quedó una pregunta política que aún no tiene respuesta: ¿quién gobierna realmente Jalisco?
En Cortito: El operativo que dio con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es un hito en la historia de la seguridad en México.
Un amplio reconocimiento corresponde al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, quien encabezó la operación con precisión y determinación, y cuyo trabajo quedará inscrito como ejemplo de liderazgo militar en momentos críticos.
La acción no habría sido posible sin el respaldo político y estratégico de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha demostrado estar a la altura de las circunstancias que enfrenta nuestro país, y de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuyo esfuerzo por pacificar a México sigue siendo evidente y fundamental.
El saldo fue doloroso: 25 oficiales federales muertos en combate, un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes defienden al país frente al crimen organizado.
Sin embargo, la historia también deja clara la diferencia entre un Estado que actúa y una autoridad local ausente. Mientras la Federación demuestra coordinación y liderazgo, en varios estados, incluido Jalisco, la respuesta estatal continúa siendo insuficiente, poniendo de manifiesto la fragilidad institucional y la desconfianza ciudadana.
Este operativo debe servir como recordatorio: la seguridad en México depende de la acción decidida y coordinada del Estado, y de líderes que no solo prometen, sino que cumplen cuando más se necesita.
por Dominio Público | Feb 24, 2026 | Opinión, Principales
Pulverizar la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación y declarar su extinción sería el homenaje perfecto para los militares que perdieron la vida en los hechos del domingo.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Este 22 de febrero se registró un hecho que sin lugar a duda marcará el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En un operativo en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, el Ejército localizó y abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación; sin exagerar, uno de los delincuentes más buscados del mundo.
Sería mezquino de mi parte criticar la actuación y la valentía de las fuerzas armadas este domingo, como mezquina se me hace la reacción de algunos aplaudidores de la 4T que en redes sociales publicaron frases como: “Cayó El Mencho, la 4T sigue dando resultados”, o “tenemos a la presidenta más valiente y más honesta”.
Creo que deberían imitar el manejo de la propia presidenta durante la mañanera de este lunes: reconocer a quien debía reconocerse, darles el protagonismo que merecen y transparentar los detalles del operativo.
¿Hubiera sido mejor capturarlo con vida? Sí. ¿Se llevó a la tumba los nombres de sus protectores? También. ¿Fue por presión de Estados Unidos? Quizá. ¿Prefirieron ir tras El Mencho antes de entregar a uno de los suyos? Tal vez. Son muchos los asegunes que podemos poner a lo acontecido este domingo, pero la realidad está ahí: El Mencho, un criminal equiparable con Pablo Escobar, está muerto.
Pero el abatimiento de El Mencho y la posterior reacción de su círculo más cercano nos permiten dimensionar el tamaño del cáncer que aún queda por combatir. Este cáncer, en efecto, no inició ayer. Ponga usted la fecha que quiera. Pero lo que no se puede negar es que la criminal política de “abrazos, no balazos”, implementada durante el sexenio anterior, permitió la expansión territorial, financiera y operativa de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En este punto retomo una frase que usa comúnmente el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch: “El trabajo no está terminado”. Sí, el gobierno asestó un golpe contundente, pero no mortal. Si realmente quieren que la muerte de El Mencho tenga un efecto permanente deberán perseguir y pulverizar sus redes, capturar a sus cómplices, prestanombres y PROTECTORES —tengan el perfil que tengan—.
Pulverizar la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación y declarar su extinción sería el homenaje perfecto para los militares que perdieron la vida en los hechos del domingo. No hacerlo equivaldría a una traición.
Mataron al rey. Hay que evitar que surja otro.
EN EL TINTERO
Como diría el clásico: ¿pero qué necesidad? No entiendo la necedad de impulsar una reforma electoral con tantas banderas rojas. El sistema electoral mexicano, como todo en la vida, es perfectible; pero cuando ni a tus propios aliados logras convencer de sus bondades, lo más sensato sería guardarla en un cajón para un mejor momento.
Reformar las reglas del juego electoral en medio del partido nunca ha sido buena idea para ninguna democracia.
por Dominio Público | Feb 20, 2026 | Opinión, Principales
Entre los puntos expuestos destacan la falta de contratos formales, ausencia de recibos de nómina, carencia de equipo de protección personal, así como la no afiliación al IMSS.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero un grupo de trabajadores que prestan servicios de limpieza hospitalaria bajo contrato con la empresa PROAM Administración S. de R.L. de C.V. presentó un escrito ante autoridades federales para denunciar irregularidades en sus condiciones laborales.
Ese documento sabemos que ya fue recibido el 12 de febrero y está dirigido a Marath Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, y Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Ahí, los firmantes señalan que realizan labores de limpieza en instalaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), principalmente en áreas hospitalarias, con falta de pago, sin prestaciones sociales, uniformes, insumos, malos tratos y amenazas de la empresa PROAM Administración S de R.L. de C.V., propiedad de Guillermo Solís.
En el escrito solicitan que la autoridad laboral practique una visita de constatación a la empresa contratante, con fundamento en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, además de disposiciones reglamentarias en materia de inspección laboral.
Entre los puntos expuestos destacan la falta de contratos formales, ausencia de recibos de nómina, carencia de equipo de protección personal, así como la no afiliación al IMSS.
En sus denuncias y quejas también refieren que los pagos salariales se realizan mediante depósitos desde diferentes cuentas bancarias o en efectivo, sin comprobantes fiscales o laborales que respalden la relación de trabajo.
El documento identifica como domicilio de la empresa PROAM Administración S. de R.L. de C.V. la dirección ubicada en Calle Venado 111, Parque Industrial Tenango del Valle, Estado de México. Sin embargo, los trabajadores señalan que se les instruye acudir a General Salvador Alvarado 8, interior 405, colonia Hipódromo Condesa, Ciudad de México, oficinas vinculadas a Shiny Place S.A. de C.V., para cobrar en efectivo.
Los denunciantes también mencionan que han sido trasladados a realizar labores en oficinas distintas a sus centros habituales de trabajo, incluyendo instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Y también señalan que en esas ocasiones se les proporciona uniforme distinto al de PROAM, sin claridad documental sobre la cobertura laboral o administrativa de esas jornadas.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la afiliación al IMSS, la formalización contractual y la entrega de comprobantes de pago constituyen obligaciones patronales.
Especialistas en derecho laboral consultados indican que la falta de registro de trabajadores puede derivar en procedimientos de inspección y verificación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de revisiones en materia de seguridad social.
El escrito expone que más de 800 empleados se encontrarían en condiciones similares.
Los firmantes advierten que la ausencia de seguridad social limita el acceso a servicios médicos, incapacidades y medicamentos, especialmente en casos de enfermedades crónicas.
Las autoridades deben tomar cartas en el asunto, pues no es posible que pasen tantas irregularidades en
PROAM Administración S. de R.L. de C.V. ni en Shiny Place S.A. de C.V.
La Secretaría del Trabajo ya recibió el documento y debe evaluar la procedencia de acciones de inspección conforme a la normativa vigente.
Los trabajadores continuarán prestando sus servicios mientras esperan respuesta institucional.
El caso se suma a los expedientes laborales que actualmente revisan autoridades federales en esquemas de subcontratación y servicios especializados en sectores sensibles como el hospitalario.
Y Sepa La Bola pero la respuesta de Petróleos Mexicanos a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por la Cuenta Pública 2024 no es un episodio menor en la ya compleja historia financiera de la petrolera. La ASF identificó inconsistencias por casi 3 mil millones de pesos, una cifra que, aunque acotada frente al tamaño del presupuesto de la empresa, resulta significativa por el contexto de presión fiscal, endeudamiento histórico y dependencia estratégica que caracteriza a Pemex.
De acuerdo con la fiscalización, las principales observaciones se concentran en proyectos de exploración y producción como los campos Comalcalco y Quesqui, así como en la operación de la Refinería Olmeca. No se trata únicamente de montos por aclarar; el señalamiento apunta a posibles pagos en exceso y deficiencias en la supervisión contractual. En términos de gobernanza corporativa, estos hallazgos revelan vulnerabilidades en los controles internos que no deberían persistir en una empresa de esta magnitud.
Pemex, por su parte, sostiene que atenderá y solventará las observaciones dentro de los plazos legales establecidos. El procedimiento es claro: la ASF formula pliegos de observaciones y la entidad auditada cuenta con un periodo para presentar documentación comprobatoria. Sin embargo, más allá del trámite administrativo, el punto central es la calidad de la rendición de cuentas. Cumplir formalmente con la ley es indispensable, pero no suficiente si no se corrigen de fondo las fallas estructurales que originan estos señalamientos.
El problema de fondo es reputacional y financiero. Cada observación alimenta la percepción de riesgo en los mercados y refuerza la narrativa de ineficiencia operativa. Para una empresa con elevados compromisos de deuda y un papel estratégico en la política energética nacional, la transparencia no es solo un requisito normativo: es un activo crítico. La credibilidad institucional tiene un impacto directo en su costo de financiamiento y en la confianza de inversionistas y proveedores.
En última instancia, el caso vuelve a colocar sobre la mesa una discusión recurrente: ¿es suficiente la supervisión ex post de la ASF o se requiere fortalecer los mecanismos preventivos de control interno en Pemex? La fiscalización cumple su función al detectar inconsistencias; ahora corresponde a la empresa demostrar que puede no solo aclarar cifras, sino robustecer su arquitectura de cumplimiento para evitar que estas observaciones se repitan en futuras cuentas públicas.
por Dominio Público | Feb 19, 2026 | Opinión, Principales, Uncategorized
La propuesta es clara: ningún exfuncionario de confianza podrá recibir una pensión superior al 50% del salario del titular del Ejecutivo federal (hoy alrededor de 70 mil pesos).
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El martes pasado les comentaba la semana de infierno que había vivido la 4T. Intentaron hacer control de daños con un evento ruidoso: el anuncio de estímulos al cine mexicano con la presencia de Salma Hayek.
Pero el ruido no cesa.
Este 18 de febrero, desde el púlpito de la mañanera “del pueblo”, se lanzó un dardo directo a la vieja guardia burocrática: la poda masiva a las pensiones de exfuncionarios de confianza.
El argumento suena celestial para el oído resentido: ¿cómo es posible que un exdirector de Pemex o de la CFE cobre cerca de un millón de pesos mensuales mientras el ciudadano promedio batalla con la canasta básica? La narrativa de la “austeridad republicana” se viste de gala.
El problema es que, cuando uno rasca la pintura, aparece un campo minado jurídico.
La propuesta es clara: ningún exfuncionario de confianza podrá recibir una pensión superior al 50% del salario del titular del Ejecutivo federal (hoy alrededor de 70 mil pesos). Suena justo. Pero el derecho no se construye con percepciones de justicia, sino con certezas.
Y aquí es donde lo invito a que pongamos el desorden.
El artículo 14 constitucional es la columna vertebral de la seguridad jurídica:
“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Si alguien trabajó décadas bajo ciertas reglas, ¿puede el Estado cambiar el marcador cuando el partido ya terminó?
El gobierno responde que sí. Y para blindarse, pretende elevarlo a rango constitucional.
Seguramente el asunto llegará a la Suprema Corte. No pasará nada. Yo me pregunto: ¿qué impide que mañana se ajuste cualquier otra prestación bajo el argumento de que “es demasiado”?
México ha firmado tratados internacionales que establecen el principio de progresividad de los derechos sociales: solo pueden ampliarse, no reducirse. Recortar una prestación ya consolidada constituye, técnicamente, una regresión.
No nos confundamos: políticamente, la jugada es maestra. Es popular, ahorra unos 5 mil millones de pesos (marginales en el presupuesto federal) y refuerza el discurso contra los “privilegiados”.
Pero cuando la Constitución se usa como borrador para corregir contratos del pasado, lo que hoy parece justicia social mañana puede convertirse en incertidumbre jurídica.
El lunes la reforma llega al Senado. Y con ella, la fila de abogados que ya afilan los dientes rumbo a la Corte. Aunque, siendo francos, el margen de resistencia judicial luce cada vez más estrecho.
Al final, la discusión no es si esas pensiones son altas —que lo son— ni si generan indignación —que la generan—. La pregunta es otra: ¿estamos dispuestos a debilitar la estabilidad de nuestras reglas por un titular que suene bien?
EN EL TINTERO
Mientras la presidenta coloca como urgente el tema de las pensiones —altas, quizá injustas, pero otorgadas bajo condiciones legales vigentes en su momento—, mantiene abiertos otros frentes: los señalamientos de Julio Scherer en su libro y la reforma electoral que sigue sin concretarse.
Dicen que ahora sí, la próxima semana, presentarán la tan anunciada reforma electoral. Una reforma que, si se aprueba a toda prisa y sobre las rodillas, llegará con errores de fábrica.
Y esos errores, como siempre, los pagaremos después.
por Dominio Público | Feb 18, 2026 | Opinión, Principales
Puebla hoy es uno de los estados más seguros del país. Y esa seguridad no es un discurso: es coordinación institucional, inteligencia, operativos y inversión estratégica día tras día.
Raúl García Araujo @araujogar
Alejandro Armenta es uno de los gobernadores más cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esa cercanía no es solo política: se traduce en resultados claros para Puebla.
La estabilidad que hoy vive la entidad no es casualidad. Es fruto de decisiones firmes, inversión histórica y coordinación total entre los tres órdenes de gobierno.
Desde su llegada, Armenta dejó algo claro: no pactará con el delito ni tolerará la corrupción. En apenas 229 días, puso la seguridad como eje absoluto de su administración.
Se alineó a los cuatro pilares de la estrategia nacional: prevención, inteligencia, operativos y coordinación institucional.
Los números hablan por sí mismos. Puebla redujo 41% los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, y los delitos de alto impacto bajaron 11%.
Más de mil 300 personas fueron detenidas por crímenes graves; se aseguraron armas, drogas y laboratorios clandestinos. Células criminales vinculadas a homicidios, extorsión y robo de hidrocarburo fueron desarticuladas.
La coordinación ha sido clave. Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía, policías estatales y municipales trabajan en conjunto. Puebla opera además con inteligencia compartida con siete estados colindantes y mantiene seguimiento constante del mapa delictivo.
La inversión respalda la estrategia. Más de mil 240 millones de pesos en torres de videovigilancia, drones, cámaras y patrullas equipadas.
La Academia de Policía se transformó en la Universidad de las Ciencias Policiales. Helicópteros sobrevuelan la zona metropolitana de manera permanente.
El combate a la corrupción municipal también es contundente: cinco presidentes municipales en prisión, uno prófugo y nuevos procesos en marcha. Ningún cargo público es escudo frente a la ley.
Sí, hubo un hecho lamentable en Angelópolis: tres personas fallecieron. Se investigará y se castigará. Pero usar este episodio aislado para desacreditar la estrategia de seguridad ignora la realidad. Los indicadores muestran una tendencia sostenida a la baja en delitos de alto impacto. Un incidente no define un estado.
Puebla hoy es uno de los estados más seguros del país. Y esa seguridad no es un discurso: es coordinación institucional, inteligencia, operativos y inversión estratégica día tras día.
La estabilidad también impulsa la economía y el turismo. Más de 17.7 millones de visitantes en 2025 dejaron una derrama económica superior al 10%.
La expansión aérea conecta a Puebla con 12 destinos nacionales e internacionales, mientras el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán superó 1.2 millones de pasajeros, con un incremento anual del 16%.
La confianza en Puebla no es solo institucional: es económica y turística.
Quien piense que Puebla es un estado inseguro ignora el trabajo de fondo. Alejandro Armenta combate la delincuencia de manera integral: desarticula células criminales, enfrenta la corrupción y protege a la ciudadanía.
Los resultados son claros: la violencia disminuye, la confianza crece y la autoridad se consolida.
Puebla avanza porque tiene un gobernador que no se detiene ante el riesgo ni ante la crítica. Mientras algunos medios intentan magnificar hechos aislados, Armenta mantiene el rumbo.
Consolidando un estado seguro, próspero y conectado con el mundo. Su gobierno demuestra que la verdadera política se mide en resultados: calles más seguras, instituciones fuertes y una economía y turismo que crecen al ritmo de la paz y la estabilidad.
Quien hoy visite Puebla no solo encontrará infraestructura moderna o rutas aéreas internacionales. Encontrará un estado que decidió no rendirse ante el crimen y apostar, de manera firme, por su gente.
En Cortito: Nos cuentan que la administración del alcalde José Luis Urióstegui Salgado puso en marcha un nuevo despliegue de seguridad en la capital morelense, atendiendo la instrucción de reforzar acciones para prevenir actos de violencia y fortalecer el orden público.
Se trata del operativo denominado “Espiral”, encabezado por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, enfocado en la supervisión de bares y establecimientos de los llamados giros rojos, sectores que históricamente han sido señalados como puntos sensibles en materia de seguridad y orden público.
El despliegue no fue menor. Se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en un esfuerzo interinstitucional.
Como resultado de las inspecciones, cuatro establecimientos fueron sancionados administrativamente tras detectarse irregularidades conforme a la normatividad vigente.
Más allá del número, lo relevante es la señal política: supervisión permanente y cero tolerancia a quienes operen fuera del marco legal.
El operativo “Espiral” no sólo pretende inhibir delitos y faltas administrativas; también busca fortalecer la presencia institucional en horarios y giros considerados de riesgo.
La estrategia del alcalde José Luis Urióstegui Salgado parece apuntar a reforzar la prevención.
Por tal motivo, nos dicen que en el Ayuntamiento de Cuernavaca la instrucción es clara: anticiparse a los problemas que pudieran presentarse en este tipo de establecimientos.
