por Dominio Público | Nov 27, 2025 | Opinión, Principales
Porque cuando el Estado propone revisar contenidos religiosos en redes, moderarlos, supervisarlos y dictar cómo deben operar los algoritmos que los mueven, ya no hablamos de derechos digitales: hablamos del viejo fantasma del control disfrazado de buenas intenciones.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El gobierno de la 4T dice que respeta la libertad de expresión, que cualquiera puede manifestarse, decir lo que quiera, cuando quiera. Pero en realidad siempre han tenido la tentación de meter mano en lo que se dice, y más si es en contra de ellos.
Durante el gobierno de López Obrador se atacaba la credibilidad y honorabilidad de los críticos. Ahora, en el segundo piso de la 4T, decidieron subir dos rayitas y, por medio de instrumentos legales como la violencia política por razón de género, han conseguido mermar la libertad de expresión de los inconformes.
Pero también han intentado introducir reformas legales que, por su ambigüedad, podrían convertirse en un puñal contra la libertad de expresión. Un ejemplo de ello fue el polémico artículo de la Ley de Telecomunicaciones que permitía bajar o bloquear plataformas a petición de las autoridades.
Y la tentación continúa. El pasado mes de octubre, el diputado de Morena, Arturo Ávila, presentó una propuesta para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y sujetar todo el contenido religioso en internet a lineamientos oficiales de “neutralidad de la red”, “prevención de discursos de odio” y “transparencia algorítmica”, coordinados nada menos que por Gobernación y la Agencia de Transformación Digital. Suena moderno, casi progresista… hasta que uno lo lee con calma.
Porque cuando el Estado propone revisar contenidos religiosos en redes, moderarlos, supervisarlos y dictar cómo deben operar los algoritmos que los mueven, ya no hablamos de derechos digitales: hablamos del viejo fantasma del control disfrazado de buenas intenciones. Y cuando además se plantea que las iglesias deben registrar sus canales, regularizar su situación y someterse a lineamientos emitidos desde el poder, la pregunta deja de ser técnica. Es política. Y es histórica.
La neutralidad de la red, esa idea de que todo el tráfico debe circular sin discriminación, se vuelve irreconocible cuando la autoridad quiere decidir qué contenido religioso puede moverse, con qué velocidad y bajo qué criterios.
Y el argumento de “prevenir discursos de odio”, que nadie negaría como propósito legítimo, se transforma en un arma peligrosa cuando no hay definiciones claras, contrapesos o límites precisos entre moderar y censurar. ¿Quién decide qué es odio? ¿Quién decide qué es proselitismo? ¿Quién define qué es “contenido aceptable” para millones de personas que creen, rezan, se organizan y se expresan en redes?
La iniciativa fue retirada el pasado 11 de noviembre debido al revuelo que causó entre las diferentes comunidades religiosas. Pero el hecho de que se haya presentado ya dice algo sobre el clima político que estamos viviendo: uno donde la tentación de regular la conversación pública crece cada día, y donde las palabras “algoritmo”, “discurso de odio” y “derechos digitales” se usan como contraseña para abrir la puerta de la intervención estatal.
Y si algo sabemos de la política mexicana es que estas ideas, más que aprobarse, suelen presentarse para medir hasta dónde pueden estirarse los límites.
El Estado laico no se defiende controlando contenidos religiosos, sino garantizando que nadie —ninguna iglesia, ningún funcionario, ningún algoritmo, ningún gobierno— pueda imponer su credo sobre el resto. Y la libertad de expresión no se cuida desde una ventanilla de Gobernación, sino desde la claridad de la ley y la fortaleza de los contrapesos, que desafortunadamente en México ya no existen.
Yo no defiendo que las iglesias hagan campaña encubierta. Tampoco defiendo que se use la fe para discriminar. Pero sí defiendo que cualquier intento de regular el espacio digital se haga con precisión quirúrgica y no con conceptos elásticos que abren la puerta a la censura. Y, sobre todo, defiendo que las propuestas que tocan derechos fundamentales no pueden escribirse como si fueran manuales administrativos.
La iniciativa murió pronto. Pero ahí quedó el registro, uno más. Y a veces, en política, los intentos dicen más que los resultados.
EN EL TINTERO
Gerardo Fernández Noroña se quedó solo en el auditorio donde convocó a una conferencia de prensa. Nadie fue. ¿Será el karma?
La secretaria de Gobernación dijo que los bloqueos que se han dado en carreteras durante los días recientes tienen motivos políticos. Si atraer la atención del gobierno sobre los problemas es una intención política, pues sí: entonces los bloqueos son políticos.
¿Cómo van las investigaciones del huachicol fiscal?
por Dominio Público | Nov 26, 2025 | Opinión, Principales
La pregunta es inevitable: ¿dónde está la gobernadora? Mientras el estado vive una ola de sangre que ya se volvió cotidiana, González Saravia mantiene un discurso político que no corresponde a los hechos ni a la percepción ciudadana.
Raúl García Araujo @araujogar
Morelos cierra 2025 con un balance devastador en materia de seguridad. En apenas una semana, 20 personas fueron asesinadas en distintos municipios sin que la autoridad haya logrado dar una respuesta contundente ante la expansión del crimen.
Los hechos son contundentes: hombres torturados y amarrados en Tepoztlán; un repartidor de tortillas ejecutado en Temixco; cuerpos abandonados en la cajuela de un vehículo en Yautepec; homicidios cometidos en un campo de futbol y en carreteras; un joven privado de su libertad en Totolapan hallado muerto en Tlalnepantla; dos jóvenes ejecutados en Yecapixtla; y un hombre desmembrado en Cuautla.
La impunidad es tan amplia que, para las células criminales, matar no solo es un delito: es un mensaje de dominio. La violencia en Morelos no disminuye, no se contiene y, peor aún, no encuentra oposición efectiva por parte del gobierno estatal.
Los morelenses están viviendo exactamente lo que vivieron durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo, un periodo marcado por la ausencia, la improvisación y la incapacidad. Y lo que prometió Margarita González Saravia —un gobierno distinto, capaz y con rumbo— simplemente no ocurrió.
Su administración no ha mostrado diferencias reales ni en estrategia ni en resultados; por el contrario, reproduce la misma inacción que dejó a Morelos vulnerable y fracturado.
La violencia no es el único indicador del fracaso. La extorsión, el delito que mejor revela el nivel de control territorial de las organizaciones criminales, expone de forma clara la incapacidad del gobierno estatal.
Durante el primer año de González Saravia se denunciaron 376 casos de extorsión, con incrementos mensuales que alcanzaron hasta el 100 por ciento.
Cuando la gobernadora asumió el cargo, en octubre de 2024, se abrieron 25 carpetas por este delito; para mayo de 2025 la cifra llegó a 50, el doble, a pesar de contar con el apoyo de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
La pregunta es inevitable: ¿dónde está la gobernadora? Mientras el estado vive una ola de sangre que ya se volvió cotidiana, González Saravia mantiene un discurso político que no corresponde a los hechos ni a la percepción ciudadana.
Habla de esfuerzos y coordinación, pero no de resultados. Presume mesas de seguridad, pero no presenta avances. Y la realidad es que para los habitantes de Morelos, la violencia no solo no disminuye, sino que empeora.
Lo lamentable es que Margarita González Saravia no representa una ruptura con su antecesor, sino una continuidad de la misma inacción que permitió que el crimen organizara su propia lógica de gobierno en amplias zonas del estado.
Los ciudadanos no olvidan que Cuauhtémoc Blanco terminó siendo uno de los gobernadores más repudiados por su ausencia ante el avance de la violencia, y hoy ven cómo la historia está repitiéndose.
Morelos llega al final de 2025 con más homicidios, más extorsiones, más miedo y menos liderazgo político. Lo más grave es la sensación creciente de que este gobierno no tiene rumbo ni capacidad para recuperar el control.
Cuando un estado siente que ya vivió lo peor con Cuauhtémoc Blanco, pero descubre que lo que llegó después tampoco mejora nada, la conclusión es dolorosa y directa: Morelos sigue a la deriva y su gobernadora no sabe —o no puede— tomar el timón.
En Cortito: Nos cuentan que Cuernavaca se ha convertido en un referente de cómo la coordinación y la estrategia pueden marcar la diferencia.
Mientras otras regiones de Morelos viven atrapadas en la improvisación y la ausencia de liderazgo, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha optado por caminar en la dirección contraria: la de la responsabilidad, la de la articulación institucional y la de trabajar sin estridencias para ofrecer resultados reales en materia de seguridad.
Durante la reciente sesión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz de la Región Tepoztlán, Huitzilac y Cuernavaca, Urióstegui volvió a colocar en el centro del debate lo que muchos gobiernos olvidan: la seguridad no se construye desde la soledad del escritorio ni desde el discurso político, sino desde el trabajo conjunto, la claridad en el diagnóstico y la voluntad de sumar esfuerzos.
El alcalde insistió en algo fundamental: para enfrentar los desafíos de seguridad, primero hay que hablar con honestidad sobre ellos. Visibilizar lo que ocurre, entenderlo y asumirlo permite diseñar estrategias que no se queden en la retórica.
Y más aún, reconoció que sin coordinación entre municipios, Estado y Federación, cualquier política pública está destinada al fracaso.
En un Morelos donde varios municipios operan en silos, cada uno intentando salir del paso como puede, Cuernavaca ha ido en sentido opuesto.
Urióstegui ha buscado la articulación permanente, no solo como mecanismo político, sino como principio operativo. Esa visión quedó clara en la sesión de la Mesa de Seguridad, donde se revisaron acciones concretas, como la convocatoria para fortalecer a la policía municipal mediante la incorporación de nuevos elementos.
No se trata solo de aumentar el número de uniformados; es un paso para profesionalizar, robustecer capacidades operativas y asegurar que la corporación tenga mejores herramientas para actuar con eficacia.
El alcalde de Cuernavaca ha optado por una visión más técnica y menos política: coordinar, profesionalizar y actuar. Esa combinación es la que hoy permite que la capital del estado no solo resista mejor los embates de la delincuencia, sino que avance hacia el objetivo mayor: convertirse en una de las ciudades más seguras del país.
por Dominio Público | Nov 25, 2025 | Opinión, Principales
La 4T no ha comprendido que a la sociedad no le interesa si las acciones de fulano o perengano (culpa) ocasionaron tal o cual problema.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El pasado 11 de noviembre, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas dijo:
“Yo creo que en el ejercicio del gobierno podrán existir cosas que no sean nuestra culpa, pero todas son nuestra responsabilidad…”
Traigo a colación lo anterior porque en la 4T parecen confundir el significado de culpa y responsabilidad. Cada que los mexicanos les pedimos —les exigimos— cumplir con su responsabilidad y solucionar, o al menos intentar solucionar, los problemas que aquejan al país, nuestros gobernantes se rasgan las vestiduras y dicen que ellos no provocaron la problemática.
Intentan explicar el presente con culpas ajenas, con villanos del pasado, por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón, o con las acciones de un bloque conservador, neoliberal, fifí, cuyos integrantes cambian de acuerdo con las necesidades del momento. La culpa es historia; la responsabilidad es hoy.
La 4T no ha comprendido que a la sociedad no le interesa si las acciones de fulano o perengano (culpa) ocasionaron tal o cual problema. Lo que le interesa es que quienes están en cargos públicos cumplan su responsabilidad y hagan lo que tengan que hacer para dar soluciones y no excusas.
En la vida personal tal vez uno pueda decir: “yo no fui”, “yo no sabía”, “a mí no me toca”. En el gobierno, esa frase no existe.
El cargo viene con una sola obligación: responder. Aunque no sea culpa tuya. Aunque no te guste. Aunque, quizá, sea injusto.
Gobernar es dejar de llorar lo que recibiste y empezar a arreglarlo. Es la chamba. Gobernar es dejar de convocar a mesas de diálogo —que, como las cumbres internacionales, casi nunca llevan a nada— y empezar a convocar a mesas de soluciones. Para excusarse no necesitas el poder; para gobernar sí.
La frase de Colosio Riojas me llamó la atención porque, en tiempos donde el discurso oficial reduce todo a un pleito con fantasmas del pasado, escuchar a un senador reconocer una distinción tan elemental me pareció inédito: la culpa es discutible; la responsabilidad, no.
Ojalá que los gobernantes lo entendieran.
Y ojalá más ciudadanos dejáramos de premiar al político que mejor se queja de lo que heredó, en vez del que mejor se hace cargo de lo que tiene enfrente.
Porque si algo nos ha demostrado la historia de este país es que México no necesita héroes: necesita adultos.
Y hacerse responsable —aunque no sea tu culpa— es, en política, el acto más adulto que existe.
EN EL TINTERO
Mientras en Ginebra el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, advierte que la inteligencia artificial podría convertirse en el “monstruo de Frankenstein” del siglo XXI, uno no puede evitar pensar que el verdadero experimento fallido no es la tecnología, sino la manera en que permitimos que unos cuantos la usen. No es la IA la que amenaza nuestras vidas : es la mezcla tóxica de poder corporativo, gobiernos temerosos y regulaciones hechas a medias.
El problema no es que la IA piense por nosotros, sino que decidamos no pensar frente a quienes ya están moldeando nuestro destino digital.
por Dominio Público | Nov 21, 2025 | Opinión, Principales
Su propuesta de minería social en comunidades serranas, indígenas y rurales parte de una idea básica: la riqueza del subsuelo no debe construirse sobre el sacrificio de quienes la extraen.
Claudia Bolaños @claudiabola
En medio del debate sobre el futuro de la minería y sus efectos en las comunidades, resulta alentador que sea un mexicano quien encabeza uno de los proyectos más innovadores y socialmente responsables del continente.
El reconocimiento otorgado en Argentina a Benjamín Luis Lagarda Burgos no es un trámite ceremonial: confirma que la minería puede pensarse de otra manera, con respeto a las personas y al entorno, y que México tiene a uno de los protagonistas de ese cambio.
Lagarda Burgos es el primer mexicano en recibir el galardón Liderazgos Transformadores en América Latina 2025, entregado por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y la legislatura de Santa Cruz. Que un país con tradición minera distinga a un mexicano por impulsar modelos más humanos, seguros y limpios contrasta con las tragedias y conflictos que aquí siguen sin resolverse.
Su propuesta de minería social en comunidades serranas, indígenas y rurales parte de una idea básica: la riqueza del subsuelo no debe construirse sobre el sacrificio de quienes la extraen. Su visión coincide con la Agenda 2030 y con un movimiento internacional que exige responsabilidad ambiental, tecnología de punta y respeto a la vida.
Uno de sus aportes más significativos es OTIS, la primera máquina de barrenación eléctrica sin emisiones en el mundo, desarrollada en 2023. No es solo una innovación tecnológica: es una declaración sobre lo que la minería puede y debe ser. Mientras otros países abren espacio a estas prácticas, México aún no voltea a ver a quienes demuestran que la transformación sí es posible.
Y Sepa La Bola pero en contraste está el sistema penitenciario mexicano. Mientras un mexicano demuestra en el extranjero que es posible innovar con ética, dentro del país hay instituciones que ni siquiera pueden impedir que un teléfono celular funcione dentro de una cárcel. Al menos una docena de penales concentran más de la mitad de las extorsiones que se cometen a nivel nacional. Son centros de operación criminal, no de readaptación. Desde sus interiores se orquestan llamadas, amenazas y cobros que afectan a miles de familias y empresas, ha recibido el gobierno federal.
El Estado lo sabe, pero no logra, o no quiere, frenar este modelo de negocio.
La explicación oficial suele culpar a la “creatividad criminal”, pero el problema es más simple y más grave: corrupción e impunidad. Las imágenes de celulares incautados, los operativos mediáticos y las requisas “sorpresa” son parte de una coreografía repetida que no cambia nada. Los aparatos vuelven a entrar por las mismas rutas: personal penitenciario, proveedores, custodios que complementan su salario con sobornos y directivos que permiten que el sistema funcione así. En muchos penales, el crimen opera con mayor libertad que afuera. Las antenas bloqueadoras están apagadas, las revisiones son simuladas y la extorsión se convierte en parte de la economía interna. Cada llamada y cada cuota tiene un origen claro: un teléfono dentro de una celda, protegido por la negligencia institucional.
México observa con orgullo el reconocimiento a Lagarda Burgos, un ejemplo de que es posible transformar un sector mediante innovación y compromiso social. Pero ese orgullo se vuelve incómodo cuando se compara con la incapacidad del Estado para controlar sus propias cárceles. Se habla de modernización y seguridad, pero se permite que las prisiones funcionen como centros de operaciones del delito más cotidiano contra la población. No se puede aspirar a un Estado fuerte si no se controla lo que ocurre al interior de sus penales. Así como la minería requiere un replanteamiento profundo para abandonar prácticas que dañan comunidades, el sistema penitenciario necesita una transformación igual de radical. La diferencia es que, mientras la minería ya tiene ejemplos concretos de cambio, las cárceles siguen siendo la evidencia más visible de cómo opera la corrupción cuando nadie quiere enfrentar su raíz.
México tiene el talento para liderar modelos de desarrollo más limpios y justos. El proyecto de Lagarda Burgos demuestra lo que puede lograrse cuando la innovación se combina con visión social. Lo urgente ahora es que ese mismo compromiso llegue a las instituciones que más lo necesitan. Porque un país capaz de reinventar su minería no debería resignarse a que sus cárceles sigan funcionando como fábricas de extorsión.
por Dominio Público | Nov 20, 2025 | Opinión, Principales
Mientras armamos torneos para cada nicho y pintamos murales hasta en los árboles, las canchas reales siguen inseguras, las escuelas deportivas siguen sin presupuesto serio y los hospitales siguen colapsados.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
En México tenemos una costumbre curiosa: cuando llega un evento grande, el gobierno convierte cualquier idea —cualquiera— en política pública. Y ahora que el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, el país entero parece haberse convertido en un gigantesco salón de fiestas futbolero.
La cifra es delirante: 74 Mundialitos. No es metáfora, es literal. Setenta y cuatro. Súmele seis copas más y millones de personas convocadas como si estuviéramos compitiendo por el Récord Guinness de la mayor cantidad de torneos anunciados en una conferencia de prensa.
El menú es variado: futsal femenil, futbol sin correr para mayores de 50, torneos para niñas y niños con Síndrome de Down, competencias para jóvenes de calle, partidos de calentamiento con mascotas que promueven la masa muscular “ideal” y la salud de los huesos, y hasta fútbol con robots. Uno ya no sabe si esto es política deportiva o un episodio especial de Black Mirror.
El IMSS ampliará su oferta deportiva; el DIF pintará 266 murales, abrirá 377 escuelas de futbol y organizará el “Mundialito de los Derechos”; Gobernación rescatará más de 4 mil canchas y, junto con el IMJUVE, coordinará más de 10 mil 600 murales para que el país entero se vea “colorido y en paz”.
Y Profeco, para no quedarse atrás, promete un “Quién es Quién en el Mundial” y una plataforma para recolocar boletos y combatir la reventa. Ahora sí, dicen, nadie será engañado. A ver.
Todo esto está envuelto en la misma promesa de siempre: el deporte como camino a la paz, la armonía, la salud, la juventud y la unidad nacional. Un sueño precioso. Pero mientras armamos torneos para cada nicho y pintamos murales hasta en los árboles, las canchas reales siguen inseguras, las escuelas deportivas siguen sin presupuesto serio y los hospitales siguen colapsados.
No es que el deporte no sirva; sirve y mucho. El problema es esta costumbre nacional de ponerle capa de “gran evento” a problemas que llevan años pidiendo soluciones profundas. Los murales no sustituyen políticas públicas. Las mascotas no curan la obesidad. Los torneos no resuelven violencia. Y el entusiasmo no paga la factura del abandono institucional.
Ojalá esta fiebre futbolera deje algo más que fotos, hashtags y discursos triunfalistas. Porque si no, lo único que estaremos haciendo es lo de siempre: pateando el balón para que ruede lejos de los verdaderos pendientes.
EN EL TINTERO
¿Cómo van las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo?
El gobierno no ha entendido cómo se promueve la lectura.
por Dominio Público | Nov 19, 2025 | Opinión, Principales
La presidenta sabe que llegará el momento de dejarla partir para buscar San Luis Potosí, pero también reconoce que su presencia es hoy indispensable para sostener la gobernabilidad y las reformas estructurales de su administración.
Raúl García Araujo @araujogar
Para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el año 2026 será un punto de inflexión para consolidar su proyecto político y asegurar la continuidad de su legado. Por ello, evalúa ajustes estratégicos dentro de su gabinete, y en esa lista hay una figura que sobresale por encima del resto: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
No se trata sólo de una funcionaria eficaz, sino de una mujer cuya trayectoria encarna los principios fundacionales de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Ambas han construido una relación política y de confianza que se remonta a los cimientos del movimiento lopezobradorista, esos años entre 2000 y 2006 donde se formó la estructura que años después llevaría a la Cuarta Transformación al triunfo histórico de 2018 bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador.
Rosa Icela no sólo ha sido incondicional con Sheinbaum, sino también una operadora clave en momentos cruciales, incluida la conducción política de la ambiciosa Reforma Electoral.
Sin embargo, la presidenta también tiene claro que su secretaria de Gobernación es la mejor posicionada para convertirse en la candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.
Las encuestas la colocan al frente con claridad: la más reciente medición de Demotáctica Global Research le otorga 25.12% de las preferencias, casi ocho puntos por encima de su competidor interno más cercano, Gerardo Sánchez Zumaya.
Su peso político no necesita artificios; su nombre avanza por sí solo en el ánimo ciudadano. Pero pese a ese escenario favorable, Rosa Icela no se deja arrastrar por los reflectores ni por los cálculos adelantados.
Su atención sigue puesta en la conducción política del país, desde atender a la CNTE en momentos de tensión hasta llamar a la civilidad frente a las movilizaciones de la llamada Generación Z.
Su estilo es firme, sobrio, sin aspavientos: gobierna con respeto y autoridad moral, no con estridencias.
Su trayectoria explica mucho: nacida en Xilitla, criada en Ciudad Valles, formada como periodista en la Escuela “Carlos Septién García”, reportera en medios nacionales como El Universal y La Jornada, y posteriormente funcionaria en distintos gobiernos capitalinos antes de asumir un rol central en la administración de Claudia Sheinbaum.
Su vida pública ha estado marcada por una constante: la congruencia. En un país donde la política suele confundirse con simulación, Rosa Icela representa lo contrario: una funcionaria que pone en práctica, todos los días, los valores que Morena ha hecho bandera.
La presidenta sabe que llegará el momento de dejarla partir para buscar San Luis Potosí, pero también reconoce que su presencia es hoy indispensable para sostener la gobernabilidad y las reformas estructurales de su administración.
Ese equilibrio será una de las decisiones políticas más relevantes del próximo año.
Lo cierto es que Rosa Icela Rodríguez se ha convertido en una de las mujeres más influyentes del movimiento y en una figura imprescindible para entender el rumbo de la Cuarta Transformación. Su lealtad, su origen, su experiencia y su conducta la colocan como una pieza insustituible en el tablero político de México.
En Cortito: Nos cuentan que el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue tan claro como demoledor: aquellos funcionarios que anden tocando puertas, recorriendo casas y utilizando el encargo público para promocionarse rumbo a 2027, deben renunciar de inmediato.
La frase, lanzada desde la llamada Mañanera del Pueblo, cimbró de manera directa a la clase política de Guerrero y sacudió a más de un suspirante.
La presidenta no tolerará que se usen los programas sociales para fines personales ni que se engañe al pueblo disfrazando proselitismo como “territorio institucional”.
En medio de este panorama turbulento, donde varios actores buscan colarse con viejas prácticas, emerge una figura con legitimidad, trayectoria limpia y absoluta cercanía con el proyecto de la Cuarta Transformación: Esthela Damián Peralta, subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Ella sí representa el perfil que la presidenta busca para encabezar las transformaciones en Guerrero. Es disciplinada, congruente y leal al movimiento. No anda en campañas disfrazadas ni en operaciones de simulación; trabaja, construye y entrega resultados.
Esthela Damián es, sin duda, la carta fuerte de Claudia Sheinbaum para la gubernatura en 2027. No por imposición, sino porque encarna el tipo de liderazgo ético que el movimiento necesita en un estado con profundas heridas históricas y desafíos sociales enormes.
