por Dominio Público | Ene 9, 2026 | Opinión, Principales
Combatir el maltrato animal no puede convertirse en una cacería de cuidadores ni en la deslegitimación de espacios con una historia probada de protección.
Claudia Bolaños @claudiabola
El caso del Refugio Franciscano no puede analizarse con ligereza ni desde una narrativa única. Se trata de una institución fundada en 1877, con casi siglo y medio de historia, que ha atendido a más de 30 mil animales y cuya labor ha sido documentada durante décadas en reportajes, testimonios y videos que dan cuenta de un esfuerzo sostenido por proteger a perros y gatos abandonados, en un país donde el maltrato animal sigue siendo una constante.
Por ello, lo ocurrido en Cuajimalpa obliga a hacer una pausa y mirar el contexto completo. La intervención de las autoridades, que derivó en cuestionado «rescate» de más de 900 animales y en el traslado de cientos de ellos a distintos albergues, se da en medio de señalamientos graves: el Refugio Franciscano acusa un “montaje cruel” y advierte sobre presuntos intereses inmobiliarios que buscan despojarlo del predio que ha ocupado históricamente.
No es un señalamiento menor en una ciudad donde el desarrollo urbano ha avanzado, en muchos casos, a costa de espacios sociales y comunitarios.
Reducir el caso a una historia de maltrato sin reconocer la trayectoria del refugio resulta injusto y peligroso. Y más cuando las imágenes muestran como fueron trasladados los animales, estresándolos por ser llevados incluso en transportadoras volteadas, manteniéndolos así horas y horas. Las organizaciones que durante décadas han hecho el trabajo que el Estado no asumió, ni asume, —recoger, alimentar, curar y resguardar animales abandonados— suelen operar con recursos limitados, bajo presión constante y con una carga que supera cualquier capacidad humana o financiera. La saturación, en estos contextos, no siempre es sinónimo de crueldad, sino de abandono institucional.
Es necesario cuestionar la forma en que se realizan las intervenciones, la narrativa que se construye desde el poder y el impacto que estas acciones tienen sobre cuidadores que han dedicado su vida a esta labor. Impedir el acceso a medicamentos o separar abruptamente a animales en tratamiento no puede presentarse automáticamente como un acto de protección.
El traslado de 304 perros al Ajusco y de otros cientos a instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal muestra la capacidad del Estado para actuar cuando decide hacerlo, aunque no en total transparencia pues un refugio advirtió que no tenía la capacidad par amas de treinta y tantos animalitos. La pregunta es por qué la capacidad gubernamental, con todo y cuestionamientos, no se traduce en apoyos permanentes, acompañamiento técnico y esquemas de corresponsabilidad con refugios históricos que han sostenido, durante décadas, una tarea que debería ser pública. Las propias redes sociales están saturadas de casos sin atender.
Combatir el maltrato animal no puede convertirse en una cacería de cuidadores ni en la deslegitimación de espacios con una historia probada de protección. Si hay irregularidades, que se investiguen con rigor y sin prejuicios. Si existen intereses inmobiliarios detrás, que se transparenten, porque los dueños del predio se comprometieron. con el bienestar de los canes y felinos, y a los días los desalojaron. El Estado tiene una deuda con quienes, desde 1977, han hecho lo que muchos no quisieron hacer: cuidar a los animales cuando nadie más lo hacía.
Y Sepa La Bola, pero la buena noticia en materia de protección animal en la Ciudad de México es que lo ocurrido el 1 de enero de 2026 en el Mercado de Sonora marca un antes y un después en la relación de la capital con los animales. Por primera vez, uno de los espacios comerciales más emblemáticos —y también más polémicos— dejó atrás una práctica normalizada durante décadas: la venta y exhibición de animales vivos como mercancía, muchas veces bajo condiciones de maltrato. La prohibición no surgió de una ocurrencia administrativa ni de una moda pasajera, sino de una orden judicial sustentada en la Ley de Protección y Bienestar Animal, lo que le otorga un peso jurídico y simbólico difícil de ignorar. Más de 50 locales cerraron definitivamente sus cortinas tras ser notificados por la alcaldía Venustiano Carranza de que el mandato debía cumplirse sin excepciones. Perros, gatos, aves, gallinas, reptiles, borregos y otras especies dejaron de estar confinados en jaulas, vitrinas o cajas improvisadas frente al paso cotidiano de miles de personas.
Y, en otro frente, vecinos de Poza Rica se manifestaron este jueves frente a Palacio Nacional para protestar por la falta de apoyo suficiente luego de perder su patrimonio tras inundaciones de hasta tres metros ocurridas en octubre pasado. La Secretaría de Bienestar les ofreció revisar alrededor de cien casos, pero les advirtió que la respuesta podría tardar meses. La escena reabre la pregunta sobre la eficacia de los mecanismos de atención a desastres y recuerda la promesa de que, con la desaparición del Fondo de Atención a Desastres Naturales, la respuesta gubernamental sería más rápida y eficiente.
por Dominio Público | Ene 8, 2026 | Opinión, Principales
En la combinación del fallo de la Corte y lo dicho por Marx Arriaga yo veo un riesgo muy claro: pasar de fortalecer a las normales públicas a uniformar el pensamiento.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El pasado 6 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un regalo de Reyes al ala más radical del magisterio nacional.
El Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 122/2019 promovida por la CNDH y, por unanimidad de ocho votos —uno de los ministros no estuvo presente—, validó los artículos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros que otorgan preferencia a egresados de normales públicas, la UPN y los Centros de Actualización del Magisterio en el acceso a plazas en el sistema educativo público.
El fallo fue leído por muchos como aval a las llamadas “plazas automáticas”. Y no es menor. Según datos de la SEP y estimaciones basadas en la matrícula reciente —alrededor de 128 mil alumnos en normales para el ciclo 2024-2025—, cada año egresan cerca de 30 mil normalistas, en su gran mayoría de instituciones públicas.
El detalle incómodo es que las plazas no crecen al mismo ritmo. En educación básica hay vacantes potenciales por jubilaciones y crecimiento de matrícula, sí, pero las plazas presupuestadas para nuevo ingreso suelen moverse entre 20 y 30 mil al año, dependiendo del ciclo. Traducido: la puerta que abrió la Corte tiene fila… y no todos alcanzan a pasar.
Los ministros explicaron que la preferencia no es exclusividad y que el objetivo es legítimo: fortalecer a las normales públicas, instituciones golpeadas durante años por recortes presupuestales —con caídas reales importantes entre 2018 y 2020 y una recuperación apenas parcial después—. Hasta ahí, el argumento suena razonable. Cuidar el semillero del magisterio no es pecado.
El problema aparece cuando uno pasa a la realidad del aula. Dar prioridad sin un filtro claro puede significar incorporar a docentes que no dominan del todo el nuevo plan de estudios, que no fueron formados en evaluación de aprendizajes o que arrastran las secuelas de una etapa universitaria atravesada por la pandemia, donde cuatro de cada diez estudiantes de normales públicas cursaron al menos un año en modalidad improvisada.
Y del otro lado del mostrador están los egresados de normales privadas. Ellos seguirán dependiendo del examen y de los criterios que defina la SEP. Para un joven que pagó colegiaturas de hasta 48 mil pesos anuales, la preferencia pública se parece demasiado a un letrero que dice: “Gracias por participar. Vuelva cuando el neoliberalismo resucite”.
En mi desordenada cabeza se coló una pregunta sencilla: ¿de verdad era tan imposible poner un límite razonable? Preferencia, sí, pero condicionada. Un promedio mínimo. Un tiempo real de egreso. Si la carrera dura cuatro años, que esa ventaja aplique a quienes terminaron en cuatro años y con un desempeño académico sólido. No es una herejía tecnócrata; es un filtro mínimo.
Seamos honestos, ningún decreto o fallo judicial garantiza la vocación de los egresados. Y para estar frente a grupo, la vocación importa.
Pero el fallo de la Corte no fue lo único que me hizo ruido en estas semanas medio festivas. El pasado 25 de diciembre, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, publicó un manifiesto en X convocando a crear comités para “defender” la Nueva Escuela Mexicana. Acusó a la actual administración de la SEP, encabezada por Mario Delgado, de impulsar la privatización educativa y habló, sin rubor, de refundar la Secretaría.
Yo no sé si los ministros imaginaron comités de agitación cuando hablaron de mérito plural en su argumentación, pero Arriaga parece convencido de que las plazas también deberían venir con certificado de pureza ideológica.
Pero los números parecen contradecir los argumentos jurídico-político-ideológicos. Hoy, apenas alrededor del 13% de los docentes normalistas en servicio proviene de instituciones privadas. En educación media superior, además, buena parte del personal docente ni siquiera viene de normales, sino de universidades con perfiles distintos. Esa diversidad, nos guste o no, sostiene al sistema educativo público nacional.
En la combinación del fallo de la Corte y lo dicho por Marx Arriaga yo veo un riesgo muy claro: pasar de fortalecer a las normales públicas a uniformar el pensamiento.
Sentado en mi escritorio me puse a pensar en las dos visiones que se tiene de la educación en México: una que hace cuentas, planea plazas y mide capacidades reales; y otra más preocupada por repartir credenciales morales y eso es muy peligroso para el futuro del país.
por Dominio Público | Ene 7, 2026 | Opinión, Principales
Hoy, ante los actuales escenarios internacionales, la seguridad pública no solo es una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum, sino uno de los principales pilares de entendimiento político con el Gobierno de los Estados Unidos
(más…)
por Dominio Público | Ene 6, 2026 | Opinión, Principales
El presidente estadounidense es un impresentable que vio en la caída de Maduro una inversión petrolera con moño de héroe.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El ex presidente López Obrador volvió a asomar la nariz en redes. No fue para mirar lo que pasa en México —que no es poco—, sino para indignarse por la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos y, de paso, darle un jalón de orejas a Donald Trump.
En su cuenta de X escribió que aquello fue un secuestro y un “prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela”. Se puso solemne: aseguró que ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que Washington actuara como tiranía mundial. Después vino el regaño directo:
“Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones… la política no es imposición.”
Invocó a Juárez, respaldó a la presidenta y remató con una línea casi infantil:
“Por ahora no le mando un abrazo.”
A mí el mensaje me produjo más ternura que temblor diplomático. Igual que sus cartas pidiendo explicaciones por la llegada de El Mayo Zambada a Estados Unidos, estas proclamas sirven para lo mismo: para el archivo, no para la realidad.
Después de leerlo, desordené tres ideas.
Primera. Que amplió oficialmente las causas para regresar a la vida pública, aunque sea en declaraciones. Ahora debemos agregar: cuando sus convicciones libertarias le impidan callar. Anotado para la enciclopedia obradorista.
Segunda. Que afirmó que “la política no es imposición”. Lo dijo quien pasó seis años imponiendo su voluntad, incluso después de dejar Palacio Nacional: ahí está la reforma al Poder Judicial como monumento a la no-imposición.
Tercera. Que advirtió que la victoria de hoy puede ser la derrota de mañana. En eso sí coincidí: ojalá su movimiento se aplique el cuento frente al espejo.
Y ya encarrerado, yo quisiera hacerle preguntas al expresidente, no a Bolívar ni a Lincoln.
¿Dónde estaba usted cuando el régimen venezolano atropellaba las libertades que hoy dice defender? ¿Dónde se escondieron sus convicciones libertarias cuando periodistas, estudiantes y opositores eran encarcelados u obligados a abandonar su tierra? ¿En qué cajón guardó su humanismo mientras Caracas se llenaba de presos políticos y cementerios?
Que nadie me malinterprete: no estoy de acuerdo con Trump. El presidente estadounidense es un impresentable que vio en la caída de Maduro una inversión petrolera con moño de héroe. Pero una cosa es denunciar a Washington y otra muy distinta canonizar a Miraflores.
¿Qué le espera a Venezuela? Sospecho al menos tres años de tutela estadounidense cobrando el “favor” de quitar al dictador. Y en cuanto a María Corina Machado y Edmundo González, tal vez nunca gobiernen. No porque les falte apoyo popular, sino por haberle robado al “nuevo pacificador” del mundo el Nobel de la Paz, que ya veía en su vitrina.
Yo, por ahora, tampoco mando abrazos. Pero no por convicción libertaria: es por simple memoria.
por Dominio Público | Ene 2, 2026 | Opinión, Principales
Ojalá la Fiscalía General de la República realice una investigación a fondo y, si la causa del descarrilamiento fue el material rodante, éste sea retirado y los responsables de las compras sancionados.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Hubiera querido empezar 2026 con una colaboración alegre y optimista, pero hay tragedias que no permiten buenos deseos ni silencios cómodos.
El pasado 28 de diciembre un convoy del llamado Tren Interoceánico se descarriló en el estado de Oaxaca. Al momento de escribir esta colaboración, el saldo era de 14 personas muertas y casi 100 heridas, algunas de ellas en estado grave.
Más que hablar del accidente, quisiera comentar con ustedes lo que vino después.
El gobierno hizo lo que tenía que hacer: atender la emergencia y apoyar a las víctimas. Sin adjetivos. Es su trabajo.
De manera paralela se desató una cascada de críticas desde la oposición y diversos grupos sociales. Salió a la luz que el material rodante del megaproyecto es reciclado; incluso se dijo que los rieles y durmientes no eran nuevos. Testimonios de pasajeros, recogidos por algunos medios, señalan que el convoy tomó una curva a exceso de velocidad.
¿Y qué hizo la 4T? Sacó el manual que ya tiene bien probado para enfrentar crisis: victimizarse, minimizar los hechos, lanzar cortinas de humo y apostar al olvido.
Comenzaron a circular comparaciones con otros accidentes ferroviarios del pasado, como el de Saltillo en los años setenta del siglo XX, y se arremetió contra quienes criticaron el hecho, acusándolos de querer destruir el movimiento transformador de México. Como no podía faltar, apareció su adjetivo favorito: carroñeros.
Personajes como Gerardo Fernández Noroña calificaron lo ocurrido simplemente como un “accidente”. Llamarlo así no explica nada, pero sí sirve para desactivar la gravedad del asunto y tranquilizar conciencias.
Otros activistas, como Gerardo Moncada, fueron más allá y sugirieron que pudo tratarse de un sabotaje, esto escribió en sus redes sociales:
“QUÉ CASUALIDAD. Justo cuando China busca alternativas al Canal de Panamá, cuando analistas internacionales hablan del Tren Interoceánico como pieza clave en la reconfiguración de rutas comerciales, ocurre un ‘accidente’ y la oposición corre a pedir que se suspendan las operaciones…”
Después vino la siguiente fase del manual: una avalancha de infografías para enterrar lo ocurrido en Oaxaca. Que si la presidenta Sheinbaum está entre las gobernantes más populares de América Latina, que si México está en el top 10 de países con menor desocupación, y una larga lista de cifras para recordarnos lo bien que estamos con la 4T.
Siendo sinceros, a la 4T se le olvida algo fundamental: cuando este “movimiento” era oposición hacía exactamente lo mismo. Criticaba, cuestionaba, marchaba y señalaba tragedias como símbolos del fracaso del poder. Entonces, el calificativo de carroñeros también les queda.
Ojalá la Fiscalía General de la República realice una investigación a fondo y, si la causa del descarrilamiento fue el material rodante, éste sea retirado y los responsables de las compras sancionados. Pero, aunque lo deseo —al igual que muchos mexicanos—, sinceramente creo que nos vamos a quedar con las ganas.
por Dominio Público | Dic 31, 2025 | Opinión, Principales
Ni en los peores tiempos del viejo régimen —cuando el poder lo controlaba todo— se normalizaba con tanta facilidad que un periodista fuera procesado por publicar información incómoda.
Raúl García Araujo @araujogar
Ejercer el periodismo en México nunca ha sido una labor segura, pero en 2025 el riesgo ha escalado a un nuevo y peligroso nivel: informar puede llevarte al banquillo de los acusados.
Mientras siete periodistas han sido asesinados en el país este año, según Artículo 19, hoy además enfrentamos una forma moderna de censura: la criminalización del ejercicio periodístico desde las propias instituciones del Estado, una práctica que no sólo intimida al comunicador, sino que erosiona directamente el derecho de la sociedad a estar informada.
El caso del colega veracruzano Rafael “Lafita” León Segovia no es un episodio aislado, es una advertencia nacional.
Un juez de control, José Guadalupe Nucamendi Albores, desestimó finalmente el delito de terrorismo —una acusación tan grave como absurda—, pero aun así decidió vincular a proceso al periodista por otros cargos, imponiéndole prisión domiciliaria durante un año, no por haber cometido un crimen, sino por hacer su trabajo.
La audiencia, documentada por Artículo 19, exhibió a una Fiscalía de Justicia de Veracruz sin pruebas sólidas, con inconsistencias, argumentos endebles y una narrativa preocupante: si el periodista llega primero a cubrir una nota, entonces “sabía” del delito.
Bajo esa lógica perversa, informar se convierte en sospecha y la eficacia profesional pasa a ser “prueba criminal”.
La Fiscalía llegó al extremo de acusarlo de no denunciar hechos delictivos que supuestamente conocía por mensajes de texto, como si el periodista tuviera funciones de Ministerio Público y como si la recepción de información de una fuente fuera participación delictiva, una distorsión jurídica que pone en jaque a todo el gremio.
Peor aún, la acusación se sustenta principalmente en un “testigo protegido” cuyas declaraciones son contradictorias y plagadas de irregularidades.
Aun así, en apenas veinte días la Fiscalía integró y judicializó una carpeta por terrorismo, encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad, mientras solicita cuatro meses para la investigación complementaria, una diligencia que contrasta dolorosamente con la impunidad absoluta en los asesinatos de periodistas en Veracruz, una de las entidades más letales para la prensa.
El mensaje es claro y estremecedor: se persigue con rapidez al que informa, pero no al que mata al periodista.
La medida cautelar impuesta —arraigo domiciliario— resulta desproporcionada y devastadora, pues impide a Rafael salir a las calles, cubrir hechos, trabajar, vivir de su oficio y cumplir con el derecho social a la información; no sólo se castiga al periodista, se castiga a la sociedad.
Por eso este caso encendió todas las alarmas. La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo con claridad: no existe precedente de acusaciones por terrorismo en México y exigió a la Fiscalía de Veracruz que explique si existe un delito real y probado, subrayando que ninguna investigación debe estar relacionada con la labor profesional del comunicador.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Una peligrosa deriva: la utilización del aparato judicial como instrumento de intimidación política.
Ni en los peores tiempos del viejo régimen —cuando el poder lo controlaba todo— se normalizaba con tanta facilidad que un periodista fuera procesado por publicar información incómoda.
Hoy le tocó a Rafael, mañana puede tocarle a cualquier reportero, columnista o medio que se atreva a incomodar al poder, y por eso este no es un pleito personal ni un asunto local, es una causa del periodismo mexicano.
Cuando informar se vuelve delito, la democracia deja de existir. Hoy más que nunca el gremio está llamado a la solidaridad, a la defensa común de la libertad de expresión y a no permitir que el miedo sustituya al periodismo, porque si callan a uno, nos ponen en riesgo a todos.
En Cortito: Nos cuentan que el cierre de año en Ecatepec dejó una señal política clara: cuando hay coordinación real entre los tres niveles de gobierno, los resultados en seguridad sí llegan.
Desde el C5 de la policía estatal, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Mesa de Paz junto a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, y el mensaje fue contundente: Ecatepec es prioridad para el gobierno estatal y federal, y ese respaldo se traduce en acciones concretas, no en discursos.
Delfina Gómez no sólo reconoció el trabajo en equipo, sino que subrayó que los resultados positivos de las Mesas de Paz ya se reflejan en todo el Estado de México, destacando particularmente el caso de Ecatepec como ejemplo de cómo la coordinación institucional, el Mando Unificado y la voluntad política pueden revertir una de las problemáticas más complejas del país: la inseguridad en zonas metropolitanas densamente pobladas.
En esa misma línea, Azucena Cisneros agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la propia gobernadora, señalando que la implementación del Mando Unificado, junto con el despliegue de Marina, Sedena, Guardia Nacional, policía estatal y Fiscalía, ha sido clave para inhibir la comisión de delitos y recuperar la tranquilidad de las comunidades.
La seguridad, en Ecatepec, dejó de ser un tema de buenas intenciones para convertirse en una estrategia operativa con resultados medibles.
