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Bloqueos y vehículos incendiados en carreteras de Zacatecas

Bloqueos y vehículos incendiados en carreteras de Zacatecas

Autoridades activan plan de seguridad.

La madrugada de este viernes se registraron bloqueos con vehículos incendiados en carreteras de los municipios de Calera, Villanueva, Fresnillo, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete, informaron autoridades de Zacatecas.

El secretario de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza, precisó que de inmediato se puso en marcha el Plan Antibloqueos de la Mesa de Construcción de Paz, con el despliegue de fuerzas federales y estatales para liberar la circulación y reforzar los operativos en la región.

De acuerdo con el funcionario, hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas o fallecidas. A los puntos afectados acudieron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía estatal, quienes apoyaron a automovilistas y atendieron los cierres viales.

Reyes Mugüerza aseguró que la situación está bajo control y que se mantienen las maniobras para normalizar completamente el tránsito. Señaló también que las actividades educativas y gubernamentales continúan con normalidad, aunque se tendrá tolerancia con retardos o ausencias ocasionadas por dificultades de movilidad.

Finalmente, hizo un llamado a la población a mantener la calma y confiar en que las instituciones trabajan coordinadamente para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Zaldívar aclara que la reforma a la Ley de Amparo no tiene efectos retroactivos

Zaldívar aclara que la reforma a la Ley de Amparo no tiene efectos retroactivos

Explicó que el debate se centra en el primer artículo transitorio.

En la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, precisó que la reciente reforma a la Ley de Amparo no tiene efectos retroactivos, no vulnera derechos adquiridos ni contraviene la Constitución.

“La presidenta tiene razón en subrayar que en este gobierno no se impulsan leyes ni actos contrarios a la Constitución, y que no hay cabida a la aplicación retroactiva en perjuicio de persona alguna”, señaló.

Zaldívar explicó que el debate se centra en el primer artículo transitorio, cuyo segundo párrafo indica que los asuntos en trámite al momento de la entrada en vigor del decreto se resolverán con las nuevas disposiciones. Reconoció que la redacción “no es la más adecuada ni la más clara”, por lo que consideró necesario precisar su alcance para evitar interpretaciones erróneas.

Recordó que el artículo 14 constitucional prohíbe dar efectos retroactivos a las leyes en perjuicio de persona alguna. Además, puntualizó que la Ley de Amparo es de carácter procesal, lo que significa que regula juicios, etapas y recursos, y que la Suprema Corte ha establecido que las reformas procesales pueden aplicarse a los actos futuros dentro de procesos en curso, sin que ello implique retroactividad.

El funcionario admitió que la falta de claridad en el transitorio “ha generado un debate innecesario, críticas y preocupaciones legítimas”. Por ello, hizo un llamado a revisar y eventualmente ajustar el texto, bajo la premisa de que no habrá afectaciones retroactivas.

Con este posicionamiento, el coordinador de Política y Gobierno buscó desactivar la polémica y refrendar que las reformas legales del Ejecutivo se mantendrán siempre apegadas a la Constitución.

Ataques armados en Cuernavaca y Cuautla dejan cuatro muertos y cuatro heridos

Ataques armados en Cuernavaca y Cuautla dejan cuatro muertos y cuatro heridos

Dos de las víctimas formaban parte de un grupo delictivo.

Por Luis Alberto Beltrán

Corresponsal

Morelos.- La disputa que mantienen grupos criminales dejó un saldo de cuatro personas sin vida y cuatro lesionadas en distintos hechos de violencia ocurridos la noche de este jueves en los municipios de Cuernavaca y Cuautla.

En el primer caso, sujetos armados interceptaron a los tripulantes de un vehículo en la calle Carlos Cuaglia de la colonia Centro de Cuernavaca y dispararon en varias ocasiones.

Los policías que atendieron el reporte informaron que las víctimas habían fallecido a consecuencia de los disparos.

Más tarde fueron identificadas como miembros del grupo delictivo La Familia Michoacana, dedicados al cobro de piso en la zona centro de la capital.

En tanto, en el municipio de Cuautla –considerado como foco rojo por los altos índices de violencia- se reportó un ataque armado en la colonia 5 de Febrero que cobró la vida de dos personas y dejó otras cuatro lesionadas.

Los reportes de la policía indican que sujetos desconocidos abrieron fuego en contra de vecinos que se encontraban en la calle Ignacio Zaragoza.

Los atacantes se dieron el tiempo de mutilar a una de las víctimas y después huyeron de la escena del crimen.

Uno de los heridos fue trasladado por sus familiares a una clínica particular, en tanto los tres restantes recibieron atención médica y fueron llevados al hospital general por paramédicos de distintas corporaciones

En ninguno de estos casos se reportan detenidos.

Sepa La Bola: ¿Justicia de género como negocio? Caso Katiria

Sepa La Bola: ¿Justicia de género como negocio? Caso Katiria

Diversas denuncias apuntan a que Katiria utilizaba su prestigio profesional para fabricar pruebas, manipular peritajes psicológicos y orquestar denuncias falsas en procesos de divorcio y custodia.

Claudia Bolaños @claudiabola

Durante más de dos décadas, Ana Katiria se presentó como abogada defensora de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia en México.

Conocida por litigar casos mediáticos bajo la bandera de la justicia de género, construyó una imagen de activista en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, detrás de ese discurso se acumulan acusaciones que la ubican como presunta prófuga, quien se escondería en España, señalada de encabezar una red de extorsión judicial, bajo lo que llamaba un esquema de negocios contra inversionistas en empresas que cotizaran en la Bolsa de Valores.

Así la acusó la abogada penalista Olivia Rubio, quien incluso le inició una carpeta de investigación por esos hechos, mismos que la acusada le reveló.

Rubio señaló que manejaba una red con participación de ministerios públicos, ex agentes,  psicólogos y peritos, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como testigos falsos que aparecen en carpetas de investigación, donde se manipula a niños y niñas para que mientan.

Diversas denuncias apuntan a que Katiria utilizaba su prestigio profesional para fabricar pruebas, manipular peritajes psicológicos y orquestar denuncias falsas en procesos de divorcio y custodia.

El mecanismo, de acuerdo con las investigaciones, era similar: presentar casos de violencia familiar o abuso sexual con testimonios y dictámenes cuestionados, lo que le permitía presionar resoluciones judiciales favorables y fijar pensiones alimenticias millonarias.

Padres de familia denunciaron que fueron alejados de sus hijos como resultado de estas prácticas.

Aseguran que menores de edad fueron usados como herramienta de presión en litigios, obligados a declarar situaciones inexistentes para justificar decisiones judiciales.

La presunta red operaba en complicidad con ministerios públicos y peritos de la Fiscalía capitalina, consolidando un esquema que convertía los casos en vía de enriquecimiento.

Aunque la abogada se presentaba como defensora de víctimas y afirmaba enfrentar amenazas por su labor, su nombre aparece en carpetas de investigación por extorsión y abuso del sistema judicial. No obstante, hasta ahora no se sabe si se ha girado en su contra una orden de aprehensión ni ficha roja de Interpol, lo que ha permitido que permanezca en Europa mientras en México las denuncias siguen abiertas.

Grupos de padres afectados advierten que detrás de los casos de violencia que dice defender existe en realidad un negocio judicial. Según testimonios, se manipulaban denuncias para obtener fallos a modo, generando beneficios personales bajo el discurso de justicia de género.

Lo que en su momento fue visto como activismo en favor de mujeres víctimas, hoy es señalado como un mecanismo de extorsión que exhibe las debilidades del sistema de procuración de justicia en México.

La violencia contra las mujeres es una de las problemáticas más graves que enfrenta el país y debe ser erradicada, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos, la libertad y la dignidad de cada mujer. Sin embargo, en medio de esta lucha legítima han surgido acusaciones que ponen en riesgo su credibilidad.

Pese a los señalamientos no hay avances en el caso.

Y Sepa la Bola pero la reforma aprobada por el Senado en materia de amparo no es solo un error legislativo: es un golpe directo contra los derechos humanos de los mexicanos, acusan diversas asociaciones civiles, trabajadores del Poder Judicial y colectivos ciudadanos que alistan acciones para frenar lo que califican como un atropello, pues debilita la única herramienta que le queda a la sociedad para defenderse del abuso de las autoridades.

Resulta contradictorio que, mientras la propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que la reforma deberá ser “corregida” en la Cámara de Diputados, sus legisladores la hayan aprobado sin escuchar a quienes serán directamente afectados. No se trata de tecnicismos jurídicos, se trata de la vida de pacientes oncológicos, de la defensa de los derechos laborales, de la protección frente a la corrupción y los excesos del poder.

Las organizaciones que hoy levantan la voz entienden que este no es un asunto interno del Poder Judicial, sino un ataque a la ciudadanía en su conjunto. Por ello, anuncian movilizaciones y estrategias legales para impedir que la reforma se imponga sin cambios de fondo.

IPN alerta sobre crecimiento del mercado ilícito de cigarros en México

IPN alerta sobre crecimiento del mercado ilícito de cigarros en México

Dijo que este fenómeno debilita la política fiscal y las medidas de control del tabaco.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) advirtió que 3 de cada 10 cigarros consumidos en México provienen del mercado ilícito, lo que genera pérdidas fiscales estimadas en 26 mil 700 millones de pesos anuales.

El estudio, realizado por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS), analizó más de 9 mil cajetillas recolectadas en 11 ciudades del país, confirmando que en 2025 se consumen más de 11 mil millones de cigarros ilegales. Con ello, el mercado ilícito ya concentra 28% del consumo nacional, cifra que se ha triplicado desde 2017, mientras los niveles de tabaquismo permanecen prácticamente sin cambios.

Los resultados muestran que ocho de las once ciudades evaluadas duplicaron su porcentaje de consumo de cigarros ilegales en comparación con 2023. Guadalajara, Monterrey y Mérida encabezan la lista con 49%, 46% y 37%, respectivamente.

El IPN señaló que este fenómeno debilita la política fiscal y las medidas de control del tabaco, al ofrecer productos más baratos y accesibles fuera de toda regulación. Por ello, exhortó al Estado a reforzar las acciones contra el comercio ilícito para proteger la recaudación y la seguridad del país.