por Dominio Público | Dic 23, 2025 | Opinión, Principales
El “súper peso” ayuda, sí. Contiene la inflación y genera una sensación de estabilidad que no es menor. Pero no crea empleos, no formaliza la economía, no mejora salarios ni corrige décadas de rezago.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Hoy voy a cometer una herejía económica: decir que el “súper peso” no es el milagro que nos han vendido.
Porque en México, cuando algo brilla demasiado, conviene preguntar de dónde viene la luz… y quién está pagando el recibo.
La 4T ha presumido la fortaleza del peso como prueba irrefutable de que la economía va bien. El mensaje es simple y políticamente cómodo: si el peso está fuerte, el país está fuerte.
El problema es que la economía no funciona como discurso de mañanera. Y el tipo de cambio, mucho menos.
Es cierto: el peso se ha visto fuerte, incluso inusualmente fuerte. Pero no nos engañemos. Esa fortaleza no es resultado de un milagro productivo mexicano, sino de una combinación de factores que poco tienen que ver con que aquí todo esté mejorando.
Por un lado, el contexto externo. El dólar global anda débil, presionado por la enorme deuda de Estados Unidos y las dudas crecientes sobre su trayectoria fiscal a largo plazo. Eso ha empujado capitales a buscar refugio en otros mercados.
Por el otro, los factores internos. El Banco de México decidió mantener las tasas de interés altas más tiempo que la mayoría de los países emergentes. ¿El resultado? La llegada de capitales de corto y mediano plazo, el famoso carry trade: dinero que entra, gana intereses… y puede salir con la misma rapidez con la que llegó.
México no se volvió de pronto una potencia económica, pero sí apareció como un destino “menos riesgoso” frente a otros países emergentes más inestables. Ayuda una disciplina fiscal aceptable, una inflación relativamente contenida —en parte gracias al propio peso fuerte— y la ausencia de choques graves con el sector privado.
El problema es que el “súper peso” también tiene un lado B que rara vez se menciona en los discursos oficiales.
Para millones de familias que dependen de remesas, cada dólar convertido rinde menos pesos. El dinero alcanza menos, aunque el tipo de cambio se presuma como victoria.
Diversos sectores exportadores, sobre todo los más pequeños o con menor capacidad de cubrir riesgos cambiarios, pierden competitividad frente a competidores de otros países. Un peso tan apreciado no siempre es una buena noticia para quien vive de vender al exterior.
Y hay algo todavía más delicado: buena parte de esta fortaleza no responde a la economía real, sino a movimientos financieros globales. Es decir, lo que sube rápido también puede caer rápido.
Sí, el peso fuerte ha ayudado a contener la inflación, y ese beneficio es real para el bolsillo de la mayoría. Pero no ha resuelto los problemas estructurales del país: el crecimiento sigue siendo bajo, la informalidad ronda el 55%, el poder adquisitivo de los salarios avanza poco y la generación de empleos de calidad continúa siendo insuficiente.
Confundir un tipo de cambio fuerte con una economía fuerte es un error clásico. El peso puede servir como termómetro del apetito global por riesgo, pero dice muy poco sobre el bienestar cotidiano de los mexicanos.
La estabilidad cambiaria es valiosa, sin duda. Pero no sustituye al crecimiento sostenido, al aumento de la productividad, a la formalización del empleo ni a una mejora real y duradera del ingreso de las familias.
El “súper peso” ayuda, sí. Contiene la inflación y genera una sensación de estabilidad que no es menor. Pero no crea empleos, no formaliza la economía, no mejora salarios ni corrige décadas de rezago.
Confundir un peso fuerte con un país fuerte es una trampa conocida. El tipo de cambio puede estar de fiesta mientras la economía real sigue trabajando horas extra por sueldos que no alcanzan.
Por eso el “súper peso” no es trofeo ni maldición. Es un espejismo. Uno que refleja más las debilidades del dólar y los movimientos del dinero global que los méritos propios de México.
Celebrarlo sin contexto es propaganda. Demonizarlo sin matices, simplismo.
La economía no se mide en aplausos ni en gráficas para redes sociales. Se mide en ingresos, empleo y bienestar. Y ahí, por ahora, el “súper peso” sigue debiéndonos la parte más importante del milagro.
por Dominio Público | Dic 19, 2025 | Opinión, Principales
La publicidad exterior se ha convertido en un territorio donde la aplicación de la ley es intermitente y selectiva, lo que erosiona la credibilidad de las políticas urbanas.
Claudia Bolaños @claudiabola
En la Ciudad de México, la ilegalidad no siempre se impone con estridencia política; a veces basta con encenderse cada noche.
El caso de los anuncios luminosos instalados en el conjunto habitacional Residencial Magno TAUA, en San Pedro de los Pinos, vuelve a exhibir un problema estructural: la normalización de la publicidad exterior ilegal en zonas donde la ley es clara y el impacto en la vida cotidiana es directo.
La colocación de espectaculares luminosos en edificios de uso habitacional no es una zona gris ni un tecnicismo administrativo.
La Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México prohíbe expresamente este tipo de anuncios en fachadas y azoteas de vivienda, así como el uso de iluminación artificial que genere deslumbramiento, contaminación lumínica o riesgos a la seguridad vial. No es una sugerencia: es una restricción legal.
Sin embargo, la realidad urbana suele contradecir la norma. Entre 2022 y 2024, el gobierno capitalino retiró más de dos mil quinientos anuncios irregulares.
Aun así, organizaciones civiles estiman que entre 30 y 40 por ciento de la publicidad exterior visible presenta algún tipo de irregularidad. No son excepciones: es un sistema sostenido por omisiones, permisos vencidos y simulaciones administrativas.
San Pedro de los Pinos no es la excepción. Alcaldías como Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez concentran estructuras que permanecen durante años sin una explicación pública clara sobre su legalidad.
La publicidad exterior se ha convertido en un territorio donde la aplicación de la ley es intermitente y selectiva, lo que erosiona la credibilidad de las políticas urbanas.
Las consecuencias son tangibles. Vecinas y vecinos reportan invasión de luz en sus hogares, alteraciones del sueño y deslumbramiento para automovilistas. Estudios urbanos advierten que la contaminación lumínica en la capital ha crecido más de 20 por ciento en la última década, impulsada por espectaculares y pantallas LED.
Es un problema de salud, seguridad y calidad de vida.
Cuando la limpieza estorba
El bloqueo de avenida Constituyentes por trabajadores de limpieza no fue un arrebato. Fue una advertencia.
Treinta personas pararon la vialidad para exigir el pago de dos quincenas atrasadas por parte de Shiny Place, empresa subcontratada que presta servicios a dependencias federales.
El dato relevante no está en el tráfico, sino en la licitación LA-49-830-049000975-N-3-2026. Más de ochenta millones de pesos están en juego por el servicio de limpieza en la Fiscalía General de la República. El fallo se ha aplazado tres veces y, entre los participantes, se repite la misma acusación: los dados están cargados.
Shiny Place ha sido señalada este año por adeudos salariales, presunta falta de seguridad social y esquemas empresariales creados para ganar concursos públicos sin asumir obligaciones laborales plenas. Aun así, sigue compitiendo por contratos millonarios.
Mientras los expedientes avanzan en escritorios, los conflictos estallan en la calle.
El diálogo libera avenidas, pero no limpia el fondo. Cuando la ley se aplica a conveniencia y el Estado externaliza sin supervisar, la precariedad termina estorbando más que la protesta.
Y sepa la bola: lo que ocurre en Tecámac no es un simple reacomodo político, sino una señal preocupante de regresión. La entrega de posiciones clave del gobierno municipal a perfiles priistas y panistas, bajo presuntas presiones externas y en sesiones cuestionables, dibuja un escenario donde la voluntad popular queda relegada frente a viejas prácticas de control y chantaje político. Mientras los cacicazgos históricos reaparecen con miras a 2027 y se intensifica la guerra sucia contra figuras incómodas, el municipio se tiñe de tricolor en medio del silencio y la complacencia de quienes deberían garantizar gobernabilidad y legalidad.
A la crisis política se suma una crisis social y laboral que agrava el descontento ciudadano. Despidos masivos, plantones ignorados, denuncias de amenazas y liquidaciones incumplidas contrastan con el despilfarro de recursos públicos y anuncios populistas que poco alivian la realidad de cientos de familias. En un contexto de violencia creciente en las calles, Tecámac parece avanzar hacia un modelo donde se privilegia el control político sobre la seguridad, la justicia laboral y la rendición de cuentas, dejando a la población atrapada entre el miedo, la incertidumbre y la sensación de haber sido traicionada.
por Dominio Público | Dic 18, 2025 | Opinión, Principales
México depende como nunca del comercio con Estados Unidos, es pieza central de su política migratoria y vive una relación de cooperación forzada en materia de seguridad.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
En la mañanera de este 17 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó la postura de México frente al escalamiento del conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. En lo dicho por la presidenta no hubo nada nuevo: habló de no intervención, del respeto a la autodeterminación de los pueblos, hizo un llamado a la ONU y pidió evitar derramamientos de sangre. Hasta ahí, todo normal.
Sin embargo, hubo dos detalles que llamaron mi atención. El primero, que al referirse al presidente de Venezuela la presidenta se limitara a nombrarlo por su apellido: Maduro.
El segundo, que ofreciera a México como un posible punto de encuentro, si las partes así lo solicitan:
“También es importante si nosotros podemos estar como un punto de negociación, de reunión, si así lo consideran las partes. Las partes tendrían que proponernos, y si no, buscar mediadores que permitan evitar cualquier conflicto en la región”, dijo la presidenta.
No sería la primera vez. Durante décadas, México construyó una reputación internacional como mediador confiable. No por imponer, sino por saber escuchar.
En los años ochenta fue pieza clave del Grupo Contadora, que buscó frenar las guerras civiles en Centroamérica mientras Estados Unidos apostaba por la confrontación directa. Aquella mediación no fue cómoda ni neutral en el sentido pasivo: implicó tensiones con Washington y costos políticos internos. Pero también le dio a México algo hoy escaso: credibilidad.
A esa tradición se sumó el asilo político. España republicana, dictaduras sudamericanas, exilios forzados. México no sólo abrió puertas; construyó autoridad moral.
La Doctrina Estrada —no intervención, autodeterminación de los pueblos— fue durante años algo más que una frase repetida en discursos: era una línea de conducta que daba identidad.
Otra de las medallas de la diplomacia mexicana fue el Tratado de Tlatelolco, que declaró a América Latina como una región libre de armas nucleares y le valió el Premio Nobel de la Paz al mexicano Alfonso García Robles.
También, durante muchos años, México fue intermediario silencioso entre Cuba y Estados Unidos.
Ese México mediador existió porque tenía margen de maniobra y una política exterior con voz propia. Pero ese margen empezó a encogerse. Con el paso del tiempo, la mediación se volvió selectiva, ambigua.
Hoy el contexto es otro. México depende como nunca del comercio con Estados Unidos, es pieza central de su política migratoria y vive una relación de cooperación forzada en materia de seguridad. Al mismo tiempo, mantiene vínculos políticos con gobiernos que Washington mira con recelo, como el de Nicolás Maduro. En ese tablero, ofrecerse como intermediario suena bien… pero es mucho más complejo de lo que una frase en la mañanera puede sugerir.
Porque mediar no es sólo sentar a dos partes en la mesa. Es incomodar a ambas. Es decir cosas que nadie quiere escuchar. Es no deberle demasiado a ninguno. Y ahí está la pregunta incómoda: ¿puede México hoy jugar ese papel sin quedar atrapado entre su dependencia económica y sus afinidades políticas?
México quiere volver a ser mediador. La historia le da antecedentes para intentarlo. Pero la mediación no se decreta: se construye. Y, sobre todo, se cree. La pregunta no es si México puede ofrecerse como intermediario entre Estados Unidos y Venezuela. La pregunta es si, en este momento, alguien estaría dispuesto a escucharlo.
Ya sé, ya sé: muchos dirán que la presidenta no hizo un ofrecimiento formal. Pero lo dicho en la mañanera me pareció un buen pretexto para recordar glorias pasadas de la diplomacia mexicana… y para preguntarnos si hoy todavía están vigentes.
EN EL TINTERO:
Gerardo Fernández Noroña presumió que ya cobra la “pensión del bienestar”. Un defecto estructural de los programas sociales.
por Dominio Público | Dic 17, 2025 | Opinión, Principales
Si la gobernadora Margarita González Saravia insiste en administrar percepciones mientras el estado se desangra, quedará claro que no fue rebasada por la violencia: decidió convivir con ella. Y cuando un gobierno se acostumbra a la barbarie, deja de gobernar.
Raúl García Araujo @araujogar
Apenas ha terminado la primera quincena de diciembre y Morelos ya ofrece una imagen devastadora: un estado rebasado por el crimen organizado y un gobierno que no logra —o no quiere— asumir la gravedad de la crisis.
No es un discurso alarmista ni una exageración; son hechos encadenados que revelan una realidad que desmiente cualquier narrativa oficial de control o mejora en la seguridad.
Cuautla se ha convertido en el símbolo más claro del fracaso institucional. Comerciantes obligados a pagar doble derecho de piso porque dos grupos criminales operan al mismo tiempo, extorsionando con absoluta impunidad.
La denuncia no proviene de la oposición ni de actores políticos interesados, sino del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien ha advertido que las estadísticas oficiales no reflejan lo que realmente vive la población. Cuando la Iglesia levanta la voz en estos términos, es porque la crisis ya desbordó todos los límites.
Pero Cuautla no es un caso aislado. La violencia se extiende y escala. El ataque a balazos contra la vivienda del presidente municipal de Yecapixtla; las agresiones armadas contra las casas de una regidora y una síndica en el municipio indígena de Xoxocotla; y el hallazgo de cinco cuerpos calcinados —entre ellos una menor de edad— en la carretera Axochiapan–Amayuca, dibujan un mapa de terror que atraviesa regiones, cargos públicos y comunidades enteras. En Morelos, hoy nadie está a salvo.
Estos hechos no solo evidencian inseguridad: exhiben pérdida de control del Estado. Cuando los criminales atacan viviendas de funcionarios públicos y extorsionan abiertamente a comerciantes, el mensaje es inequívoco: el poder real no está en el gobierno, sino en las organizaciones criminales.
Y lo más grave es que no hay una respuesta clara, contundente ni sostenida que indique que el gobierno estatal entiende la magnitud del problema.
Frente a este escenario, resulta preocupante la postura de la gobernadora Margarita González Saravia. Mientras Morelos arde, ella insiste en que su administración “no simula”, que es transparente y que los comentarios ciudadanos en redes sociales son mayoritariamente positivos.
Pero la seguridad pública no se mide con percepciones digitales ni con discursos autocomplacientes. Se mide con resultados, y esos resultados hoy simplemente no existen.
Lo verdaderamente alarmante es la normalización de la incapacidad. No hay una estrategia de seguridad visible, no hay golpes estructurales al crimen organizado, no hay coordinación efectiva que se traduzca en paz para la población.
La violencia avanza todos los días, mientras el gobierno parece más concentrado en defender su imagen que en recuperar el control del territorio.
Gobernar no es repetir que no se simula; es demostrarlo con hechos. Y los hechos, hoy por hoy, son extorsión generalizada, violencia política, homicidios múltiples y miedo instalado en la vida cotidiana de los morelenses.
La omisión también es una forma de responsabilidad, y cada día sin acciones firmes profundiza una crisis que ya se salió de control.
Morelos no necesita discursos optimistas ni autoelogios. Necesita liderazgo, decisiones incómodas y una estrategia real que enfrente al crimen organizado sin excusas. Porque mientras el gobierno se felicita a sí mismo, el crimen ya gobierna el estado.
A estas alturas, la pregunta ya no es si la estrategia de seguridad funciona, sino si realmente existe. Porque cuando el crimen cobra doble, dispara contra alcaldes, intimida a regidoras y calcina cuerpos en las carreteras, cualquier discurso oficial se vuelve irrelevante.
Negar la realidad no la corrige; solo la agrava. Y en Morelos, la distancia entre el poder y la calle es hoy tan amplia que raya en la irresponsabilidad política.
La historia es implacable con los gobiernos que prefieren el autoengaño a la acción. Si la gobernadora Margarita González Saravia insiste en administrar percepciones mientras el estado se desangra, quedará claro que no fue rebasada por la violencia: decidió convivir con ella. Y cuando un gobierno se acostumbra a la barbarie, deja de gobernar.
En Cortito: Nos cuentan que Cuernavaca avanza por una ruta distinta a la de muchos municipios que enfrentan crisis financieras, endeudamiento y parálisis administrativa.
Durante el primer año de gestión de José Luis Urióstegui Salgado en su segundo periodo como alcalde, la capital de Morelos ha consolidado un modelo de gobierno basado en disciplina financiera, planeación responsable y una clara prioridad: que los recursos públicos se traduzcan en obras y servicios para la gente.
Los números respaldan el discurso. En 2022, al inicio de la primera administración de Urióstegui Salgado, el Ayuntamiento de Cuernavaca registraba ingresos globales por mil 553 millones de pesos. Hoy, la recaudación municipal asciende a dos mil 494 millones de pesos, un incremento cercano al 61 por ciento.
Este crecimiento le ha otorgado al municipio mayor autonomía financiera y capacidad de respuesta, reduciendo la dependencia de recursos federales y fortaleciendo la toma de decisiones locales.
Gracias a esta disciplina financiera, Cuernavaca ha podido ampliar y fortalecer servicios prioritarios como el bacheo, la modernización del alumbrado público, la ejecución de obras en colonias y el reforzamiento de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano.
Hoy, el gobierno municipal encabezado por José Luis Urióstegui Salgado deja claro que la austeridad bien aplicada y la eficiencia en el gasto no significan menos obras, sino más y mejores acciones para la ciudadanía.
En Cuernavaca, las finanzas sanas se han convertido en la base de un gobierno que responde y construye futuro.
por Dominio Público | Dic 16, 2025 | Opinión, Principales
Con esta redacción, una “imposición estética”, un símbolo cultural o una opinión incómoda podrían ser considerados violencia simbólica sin que exista incitación a la violencia ni daño concreto. El riesgo no es menor: se sustituye el debate público por la sanción administrativa.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Estoy seguro que los legisladores —al menos algunos— tienen buenas intenciones al presentar iniciativas de ley. El problema es que, con frecuencia, esas iniciativas llegan acompañadas de mal tino, mala técnica legislativa o una pesada carga ideológica.
Ese es el caso del dictamen que adiciona el concepto de violencia simbólica como una nueva fracción al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La adición parece menor. No lo es.
El dictamen, ya aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, define la violencia simbólica como aquella que se materializa, directa o indirectamente, a través de mensajes, valores, símbolos, íconos, imágenes, signos e incluso imposiciones familiares, educativas, ideológicas, sociales, económicas, políticas, culturales, estéticas o religiosas, que reproduzcan relaciones de dominación y naturalicen la subordinación de la mujer.
Si seguimos esa definición al pie de la letra, casi cualquier expresión humana cabe dentro de la categoría.
No se describen conductas concretas, no se exige intencionalidad, no se establece un umbral verificable de daño. Se sanciona —al menos normativamente— el significado atribuido a una idea, un símbolo o una creencia.
De acuerdo con los expertos consultados, es justamente en esa ambigüedad donde aparece el primer conflicto jurídico: el principio de certeza y legalidad.
Cuando la ley no delimita con precisión qué está prohibido, deja al criterio de la autoridad decidir qué mensaje “reproduce” o “naturaliza” una subordinación. El resultado no es protección, sino discrecionalidad.
El segundo conflicto es directo con los artículos 6º y 7º constitucionales, que garantizan la libertad de expresión y la libertad de prensa.
La Suprema Corte ha sido clara: la libertad de expresión solo puede limitarse de manera excepcional y bajo criterios estrictos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. El problema es que no toda expresión incómoda, tradicional o incluso estereotipada constituye discurso de odio.
Con esta redacción, una “imposición estética”, un símbolo cultural o una opinión incómoda podrían ser considerados violencia simbólica sin que exista incitación a la violencia ni daño concreto. El riesgo no es menor: se sustituye el debate público por la sanción administrativa.
Y cuando el Estado empieza a regular significados, el efecto inmediato no es justicia, sino censura.
La inclusión de las llamadas “imposiciones religiosas” es, sin duda, el núcleo más problemático del dictamen.
De acuerdo con los especialistas, esta redacción choca con el artículo 24 constitucional, que protege no solo la creencia interna, sino también su manifestación externa: símbolos, prácticas, roles, vestimenta y organización comunitaria. Para millones de personas, estos elementos no son imposiciones, sino expresiones legítimas de fe.
Tipificarlas como violencia simbólica abre la puerta a que el Estado juzgue doctrinas religiosas, intervenga en prácticas de culto o sancione expresiones de fe por considerarlas subordinantes.
Cuando el poder civil decide qué símbolos religiosos son aceptables, deja de ser laico y empieza a ser censor.
La modificación legal, de acuerdo con los abogados consultados, genera un conflicto entre derechos fundamentales: el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia (artículos 1º y 4º) frente a las libertades de expresión, conciencia y religión (artículos 6º, 7º y 24º).
“Ese conflicto exige una ponderación fina. El dictamen, en cambio, opta por una definición expansiva que difícilmente supera un test de proporcionalidad: no demuestra que no existan medidas menos restrictivas; no prueba que sancionar símbolos elimine efectivamente la subordinación; y no garantiza que el beneficio supere el costo democrático”, me comentó un activista.
El problema no es reconocer la violencia simbólica como fenómeno social. Ese debate es legítimo y necesario.
El problema es convertir el concepto violencia simbólica en una herramienta jurídica sin límites claros, susceptible de utilizarse para sancionar ideas, creencias o expresiones incómodas para el poder o para la autoridad en turno.
El Senado debe afinar la redacción, garantizar claridad normativa, proteger el contenido esencial de las libertades y centrar la intervención estatal en daños reales, no en interpretaciones ideológicas.
Si el Senado no corrige lo aprobado por la Cámara de Diputados, corremos el riesgo de repetir episodios como el del “dato protegido”, o de ver a una figura prominente del régimen presentar denuncias contra críticos, convirtiendo una buena intención en un arma de destrucción política.
EN EL TINTERO
Al momento de escribir estas líneas, esta modificación aún no ha sido aprobada por el Senado.
por Dominio Público | Dic 12, 2025 | Opinión, Principales
Cuidar el padrón es cuidar la democracia; permitir que vuelva a ser una mercancía es abrir la puerta a la manipulación y al abuso.
Claudia Bolaños @claudiabola
A pesar del ruido externo, quienes conocen el expediente de la licitación para la nueva Credencial para Votar afirman que el tema más sensible está, en realidad, totalmente resuelto: el padrón electoral permanece bajo resguardo exclusivo del INE, sin intervención de terceros. Explican que la producción de la credencial no implica manipular información ciudadana, sino únicamente trabajar con medidas de seguridad, impresión y generación del documento. Y por si quedaba duda, en el Instituto recuerdan que ningún proveedor —pasado o presente— ha tenido acceso a la base de datos, y esta licitación no es la excepción.
Y Sepa La Bola, pero durante décadas el padrón electoral en México fue tratado como una mercancía más dentro del mercado negro de la corrupción institucional. No era un secreto: nombres, domicilios, claves de elector y hasta teléfonos terminaban en manos de partidos políticos, despachos privados o grupos con poder económico que pagaban por esa información como si se tratara de un insumo estratégico. El país vivió una época en la que la privacidad de millones de ciudadanos era vulnerada de manera sistemática, sin consecuencias reales para quienes traficaban con esos datos.
El uso político del padrón fue una de las prácticas más nocivas para la democracia mexicana. La información personal se utilizaba para presionar votantes, construir estructuras clientelares y manipular procesos electorales desde las sombras. Aquellos años dejaron una profunda desconfianza en las instituciones, porque mientras a la ciudadanía se le pedía participar y creer en la transparencia, en lo más alto del sistema la información electoral circulaba sin control ni responsabilidad.
Si hoy existe un mayor blindaje y un marco legal más sólido, es precisamente porque el país tuvo que enfrentar ese pasado vergonzoso. Recordarlo no es un ejercicio nostálgico, sino una advertencia. Cuidar el padrón es cuidar la democracia; permitir que vuelva a ser una mercancía es abrir la puerta a la manipulación y al abuso. En tiempos de reformas y tensiones institucionales, conviene no olvidar que la integridad del registro electoral es una conquista que costó años y no puede darse por garantizada.
Y Sepa La Bola, pero la prohibición total de los vapeadores en México exhibe una incongruencia difícil de justificar. No se trata de defender el vapeo como si fuera inocuo, sino de cuestionar por qué el Estado concentra su fuerza en perseguir estos dispositivos mientras permite, sin mayor debate, productos que sí generan daños masivos y comprobados en la salud pública. En cualquier tienda se venden refrescos cargados de azúcar, botellas de alcohol baratas y tabaco que sigue fumándose en espacios públicos, aun cuando afecta a terceros. Incluso la marihuana circula con una tolerancia creciente. Todo eso permanece normalizado, pero vapear —que no molesta a quienes están alrededor y cuyo impacto colectivo es menor frente a esos excesos cotidianos— se ha convertido en el enemigo perfecto a prohibir.
Más que una estrategia sanitaria, la medida parece una decisión política que construye un símbolo fácil de combatir mientras se evitan los problemas reales. En un país donde consumir azúcar, alcohol, tabaco o cannabis es parte del día a día, resulta absurdo que vapear sea lo que amerite persecución. Esa es la verdadera contradicción, tanto que en redes sociales los dispositivos siguen vendiéndose pese a las penas de hasta ocho años de prisión por su comercialización.
