por Dominio Público | Nov 18, 2025 | Opinión, Principales
Algo que de plano no me cabe en la cabeza —y aún no entiendo de la 4T— es ¿por qué no saben ganar?
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Desde antes de la marcha denominada de la Generación Z, varias preguntas rondan mi cabeza, todas empiezan con un ¿por qué…? ¿Por qué intentar desacreditar a los “organizadores”, reales o imaginarios? ¿Por qué invocar un discurso patriotero hablando de grupos internacionales? ¿Por qué seguir con la narrativa de que nosotros somos buenos y quienes nos cuestionan son malos?
Y es que, conforme se acercaba la fecha de la marcha, la 4T sacó el manual que usan cada vez que se sienten cuestionados, cuya regla principal es golpear la credibilidad y las intenciones de quienes los interpelan:
“Nosotros permitimos la libre manifestación de las ideas, no perseguimos, no censuramos, pero… ¿ya saben cuánto gana?… Es de derecha… Quieren recuperar privilegios”.
En este caso, la narrativa fue: Qué bueno que se manifiesten los jóvenes, pero que no se dejen manipular porque detrás de la convocatoria están… Y acto seguido soltaron la clásica lista de sus villanos favoritos y sus macabras intenciones de desestabilizar y crear la “falsa imagen” de que existe descontento en contra de la 4T.
No me atrevería a afirmar que la 4T tiene miedo y que la avalancha de críticas fue por temor, pero dedicar 25 minutos de “la mañanera del pueblo” a intentar demostrar un complot parecía darle la razón a quienes sí lo insinuaron.
Pero algo que de plano no me cabe en la cabeza —y aún no entiendo de la 4T— es ¿por qué no saben ganar? Lo digo por las declaraciones del secretario de Educación, Mario Delgado, en un evento con la presidenta:
“Presidenta, juntó usted aquí más jóvenes en Jonuta que allá en la Ciudad de México, los que pretendieron marchar; porque la educación es lo que convoca a esta generación”.
Según ellos ya habían ganado, la marcha fracasó, podían respirar. ¿Para qué hablar así?
Ayer, al hablar del tema, como era de esperarse lanzó toda la caballería contra los manifestantes. Dijo que no hubo jóvenes, que marcharon los mismos de siempre, que terminó en violencia, que él defiende el pacifismo, que se someterá a la revocación de mandato… En pocas palabras, dio a entender que para ellos la manifestación fracasó.
Desde mi muy particular punto de vista —sin meterme a juzgar si fue un fracaso o no— creo que la 4T vio algo en la convocatoria del sábado. De lo contrario, no hubieran dedicado tanto esfuerzo a desinflarla. ¿Miedo? Yo creo que no. Más bien la sensación de que el domo de cristal se está agrietando y la realidad no es tan perfecta como la que ellos pintan.
EN EL TINTERO
Volvieron los narcobloqueos a Michoacán… ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
por Dominio Público | Nov 14, 2025 | Opinión, Principales
El INE sostiene que cuenta con procesos ordenados, reglas claras y máxima transparencia en la renovación del documento que da identidad y voz a más de 98 millones de mexicanas y mexicanos.
Claudia Bolaños @claudiabola
El Instituto Nacional Electoral (INE) continúa con el proceso de Licitación Pública Internacional para la nueva Credencial para Votar 2026, con transparencia, competencia abierta y vigilancia técnica permanente.
Este miércoles 12 de noviembre se llevó a cabo una nueva sesión, como parte del procedimiento previsto en la normatividad de adquisiciones. En esta etapa, se han seguido recibiendo preguntas y solicitudes de precisión por parte de las empresas participantes, nacionales y extranjeras, interesadas en formar parte de uno de los procesos más complejos y especializados del país.
Como ocurre cada cinco años, cuando el INE licita la producción de su principal instrumento de identificación ciudadana, las aclaraciones son comunes y necesarias: sirven para despejar dudas técnicas, armonizar especificaciones y garantizar que cada oferente compita en igualdad de condiciones.
El proceso —público, videograbado y con actas disponibles al escrutinio ciudadano— se desarrolla bajo altos estándares de seguridad, calidad y trazabilidad, con mecanismos de auditoría que permiten verificar cada paso.
La institución mantiene el objetivo de asegurar que la Credencial para Votar 2026 conserve su condición de documento infalsificable, confiable y tecnológicamente avanzado, al tiempo que garantiza que la licitación sea abierta, verificable y auditada por cualquier interesado.
Lejos del ruido mediático, el INE sostiene que cuenta con procesos ordenados, reglas claras y máxima transparencia en la renovación del documento que da identidad y voz a más de 98 millones de mexicanas y mexicanos.
Y Sepa La Bola pero Rafael Guerra no la tiene fácil para repetir como magistrado presidente del PJCDMX, ya quea figura de la magistrada Celia Marín Sasaki emerge en un momento crítico para ese tribunal. No se trata solo de la acumulación histórica de rezagos ni de la creciente demanda social por procesos transparentes y ágiles; es, sobre todo, la urgencia de un liderazgo capaz de entender que la justicia capitalina necesita algo más que nuevas herramientas: requiere una nueva visión.
Marín Sasaki no es improvisada, dice una amplia ala de trabajadores judiciales. Su trayectoria de más de cuatro décadas en la impartición de justicia la sitúa entre las voces con mayor autoridad moral dentro del Poder Judicial local. Su formación en Derecho Penal, sus estudios de posgrado en la UNAM y en Salamanca, y su trabajo en violencia de género delinean un perfil técnico sólido, pero también profundamente humano. En tiempos donde la justicia parece cada vez más distante para la ciudadanía, ese equilibrio es indispensable.
El problema es evidente. El Tribunal resolvió más de 42 mil asuntos entre enero y abril de este año, una cifra que, aunque elevada, representa una caída de más de 10 mil casos respecto al mismo periodo anterior. Los juicios orales, diseñados para brindar mayor claridad y eficiencia, siguen siendo una excepción: apenas 0.11 % de los casos penales llega a esa etapa. No es solo una cifra fría; es un síntoma de un sistema que se ahoga en su propia inercia.
Ahí radica la relevancia de perfiles como el de Marín Sasaki. Su experiencia en todos los niveles jurisdiccionales le permite identificar los cuellos de botella que frenan a la institución, mientras que su impulso a la perspectiva de género es una deuda histórica que el país arrastra. Modernización y humanismo no son conceptos incompatibles; al contrario, son los pilares de un Poder Judicial que aspire a recuperar la confianza pública.
La Ciudad de México necesita un liderazgo dispuesto a encabezar reformas profundas, lejos de intereses políticos y más cercano a las necesidades reales de la población. Si algo ha demostrado Celia Marín Sasaki es que la justicia, para ser tal, debe ejercerse con rigor, transparencia y humanidad. Esa combinación, hoy más que nunca, es la que podría marcar el rumbo de la renovación judicial que tanto se anuncia y tan poco se concreta.
por Dominio Público | Nov 12, 2025 | Opinión, Principales
El silencio municipal y estatal no es casual: es complicidad por omisión, es cálculo político, es la apuesta por esconder la realidad con estadísticas mientras la gente sigue desapareciendo.
Raúl García Araujo @araujogar
Teocaltiche volvió a demostrar que la brecha entre el discurso oficial y la realidad es abismal.
Mientras el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, utilizó su Primer Informe de Gobierno para presumir disminución de delitos, coordinación con fuerzas federales y recursos “históricos” para atender desaparecidos, el municipio vive un escenario completamente distinto: miedo permanente, desapariciones constantes y autoridades que parecen rebasadas o deliberadamente silenciosas.
La presidenta municipal, Margarita Villalobos, no solo evita reconocer el tamaño de la crisis, sino que se ha convertido en observadora pasiva de la violencia, incluso en medio de las fiestas de octubre, cuando el municipio recibe visitantes y debería garantizar seguridad mínima.
El silencio municipal y estatal no es casual: es complicidad por omisión, es cálculo político, es la apuesta por esconder la realidad con estadísticas mientras la gente sigue desapareciendo.
El mismo día del informe, dos hombres —un adulto y un adolescente originarios de Zacatecas— fueron asesinados a balazos mientras instalaban juegos mecánicos en la colonia Juárez. Un tercero resultó herido. El ataque ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche, a un costado del Río Teocaltiche. La violencia no esperó a que terminara el discurso.
Pero la tragedia no se resume en un solo episodio. Teocaltiche enfrenta una ola creciente de desapariciones que el portal Dominio Público Noticias documenta caso por caso, mientras el gobierno intenta minimizar la crisis. Habitantes reportan levantones, sujetos armados en camionetas blindadas y saqueos de viviendas.
La desaparición más reciente fue la de un hombre que viajaba regularmente a Estados Unidos y que fue privado de la libertad por un comando que también vació su casa en la colonia El Barrio.
Y apenas este domingo, en pleno centro del municipio, una adolescente de 16 años, fue obligada a subir a un vehículo por al menos cuatro sujetos armados con chalecos tácticos con las siglas del CJNG, justo frente al área donde se estacionan las patrullas municipales y estatales, mientras cientos de personas acudían a la Feria 2025.
La autoridad municipal no ha exigido reforzar operativos, no ha alzado la voz, ni siquiera ha dado la cara. Es la política del silencio, del “no pasa nada”, de la indiferencia por encima de la gente.
Lemus prometió pacificar Teocaltiche en 45 días. No lo hizo. No hay resultados, no hay estrategia y no hay presencia real del Estado.
Si el gobernador está más preocupado por defender su narrativa que por defender a la ciudadanía, entonces ha renunciado a gobernar uno de los municipios más heridos por el crimen organizado.
Y si la presidenta municipal no puede garantizar seguridad ni siquiera durante la feria, con la policía a metros de distancia de un levantón, entonces Teocaltiche está bajo un vacío de poder que nadie quiere reconocer.
La violencia no se tapa con discursos. Las desapariciones no se borran con estadísticas. Teocaltiche exige gobierno. Y cada día sin respuesta política, la realidad termina escribiendo un informe distinto: uno con muertos, desaparecidos y comunidades abandonadas.
En Cortito: Nos cuenta que el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, tomó una posición política que pocas autoridades municipales se atreven a asumir: puso a las víctimas al centro del trabajo público.
Su presencia en el 4to. Informe de Actividades de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV) no fue un acto social ni de cortesía, sino una afirmación de que el municipio decidió coordinarse con el Estado para atender a quienes fueron vulnerados en sus derechos.
Urióstegui reconoció el trabajo que encabeza Penélope Picazo Hernández, pero además recordó un dato clave: Cuernavaca se integró al Modelo Estatal de Atención Integral a Víctimas.
Eso significa que hoy cualquier persona afectada puede ser canalizada a servicios jurídicos, psicológicos, económicos o de prevención sin burocracia ni simulación. El municipio dejó de actuar solo y se incorporó a una red estatal que sí opera y sí entrega resultados.
Acompañado de su esposa, Luz María Zagal Guzmán, presidenta del DIF municipal, así como integrantes del Cabildo y Gabinete, el edil delimitó su postura: su administración no dará pasos atrás en la defensa de los derechos humanos. Las víctimas son prioridad y la justicia será una obligación, no una promesa.
por Dominio Público | Nov 11, 2025 | Opinión, Principales
El gobierno presume grandes padrones de ayuda, pero no presume resultados. Habla de becas, pero no de su efecto en el aprovechamiento escolar ni en la eficiencia terminal de los diferentes ciclos educativos.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
En economía se conoce como incentivo perverso a toda política o acción que, pese a buscar un bien, termina provocando el efecto contrario. Steven D. Levitt lo resume con precisión: “cuando las reglas recompensan lo equivocado, los resultados se tuercen”. En la India colonial, por ejemplo, se pagaba por cada cobra muerta; poco después, la gente empezó a criarlas para cobrar la recompensa.
En política pública, el incentivo perverso aparece cuando los programas sociales dejan de empoderar y empiezan a sedar; cuando el apoyo sustituye la iniciativa y la ayuda se vuelve costumbre. Entonces el bienestar, en lugar de liberar, encadena con suavidad.
Esto no es una teoría abstracta. Los programas sociales de la 4T muestran cómo, sin un diseño cuidadoso, la intención de ayudar puede convertirse en un incentivo que perpetúa la dependencia y la simulación, en lugar de fomentar la autonomía y la responsabilidad de quienes reciben el apoyo.
Y antes de que se levante la ceja: no estoy en contra de los programas sociales. Han ayudado —y siguen ayudando— a millones de personas. Lo que sí creo es que darlos sin control, bajo la bandera de la “universalidad”, los está transformando en un estímulo perverso. Veamos algunos ejemplos.
Las becas para estudiantes, en lugar de cumplir su propósito original, en muchas regiones rurales o semiurbanas se han convertido en la mensualidad de motocicletas, celulares o salidas con los amigos. ¿Y quién resulta beneficiado por esta distorsión? Exacto: uno de los archienemigos declarados de la 4T… los grandes vendedores de motocicletas del país.
Otro fenómeno reciente: paisanos que llevan años viviendo en Estados Unidos —incluso ya ciudadanos— regresan a México para registrarse y cobrar la pensión para adultos mayores, aun cuando trabajan o son jubilados en el norte.
Y un caso más: Jóvenes Construyendo el Futuro. Políticos y empresarios corruptos registran a muchachos y les cobran una “comisión” por mantenerlos dentro del programa.
Podría seguir, pero el punto es claro: los programas sociales de la 4T, sin una evaluación seria de resultados, se están corrompiendo. Lejos de ser una palanca de movilidad social, comienzan a convertirse en un lastre para la economía nacional. Y en poco tiempo, puede que ya no haya manera de financiarlos.
El gobierno presume grandes padrones de ayuda, pero no presume resultados. Habla de becas, pero no de su efecto en el aprovechamiento escolar ni en la eficiencia terminal de los diferentes ciclos educativos. Presume apoyos a jóvenes, pero no cuántos de ellos hoy tienen empleo formal o un negocio propio. Regala libros, pero los niveles de lectura caen.
Dicen que son buenos porque son populares. Pero la popularidad no es sinónimo de eficacia. Mientras el gobierno no pueda demostrar resultados tangibles, cada peso invertido será dinero arrojado a un pozo sin fondo. Un incentivo perverso que terminará corrompiendo la economía.
En el tintero:
Cero y van tres. La presidenta Sheinbaum presentó el tercer plan de paz para Michoacán. Ojalá este gobierno logre lo que Fox, Calderón, Peña y AMLO no pudieron.
Durante la presentación del Mundial de fútbol —que se organiza en conjunto con Estados Unidos y Canadá— la presidenta habló de abrir canchas y organizar un “Mundialito Social”. Presidenta, ya va tarde: faltan siete meses.
por Dominio Público | Nov 7, 2025 | Opinión, Principales
Fórmula 1, GNP Seguros, Farmacias del Ahorro, Guess e incluso América Móvil llenaron la ciudad de envolventes ilegales que saturan la vista, tapan ventanas, impiden la ventilación y convierten los edificios en gigantescas lonas comerciales.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola…pero la Ciudad de México está siendo tomada por una mafia silenciosa que explota cada rincón visible de los edificios para llenarlos de publicidad ilegal.
No son grafitis ni pequeños anuncios de barrio: son espectaculares gigantes financiados por empresas multimillonarias que se presentan como respetuosas de la ley, pero que en la práctica actúan con la misma impunidad que las viejas mafias del espacio público, aquellos que montaron cientos de espectaculares en azoteas.
Los muros ciegos, esos que nunca debieron convertirse en espacios ilegales de publicidad, son hoy el botín de corporaciones que se aprovechan de la falta de control institucional.
Fórmula 1, GNP Seguros, Farmacias del Ahorro, Guess e incluso América Móvil llenaron la ciudad de envolventes ilegales que saturan la vista, tapan ventanas, impiden la ventilación y convierten los edificios en gigantescas lonas comerciales.
La Ley de Publicidad Exterior es clara: está prohibido colocar anuncios en muros ciegos.
Pero a lo largo de los últimos años, los intereses privados lograron que ese candado se abriera discretamente bajo la administración de Seduvi encabezada por Inti Muñoz. Desde entonces, cientos de anuncios sin licencia se expandieron como plaga, sin responsabilidad en caso de un colapso. Porque sí: estas estructuras, al no estar aseguradas, pueden caer y matar.
El actual titular de la Secretaría del Ordenamiento Territorial (Metrópolis) debe anunciar una ofensiva contra la publicidad ilegal.
Es una reacción obligada ante el hartazgo de colectivos ciudadanos que llevan años denunciando esta invasión: Rescatando el Paisaje Urbano, Vecinas Contra la Publicidad Ilegal y Mujeres por un Paisaje Digno.
La ciudadanía hace el trabajo que debería hacer el gobierno: mapear, documentar, denunciar.
El colmo es la hipocresía de las marcas involucradas. Mientras invierten millones en campañas sobre sostenibilidad, seguridad y convivencia social, colaboran activamente en una triple agresión a la ciudad: contaminación visual, generación de desechos sólidos y riesgo estructural.
La CDMX no necesita nuevos adornos comerciales: necesita aire, luz, seguridad y respeto.
Pero el mensaje está claro: si tienes suficiente poder económico, puedes romper la ley sin consecuencias. Puedes promocionar eventos internacionales como si la ciudad fuera tuya, puedes apropiarte del paisaje urbano y usarlo como tu espectacular personal, e incluso tapar las ventanas de condominios a cambio de pagarles el mantenimiento.
La legalidad se vuelve un lujo para la gente común; para los gigantes corporativos, apenas una sugerencia.
Lo peligroso no es solo la estética degradada: es la normalización de la ilegalidad.
Si se permite que lo prohibido se vuelva costumbre, el Estado se vuelve un espectador irrelevante y la ciudad una mercancía más.
La CDMX necesita recuperar lo más básico: el derecho de sus habitantes a un entorno digno. Los muros no son lienzos corporativos.
Son parte de nuestra casa colectiva. Y no hay casa que sobreviva cuando sus paredes son vendidas al mejor postor.
Las empresas involucradas deben ser exhibidas con nombre y apellido, pero también sancionadas con el retiro inmediato de cada anuncio ilegal que lucró con el espacio urbano.
Y no basta con desmontar estructuras: hace falta transparentar quién autorizó, quién cobró y quién solapó.
La corrupción detrás de cada lona es tan grande como la lona misma.
Si la ciudad vuelve a elegir entre defender a su ciudadanía o proteger la cartera de los poderosos, el futuro del espacio público será decidido por los que más pagan, no por los que más viven aquí.
Alguien tiene que para esa ilegalidad. La ciudadanía pide seguridad y confía en la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para lograrla. Porque alguien se está haciendo millonario a costa de esa ilegalidad de muros y es una autoridad.
Y Sepa La bola pero la división y polarización del país se reflejó claramente en lo sucedido en la Cámara de Diputados el jueves pasado durante la discusión en lo particular del presupuesto 2026. El oficialismo y la oposición no dejan de llamarse corruptos y cárteles, de sostener relaciones con grupos de la delincuencia organizada y de acusarse de ser los artífices de los problemas en el país. Y mientras las autoridades han hecho del pleito su forma de hacer política, el país sangra.
por Dominio Público | Nov 6, 2025 | Opinión, Principales
En los siete años que lleva en el poder, a la 4T parece habérsele olvidado aquel compromiso. Aplicar y respetar la ley ya no está en su lista de prioridades.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Cuando un presidente de la República toma posesión, promete “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le confiere, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
Eso, ni más ni menos, es lo que juran todos los que llegan a un cargo de elección popular: respetar la ley y ver por el bienestar de sus gobernados.
Pero en los siete años que lleva en el poder, a la 4T parece habérsele olvidado aquel compromiso. Aplicar y respetar la ley ya no está en su lista de prioridades.
Algunos dirán: “¿Cómo que no ven por el bienestar de la Unión si están los programas sociales?” No niego que ayudan, pero también han generado —como dirían los economistas— un incentivo perverso. En muchas comunidades, las becas sirven para pagar la mensualidad del celular o la moto, no para fortalecer la educación. (Spoiler: sin querer queriendo, han hecho más rico a uno de sus archienemigos.)
Lo mismo pasa con la inseguridad. Desde su llegada, el gobierno insiste en que la solución está en “atacar las causas”. Tienen razón, pero eso no exime de aplicar la ley. Los llamados “grupos generadores de violencia” han cometido delitos que deben castigarse. No hacerlo con el pretexto de que “la fuerza no lleva a ningún lado” es, en sí mismo, una forma de rendición.
Contener la violencia no significa reprimir ideas ni violar derechos humanos; significa hacer cumplir la ley, proteger a las víctimas y restablecer el orden. Eso también es justicia social.
EN EL TINTERO
Mucha suerte a Grecia Quiroz en la presidencia municipal de Uruapan. Ojalá sí reciba el apoyo que le negaron a su esposo, Carlos Manzo.
Si yo fuera la presidenta Sheinbaum, los encargados de su seguridad ya estarían buscando trabajo. No puede ser que permitieran que se le acercaran de esa manera.
