por Dominio Público | Ene 15, 2026 | Opinión, Principales
En México —y en gran parte del mundo— confundimos la alfabetización digital con aprender a encender dispositivos.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
No sé si a usted le pase, pero es común quedarse con una expresión entre orgullo y sorpresa cuando ve a un niño o a un joven manejar con destreza un dispositivo digital, dando una cátedra maestra sobre su funcionamiento a personas que le duplican o triplican la edad.
Pero esa misma cara de orgullo de muchos padres cambia drásticamente cuando sus hijos, por creer en “información bien editada”, caen en manos de la delincuencia o son acosados por no tener cuidado con lo que publican en redes sociales.
Y es que, amigas y amigos, saber usar una pantalla no es lo mismo que saber leer lo que hay detrás de ella.
En México —y en gran parte del mundo— confundimos la alfabetización digital con aprender a encender dispositivos. Repartimos tablets, entregamos computadoras, presumimos conectividad… y dejamos solos a niños y adolescentes frente a un mundo digital que no entiende de inocencias.
Hoy, más del 90% de los adolescentes mexicanos usa internet a diario. Lo dice el INEGI. Lo que no dice nadie es quién les enseñó a distinguir una mentira de una verdad, una opinión de un hecho o una manipulación de una idea propia.
Las redes sociales se han vuelto su primer salón de clases emocional. Ahí aprenden qué cuerpo es “correcto”, qué vida es “exitosa”, qué opinión vale y cuál merece burla. Y aun así, en la mayoría de las escuelas nadie les explica cómo funcionan esos espacios ni por qué parece que el algoritmo sabe más de ellos que ellos mismos.
Luego está la inteligencia artificial. Ese fantasma cuyo andar está dejando huella en los salones y que muchos prefieren ignorar. Los estudiantes ya la usan para hacer tareas, resúmenes, cartas y ensayos. La escuela, en cambio, sigue discutiendo si la prohíbe, como si fuera posible ponerle candado a la realidad. Y como casi siempre, llega tarde a la conversación y, peor aún, sin entenderla.
El problema no es que usen IA; el problema es que nadie les enseña a usarla con criterio.
La IA podría ser una herramienta creativa brutal: para pensar mejor, escribir mejor, contrastar ideas o hacerse preguntas incómodas. Pero sin guía, se vuelve solo una trampa elegante para no pensar.
Mientras tanto, las autoridades educativas mexicanas parecen vivir en otro calendario —qué digo calendario, en otro universo—. Planes de estudio que apenas rozan lo digital, docentes sin capacitación real y una ausencia casi total de formación en pensamiento crítico digital, ética tecnológica o navegación responsable.
Están más enfocadas en defender una “Nueva Escuela Mexicana” —que a ciencia cierta ni ellos saben qué es—, pero que está condenando al atraso a miles de estudiantes.
No es un tema menor. La UNESCO ya ha advertido que la falta de alfabetización digital crítica aumenta la vulnerabilidad a la desinformación, al discurso de odio y a la manipulación política. Y aun así, seguimos actuando como si fuera un asunto secundario.
Después nos preguntamos por qué cuesta tanto dialogar, por qué la mentira corre más rápido que la verdad o por qué tantos jóvenes repiten lo que ven sin cuestionarlo.
Tal vez porque nadie les enseñó que a pensar también se aprende. Y que hoy, pensar implica saber moverse entre pantallas, algoritmos e inteligencias artificiales sin perder el criterio ni la humanidad.
La alfabetización digital no es enseñar tecnología.
Es enseñar a no dejarse dominar por ella.
Y si el Estado no se toma en serio esa tarea, el desorden seguirá creciendo.
No en las redes, sino en la sociedad.
EN EL TINTERO
Mientras discutimos si educamos o no para el mundo digital, la política sigue haciendo lo suyo. El martes les comenté que Donald Trump era el mejor amigo de la 4T. La presidenta habló con él y salió de la plática con la “certeza” de que Estados Unidos no atacará a los narcos en suelo mexicano. Y mientras estábamos enfocados en las bravatas del inquilino de la Casa Blanca, por la puerta de atrás cocinan la reforma electoral.
por Dominio Público | Ene 14, 2026 | Opinión, Principales
Lo que hoy se construye en Cuernavaca es un modelo de liderazgo municipal que combina orden financiero, seguridad pública, planeación urbana y desarrollo económico, sostenido por una coordinación real entre los distintos niveles de gobierno y los municipios de la región.
Raúl García Araujo @araujogar
El arranque de 2026 encuentra a Cuernavaca bajo una conducción política definida y con objetivos claros.
La administración que encabeza José Luis Urióstegui Salgado ha trazado una hoja de ruta que coloca a la capital de Morelos en una etapa de consolidación institucional, donde seguridad, desarrollo urbano y turismo se articulan como pilares estratégicos para fortalecer la gobernabilidad, atraer inversión y proyectar a la ciudad como uno de los polos urbanos más relevantes del centro del país.
La instalación de la primera Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz de la Región Tepoztlán–Huitzilac–Cuernavaca confirma el papel de Urióstegui como articulador regional.
La presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como de las fuerzas federales, estatales y de inteligencia, expresa una visión de Estado que entiende que la seguridad pública se construye con coordinación, información y territorio.
La interconexión en tiempo real del C4 de la SEPRAC con el C5 estatal fortalece la capacidad de reacción institucional y consolida un modelo de prevención que ya se refleja en una reducción sostenida de las incidencias delictivas y en una percepción social de mayor tranquilidad.
A esta arquitectura de seguridad se suma una política decidida de fortalecimiento operativo: nuevas patrullas, motocicletas, equipamiento especializado y una mejora sustantiva en las condiciones laborales de los policías.
El mensaje político es inequívoco: la seguridad de Cuernavaca es una prioridad estructural del gobierno municipal y no una respuesta coyuntural.
En paralelo, el gobierno de Urióstegui ha asumido uno de los retos históricos más complejos de la ciudad: el sistema hídrico. Con el Plan Maestro Hídrico 2026, respaldado por una inversión superior a los 75 millones de pesos y una coordinación efectiva con la Federación y el Gobierno del Estado, Cuernavaca avanza hacia un modelo de gestión del agua más eficiente, equitativo y sostenible.
La construcción de nuevos tanques, la perforación y rehabilitación de pozos, así como la modernización de la infraestructura, fortalecen la capacidad de la ciudad para garantizar el abasto en el mediano y largo plazo.
Este proceso se acompaña de una decisión política de fondo: el saneamiento financiero de SAPAC mediante la reestructuración de más de 114 millones de pesos en pasivos históricos con el IMSS.
Poner orden donde otros gobiernos postergaron responsabilidades no sólo fortalece al organismo operador, sino que devuelve credibilidad institucional y viabilidad financiera al sistema.
Sobre esta base de gobernabilidad y estabilidad, la política turística de Cuernavaca comienza a desplegar su potencial. El estudio Perfil del Visitante Cuernavaca 2026 confirma una recuperación sólida: mayor estadía promedio, crecimiento del gasto turístico y una presencia internacional que ya representa casi una cuarta parte de los visitantes.
Estos indicadores no son fortuitos; son consecuencia directa de una ciudad que ofrece seguridad, servicios confiables y una narrativa de futuro.
Lo que hoy se construye en Cuernavaca es un modelo de liderazgo municipal que combina orden financiero, seguridad pública, planeación urbana y desarrollo económico, sostenido por una coordinación real entre los distintos niveles de gobierno y los municipios de la región.
En un entorno político donde la estabilidad y los resultados son activos cada vez más escasos, la capital morelense empieza a consolidarse como un referente de gestión pública responsable y visión de largo plazo.
Ese es el sello político del gobierno de José Luis Urióstegui Salgado. Y es la base sobre la cual Cuernavaca proyecta su siguiente etapa de desarrollo.
En Cortito: Nos cuentan que también en Yautepec el calendario rumbo a 2026 ya empezó a moverse con mayor claridad y que el presidente municipal Eder Alonso Gutiérrez ha comenzado a fijar los ejes estratégicos de su administración en un momento clave para el reacomodo político del oriente de Morelos.
No es un movimiento menor: el municipio se ha convertido en una pieza central por su peso poblacional, su dinámica económica y su influencia dentro del corredor metropolitano, por lo que cada decisión de gobierno adquiere una dimensión política que trasciende sus límites territoriales.
El primer gran reto de su gobierno es convertir la inversión en infraestructura social en un instrumento de estabilidad y cohesión.
Otro desafío central es el fortalecimiento del programa de transporte gratuito para estudiantes universitarios. Incrementar el número de unidades y ampliar los destinos no es solamente una medida administrativa, sino una decisión política que apuesta por la permanencia escolar, el desarrollo del capital humano y la reducción de la carga económica de cientos de familias.
Para Eder Alonso, este programa representa una de las inversiones sociales con mayor retorno político: cercanía con la población, legitimidad y proyección de futuro.
por Dominio Público | Ene 13, 2026 | Opinión
La desconfianza hacia las instituciones y la dudosa efectividad de la gestión pública —especialmente en seguridad— nos han programado para esperar siempre lo peor.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Hace años, la actriz María Victoria filmó en España una película donde interpretaba a una monja bastante peculiar. El estribillo de su tema principal decía:
“Creo en vos, arquitecto ingeniero,
artesano, carpintero, albañil y armador.
Creo en vos, constructor del pensamiento,
de la música y del viento, de la paz y del amor”.
Traigo esto a colación porque, hace unos días, mi familia vivió una situación que me obligó a cuestionarme: ¿por qué ya no nos atrevemos a creer?
Resulta que a “Sebas”, mi sobrino pequeño, los Reyes Magos le trajeron una bicicleta. Mi cuñado solía llevarlo a un parque cercano para que estrenara su regalo y, en esas jornadas de juego, el niño se hizo amigo de una pequeña, hija de una trabajadora de la zona.
Cierto día, una urgencia obligó a mi cuñado a volver a la oficina. En el apremio, decidió dejarle la bicicleta «prestada» a la niña mientras resolvía el pendiente.
Sí, acertaron, amigas y amigos: cuando regresaron al parque, ni la niña, ni la madre, ni la bicicleta estaban por ningún lado. El drama, como era de esperarse, estalló. Mi hermana estaba más que furiosa y mi sobrino, desconsolado, reclamaba su juguete.
En casa ya dábamos por perdida la bicicleta, pero aquí es donde ocurrió el «milagro». Mi cuñado y Sebas regresaron al punto donde habían encargado el juguete y, para sorpresa de todos, allí estaban ellas. La señora y su hija entregaron la bicicleta de vuelta, intacta.
Tras el incidente, me puse a reflexionar en mi desordenada cabeza: ¿Qué nos pasó? ¿Por qué dejamos de decir “creo en ti”? ¿En qué momento dejamos de confiar en nosotros como sociedad?
Mi conclusión —muy personal, por supuesto— es que dejamos de creer porque dejamos de cumplir.
Como ciudadanos de a pie, nos hemos relajado en nuestras obligaciones: evadimos responsabilidades y perdimos el respeto por las figuras de autoridad. Por otro lado, la desconfianza hacia las instituciones y la dudosa efectividad de la gestión pública —especialmente en seguridad— nos han programado para esperar siempre lo peor; por eso dudamos del regreso de la bicicleta.
Dejamos de confiar en que el servicio público trabaja para todos, y no solo para un grupo, un proyecto o una ideología.
Sin embargo, en este mar de desconfianza, surgen gestos como el de aquella mujer. Ella devolvió la bicicleta porque era su obligación, porque era lo correcto, porque era lo que se tenía que hacer. CREO firmemente que, si cada uno de nosotros hiciera simplemente lo que le toca, recompondríamos el tejido social mucho mejor y más rápido que con cualquier programa social.
EN EL TINTERO
Quien resultó un aliado inesperado para la 4T es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con su retórica sobre posibles acciones militares contra los cárteles en territorio mexicano, les ha dado el combustible perfecto a los «patrioteros» oficialistas para envolverse en la bandera. Una distracción ideal para echar tierra sobre temas urgentes como la inseguridad desbordada, el huachicol y una economía que no termina de cuajar.
por Dominio Público | Ene 9, 2026 | Opinión, Principales
Combatir el maltrato animal no puede convertirse en una cacería de cuidadores ni en la deslegitimación de espacios con una historia probada de protección.
Claudia Bolaños @claudiabola
El caso del Refugio Franciscano no puede analizarse con ligereza ni desde una narrativa única. Se trata de una institución fundada en 1877, con casi siglo y medio de historia, que ha atendido a más de 30 mil animales y cuya labor ha sido documentada durante décadas en reportajes, testimonios y videos que dan cuenta de un esfuerzo sostenido por proteger a perros y gatos abandonados, en un país donde el maltrato animal sigue siendo una constante.
Por ello, lo ocurrido en Cuajimalpa obliga a hacer una pausa y mirar el contexto completo. La intervención de las autoridades, que derivó en cuestionado «rescate» de más de 900 animales y en el traslado de cientos de ellos a distintos albergues, se da en medio de señalamientos graves: el Refugio Franciscano acusa un “montaje cruel” y advierte sobre presuntos intereses inmobiliarios que buscan despojarlo del predio que ha ocupado históricamente.
No es un señalamiento menor en una ciudad donde el desarrollo urbano ha avanzado, en muchos casos, a costa de espacios sociales y comunitarios.
Reducir el caso a una historia de maltrato sin reconocer la trayectoria del refugio resulta injusto y peligroso. Y más cuando las imágenes muestran como fueron trasladados los animales, estresándolos por ser llevados incluso en transportadoras volteadas, manteniéndolos así horas y horas. Las organizaciones que durante décadas han hecho el trabajo que el Estado no asumió, ni asume, —recoger, alimentar, curar y resguardar animales abandonados— suelen operar con recursos limitados, bajo presión constante y con una carga que supera cualquier capacidad humana o financiera. La saturación, en estos contextos, no siempre es sinónimo de crueldad, sino de abandono institucional.
Es necesario cuestionar la forma en que se realizan las intervenciones, la narrativa que se construye desde el poder y el impacto que estas acciones tienen sobre cuidadores que han dedicado su vida a esta labor. Impedir el acceso a medicamentos o separar abruptamente a animales en tratamiento no puede presentarse automáticamente como un acto de protección.
El traslado de 304 perros al Ajusco y de otros cientos a instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal muestra la capacidad del Estado para actuar cuando decide hacerlo, aunque no en total transparencia pues un refugio advirtió que no tenía la capacidad par amas de treinta y tantos animalitos. La pregunta es por qué la capacidad gubernamental, con todo y cuestionamientos, no se traduce en apoyos permanentes, acompañamiento técnico y esquemas de corresponsabilidad con refugios históricos que han sostenido, durante décadas, una tarea que debería ser pública. Las propias redes sociales están saturadas de casos sin atender.
Combatir el maltrato animal no puede convertirse en una cacería de cuidadores ni en la deslegitimación de espacios con una historia probada de protección. Si hay irregularidades, que se investiguen con rigor y sin prejuicios. Si existen intereses inmobiliarios detrás, que se transparenten, porque los dueños del predio se comprometieron. con el bienestar de los canes y felinos, y a los días los desalojaron. El Estado tiene una deuda con quienes, desde 1977, han hecho lo que muchos no quisieron hacer: cuidar a los animales cuando nadie más lo hacía.
Y Sepa La Bola, pero la buena noticia en materia de protección animal en la Ciudad de México es que lo ocurrido el 1 de enero de 2026 en el Mercado de Sonora marca un antes y un después en la relación de la capital con los animales. Por primera vez, uno de los espacios comerciales más emblemáticos —y también más polémicos— dejó atrás una práctica normalizada durante décadas: la venta y exhibición de animales vivos como mercancía, muchas veces bajo condiciones de maltrato. La prohibición no surgió de una ocurrencia administrativa ni de una moda pasajera, sino de una orden judicial sustentada en la Ley de Protección y Bienestar Animal, lo que le otorga un peso jurídico y simbólico difícil de ignorar. Más de 50 locales cerraron definitivamente sus cortinas tras ser notificados por la alcaldía Venustiano Carranza de que el mandato debía cumplirse sin excepciones. Perros, gatos, aves, gallinas, reptiles, borregos y otras especies dejaron de estar confinados en jaulas, vitrinas o cajas improvisadas frente al paso cotidiano de miles de personas.
Y, en otro frente, vecinos de Poza Rica se manifestaron este jueves frente a Palacio Nacional para protestar por la falta de apoyo suficiente luego de perder su patrimonio tras inundaciones de hasta tres metros ocurridas en octubre pasado. La Secretaría de Bienestar les ofreció revisar alrededor de cien casos, pero les advirtió que la respuesta podría tardar meses. La escena reabre la pregunta sobre la eficacia de los mecanismos de atención a desastres y recuerda la promesa de que, con la desaparición del Fondo de Atención a Desastres Naturales, la respuesta gubernamental sería más rápida y eficiente.
por Dominio Público | Ene 8, 2026 | Opinión, Principales
En la combinación del fallo de la Corte y lo dicho por Marx Arriaga yo veo un riesgo muy claro: pasar de fortalecer a las normales públicas a uniformar el pensamiento.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El pasado 6 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un regalo de Reyes al ala más radical del magisterio nacional.
El Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 122/2019 promovida por la CNDH y, por unanimidad de ocho votos —uno de los ministros no estuvo presente—, validó los artículos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros que otorgan preferencia a egresados de normales públicas, la UPN y los Centros de Actualización del Magisterio en el acceso a plazas en el sistema educativo público.
El fallo fue leído por muchos como aval a las llamadas “plazas automáticas”. Y no es menor. Según datos de la SEP y estimaciones basadas en la matrícula reciente —alrededor de 128 mil alumnos en normales para el ciclo 2024-2025—, cada año egresan cerca de 30 mil normalistas, en su gran mayoría de instituciones públicas.
El detalle incómodo es que las plazas no crecen al mismo ritmo. En educación básica hay vacantes potenciales por jubilaciones y crecimiento de matrícula, sí, pero las plazas presupuestadas para nuevo ingreso suelen moverse entre 20 y 30 mil al año, dependiendo del ciclo. Traducido: la puerta que abrió la Corte tiene fila… y no todos alcanzan a pasar.
Los ministros explicaron que la preferencia no es exclusividad y que el objetivo es legítimo: fortalecer a las normales públicas, instituciones golpeadas durante años por recortes presupuestales —con caídas reales importantes entre 2018 y 2020 y una recuperación apenas parcial después—. Hasta ahí, el argumento suena razonable. Cuidar el semillero del magisterio no es pecado.
El problema aparece cuando uno pasa a la realidad del aula. Dar prioridad sin un filtro claro puede significar incorporar a docentes que no dominan del todo el nuevo plan de estudios, que no fueron formados en evaluación de aprendizajes o que arrastran las secuelas de una etapa universitaria atravesada por la pandemia, donde cuatro de cada diez estudiantes de normales públicas cursaron al menos un año en modalidad improvisada.
Y del otro lado del mostrador están los egresados de normales privadas. Ellos seguirán dependiendo del examen y de los criterios que defina la SEP. Para un joven que pagó colegiaturas de hasta 48 mil pesos anuales, la preferencia pública se parece demasiado a un letrero que dice: “Gracias por participar. Vuelva cuando el neoliberalismo resucite”.
En mi desordenada cabeza se coló una pregunta sencilla: ¿de verdad era tan imposible poner un límite razonable? Preferencia, sí, pero condicionada. Un promedio mínimo. Un tiempo real de egreso. Si la carrera dura cuatro años, que esa ventaja aplique a quienes terminaron en cuatro años y con un desempeño académico sólido. No es una herejía tecnócrata; es un filtro mínimo.
Seamos honestos, ningún decreto o fallo judicial garantiza la vocación de los egresados. Y para estar frente a grupo, la vocación importa.
Pero el fallo de la Corte no fue lo único que me hizo ruido en estas semanas medio festivas. El pasado 25 de diciembre, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, publicó un manifiesto en X convocando a crear comités para “defender” la Nueva Escuela Mexicana. Acusó a la actual administración de la SEP, encabezada por Mario Delgado, de impulsar la privatización educativa y habló, sin rubor, de refundar la Secretaría.
Yo no sé si los ministros imaginaron comités de agitación cuando hablaron de mérito plural en su argumentación, pero Arriaga parece convencido de que las plazas también deberían venir con certificado de pureza ideológica.
Pero los números parecen contradecir los argumentos jurídico-político-ideológicos. Hoy, apenas alrededor del 13% de los docentes normalistas en servicio proviene de instituciones privadas. En educación media superior, además, buena parte del personal docente ni siquiera viene de normales, sino de universidades con perfiles distintos. Esa diversidad, nos guste o no, sostiene al sistema educativo público nacional.
En la combinación del fallo de la Corte y lo dicho por Marx Arriaga yo veo un riesgo muy claro: pasar de fortalecer a las normales públicas a uniformar el pensamiento.
Sentado en mi escritorio me puse a pensar en las dos visiones que se tiene de la educación en México: una que hace cuentas, planea plazas y mide capacidades reales; y otra más preocupada por repartir credenciales morales y eso es muy peligroso para el futuro del país.
por Dominio Público | Ene 7, 2026 | Opinión, Principales
Hoy, ante los actuales escenarios internacionales, la seguridad pública no solo es una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum, sino uno de los principales pilares de entendimiento político con el Gobierno de los Estados Unidos
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