por Dominio Público | Oct 29, 2025 | Opinión, Principales
García Harfuch no operará desde oficina. Pasará días —o semanas— en Michoacán supervisando personalmente la estrategia, como lo hizo en Sinaloa, donde la presencia federal permanente dio resultados.
Raúl García Araujo @araujogar
Michoacán entró a una nueva etapa de seguridad. La Federación, bajo la conducción directa de Omar García Harfuch y con el respaldo absoluto de la presidenta Claudia Sheinbaum, puso en marcha una ofensiva sin precedentes contra las organizaciones criminales que secuestraron el Valle de Apatzingán y convirtieron la agroindustria del limón en un negocio de extorsión.
El asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero, no quedó en silencio ni se sumará a la estadística del olvido. Su muerte aceleró la operación federal y envió un mensaje contundente: el Estado no permitirá más impunidad ni cederá la economía del campo a intereses criminales.
Este 28 de octubre, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch encabezó una reunión con limoneros y autoridades estatales, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y con la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El mensaje fue directo: la extorsión terminará, los responsables serán detenidos y la Federación protegerá a quienes trabajan la tierra.
Ya hay dos detenidos por el asesinato de Bernardo Bravo, pero el objetivo es mayor: desmantelar la red criminal de grupos como Los Viagras, Blancos de Troya, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios, el Cártel de la Virgen y el Cártel de Tepalcatepec.
La extorsión tenía tarifa. Dos pesos por cada kilo cortado y dos pesos por cada kilo empacado. Un cobro que, según autoridades de Michoacán, dejaba 3 mil 600 millones de pesos al año a la delincuencia. No solo era un negocio criminal: era un sistema de sometimiento económico.
García Harfuch no operará desde oficina. Pasará días —o semanas— en Michoacán supervisando personalmente la estrategia, como lo hizo en Sinaloa, donde la presencia federal permanente dio resultados. Su llegada al territorio es, por sí sola, un golpe político y operativo: no habrá zonas intocables, no habrá tregua y no habrá retirada hasta recuperar la región.
El Gabinete de Seguridad reforzará la coordinación con la Fiscalía de Michoacán y con la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Habrá inteligencia, investigación y despliegues militares y policiales para proteger al sector limonero y garantizar que el crimen no vuelva a controlar la economía del campo. Es una ofensiva integral, sostenida y respaldada directamente desde Palacio Nacional.
Si la estrategia se consolida, Michoacán puede convertirse en el caso modelo de la nueva política federal de seguridad: presencia territorial, inteligencia, coordinación real y voluntad política.
Harfuch y Sheinbaum enviaron un mensaje: la extorsión termina, la impunidad se acabó y el Estado recuperará la seguridad, la economía y la vida de la Tierra Caliente.
En Cortito: Nos cuentan que el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, dejó claro frente a empresarios de Coparmex Morelos que su gobierno mantiene rumbo firme, finanzas sólidas y resultados medibles, en una ciudad que durante años fue símbolo de abandono administrativo, deuda acumulada y parálisis institucional.
Los empresarios escucharon algo que pocas veces puede decirse en los municipios del país: Cuernavaca liquidó su deuda bancaria histórica y saneó pasivos heredados, incluyendo los del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) con la Comisión Federal de Electricidad.
Ese dato no solo tiene un valor financiero: es político. Un Ayuntamiento sin deudas recupera margen de acción, capacidad de inversión y credibilidad frente al sector productivo. Ese es el mensaje central de la administración de Urióstegui.
En materia de seguridad, el alcalde destacó la consolidación de un C4 modernizado, con tecnología de última generación, y una corporación policial dignificada, hoy la mejor pagada del estado, con capacitación constante y oportunidades de ascenso.
Mientras otras administraciones improvisaban o se limitaban a discursos, Urióstegui construyó estructura operativa, profesionalización y control institucional.
Los integrantes de Coparmex Morelos reconocieron los avances: coincidieron en que Cuernavaca exhibe hoy un dinamismo empresarial y de inversión sin precedentes, fruto de la coordinación entre gobierno y sector privado, y con una administración municipal capaz de garantizar orden, resultados y transparencia.
Bajo el liderazgo de José Luis Urióstegui Salgado, Cuernavaca dejó atrás la crisis financiera y administrativa y se posiciona como un ejemplo de eficiencia, gobernabilidad y apertura al diálogo con la sociedad.
por Dominio Público | Oct 24, 2025 | Opinión, Principales
La ventaja de Morena como partido es clara en Michoacán, pero su cohesión interna no lo es. Bedolla, pragmático hasta el tuétano, prefiere controlar el escenario antes de que Morón crezca y el proyecto de gobierno que ha construido se le salga de las manos.
Claudia Bolaños @claudiabola
En Michoacán, la sucesión de 2027 comenzó hace tiempo y, como suele ocurrir en la política mexicana, el primer golpe vino desde dentro. El gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla ya movió sus piezas, y lo hizo en la dirección menos previsible: no hacia Raúl Morón, su compañero de partido y viejo aliado, sino hacia Alfonso Martínez Alcázar, el alcalde panista de Morelia.
El viraje no es casual ni caprichoso. Bedolla sabe que su principal problema no está en la oposición, sino en su propio partido. Desde hace meses, la relación con Morón se ha fracturado a la vista de todos: el gobernador lo desairó en su informe legislativo; su gabinete brilló por su ausencia, y cuando los reporteros preguntaron la razón, respondió con un “sin comentarios” que dijo más que cualquier declaración. En política, el silencio también comunica ruptura.
Morón creyó tener una resurrección cuando Fernández Noroña lo “destapó” públicamente para la gubernatura, colocándolo como la figura natural de Morena en el estado. Pero a las pocas horas, el gobernador le quitó la alfombra con una jugada más hábil: su propio destape, en el aniversario del periódico ABC de Uruapan. Un acto cuidadosamente calculado, donde la fotografía de la mesa decía más que su discurso.
A su derecha, sus leales del gabinete; a su izquierda, Alfonso Martínez, el alcalde panista y uno de los pocos con estructura territorial y popularidad real. Y la frase que detonó la lectura política de la noche: “De esta mesa saldrá quien tenga que sustituirme”. No mencionó a Morón. No lo necesitó.
Los números también explican el cálculo del gobernador. Las encuestas más recientes colocan a Raúl Morón al frente de las preferencias, pero sin un dominio absoluto. De acuerdo con FactoMétrica y Alius Polls, Morón ronda entre el 35 y el 38 % de respaldo ciudadano, mientras que Alfonso Martínez se mueve en un rango de 22 a 35 %. Son márgenes que muestran que el senador es competitivo, pero no invencible, y que el alcalde ha construido una base sólida que trasciende su identidad partidista.
En otras palabras, la ventaja de Morena como partido es clara en Michoacán, pero su cohesión interna no lo es. Bedolla, pragmático hasta el tuétano, prefiere controlar el escenario antes de que Morón crezca y el proyecto de gobierno que ha construido se le salga de las manos.
Detrás de esta estrategia no hay ideología, sino preservación. Bedolla no busca prolongar el morenismo; busca garantizar continuidad política bajo sus propios términos. Alfonso Martínez representa eso: un liderazgo municipal con popularidad, sin fracturas internas y con suficiente independencia para pactar sin someterse.
Por eso el gobernador lo sienta en su mesa y lo legitima en público. No se trata de un respaldo abierto, sino de una señal: una advertencia para los suyos y una invitación a los otros. La sucesión en Michoacán no se definirá por lealtades partidistas, sino por quién garantice estabilidad.
Y Sepa La Bola pero que “Los Chapos” y “Los Mayos” compartan espacio en el penal de Aguaruto es un reflejo claro de la falta de visión de las autoridades. Mantener a criminales rivales en la misma prisión, donde ya se han registrado dos balaceras, no solo es un riesgo evidente para la seguridad de internos y custodios, sino que convierte a la cárcel en un campo de batalla predecible, donde la violencia se repite una y otra vez. Los decomisos de armas y explosivos son apenas parches ante un problema estructural que se ignoró desde la planeación.
Más grave aún es que esta situación deja al descubierto la incapacidad del Estado para controlar a los cárteles incluso dentro de sus propias instalaciones. La política penitenciaria debería impedir enfrentamientos, separar a los grupos y garantizar orden; en cambio, los operativos son reactivos, improvisados y casi simbólicos, mientras que los cárteles siguen imponiendo, de facto, las reglas dentro de la prisión. La improvisación se paga con sangre, y Aguaruto es la prueba más reciente.
por Dominio Público | Oct 23, 2025 | Opinión
Si a un menor se le va a dejar el manejo de estos vehículos en zonas rurales, como medio de transporte, se le debe hacer consciente de que no son juguetes y su uso requiere responsabilidad.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Hoy estoy muy molesto. Quiero hablar sobre una situación que se dio en la esquina de mi casa. Pido a ustedes que en los comentarios me digan si estoy mal. A continuación, les explico.
Vivo sobre la avenida principal de un pueblo en el que el uso de la motocicleta ha crecido como la espuma. Se ven de todos los tamaños, colores y sabores. Pero este crecimiento se ha dado de una manera más que irresponsable. Por las calles y caminos del pueblo circulan menores de edad conduciendo estos vehículos a muy alta velocidad, jugando, haciendo “caballitos”. Incluso familias completas se transportan en ellas: papá, mamá y niños pequeños. Una brutal irresponsabilidad.
La noche del domingo, un niño de no más de 13 años que circulaba a exceso de velocidad en una motocicleta se estrelló contra la puerta del conductor de una camioneta pick up que pasaba por la calle principal donde vivo. El impacto fue tan fuerte que activó las bolsas de aire y la camioneta quedó bloqueada. La conductora entró en crisis nerviosa. Los golpes dejaron al niño maltrecho y sangrando.
Aquí viene el primer motivo de mi enojo: al lugar llegó la Policía Municipal, que en automático quiso culpar a la conductora. Solo ante la insistencia de los testigos la dejaron en paz.
Al interrogar a los acompañantes, salió a la luz que el niño no era del pueblo, sino de una comunidad cercana, a unos ocho kilómetros de distancia. Y aquí viene el segundo motivo de mi enojo: ¿qué hacía un niño de no más de 13 años, tan lejos de su casa, en la noche, conduciendo una motocicleta sin supervisión paterna?
Como era de esperarse, los testigos y posteriormente los peritajes exoneraron a la conductora. Pero aquí entra el tercer motivo de mi enojo: los padres se acercaron a la conductora y a su esposo para decirles que no había problema… pero acto seguido les pidieron que les ayudaran a pagar las curaciones del menor. No ofrecieron una disculpa. No se ofrecieron a cubrir los daños de la camioneta. ¿Se puede ser más caradura?
Lo sucedido es más culpa de los padres que del menor, a quien dejaron con una moto “a la buena de Dios”, al fin que no pasa nada… pero sí pasó.
Si a un menor se le va a dejar el manejo de estos vehículos en zonas rurales, como medio de transporte, se le debe hacer consciente de que no son juguetes y su uso requiere responsabilidad.
Luego de lo sucedido el domingo, me vino a la cabeza lo dicho en una entrevista reciente por el ingeniero Carlos Slim:
“No hay que dejar un mejor país a nuestros hijos; hay que dejar mejores hijos a nuestro país.”
EN EL TINTERO
Con el anuncio de su viaje a Palestina, Gerardo Fernández Noroña demostró su sed por los reflectores.
por Dominio Público | Oct 22, 2025 | Opinión, Principales
La inacción del Gobierno de Jalisco deja más dudas que certezas. Porque si realmente existen operativos, ¿cómo es posible que los criminales circulen libremente por el centro de Teocaltiche sin toparse con un solo policía estatal? ¿Dónde están los cientos de elementos que Lemus presume haber desplegado? ¿Y por qué cada operativo “exitoso” se anuncia solo después de una masacre o un incendio?
Raúl García Araujo @araujogar
Pablo Lemus prometió pacificar Teocaltiche en mes y medio. El plazo se cumplió en junio y, desde entonces, el municipio vive un infierno cotidiano. Quema de vehículos, desplazamientos forzados, asesinatos y desapariciones se han vuelto parte de la rutina de un pueblo abandonado a su suerte, donde la autoridad estatal brilla por su ausencia o, peor aún, por su complicidad.
El gobernador de Jalisco insiste en que la violencia es “una reacción del crimen organizado” frente a los supuestos operativos exitosos del gobierno estatal. Pero en Teocaltiche nadie ve esos operativos.
Lo que la gente presencia, una y otra vez, es la llegada tardía de patrullas, los rondines mediáticos y los comunicados que aparecen justo después de los hechos violentos, como si la Secretaría de Seguridad Pública del Estado buscara maquillar la tragedia.
Los testimonios de los habitantes son demoledores: las policías estatales no llegan cuando comienzan las balaceras, tampoco cuando grupos armados irrumpen en las viviendas para secuestrar o desplazar familias enteras.
Llegan horas después, cuando los videos de las explosiones y los cuerpos ya circulan en redes sociales. Y cuando llegan, denuncian los vecinos, se dedican más a hostigar a inocentes que a enfrentar a los verdaderos responsables.
Mientras Lemus presume aseguramientos de fincas y armas en boletines oficiales, el miedo sigue instalado en las calles. En menos de una semana se incendiaron cinco vehículos, un hombre fue asesinado en la colonia El Tanque y decenas de familias fueron obligadas a abandonar sus casas tras recibir amenazas directas del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los sicarios se pasean armados por el pueblo con total calma, tocando puertas para advertir que quien no se marche morirá. Y nadie los detiene.
La inacción del Gobierno de Jalisco deja más dudas que certezas. Porque si realmente existen operativos, ¿cómo es posible que los criminales circulen libremente por el centro de Teocaltiche sin toparse con un solo policía estatal? ¿Dónde están los cientos de elementos que Lemus presume haber desplegado? ¿Y por qué cada operativo “exitoso” se anuncia solo después de una masacre o un incendio?
La respuesta es tan simple como peligrosa: en Jalisco, la seguridad se volvió espectáculo, y los operativos, una puesta en escena para tapar una crisis que el propio gobierno alimenta. Los policías estatales son señalados de fabricar delitos, abusar de ciudadanos y encubrir a grupos criminales. La corrupción se volvió regla y la impunidad, costumbre. Lemus presume control, pero lo único que domina es el discurso.
A esta crisis se suma un nuevo frente: el periodista Raymundo Riva Palacio reveló esta semana que el gobernador Pablo Lemus estaría bajo investigación por presuntos vínculos con líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El mandatario lo negó de inmediato, calificándolo como “guerra sucia”. Pero la realidad que se vive en Teocaltiche —donde el crimen opera con absoluta libertad— alimenta más sospechas que confianza.
Hoy, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, enfrenta el reto de desenredar la madeja de complicidades entre autoridades municipales y estatales que durante años han permitido al CJNG convertir Teocaltiche en su feudo.
No se trata solo de capturar delincuentes, sino de exponer a quienes desde el poder les brindan protección política y policial. Si Jalisco se ha convertido en un refugio para la impunidad, es porque desde el Palacio de Gobierno se gobierna con los ojos cerrados o con las manos sucias.
Teocaltiche no necesita promesas ni discursos de autoelogio: necesita justicia, presencia real del Estado y un gobierno que deje de encubrir a quienes manchan de sangre su territorio.
En Cortito: Nos cuentan que a un año de gobierno, Margarita González Saravia se ha ganado, a pulso, el título de una de las peores gobernadoras de Morena.
Su administración no solo carece de rumbo, también se ha convertido en una de las más violentas del país. En Morelos no hay estrategia de seguridad, no hay liderazgo, y mucho menos resultados. Hay miedo, desconfianza y un gobierno ausente que parece resignado a convivir con el crimen.
Los datos oficiales son tan fríos como demoledores: desde 2010 a 2024, en Morelos se han reportado 6 mil 357 personas desaparecidas. De ellas, el 28.5 por ciento sigue sin ser localizada y el 6.4 por ciento fue encontrada sin vida.
Esto refleja que la violencia no solo no ha disminuido con González Saravia; se ha recrudecido bajo su gobierno.
Mientras los homicidios y las extorsiones se disparan, la mandataria parece extraviada en el discurso. No hay presencia real del Estado en las calles, ni coordinación efectiva entre los cuerpos de seguridad. Los criminales actúan a plena luz del día y los ciudadanos han dejado de creer en las autoridades. Lo más grave es que el vacío de poder no solo refleja incapacidad: huele a complicidad.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, y el fiscal estatal, Edgar Maldonado Ceballos, son el retrato perfecto del fracaso.
Funcionarios grises, sin talento, sin estrategia y sin una sola acción de impacto que frene la ola de violencia. Ninguno de los dos ha logrado construir una política de seguridad coherente, y ambos parecen más ocupados en conservar su cargo que en proteger la vida de los morelenses.
Margarita González Saravia llegó al poder con la promesa de transformar Morelos, pero en apenas doce meses su gobierno se convirtió en sinónimo de improvisación y derrota.
Mientras otros estados avanzan en coordinación y resultados, Morelos se hunde en la desesperanza. Las calles se vacían, las familias se desplazan y el crimen sigue creciendo a la sombra de una gobernadora ausente y un gabinete incapaz.
Si algo ha dejado claro su gestión, es que la indolencia también mata. Porque cuando un gobierno no enfrenta al crimen, termina siendo su cómplice.
por Dominio Público | Oct 17, 2025 | Opinión, Principales
En Veracruz hay decenas de muertos, comunidades incomunicadas y una crisis humanitaria que crece mientras los reflectores oficiales se enfocan en lo simbólico.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa la Bola… pero Veracruz, atrapado en su propio delirio de aguas y lodo, parece ser también escenario de una doble inundación: la del desastre climático y la del discurso oficial que promete auxilios en abstracto, mientras en los hechos muchas comunidades siguen aisladas, hambrientas y sin respuestas concretas.
Las lluvias torrenciales que azotaron la entidad y otros estados provocaron inundaciones severas, en especial en Poza Rica, donde el río Cazones se desbordó y convirtió las calles en ríos.
Las inundaciones también sacaron a relucir varias mentiras, como la de la gobernadora Rocío Nahle, quien afirmó que era poco lo que el agua había salido de su cauce de ese río, cuando las imágenes fueron espeluznantes. Pero además echaron por la borda aquello de que hay suficientes recursos, ya que desde el gobierno federal se ha pedido a los empresarios que donen apoyos para llevar despensas y presten maquinaria para abrir los caminos. También se ha solicitado ayuda de la población para apoyar a los mexicanos que están en la desgracia de haberlo perdido todo. En redes sociales, muchas personas pidieron a sus conocidos que las ayudaran a limpiar sus casas y a sacar el lodo que las inundó. Que lo quiera ver, que lo vea.
En Veracruz hay decenas de muertos, comunidades incomunicadas y una crisis humanitaria que crece mientras los reflectores oficiales se enfocan en lo simbólico.
El gobierno federal anunció apoyos: desde censos casa por casa organizados por la Secretaría del Bienestar hasta la movilización de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para entregar electrodomésticos y recursos.
En paralelo, el discurso oficial asegura que estos apoyos llegarán —despensas, kits de limpieza, insumos y víveres— a cada zona afectada.
Mientras fingen entregar despensas, la gente clama por despensas; mientras anuncian víveres, exigen víveres. Y todo eso parece haberse convertido en una condición estructural: el Estado promete lo que la gente exige. En algunas comunidades, ese intercambio simbólico es lo único que llega a percibirse. En otras, ni siquiera eso.
En Oxitempa, Veracruz, a seis días del desastre, los pobladores denuncian abandono: “Aquí, lo que es la Guardia y la Marina, nada. Nada, nada, nada, nada”, repite el comandante del pueblo al relatar que no ha visto presencia militar ni apoyo institucional efectivo. En esa comunidad —unas 80 casas afectadas— las familias sobreviven con lo rescatado, con donaciones locales y con la esperanza de que alguien cumpla lo prometido.
Y Sepa la Bola… pero el abogado David Cohen no se reunió con Rafael Guerra
Si bien algunad voces han difundido la versión de que el abogado David Cohen se reunió con el magistrado Rafael Guerra, lo cierto es que el presidente del Poder Judicial de la CDMX nos aseguran que estaba atendiendo una reunión con el sindicato y con el órgano de administración cuando Cohen se hizo presente en el edificio.
Fuentes cercanas indican que, en realidad, el encuentro de Cohen fue con otro magistrado, y que solo existe una relación institucional, como con cualquier otro abogado.
Algunos medios, inconformes con la reforma al Poder Judicial y en campaña de golpeteo político hacia Guerra, han querido sacar conjeturas que carecen de sustento.
Guerra es un magistrado reconocido por su trabajo, tanto por la entonces jefa de Gobierno y hoy presidenta Claudia Sheinbaum, como por la actual mandataria capitalina Clara Brugada, pues su labor ha sido fundamental para mantener los índices de criminalidad en la CDMX históricamente bajos, en coordinación con la Fiscalía capitalina.
por Dominio Público | Oct 16, 2025 | Opinión, Principales
En México, los planes de protección civil suelen aparecer después del desastre, y las promesas de reconstrucción se diluyen con el lodo.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Si hay una frase de la cual los gobiernos mexicanos, de todos los colores, no han entendido el significado, es: “Más vale prevenir que lamentar.”
Menciono lo anterior por la desgracia que enfrentan varios estados del país por las lluvias, lluvias que, hasta el momento de escribir estas líneas, han dejado 66 personas muertas, más de 70 desaparecidos y una cantidad de daños materiales aún sin cuantificar.
La presidenta Sheinbaum visitó la zona afectada y vio las necesidades de la gente, conoció su desesperación. Se dio un baño de pueblo, pero no del pueblo colocado estratégicamente para gritarle “¡presidenta, presidenta!”, sino de un pueblo víctima de una tragedia que pudo haberse evitado.
Sí, pudo haberse evitado. Porque aunque diga el gobierno que no había elementos científicos contundentes para presumir la manera como llovió, lo cierto es que no se hizo caso de los reportes de Conagua.
Mientras el agua arrastra casas, autos y esperanzas, los funcionarios repiten el mismo libreto: “fue un fenómeno atípico.” No, lo atípico sería verlos prevenir. En México, los planes de protección civil suelen aparecer después del desastre, y las promesas de reconstrucción se diluyen con el lodo.
De norte a sur, la historia se repite: cauces invadidos, drenajes colapsados, presupuestos recortados y una sociedad que se acostumbra a sufrir como si fuera destino. No lo es. Es decisión —o mejor dicho, omisión—.
Porque en México no nos falta información ni advertencias, nos falta voluntad para actuar antes del desastre.
Tal vez muchos de ustedes me digan, con razón, que las lluvias no fueron culpa de las administraciones actuales. Están en lo cierto. Lo que sí cae en la responsabilidad histórica de los gobiernos, no sólo de Morena, sino de todos los colores, es no haber hecho lo suficiente para mantener seguras las zonas de riesgo y a la población que en ellas vive.
La presidenta Sheinbaum hizo bien en salir de la burbuja y recorrer las zonas afectadas, pero sería mucho mejor que los tres niveles de gobierno entendieran que prevenir no es gasto: es responsabilidad. Y que los compromisos que hagan con los afectados no se los lleve la corriente.
EN EL TINTERO
Que alguien le diga al senador Adán Augusto López que es el momento de dejar la política y retirarse a su notaría a administrar sus bienes. Podría negociar una escolta para él y su familia, y vivir tranquilo el resto de su vida. De insistir en quedarse, su destino podría ser de pronóstico reservado.
