por Dominio Público | Jun 14, 2025 | Opinión, Principales
La promesa de seguridad se convirtió en una operación para criminalizar a civiles, sembrar evidencias y violar derechos humanos.
Raúl García Araujo @araujogar
Este sábado se cumple una semana desde que venció el plazo que el gobernador Pablo Lemus fijó para pacificar Teocaltiche. Y hoy, a siete días de ese compromiso, no hay resultados. No hay informe. No hay justicia. Solo hay silencio.
Ni Lemus, ni su secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, ni el Fiscal del Estado, Salvador González, han dado la cara para explicar el fracaso evidente de su estrategia de seguridad.
Lo que sí hay —y en abundancia— son abusos, simulación y fabricación de culpables. Durante los últimos 45 días, las fuerzas estatales han construido una narrativa oficial basada en el montaje y la represión.
La promesa de seguridad se convirtió en una operación para criminalizar a civiles, sembrar evidencias, violar derechos humanos y presentar “resultados” que se derrumban ante el menor escrutinio.
Esta semana quedó al descubierto una práctica que muchos pobladores ya venían denunciando: detenciones arbitrarias, testimonios falseados y fabricación de cargos.
Un juez federal del penal de Puente Grande liberó a Juan Carlos N. “El Camello” y a José Luis N., dos hombres detenidos el 1 y 2 de junio por la policía estatal, señalados de ser parte del grupo de “El Coyote” y acusados de portar armas de fuego.
Según el parte policial, ambos fueron arrestados en operativos distintos y sorprendidos con armas. Sin embargo, el juez concluyó que las detenciones fueron irregulares y las circunstancias, sospechosamente idénticas: “fortuitas”, sin flagrancia real, sin pruebas sólidas.
Uno de ellos incluso relató:
“Me detienen y cuando me doy cuenta ya tenían todo plantado: la pistola, el cargador, los tiros, una manta de la policía estatal. Me sacaron fotos, me regresaron a la patrulla y me volvieron a esposar.”
¿Pacificación? Lo que hay en Teocaltiche es una fábrica institucional de culpables, una maquinaria que no combate al crimen, sino que simula combatirlo para sostener un discurso vacío de resultados.
Y no es el único caso que genera dudas. El presunto líder del grupo, Francisco N. “El Coyote”, fue vinculado por portación de un arma de uso exclusivo del ejército. Pero su detención también huele a montaje: según la versión oficial, caminaba tranquilamente por la calle con una pistola visible, sin oponer resistencia, como si un líder criminal operara con tal descuido. ¿Montaje o conveniencia? Sus familiares afirman que se dedica a reparar consolas de videojuegos y que es inocente.
Mientras tanto, medios como Dominio Público Noticias y periodistas como Arturo Ortiz Mayén, en un reportaje transmitido por Despierta de Televisa, han documentado estos abusos a nivel nacional. La evidencia está ahí. Pero las autoridades estatales siguen sin explicar nada.
Lo que ocurre en Teocaltiche es una crisis de derechos humanos disfrazada de estrategia de seguridad.
La administración de Pablo Lemus ha fallado en lo fundamental: proteger a la ciudadanía. Y peor aún, ha convertido a las víctimas en sospechosos con tal de justificar una operación que hoy se tambalea ante la evidencia.
En vez de combatir al crimen con inteligencia, lo enfrentan con montajes. En lugar de justicia, ofrecen impunidad para sus propios abusos. Y mientras tanto, la población sigue viviendo entre el miedo y el abandono.
Teocaltiche no necesita más operativos espectaculares. Necesita verdad, justicia y un gobierno que deje de fabricar culpables para ocultar su incapacidad.
por Dominio Público | Jun 13, 2025 | Opinión
La ASEA inspecciona con rigor, pero sin ofrecer vías claras de regularización.
Claudia Bolaños @claudiabola
La ASEA presume cuidar al ambiente en el sector energético, pero en los hechos su actuación parece más punitiva que preventiva.
Desde 2015, esta agencia federal —adscrita a Semarnat— asumió el control de los permisos ambientales para gasolineras, ductos y terminales.
En lugar de ordenar el sistema, lo ha vuelto más incierto: cientos de estaciones han sido clausuradas por no tener “autorización vigente”, aunque contaban con permisos estatales válidos al momento de su construcción.
La ASEA aplica reglas nuevas de forma retroactiva. Documentos legales en su momento, hoy son desechados. El resultado: estaciones cerradas sin contaminar ni causar accidentes, solo por no tener el sello “correcto”.
Esto ocurre en Michoacán, Coahuila, Puebla, Tlaxcala, donde la agencia no distingue entre incumplimiento y cambios normativos. Todo se clausura.
De 2,300 inspecciones entre 2022 y 2024, al menos 400 terminaron en cierres parciales o totales, nos cuentan. ¿El motivo? Trámites vencidos, no riesgos reales.
Y mientras el precio de los combustibles sigue topado, las ganancias de los empresarios caen.
La ASEA inspecciona con rigor, pero sin ofrecer vías claras de regularización. Si alguien quiere ponerse al día, no hay orientación.
¿Así quién invierte?
Si un permiso válido puede anularse años después, ¿qué certeza ofrece el Estado? Cuidar el ambiente es clave, pero no con reglas que cambian sin aviso y castigan incluso a quien cumplió.
La ASEA debería dar certeza, pero hoy siembra temor.
Y eso también contamina.
Y Sepa La Bola pero la ciudad de Los Ángeles parece un infierno para los migrantes. Protestas violentas, calles cerradas y tensión creciente.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue señalada por algunos como instigadora tras declaraciones ambiguas sobre la movilización de mexicanos en el exterior. Molesta por el acoso a los migrantes pidió hacer movilizaciones, y eso se utilizó para acusarla de haber instigado a los actos vandálicos observados en las protestas. El tema es a toda vista un exceso por parte de las autoridades norteamericanas, para victimizarse y mantener su postura de excesos y discriminación.
Seguramente la comunidad latina, que antes le dio su apoyo al empresario, ahora presidente, se lo cobrará en las intermedias.
por Dominio Público | Jun 12, 2025 | Opinión, Principales
Los dichos de Sheinbaum fueron interpretados por Trump y su círculo como un ataque a decisiones internas de Estados Unidos, algo inaceptable para ellos.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Nuevamente, la ciudad de Los Ángeles, California, se convirtió en escenario de protestas callejeras. En esta ocasión, los protagonistas son inmigrantes latinos que se manifiestan contra las redadas ordenadas por el gobierno de Donald Trump.
En lugar de calmar las aguas, el presidente estadounidense avivó el fuego enviando a la Guardia Nacional y a los marines, sin avisar a la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, ni al gobernador de California, Gavin Newsom.
En las manifestaciones se ve a varios individuos ondeando banderas mexicanas. Sin embargo, en imágenes distribuidas por varios servicios de noticias, se puede apreciar que quienes las portan son personas afroamericanas.
Estas manifestaciones se han convertido en un motivo de tensión diplomática entre México y Estados Unidos, luego de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, responsabilizara a la presidenta Sheinbaum de la situación en Los Ángeles en una reunión en la Oficina Oval:
“Claudia Sheinbaum alentó más protestas en Los Ángeles, y la condeno por ello. No debería estar alentando las protestas violentas que están ocurriendo”, dijo.
A lo dicho por Noem, la presidenta mexicana contestó de inmediato, rechazando las afirmaciones. Negó haber promovido protestas violentas, condenó específicamente los actos vandálicos, pidió que las manifestaciones sean pacíficas y reafirmó su apoyo a la comunidad migrante.
Pero, ¿por qué Noem acusó a Sheinbaum? En días pasados, al hablar sobre el plan de gravar las remesas con un impuesto del 3.5 %, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado a una movilización diplomática y a realizar acciones pacíficas.
Los dichos de Sheinbaum fueron interpretados por Trump y su círculo como un ataque a decisiones internas de Estados Unidos, algo inaceptable para ellos.
A la doctora Sheinbaum y a su equipo se les olvida que, en esta era digital, de inteligencia artificial y redes sociales, las palabras deben escogerse de manera meticulosa, incluso en los mítines, ya que sus declaraciones pueden tener una trascendencia internacional y ser utilizadas como abono para conflictos.
Lo que me causa gracia de este episodio diplomático es que, en Estados Unidos, le atribuyen a la mandataria el poder de sacar a la calle a los mexicanos que viven en ese país, poder que está muy lejos de tener.
EN EL TINTERO
La presidenta Sheinbaum tiene la gran oportunidad de graduarse como estadista en la Cumbre del G7, si deja a un lado su faceta de alumna de AMLO y plantea temas serios como la migración, el proteccionismo económico y el medio ambiente.
La Cumbre del G7 será la primera vez que se vea cara a cara con el presidente Trump. Debe hacer acopio de la cabeza fría que pregona para no caer en provocaciones.
Una petición: no hable de programas sociales y de su “éxito”; mejor prepare la participación con su equipo y dígale a cada líder lo que quiere oír.
ÚLTIMA HORA: Al terminar de escribir está colaboración, las protestas ya se habían extendido a otras ciudades de Estados Unidos.
por Dominio Público | Jun 11, 2025 | Opinión, Principales
Lo que está haciendo Puebla es también una nueva forma de ejercer diplomacia: una diplomacia con rostro humano, desde lo local, desde el compromiso con su gente.
Raúl García Araujo @araujogar
Mientras muchos prefieren no mirar o quedarse en el discurso, el gobierno de Puebla ha actuado. Y lo ha hecho con decisión.
Desde este miércoles, la Casa por Amor a Puebla, en Los Ángeles, California, cuenta con un equipo jurídico que brindará asesoría legal gratuita a las y los connacionales poblanos en riesgo de ser deportados. Se trata de una respuesta concreta, eficaz y oportuna ante un problema real.
El gobernador Alejandro Armenta no dudó. Su compromiso con los migrantes va más allá de las palabras: hoy se traduce en políticas públicas que los protegen, los escuchan y los acompañan. Con esta medida, Puebla se convierte en el primer estado del país en brindar asesoría legal directa en territorio estadounidense, asumiendo un papel que trasciende fronteras y que coloca a las personas en el centro de la acción gubernamental.
Esta iniciativa se da en un contexto delicado. La política migratoria de Estados Unidos, impulsada durante la primera administración de Donald Trump y retomada ahora con nuevos matices, ha provocado redadas, detenciones masivas y deportaciones que afectan principalmente a comunidades trabajadoras, muchas de ellas mexicanas, muchas de ellas poblanas.
Frente a eso, la respuesta del gobernador Armenta ha sido clara: defender a los migrantes es defender a Puebla. Y no está solo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha asumido esta causa como un tema prioritario. El pasado domingo, durante su visita al estado, donde inauguró dos nuevas torres en el Hospital de la Niñez Poblana, expresó su condena a las redadas y envió un mensaje contundente desde San Andrés Cholula: “los migrantes no son criminales”, dijo con firmeza. Y tenía razón.
La mandataria federal sabe que la comunidad migrante no solo aporta a la economía estadounidense, sino que mantiene viva la conexión entre México y sus ciudadanos en el exterior. Es una comunidad que nunca ha dejado de pertenecer, aunque la distancia sea grande y las políticas a veces sean duras.
Los números son claros. Se estima que 3.5 millones de poblanas y poblanos viven en Estados Unidos. Un millón están solo en la ciudad de Los Ángeles y su área metropolitana. Otro millón 200 mil están en la zona triestatal: Nueva York, New Jersey y Connecticut. La mayoría lleva años allá. Algunos ya son ciudadanos, otros residentes permanentes. Pero muchos, al menos medio millón, siguen en condición irregular y sin protección suficiente.
Por eso la medida del gobernador es tan importante. Porque pone al alcance de esta población un derecho básico: la defensa legal. Y lo hace desde un enfoque humano, fraterno, solidario. Porque los migrantes no piden privilegios. Piden justicia.
Lo que está haciendo Puebla es también una nueva forma de ejercer diplomacia: una diplomacia con rostro humano, desde lo local, desde el compromiso con su gente. Ya no basta con dejarle toda la tarea a los consulados. Los gobiernos estatales tienen mucho que decir y mucho que hacer, sobre todo cuando conocen a su comunidad y entienden su realidad.
En un momento donde la migración vuelve a colocarse al centro del debate político internacional, el gobierno de Puebla envía un mensaje claro: sus ciudadanos, estén donde estén, no están solos. Hay un gobierno que los respalda, que los defiende, que los escucha.
La presidenta Sheinbaum y el gobernador Armenta están trazando juntos una ruta de justicia para los migrantes. Una ruta de acción y de cercanía. No es casual que Puebla sea uno de los estados que más ha visitado la mandataria nacional. Hay una sintonía de fondo. Una visión compartida de país.
Y esa visión tiene algo muy claro: la dignidad no tiene fronteras.
En Cortito: Nos cuentan que buen punto se anotó Alejandro Encinas al concitar en torno de la presentación de la segunda edición de su libro «Memoria de Siete Siglos», a personalidades de pensamiento progresista; el fundamental, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, exgobernador, excandidato presidencial y primer Jefe de Gobierno, electo, de la capital del país
El Colegio de San Ildefonso se vistió de gala, pues en su interior deliberaron Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas (ambos Jefes de Gobierno de la CDMX), Eduardo Vázquez y Gabriela Pulido sobre temas fundamentales que han aquejado a la Ciudad de México, a 700 años de su fundación, como el del agua, en el que coincidieron que se debe trabajar arduamente para corregir errores y seguir logrando la viabilidad de la gran urbe.
Por ahí se vio a Félix Hernández Gamundi, líder histórico del movimiento estudiantil de 1968 y otros muchos personajes de la izquierda mexicana, que abarrotaron el lugar, ante quienes recordó Encinas la creación del Frente Democrático Nacional -que abanderó Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial en 1988- como un movimiento irruptivo que dejó constancia de la viabilidad de la izquierda como gobierno en la capital del país y en México, de la que dijo llegó para quedarse «y no habrá marcha atrás».
Ahí el Secretario de Planeación Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del gobierno de la ciudad, urgió a tener libros de historia que nos permitan recuperar las historias locales de la ciudad y fortalecer la memoria.
por Dominio Público | Jun 10, 2025 | Opinión, Principales
Los ministros que ocuparán un asiento en esta nueva y descafeinada SCJN son cercanos a Morena, salvo Giovanni Figueroa, un académico.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Como diría el clásico: “Haiga sido como haiga sido”, ya se realizó la elección para renovar parte del Poder Judicial Federal, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ya tiene nueva alineación y entrará en funciones en septiembre.
En los comicios no hubo sorpresas: quedaron los ministros que tenían que quedar, o mejor dicho, los que los acordeones que repartió el oficialismo decían que tenían que quedar.
Lo que está claro luego de la elección judicial es que se trata de una muy peligrosa reconfiguración de la estructura del Estado mexicano, ya que la mayoría de los ministros que ocuparán un asiento en esta nueva y descafeinada SCJN son cercanos a Morena, salvo Giovanni Figueroa, un académico.
De este, digamos, proceso, algo que tendrán que estudiar los historiadores en un futuro es cómo Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen mixteco, un candidato poco mediático, fue el más votado y se convertirá en el segundo jurista de origen indígena en presidir la SCJN. El primero fue Benito Juárez, en el siglo XIX.
Esta sorpresiva victoria desbancó a Lenia Batres, quien ya se sentía en la presidencia de la SCJN.
Entre sus primeras declaraciones, el abogado originario de la Mixteca Alta de Oaxaca dijo que no usará toga, algo que causó revuelo en redes sociales y medios de comunicación:
“No usaré toga en las sesiones. Voy a vestir ropa tradicional mixteca. La toga representa una tradición occidental que muchas veces aleja al juez del pueblo. Yo quiero representar a quienes han estado históricamente ausentes de esta Corte.”
Aguilar anunció que portará un huipil bordado a mano por mujeres de su comunidad y un paliacate rojo como símbolos de dignidad y resistencia indígena. Justificó su decisión como un acto de reivindicación cultural: “Es un recordatorio constante de por qué estoy aquí y a quiénes me debo.”
Lo que se le olvida al futuro presidente de la Corte es que él no estará en el asiento central para protestas y reivindicaciones simbólicas, sino para vigilar que lo que marca la Constitución se aplique al pie de la letra.
Pero algo que parece no tener en cuenta quien presidirá el máximo tribunal del país es que él y sus compañeros recibirán una institución descafeinada, con muchas menos facultades, cortesía de los legisladores del oficialismo. Por ejemplo, ya no podrán hacer nada contra reformas constitucionales, aunque afecten los derechos de las personas, como la libertad de expresión o la propiedad privada.
La nueva alineación de la SCJN llega con el estigma de haber surgido de un proceso cuestionado, descalificado incluso a nivel internacional por organismos como la OEA, que recomendó no replicar el modelo.
Lo que más me preocupa es que, con la necesidad de legitimación con que llegan, tomen decisiones apresuradas para quedar bien con sus electores, olvidando que su principal compromiso es hacer que se respete la Constitución.
EN EL TINTERO
Felicidades a la presidenta Claudia Sheinbaum por aceptar ir a la Cumbre del G7.
Por favor, presidenta, concéntrese en temas económicos; no hable de programas sociales ni de la elección judicial.
por Dominio Público | Jun 8, 2025 | Opinión, Principales
La situación no solo no mejoró: empeoró. El crimen organizado sigue mandando.
Raúl García Araujo @araujogar
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, prometió pacificar Teocaltiche. Dio un plazo, lo anunció como un compromiso firme, como si bastara una fecha marcada en el calendario para poner fin a años de violencia. Pero la realidad fue otra: no solo no hubo paz, hubo más sangre. Más miedo. Más silencio.
Desde que hizo esa promesa el 23 de abril, lo único que ha crecido en Teocaltiche es el número de muertos. Veintitrés homicidios dolosos. Tres funcionarios municipales asesinados: el director de la Policía, el secretario del Ayuntamiento y una regidora que también fue candidata a la presidencia. Los mataron uno por uno. Ningún detenido. Ninguna respuesta. Ningún avance.
La situación no solo no mejoró: empeoró. El crimen organizado sigue mandando. Las balas sustituyeron a las palabras. Y el Estado… simplemente no está.
Ni el gobernador, ni el secretario de Seguridad Pública, ni el fiscal del estado han emitido un informe, una visita, un simple posicionamiento. No hay rostro, no hay voz. Solo hay vacío. El mensaje es claro: Teocaltiche no importa.
Y no es solo una crisis de seguridad. Es un desplome institucional. La policía municipal está deshecha: 15 bajas en lo que va del año, y nadie quiere ocupar las 20 plazas disponibles. ¿Quién arriesgaría su vida en un municipio donde ser policía es firmar tu sentencia de muerte?
Desde el secuestro de ocho elementos policiales el 18 de febrero —cuatro de ellos asesinados—, el control de la zona está en manos del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa. Dos monstruos disputándose un territorio sin resistencia real. Y mientras tanto, el gobierno finge que algo está haciendo.
Pero en Teocaltiche nadie finge. La gente vive a salto de mata. Dormir con miedo ya es parte de la rutina. Las familias se desplazan o se resignan a que su comunidad se pudra en el olvido.
La pacificación nunca fue real. Fue una puesta en escena. Una frase para los medios. Una mentira con fecha de vencimiento.
Y ahora que ese plazo ya expiró, ni siquiera tuvieron el decoro de dar la cara.
Este no es solo un fracaso político. Es una traición. Una prueba dolorosa de que en Jalisco, hay territorios donde el gobierno ya no gobierna. Donde la ley es la del más armado. Y donde la gente solo tiene una certeza: que está sola.
