por Dominio Público | Jun 18, 2025 | Opinión, Principales
Y mientras el Estado guarda silencio, el periodismo ha hecho lo que las instituciones no: mirar de frente, investigar, cuestionar y exhibir. Gracias al trabajo de Dominio Público Noticias y del periodista Arturo Ortiz Mayén, lo que estaba oculto detrás del discurso oficial ha quedado expuesto.
Raúl García Araujo @araujogar
Doce días después de que se venciera el plazo que el propio gobernador Pablo Lemus se impuso para pacificar Teocaltiche, el Gobierno de Jalisco guarda un silencio que resulta tan ofensivo como preocupante.
No hay informes, no hay conferencias, no hay explicaciones. Lo que hay es una comunidad que sigue atrapada en el miedo, cada vez más molesta y frustrada ante la indiferencia institucional.
Con al menos 25 homicidios violentos desde el inicio del conflicto en febrero de este año, lo mínimo que se esperaría de las autoridades es una rendición de cuentas clara.
Pero ni el gobernador Lemus, ni el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, ni el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, han dado la cara. La ausencia de respuestas es absoluta, y el mensaje es claro: Teocaltiche parece haber sido borrado de la agenda pública.
La población no sólo carga con el temor cotidiano, sino también con la rabia de sentirse abandonada por un gobierno que prometió resultados y ahora ni siquiera aparece para dar la cara. De hecho, es importante destacar que durante toda esta crisis, el gobernador no se ha parado por Teocaltiche para conocer de viva voz lo que está pasando.
Y mientras el Estado guarda silencio, el periodismo ha hecho lo que las instituciones no: mirar de frente, investigar, cuestionar y exhibir. Gracias al trabajo de Dominio Público Noticias y del periodista Arturo Ortiz Mayén, lo que estaba oculto detrás del discurso oficial ha quedado expuesto: una estrategia que no se basa en inteligencia ni justicia, sino en simulación, represión y fabricación de culpables.
En su reportaje transmitido por Despierta, de Televisa, Ortiz Mayén presentó casos que pintan un retrato demoledor: detenciones arbitrarias, evidencias sembradas, declaraciones manipuladas, y un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.
En días pasados, un juez federal en Puente Grande dejó en libertad a dos hombres —Juan Carlos N. “El Camello” y José Luis N.— que habían sido detenidos y señalados por supuestos vínculos con grupos delictivos. El juez determinó que las detenciones fueron irregulares y que las circunstancias descritas por la policía eran sospechosamente idénticas. Todo apunta a una narrativa construida para justificar acciones que, en el fondo, no resuelven nada.
Los testimonios de los detenidos son reveladores: les sembraron armas, los fotografiaron con evidencia montada, los volvieron a esposar para recrear detenciones falsas. ¿Estrategia de seguridad? No. Más bien, una puesta en escena para aparentar resultados ante una crisis que claramente los rebasó.
Lo que está ocurriendo en Teocaltiche no es solo un fracaso operativo. Es una crisis de derechos humanos envuelta en silencio institucional. Y lo más grave es que nadie en el gobierno estatal se ha parado a dar explicaciones.
Lo mínimo que merece la gente de Teocaltiche es ser escuchada, no criminalizada. Y lo mínimo que debe hacer un gobierno ante el cuestionamiento público es responder, no esconderse y así como exhibió a dos detenidos que quedaron en libertad, explicar qué pasó, por qué se cayó su caso, pues no hay que olvidar que según las autoridades, los detenidos formaban parte de una banda a la que se le atribuían varios homicidios.
Jalisco no puede seguir operando bajo la lógica del silencio y la simulación. Las comunidades merecen justicia real, no montajes. Seguridad basada en inteligencia, no en represión. Y sobre todo, merecen un gobierno que no desaparezca cuando las cosas se complican.
Hoy Teocaltiche no necesita más patrullas ni más promesas. Necesita verdad, rendición de cuentas y un compromiso serio por parte de quienes juraron proteger a su gente. Necesitan un gobierno que deje de fabricar culpables para encubrir su fracaso.
Mientras el gobernador Pablo Lemus, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández y el fiscal Salvador González de los Santos eluden su responsabilidad y se refugian en el silencio, es el periodismo —no el poder— quien ha sacado a la luz lo que intentan esconder.
Teocaltiche exige respuestas. Y si el Estado calla, que al menos la sociedad no lo haga.
En Cortito: En una época donde la mayoría de los municipios del país apenas logran sobrevivir entre recortes presupuestales, desorden urbano y crisis políticas locales, Cuernavaca está empezando a dar señales de que otro tipo de gobierno sí es posible: uno que planea, coordina y se compromete con una visión de futuro.
El alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha dejado claro que su gestión no está centrada solo en el corto plazo, ni en las obras de relumbrón, sino en sentar las bases de una agenda urbana incluyente, sustentable y regionalmente coordinada.
Durante el Segundo Encuentro de Sistematización del Modelo de Gobernanza Metropolitana Sustentable, el presidente municipal refrendó su compromiso con una forma de gobernar que no se aísla, que no improvisa y que entiende que los grandes retos —como la movilidad, el agua, el crecimiento urbano o la seguridad— no se resuelven municipio por municipio, sino en conjunto.
Apostar por la planeación regional, el orden territorial y el trabajo intergubernamental es asumir que Cuernavaca ya no puede darse el lujo de improvisar. Es también reconocer que el desarrollo urbano tiene que dejar de ser un problema para convertirse en una oportunidad.
La capital de Morelos tiene todo para ser un modelo de ciudad media: conectividad, talento, historia, atractivo turístico y condiciones geográficas privilegiadas. Lo que hacía falta era un liderazgo que entendiera que sin reglas claras, sin sustentabilidad y sin coordinación, ese potencial se pierde. Y hoy, desde el gobierno municipal, empieza a haber señales claras de que esa conciencia ya existe.
Lo que está haciendo el alcalde José Luis Urióstegui no es solamente “gestión urbana”. Es un llamado a que Cuernavaca empiece a pensarse en clave metropolitana, con sentido común, visión compartida y compromiso real con el futuro.
por Dominio Público | Jun 17, 2025 | Opinión, Principales
Lo más preocupante del clima de crispación que se vive es que esas palabras pueden convertirse en combustible y fuego para un conflicto mayor.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Algo anda mal en la política mundial. El diálogo acabó. Creo que nos encaminamos a un sistema político cuyo lema será: “Nada más mis chicharrones truenan”.
Las palabras, en la política, dejaron de ser ladrillos para construir puentes de entendimiento; se convirtieron en armas de destrucción social.
Por ejemplo, la sociedad mexicana está dividida en chairos, fifís, neoliberales, liberales, conservadores… más lo que se acumule esta semana.
Pero lo más preocupante del clima de crispación que se vive es que esas palabras pueden convertirse en combustible y fuego para un conflicto mayor.
Un ejemplo de las consecuencias extremas de la confrontación política se registró hace unos días en Colombia, cuando un joven de 15 años disparó a un senador en campaña.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay cimbró a Colombia. El senador, exsecretario de Gobierno de Bogotá y uno de los opositores más visibles del presidente Gustavo Petro, fue herido durante un acto político en el barrio El Codito. Su atacante no tenía antecedentes penales, tampoco nexos confirmados con bandas criminales. ¿Un fanático en construcción? ¿O un instrumento de alguien más?
Después de la conmoción, en lugar de una condena unánime, el país se polarizó aún más. Unos lo minimizaron. Otros insinuaron montajes. En redes abundaron las teorías y los insultos. La violencia política, una vez más, se volvió parte del espectáculo.
Uribe Turbay, joven senador del Centro Democrático, representa un ala que ha sido crítica, dura y constante con el presidente Petro. En cada intervención lo acusa de populista, de desinstitucionalizar al país y de rodearse de cuestionables aliados. Petro, por su parte, lo ha calificado de “nieto del privilegio”, de mentir sistemáticamente y de atizar miedos desde la oposición.
El duelo ha sido verbal, sí, pero cargado de simbolismos. La política colombiana, como la mexicana, se ha convertido en un ring donde los contendientes olvidan que, del otro lado, hay ciudadanos con miedo, con rabia… pero también con esperanza.
El joven agresor fue aprehendido y procesado por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas, bajo el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Pero, más allá del proceso legal, lo que inquieta es lo que sugiere: un menor, sin historial violento, intentando asesinar a un senador. ¿Qué lo llevó a ese punto?
Según reportes, el menor fue incitado por adultos. ¿Quiénes son? ¿Con qué fin? Pero el mensaje es claro: en un ambiente político degradado, cualquier mente influenciable puede convertirse en verdugo.
Si me hizo favor de llegar hasta aquí, tal vez se pregunte: ¿qué @#$_& nos importa lo que pasa en Colombia?
México también está atrapado en una espiral de polarización. Aquí también tenemos líderes que dividen, campañas donde se acusa más de lo que se propone, y candidatos que —literalmente— no llegan vivos al día de la elección.
Durante el proceso electoral de 2024, más de 30 aspirantes fueron asesinados. Muchos más recibieron amenazas o fueron forzados a abandonar sus candidaturas. Y lo más grave: una parte de la sociedad ya lo asume como “normal”.
Lo de Uribe Turbay no fue una tragedia aislada. Es un síntoma. Una alerta. Un espejo que nos muestra cómo la radicalización puede permear todos los niveles: del Congreso a la calle, del discurso político al corazón de un menor.
México no puede permitirse ese lujo.
Porque cuando los líderes convierten al adversario en enemigo, cuando el debate se sustituye por la burla, cuando el insulto reemplaza a la propuesta, el desenlace es inevitable: la violencia se vuelve política.
EN EL TINTERO
Deseo que se llegue al fondo en la investigación del atentado en Colombia. Su gente ha sufrido mucho por la violencia. No merece más.
Lo que está sucediendo en Campeche con el periodista Jorge Luis González Valdez vaticina una nube negra sobre los medios de comunicación y quienes nos dedicamos al periodismo. Una jueza de control le prohibió ejercer su oficio por dos años, presuntamente por cometer los delitos de calumnias y discursos de odio contra la gobernadora Layda Sansores.
El escenario está claro: cuando se critique a los gobernantes serán calumnias, pero cuando ellos nos critiquen —o sus simpatizantes nos persigan— será la expresión de opiniones.
Me gustaría conocer tu opinión:
pongamosdesorden@gmail.com
por Dominio Público | Jun 14, 2025 | Opinión, Principales
La promesa de seguridad se convirtió en una operación para criminalizar a civiles, sembrar evidencias y violar derechos humanos.
Raúl García Araujo @araujogar
Este sábado se cumple una semana desde que venció el plazo que el gobernador Pablo Lemus fijó para pacificar Teocaltiche. Y hoy, a siete días de ese compromiso, no hay resultados. No hay informe. No hay justicia. Solo hay silencio.
Ni Lemus, ni su secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, ni el Fiscal del Estado, Salvador González, han dado la cara para explicar el fracaso evidente de su estrategia de seguridad.
Lo que sí hay —y en abundancia— son abusos, simulación y fabricación de culpables. Durante los últimos 45 días, las fuerzas estatales han construido una narrativa oficial basada en el montaje y la represión.
La promesa de seguridad se convirtió en una operación para criminalizar a civiles, sembrar evidencias, violar derechos humanos y presentar “resultados” que se derrumban ante el menor escrutinio.
Esta semana quedó al descubierto una práctica que muchos pobladores ya venían denunciando: detenciones arbitrarias, testimonios falseados y fabricación de cargos.
Un juez federal del penal de Puente Grande liberó a Juan Carlos N. “El Camello” y a José Luis N., dos hombres detenidos el 1 y 2 de junio por la policía estatal, señalados de ser parte del grupo de “El Coyote” y acusados de portar armas de fuego.
Según el parte policial, ambos fueron arrestados en operativos distintos y sorprendidos con armas. Sin embargo, el juez concluyó que las detenciones fueron irregulares y las circunstancias, sospechosamente idénticas: “fortuitas”, sin flagrancia real, sin pruebas sólidas.
Uno de ellos incluso relató:
“Me detienen y cuando me doy cuenta ya tenían todo plantado: la pistola, el cargador, los tiros, una manta de la policía estatal. Me sacaron fotos, me regresaron a la patrulla y me volvieron a esposar.”
¿Pacificación? Lo que hay en Teocaltiche es una fábrica institucional de culpables, una maquinaria que no combate al crimen, sino que simula combatirlo para sostener un discurso vacío de resultados.
Y no es el único caso que genera dudas. El presunto líder del grupo, Francisco N. “El Coyote”, fue vinculado por portación de un arma de uso exclusivo del ejército. Pero su detención también huele a montaje: según la versión oficial, caminaba tranquilamente por la calle con una pistola visible, sin oponer resistencia, como si un líder criminal operara con tal descuido. ¿Montaje o conveniencia? Sus familiares afirman que se dedica a reparar consolas de videojuegos y que es inocente.
Mientras tanto, medios como Dominio Público Noticias y periodistas como Arturo Ortiz Mayén, en un reportaje transmitido por Despierta de Televisa, han documentado estos abusos a nivel nacional. La evidencia está ahí. Pero las autoridades estatales siguen sin explicar nada.
Lo que ocurre en Teocaltiche es una crisis de derechos humanos disfrazada de estrategia de seguridad.
La administración de Pablo Lemus ha fallado en lo fundamental: proteger a la ciudadanía. Y peor aún, ha convertido a las víctimas en sospechosos con tal de justificar una operación que hoy se tambalea ante la evidencia.
En vez de combatir al crimen con inteligencia, lo enfrentan con montajes. En lugar de justicia, ofrecen impunidad para sus propios abusos. Y mientras tanto, la población sigue viviendo entre el miedo y el abandono.
Teocaltiche no necesita más operativos espectaculares. Necesita verdad, justicia y un gobierno que deje de fabricar culpables para ocultar su incapacidad.
por Dominio Público | Jun 13, 2025 | Opinión
La ASEA inspecciona con rigor, pero sin ofrecer vías claras de regularización.
Claudia Bolaños @claudiabola
La ASEA presume cuidar al ambiente en el sector energético, pero en los hechos su actuación parece más punitiva que preventiva.
Desde 2015, esta agencia federal —adscrita a Semarnat— asumió el control de los permisos ambientales para gasolineras, ductos y terminales.
En lugar de ordenar el sistema, lo ha vuelto más incierto: cientos de estaciones han sido clausuradas por no tener “autorización vigente”, aunque contaban con permisos estatales válidos al momento de su construcción.
La ASEA aplica reglas nuevas de forma retroactiva. Documentos legales en su momento, hoy son desechados. El resultado: estaciones cerradas sin contaminar ni causar accidentes, solo por no tener el sello “correcto”.
Esto ocurre en Michoacán, Coahuila, Puebla, Tlaxcala, donde la agencia no distingue entre incumplimiento y cambios normativos. Todo se clausura.
De 2,300 inspecciones entre 2022 y 2024, al menos 400 terminaron en cierres parciales o totales, nos cuentan. ¿El motivo? Trámites vencidos, no riesgos reales.
Y mientras el precio de los combustibles sigue topado, las ganancias de los empresarios caen.
La ASEA inspecciona con rigor, pero sin ofrecer vías claras de regularización. Si alguien quiere ponerse al día, no hay orientación.
¿Así quién invierte?
Si un permiso válido puede anularse años después, ¿qué certeza ofrece el Estado? Cuidar el ambiente es clave, pero no con reglas que cambian sin aviso y castigan incluso a quien cumplió.
La ASEA debería dar certeza, pero hoy siembra temor.
Y eso también contamina.
Y Sepa La Bola pero la ciudad de Los Ángeles parece un infierno para los migrantes. Protestas violentas, calles cerradas y tensión creciente.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue señalada por algunos como instigadora tras declaraciones ambiguas sobre la movilización de mexicanos en el exterior. Molesta por el acoso a los migrantes pidió hacer movilizaciones, y eso se utilizó para acusarla de haber instigado a los actos vandálicos observados en las protestas. El tema es a toda vista un exceso por parte de las autoridades norteamericanas, para victimizarse y mantener su postura de excesos y discriminación.
Seguramente la comunidad latina, que antes le dio su apoyo al empresario, ahora presidente, se lo cobrará en las intermedias.
por Dominio Público | Jun 12, 2025 | Opinión, Principales
Los dichos de Sheinbaum fueron interpretados por Trump y su círculo como un ataque a decisiones internas de Estados Unidos, algo inaceptable para ellos.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Nuevamente, la ciudad de Los Ángeles, California, se convirtió en escenario de protestas callejeras. En esta ocasión, los protagonistas son inmigrantes latinos que se manifiestan contra las redadas ordenadas por el gobierno de Donald Trump.
En lugar de calmar las aguas, el presidente estadounidense avivó el fuego enviando a la Guardia Nacional y a los marines, sin avisar a la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, ni al gobernador de California, Gavin Newsom.
En las manifestaciones se ve a varios individuos ondeando banderas mexicanas. Sin embargo, en imágenes distribuidas por varios servicios de noticias, se puede apreciar que quienes las portan son personas afroamericanas.
Estas manifestaciones se han convertido en un motivo de tensión diplomática entre México y Estados Unidos, luego de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, responsabilizara a la presidenta Sheinbaum de la situación en Los Ángeles en una reunión en la Oficina Oval:
“Claudia Sheinbaum alentó más protestas en Los Ángeles, y la condeno por ello. No debería estar alentando las protestas violentas que están ocurriendo”, dijo.
A lo dicho por Noem, la presidenta mexicana contestó de inmediato, rechazando las afirmaciones. Negó haber promovido protestas violentas, condenó específicamente los actos vandálicos, pidió que las manifestaciones sean pacíficas y reafirmó su apoyo a la comunidad migrante.
Pero, ¿por qué Noem acusó a Sheinbaum? En días pasados, al hablar sobre el plan de gravar las remesas con un impuesto del 3.5 %, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado a una movilización diplomática y a realizar acciones pacíficas.
Los dichos de Sheinbaum fueron interpretados por Trump y su círculo como un ataque a decisiones internas de Estados Unidos, algo inaceptable para ellos.
A la doctora Sheinbaum y a su equipo se les olvida que, en esta era digital, de inteligencia artificial y redes sociales, las palabras deben escogerse de manera meticulosa, incluso en los mítines, ya que sus declaraciones pueden tener una trascendencia internacional y ser utilizadas como abono para conflictos.
Lo que me causa gracia de este episodio diplomático es que, en Estados Unidos, le atribuyen a la mandataria el poder de sacar a la calle a los mexicanos que viven en ese país, poder que está muy lejos de tener.
EN EL TINTERO
La presidenta Sheinbaum tiene la gran oportunidad de graduarse como estadista en la Cumbre del G7, si deja a un lado su faceta de alumna de AMLO y plantea temas serios como la migración, el proteccionismo económico y el medio ambiente.
La Cumbre del G7 será la primera vez que se vea cara a cara con el presidente Trump. Debe hacer acopio de la cabeza fría que pregona para no caer en provocaciones.
Una petición: no hable de programas sociales y de su “éxito”; mejor prepare la participación con su equipo y dígale a cada líder lo que quiere oír.
ÚLTIMA HORA: Al terminar de escribir está colaboración, las protestas ya se habían extendido a otras ciudades de Estados Unidos.
por Dominio Público | Jun 11, 2025 | Opinión, Principales
Lo que está haciendo Puebla es también una nueva forma de ejercer diplomacia: una diplomacia con rostro humano, desde lo local, desde el compromiso con su gente.
Raúl García Araujo @araujogar
Mientras muchos prefieren no mirar o quedarse en el discurso, el gobierno de Puebla ha actuado. Y lo ha hecho con decisión.
Desde este miércoles, la Casa por Amor a Puebla, en Los Ángeles, California, cuenta con un equipo jurídico que brindará asesoría legal gratuita a las y los connacionales poblanos en riesgo de ser deportados. Se trata de una respuesta concreta, eficaz y oportuna ante un problema real.
El gobernador Alejandro Armenta no dudó. Su compromiso con los migrantes va más allá de las palabras: hoy se traduce en políticas públicas que los protegen, los escuchan y los acompañan. Con esta medida, Puebla se convierte en el primer estado del país en brindar asesoría legal directa en territorio estadounidense, asumiendo un papel que trasciende fronteras y que coloca a las personas en el centro de la acción gubernamental.
Esta iniciativa se da en un contexto delicado. La política migratoria de Estados Unidos, impulsada durante la primera administración de Donald Trump y retomada ahora con nuevos matices, ha provocado redadas, detenciones masivas y deportaciones que afectan principalmente a comunidades trabajadoras, muchas de ellas mexicanas, muchas de ellas poblanas.
Frente a eso, la respuesta del gobernador Armenta ha sido clara: defender a los migrantes es defender a Puebla. Y no está solo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha asumido esta causa como un tema prioritario. El pasado domingo, durante su visita al estado, donde inauguró dos nuevas torres en el Hospital de la Niñez Poblana, expresó su condena a las redadas y envió un mensaje contundente desde San Andrés Cholula: “los migrantes no son criminales”, dijo con firmeza. Y tenía razón.
La mandataria federal sabe que la comunidad migrante no solo aporta a la economía estadounidense, sino que mantiene viva la conexión entre México y sus ciudadanos en el exterior. Es una comunidad que nunca ha dejado de pertenecer, aunque la distancia sea grande y las políticas a veces sean duras.
Los números son claros. Se estima que 3.5 millones de poblanas y poblanos viven en Estados Unidos. Un millón están solo en la ciudad de Los Ángeles y su área metropolitana. Otro millón 200 mil están en la zona triestatal: Nueva York, New Jersey y Connecticut. La mayoría lleva años allá. Algunos ya son ciudadanos, otros residentes permanentes. Pero muchos, al menos medio millón, siguen en condición irregular y sin protección suficiente.
Por eso la medida del gobernador es tan importante. Porque pone al alcance de esta población un derecho básico: la defensa legal. Y lo hace desde un enfoque humano, fraterno, solidario. Porque los migrantes no piden privilegios. Piden justicia.
Lo que está haciendo Puebla es también una nueva forma de ejercer diplomacia: una diplomacia con rostro humano, desde lo local, desde el compromiso con su gente. Ya no basta con dejarle toda la tarea a los consulados. Los gobiernos estatales tienen mucho que decir y mucho que hacer, sobre todo cuando conocen a su comunidad y entienden su realidad.
En un momento donde la migración vuelve a colocarse al centro del debate político internacional, el gobierno de Puebla envía un mensaje claro: sus ciudadanos, estén donde estén, no están solos. Hay un gobierno que los respalda, que los defiende, que los escucha.
La presidenta Sheinbaum y el gobernador Armenta están trazando juntos una ruta de justicia para los migrantes. Una ruta de acción y de cercanía. No es casual que Puebla sea uno de los estados que más ha visitado la mandataria nacional. Hay una sintonía de fondo. Una visión compartida de país.
Y esa visión tiene algo muy claro: la dignidad no tiene fronteras.
En Cortito: Nos cuentan que buen punto se anotó Alejandro Encinas al concitar en torno de la presentación de la segunda edición de su libro «Memoria de Siete Siglos», a personalidades de pensamiento progresista; el fundamental, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, exgobernador, excandidato presidencial y primer Jefe de Gobierno, electo, de la capital del país
El Colegio de San Ildefonso se vistió de gala, pues en su interior deliberaron Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas (ambos Jefes de Gobierno de la CDMX), Eduardo Vázquez y Gabriela Pulido sobre temas fundamentales que han aquejado a la Ciudad de México, a 700 años de su fundación, como el del agua, en el que coincidieron que se debe trabajar arduamente para corregir errores y seguir logrando la viabilidad de la gran urbe.
Por ahí se vio a Félix Hernández Gamundi, líder histórico del movimiento estudiantil de 1968 y otros muchos personajes de la izquierda mexicana, que abarrotaron el lugar, ante quienes recordó Encinas la creación del Frente Democrático Nacional -que abanderó Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial en 1988- como un movimiento irruptivo que dejó constancia de la viabilidad de la izquierda como gobierno en la capital del país y en México, de la que dijo llegó para quedarse «y no habrá marcha atrás».
Ahí el Secretario de Planeación Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del gobierno de la ciudad, urgió a tener libros de historia que nos permitan recuperar las historias locales de la ciudad y fortalecer la memoria.
