por Dominio Público | Mar 6, 2026 | Opinión, Principales
Si durante años nadie dudó de su capacidad para imprimir las boletas electorales —pieza central de la certeza del voto—, resulta difícil entender por qué ahora algunos consejeros deciden poner bajo sospecha su participación en la producción de la credencial para votar.
Claudia Bolaños @claudiabola
Los que siguen sin leer el momento político que se vive en el país son el consejero Arturo Castillo y la consejera Carla Humphrey, quienes en plena discusión de la reforma electoral y en medio de un ambiente de tensión institucional, prefieren poner en entredicho el trabajo que realizará Talleres Gráficos de México en la producción de la credencial para votar a partir de junio.
El argumento que han esgrimido es la necesidad de extremar cuidados en el proceso, particularmente por la presencia de ese organismo dentro de la propuesta conjunta que resultó ganadora de la licitación. Talleres Gráficos de México participa asociado con dos empresas especializadas para la producción de la credencial electoral, esquema plenamente permitido por las reglas de contratación pública.
El proceso de licitación fue revisado por las áreas técnicas del Instituto Nacional Electoral y se condujo conforme a los procedimientos institucionales. Sin embargo, lo que parece incomodar a algunos consejeros no es el procedimiento, sino la presencia de Talleres Gráficos de México por su carácter de organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación.
Ahora resulta que algunos se muestran particularmente puristas cuando se trata de esta licitación. Llama la atención, porque durante décadas ha sido precisamente Talleres Gráficos de México la institución que imprime las boletas electorales federales, uno de los insumos más sensibles de cualquier elección organizada por el Instituto.
Si durante años nadie dudó de su capacidad para imprimir las boletas electorales —pieza central de la certeza del voto—, resulta difícil entender por qué ahora algunos consejeros deciden poner bajo sospecha su participación en la producción de la credencial para votar.
Porque al final, más que una discusión técnica, lo que queda es la impresión de un purismo selectivo que llega tarde: justo cuando el propio Instituto atraviesa uno de los momentos políticos más delicados de su historia.
Y Sepa La Bola quién autorizó, quién permitió o quién dejó pasar la instalación de numerosos anuncios en la vía pública de la Ciudad de México. Lo cierto es que gran parte de ese mobiliario publicitario opera fuera de norma e invade banquetas, camellones y espacios públicos.
El caso de los paneles retirados de la zona de San Lorenzo y reubicados en el parque Tlacoquemécatl volvió a encender las alertas entre vecinos, quienes denuncian que se trata de estructuras de publicidad ilegal instaladas sin cumplir los procedimientos establecidos por la normativa urbana.
Estos muebles, presentados como mobiliario urbano —algunos incluso con contenedores para desechos de mascotas— funcionan en realidad como soportes de publicidad comercial y no aparecen registrados en la plataforma de publicidad exterior de la Secretaría de Planeación, conocida como Metrópolis.
El episodio refleja un problema recurrente: cuando un punto se vuelve conflictivo, las estructuras simplemente se retiran y se colocan en otro sitio, por lo que la publicidad ilegal no desaparece, solo cambia de esquina en la ciudad.
por Dominio Público | Mar 5, 2026 | Opinión, Principales
Las listas plurinominales dejaron de ser un semillero de talento técnico y se convirtieron, en demasiados casos, en instrumentos para pagar favores, premiar lealtades o proteger, bajo el manto del fuero, a personajes impresentables.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Al fin, después de varios retrasos, la tarde de este 4 de marzo llegó a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum y, con ella, se pone sobre la mesa una sacudida a esa figura tan incomprendida como necesaria: el diputado plurinominal.
Hace décadas, allá por 1977, la lógica de los “pluris” no era solamente darle voz a las minorías. El espíritu de la reforma buscaba inyectarle neuronas al Congreso. Se trataba de abrir la puerta a perfiles técnicos —economistas, constitucionalistas, especialistas en política pública— que difícilmente ganarían una campaña bajo el sol, estrechando manos en un mercado, pero que resultaban brillantes arrastrando el lápiz en las comisiones. Eran los técnicos de escritorio necesarios para que las leyes no fueran ocurrencias, sino documentos sólidos.
Sin embargo, como ese espíritu nunca quedó en la letra explícita de la ley, terminó por diluirse. Las listas plurinominales dejaron de ser un semillero de talento técnico y se convirtieron, en demasiados casos, en instrumentos para pagar favores, premiar lealtades o proteger, bajo el manto del fuero, a personajes impresentables.
Ahora bien, si de verdad la presidenta y la 4T están preocupadas por cómo se eligen los diputados plurinominales, aquí va una propuesta para ordenar este desorden:
Cada partido podría presentar listas integradas exclusivamente por especialistas acreditados en economía, ciencia, educación, seguridad y Derecho. Perfiles con trayectoria verificable, producción académica o experiencia técnica probada. ¿Se imaginan tener a un Agustín Carstens, un José Antonio Meade o un Lorenzo Córdova proponiendo y revisando leyes desde la técnica y no desde la arenga?
Pero vayamos más lejos. Si realmente se quiere evitar la sobrerrepresentación y garantizar que los plurinominales cumplan su función de representar a las minorías, establezcamos una regla simple: si un partido obtiene, por ejemplo, 40% o más de los distritos de mayoría relativa, no tendría acceso a diputaciones plurinominales. Esos espacios se redistribuirían entre las demás fuerzas políticas. Así de claro. Así de directo.
Y ahora sí, vayamos al grano de este desorden:
¿El sistema electoral mexicano funciona? Sí.
¿Puede perfeccionarse? Claro que sí.
¿Es este el momento adecuado para meterle mano? No.
No, porque estamos a nada de que arranque el proceso electoral y cuando la política corre, la técnica tropieza.
No, porque una reforma electoral no puede ser traje a la medida del que hoy gobierna ni ajuste exprés para la próxima elección.
No, porque cambiar las reglas del juego cuando el silbatazo está por sonar siempre huele mal, aunque lo disfracen.
En política nadie reforma lo que le funciona… salvo que intuya que pronto podría dejar de funcionarle.
Y entonces sí, de pronto, la democracia “necesita ajustes urgentes”.
¡Qué casualidad!
En el tintero
¿Sobrevivirá la alianza Morena-PVEM-PT? Lo dudo. Las alianzas que nacen por conveniencia suelen durar lo que dura la conveniencia. Después, cada quien jala agua para su molino… y que el elector se las arregle.
por Dominio Público | Mar 4, 2026 | Opinión, Principales
La capital de Morelos demuestra que, con planificación, coordinación y participación ciudadana, la prevención del delito es el instrumento más idóneo para garantizar tranquilidad, orden y bienestar.
Raúl García Araujo @araujogar
En Cuernavaca, la prevención del delito se ha consolidado como el instrumento más eficaz para garantizar la seguridad de los ciudadanos, gracias a la visión estratégica del alcalde José Luis Urióstegui Salgado.
Su administración ha demostrado que la seguridad no se logra solo con presencia policiaca reactiva, sino mediante una política integral que combina coordinación institucional, tecnología avanzada y participación ciudadana.
Durante diciembre de 2025 y enero de 2026, el gobierno municipal implementó mil 267 acciones operativas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.
Desde operativos “Escuela Segura”, “Transporte Seguro” y “Mercado Seguro”, hasta el uso de drones, puntos de inspección y presencia máxima en zonas estratégicas, cada acción refuerza la estrategia de prevención que ha caracterizado a la administración de Urióstegui.
La planificación y la coordinación son claras señales de que la prevención es prioritaria en Cuernavaca.
Los resultados avalan este enfoque. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, los delitos denunciados disminuyeron 8% y los delitos de alto impacto 20% respecto al año anterior.
Estas cifras confirman que la prevención del delito no es un concepto teórico, sino una estrategia que ya produce resultados tangibles para los ciudadanos.
La inversión en tecnología fortalece aún más esta política. Cuernavaca cuenta con cerca de mil 500 cámaras de videovigilancia, además de arcos carreteros con lectura de placas y la instalación de 250 dispositivos adicionales en vías públicas.
Este despliegue permite monitorear de manera constante y anticiparse a conductas delictivas, demostrando que la prevención no es solo presencia, sino inteligencia aplicada.
Otro componente clave de la estrategia es la transversalidad institucional.
Protección Civil, Instituto de la Mujer y Fiscalía Ambiental trabajan de manera coordinada con SEPRAC para fortalecer la prevención, mientras la implementación de la “Clave Violeta” mejora la atención a la violencia de género.
La seguridad en Cuernavaca no es solo protección física, sino también protección social, con políticas preventivas orientadas al cuidado integral de la ciudadanía.
El alcalde morelense ha vinculado la prevención del delito con desarrollo económico, destacando que la ciudad mantiene una de las tasas de empleo más altas del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La generación de oportunidades laborales, combinada con vigilancia tecnológica y presencia institucional, refuerza la prevención y fomenta estabilidad social.
La reciente firma de un convenio de coordinación metropolitana con el gobierno estatal también evidencia la visión de Urióstegui: la seguridad no conoce límites municipales.
La colaboración efectiva entre municipios y Estado asegura que la prevención sea integral, utilizando recursos de manera óptima y generando estrategias conjuntas que protejan a toda la población.
En síntesis, Cuernavaca avanza hacia una seguridad preventiva y efectiva bajo el liderazgo de José Luis Urióstegui Salgado.
La capital de Morelos demuestra que, con planificación, coordinación y participación ciudadana, la prevención del delito es el instrumento más idóneo para garantizar tranquilidad, orden y bienestar, consolidando un modelo de seguridad que otros municipios del país podrían tomar como referencia.
En Cortito: Nos cuentan que el tema de la inseguridad tiene completamente rebasado al gobierno que encabeza Margarita González Saravia.
Este martes, jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tomaron las calles para expresar su indignación por la desaparición y muerte de su compañera Kimberly Joselin Ramos Beltrán, evidenciando un descontento social que va mucho más allá de la simple protesta.
La reacción de la gobernadora fue tan inmediata como cuestionable: huyó de sus oficinas en Palacio de Gobierno al percatarse de la presencia de los estudiantes, sin prever que se encontraría con los medios de comunicación, quienes la confrontaron sobre los alarmantes índices de violencia que persisten en todo el estado.
Su respuesta fue mínima, reducida a un “ahora no”, que refleja más desconexión que capacidad de acción. Horas después, un video institucional fue necesario para fijar su postura, evidencia clara de que el gobierno está reaccionando bajo presión en lugar de anticiparse a los problemas.
El vacío gubernamental en Morelos es evidente. La sociedad morelense percibe que los integrantes del gabinete de seguridad no están a la altura de las circunstancias y que sus acciones –o la falta de ellas– han convertido al estado en un terreno fértil para la impunidad y la operación del crimen organizado.
Cada protesta, cada reporte de violencia, cada desaparición se suma a la percepción de un gobierno que llega tarde y actúa insuficientemente, dejando que los ciudadanos busquen por sí mismos seguridad y justicia.
La movilización estudiantil no es un hecho aislado: es un reflejo de la urgencia de cambios profundos en la administración estatal.
Morelos demanda liderazgo efectivo, estrategias claras y responsables, y funcionarios capaces de dar respuestas concretas a un problema que no puede resolverse con discursos ni con videos tardíos.
por Dominio Público | Mar 3, 2026 | Opinión, Principales
El pasado primero de marzo, en la plaza central de Coatepec Harinas, se constituyó formalmente el Comité Ciudadano de Vigilancia Ambiental del Nevado de Toluca. Su objetivo es claro: devolverle al área natural protegida el estatus de Parque Nacionales.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Cuando ustedes, queridos amigos y amigas, me hagan el enorme honor de leer estas líneas, quizá ya se haya develado el misterio y conozcamos la totalidad de la tan anunciada reforma electoral de la presidenta Sheinbaum.
Entre los argumentos del oficialismo escucharemos —porque ya los hemos escuchado antes— que la reforma es una exigencia del pueblo y que el gobierno simplemente está cumpliendo ese mandato popular.
A ver. Pongamos el desorden, pero sin pelear.
Les concedo que quizá en algún momento algún grupo de mexicanos pidió cambios. En democracia siempre habrá voces que quieran ajustar las reglas. El punto no es ese. El punto es otro: en el ejercicio de gobierno existen prioridades. Y, quieran admitirlo o no, el sistema electoral mexicano funciona razonablemente bien. Es perfectible, sí. Pero funciona. Señal de ello es que están en el poder.
Hay asuntos que no funcionan. Y esos deberían estar primero en la lista.
Les pongo un ejemplo.
El pasado primero de marzo, en la plaza central de Coatepec Harinas, se constituyó formalmente el Comité Ciudadano de Vigilancia Ambiental del Nevado de Toluca. Su objetivo es claro: devolverle al área natural protegida el estatus de Parque Nacionales que tuvo desde los años treinta del siglo pasado hasta 2013 y con ello evitar el colapso ambiental.
¿Por qué?
Porque en los últimos años la zona ha sido golpeada por la tala clandestina. No es un secreto. Es una realidad visible. Falta supervisión, sobran abusos. Un comunero me lo dijo sin rodeos:
“Si tienen permiso para cortar 10 árboles, cortan 100”.
Así, derecha la flecha.
Hoy, quien camina por la zona puede ver arroyos secos donde antes corría el agua. Parajes polvorientos donde dominaba el verde. No es discurso alarmista; es paisaje.
Y no estamos hablando solo de árboles. Estamos hablando de mantos acuíferos. De agua. De la que abastece a buena parte del sur del Estado de México. De la que sostiene la agricultura. De la que permite el turismo. De la que depende la vida cotidiana de miles de familias.
Evitar el colapso ambiental del Nevado de Toluca —y con él el de las regiones circunvecinas— sí es vital. Eso sí es urgente. Eso sí es una prioridad nacional.
Eso sí lo está pidiendo el pueblo.
Mucho más que una reforma electoral.
Porque cuando el agua falte,
no habrá reforma electoral que la reponga.
Y entonces sí entenderemos cuáles eran las verdaderas prioridades.
EN EL TINTERO
La semana pasada acudí a la oficina regional del Registro Civil del Estado de México, en Ixtapan de la Sal. Según los anuncios oficiales, ahí puede tramitarse la famosa CURP biométrica.
Sorpresa: no se puede.
La empleada que amablemente me atendió me explicó que sí la tramitarán… algún día. No saben cuándo. No tienen equipo. No tienen capacitación.
Y remató con una sugerencia que retrata la planeación institucional:
“Si le están pidiendo el documento, vaya a la Ciudad de México. Creo que hay varios lugares, pero tiene que sacar cita”.
Sin comentarios…. O quizá sí.
También ahí están las prioridades.
por Dominio Público | Feb 27, 2026 | Opinión, Principales
Más allá del discurso, el cálculo político pesa. Si no se alcanzan los votos necesarios para una reforma constitucional, la iniciativa podría “dormir el sueño de los justos”.
Claudia Bolaños @claudiabola
La iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un escenario incierto. En el discurso oficial se presenta como una transformación profunda del sistema comicial; en la práctica, podría quedarse congelada hasta el próximo año ante la falta de consensos y los tiempos constitucionales que acotan cualquier modificación antes del arranque formal del proceso electoral de 2027.
Sus críticos sostienen que la propuesta no corrige distorsiones, sino que las profundiza. Señalan que aumenta la inequidad en la competencia, consolida la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y la incrementa en el Senado, alterando el principio de proporcionalidad que busca equilibrar mayoría y pluralidad.
Además, advierten que la eventual desaparición del PREP debilitaría los mecanismos de transparencia inmediata y abriría espacio para el control político de juntas distritales y locales mediante personal eventual, lo que —según sus detractores— podría traducirse en operadores partidistas disfrazados de funcionarios electorales.
Otro de los puntos más polémicos es la regulación de plataformas digitales. Para la oposición, el diseño planteado equivale a censura y a un intento de inhibir la crítica en redes sociales durante campañas.
Pero para el oficialismo, se trata de ordenar la conversación pública y evitar campañas de desinformación financiadas desde el anonimato. Dentro del propio bloque gobernante han surgido fisuras.
La viabilidad jurídica permite que tres meses antes del inicio del proceso electoral ya no pueden realizarse reformas constitucionales o legales en la materia. Si el proceso de 2027 arranca en septiembre, el margen efectivo concluiría en mayo, y hasta esa fecha, el día 31, tienen los morenistas para llevar a Pleno esa propuesta.
De hecho, ya llevaba un retraso constante para presentarla.
Y luego de darse a conocer, la senadora petista Yeidckol Polevnsky calificó la iniciativa como fuera de toda realidad, lo que fue muy mal visto.
Desde la dirigencia partidista, la respuesta no tardó. La secretaria general del Morena, Carolina Rangel, lamentó la postura de Polevnsky y defendió que lo que “emana del pueblo” no puede estar fuera de proporción cuando implica conquista de derechos. En esa narrativa, la reforma no es regresiva sino correctiva; no concentra poder, sino que lo redistribuye en favor de una mayoría que se asume legitimada por las urnas.
En el mismo tono crítico, el exministro Arturo Zaldívar señaló que el PT y el Verde no estarían dispuestos a perder ni control ni prerrogativas económicas, lo que complica la aritmética legislativa.
Sin embargo, más allá del discurso, el cálculo político pesa. Si no se alcanzan los votos necesarios para una reforma constitucional, la iniciativa podría “dormir el sueño de los justos”, como ya ocurrió con intentos previos. Apostar al desgaste mediático y al olvido legislativo también es una estrategia. En ese escenario, la presidenta podría sostener que no se dobló en su propuesta, mientras evita una derrota parlamentaria que exhiba fracturas en la coalición.
El dilema es claro: insistir y arriesgar cohesión en la alianza que llevó al poder a la llamada 4T, o posponer y preservar la mayoría, aunque eso implique reconocer límites. La reforma, tal como está planteada, parece generar más tensiones que consensos. Y en política electoral, las reglas del juego importan tanto como los jugadores.
Y Sepa La Bola, a Javier López Casarín se le juntaron los frentes abiertos.
Lo que comenzó como inconformidades vecinales por servicios urbanos hoy escala a una denuncia formal por posible desvío de recursos públicos.
La diputada Liz Salgado, respaldada por Andrés Atayde, llevó el caso ante la Secretaría de la Contraloría para que se investigue el uso de recursos en actividades del llamado “Voluntariado AO”.
El punto central no es la entrega de despensas en colonias como Tizampampano, 19 de Mayo y Francisco Villa.
El fondo es otro: si para esas actividades se usaron vehículos oficiales, personal de la alcaldía y canales institucionales sin un marco administrativo claro.
Cuando se trata de dinero público, la línea es muy delgada y la obligación de transparentar es absoluta.
El problema para el alcalde es que la denuncia cae en un terreno ya desgastado. En Álvaro Obregón hay quejas constantes por baches, luminarias sin reparar, basura, podas pendientes y falta de respuesta directa.
En zonas como Santa Fe y Las Águilas también persisten reclamos por desarrollos inmobiliarios y permisos cuestionados.
La percepción que se ha instalado en varios sectores es que la gestión comunica más de lo que resuelve.
En política local la suma importa. No es solo un evento. Es la acumulación. Cada queja que no se atiende se convierte en combustible para la siguiente crítica.
La Contraloría tendrá que determinar responsabilidades. Pero el costo político ya empezó a correr. Porque cuando las denuncias dejan de ser rumores y se vuelven documentos oficiales, el escenario cambia.
Y hoy, en Álvaro Obregón, la presión ya no es aislada. Es constante.
por Dominio Público | Feb 26, 2026 | Opinión, Principales, Uncategorized
Lo que deberíamos exigir a nuestros preclaros gobernantes —y particularmente al gabinete de seguridad— es conocer qué acciones se están implementando para desmantelar las redes financieras, operativas y territoriales del cártel.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Tras el operativo del pasado domingo que desembocó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, han surgido infinidad de comentarios, sospechas y “asegunes” sobre lo ocurrido, casi todos encaminados a demeritar la acción y, de paso, golpear a la actual administración.
Quiero advertir algo desde el inicio: no defiendo al gobierno. Quienes me hacen el honor de leerme semana con semana saben que he sido crítico constante de esta administración. Pero también hay críticas que terminan por abandonar la lógica y entrar de lleno en el terreno de la fantasía.
Uno de los señalamientos más repetidos sostiene que Estados Unidos proporcionó toda la inteligencia y prácticamente entregó al capo en bandeja de plata, reduciendo la participación mexicana a simplemente ir por él. Puede ser que haya existido cooperación internacional —como ocurre desde hace décadas—, pero convertir eso en argumento para invalidar el operativo resulta, cuando menos, simplista.
Otros cuestionamientos han girado en torno a un debate casi semántico. Primero se informó que “El Mencho” fue abatido; posteriormente se precisó que había sido herido junto con dos de sus escoltas y que los tres murieron mientras eran trasladados en helicóptero para recibir atención médica.
Para algunos, ello constituye una mentira gubernamental, pues uno de los significados de abatir implica causar la muerte inmediata. Pero más allá de la pureza del diccionario, el fondo del asunto difícilmente cambia: el líder criminal fue neutralizado como resultado directo del operativo.
Luego aparecen los conspiranoicos profesionales, quienes aseguran que el capo fue asesinado durante el traslado porque al gobierno le convenía silenciarlo. Y en el extremo del absurdo, incluso hubo quien —periodista con cierta trayectoria— afirmó que fue estrangulado por un agente del FBI a bordo de la aeronave.
Así podríamos pasar días enteros revisando teorías, sospechas y versiones dignas de sobremesa conspirativa. Pero todos esos cuestionamientos parten de un error fundamental: están mal dirigidos.
La verdadera pregunta no es cómo murió, sino qué sigue.
Lo que deberíamos exigir a nuestros preclaros gobernantes —y particularmente al gabinete de seguridad— es conocer qué acciones se están implementando para desmantelar las redes financieras, operativas y territoriales del cártel, y qué estrategia existe para evitar que otro criminal ocupe el trono vacante.
Porque la historia mexicana demuestra que cuando cae un capo sin destruir su estructura, el relevo llega más rápido que la celebración oficial.
La oposición política no puede comportarse como un sicario que dispara a diestra y siniestra. Su función debería parecerse más a la de un francotirador: pocos disparos, pero certeros. De lo contrario, el ruido sustituye al análisis y la crítica pierde utilidad pública.
Porque en México solemos discutir la forma de la bala mientras olvidamos preguntar quién sigue armado.
Y mientras el debate público se pierde entre teorías y sospechas, el crimen organizado —ese que sí entiende de poder— ya está resolviendo la sucesión.
EN EL TINTERO
La presidenta Claudia Sheinbaum decidió abrir uno de los debates más delicados del sistema político mexicano: la reforma electoral. Y lo hizo bajo dos premisas políticamente irresistibles: abaratar la democracia y devolver el poder al pueblo.
El problema —como casi siempre— no está en el discurso, sino en los detalles.
