por Dominio Público | Oct 14, 2025 | Opinión
Nuestra apatía se vuelve un cheque en blanco para que los malos funcionarios hagan sus chanchullos. Y ellos lo saben: mientras no digamos nada, continuarán haciendo de las suyas.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
En ocasiones anteriores he comentado con ustedes que la soberbia es una enfermedad que, en sus casos más graves, puede ocasionar la muerte civil de los políticos que la padecen.
Pero la forma de comportarse de los gobiernos —de todos los colores— ha provocado que en la sociedad mexicana surja otro padecimiento igual de grave: la apatía. Y cuando la apatía ciudadana se mezcla con la soberbia y la corrupción política, el resultado es un cóctel peligroso para el país.
“No voto porque al final siempre quedan los mismos, ¿para qué…? Yo voto nada más para que me sellen la credencial, de todos modos el gobierno no sirve para nada… Me siguen cobrando piso”, son algunas frases que se escuchan con frecuencia. Son producto del desencanto con los gobiernos, insisto, de todos los colores e ideologías.
Pero eso sí, cuando los gobernantes toman decisiones con las que no coincidimos, entonces brincamos y protestamos, diciendo que no estamos de acuerdo.
Traigo a colación todo esto por una situación que se dio en el pueblo de donde soy. La semana pasada, el presidente municipal llegó en una “gira de trabajo” para definir los detalles del arreglo de uno de los caminos de acceso.
Hace poco más de un mes hubo una junta donde los delegados municipales propusieron que, si la población ayudaba con la mano de obra, los trabajos avanzarían mucho más rápido. Por mayoría se acordó apoyar el proyecto.
Un amigo, a quien aprecio mucho, no asistió a ninguna de las reuniones. Días después, en una plática en mi casa, me dijo que no estaba de acuerdo con el proyecto y que no pensaba cooperar, porque la reparación había sido una promesa de campaña. Mencionó a varias personas que tampoco estaban de acuerdo, pero que en las reuniones guardaron silencio e incluso aplaudieron la propuesta del presidente.
Respeto su postura, porque tiene argumentos sólidos: primero, fue una promesa de campaña que el alcalde debía cumplir “sin que al pueblo le costara”; y segundo, propone buscar apoyo entre las empresas que se benefician de la comunidad.
Pero independientemente de lo razonable que parezcan sus ideas, lo cuestionable es que no habló cuando debía hacerlo.
Y lo mismo aplica para quienes callaron y ahora se dicen inconformes.
Los mexicanos debemos sacudirnos la apatía y hablar cuando hay que hablar, exigir cuentas a quienes gobiernan y dejar de conformarnos con que las cosas sigan igual.
Nuestra apatía se vuelve un cheque en blanco para que los malos funcionarios hagan sus chanchullos. Y ellos lo saben: mientras no digamos nada, continuarán haciendo de las suyas.
EN EL TINTERO
Las inundaciones y los muertos en Veracruz son una clara muestra de que hace falta el Atlas de Protección Civil del país. Reitero: si lo tienen… ¡úsenlo!
por Dominio Público | Oct 10, 2025 | Opinión, Principales
Con esas irregularidades se afecta directamente la operación y seguridad del transporte eléctrico de la capital.
Claudia Bolaños @claudiabola
Una denuncia presentada ante el Gobierno de la Ciudad de México, registrada bajo el folio SIDEC2510183DENC, revela presuntas prácticas de corrupción, favoritismo y abuso laboral dentro del Sistema de Transportes Eléctricos (STE), encabezado por Martín López Delgado.
De acuerdo con el documento, desde su llegada al cargo, el funcionario habría favorecido de manera reiterada a la empresa Trolley and Bus Electric México, S.A. de C.V., tanto en la compra de refacciones para trolebuses como en la adjudicación de contratos para subestaciones eléctricas.
En 2024, el STE habría adjudicado de forma directa el contrato No. STE-DEAF-GRMA-041-A-2024 a Trolley and Bus Electric México por un monto de 100 millones de pesos para la adquisición de refacciones de trolebuses. El proceso no incluyó un estudio de mercado amplio que permitiera comparar precios con otros proveedores, lo que derivó en una compra con sobrecostos de hasta cuatro veces respecto a los precios al menudeo o al cliente final.
La empresa justificó la adjudicación asegurando tener exclusividad otorgada por Yutong de México, S.A. de C.V., fabricante de los trolebuses. Sin embargo, la propia Yutong de México negó haber concedido dicha exclusividad, lo que pone en entredicho la legalidad y transparencia del procedimiento.
Aun así, la Dirección General del STE habría continuado otorgando ventajas contractuales a Trolley and Bus Electric México, bloqueando la participación de otros proveedores potencialmente más competitivos.
Otro punto señalado en la denuncia corresponde al contrato No. STE-DEAF-GRMA-063-A-2024, mediante el cual la misma empresa obtuvo la adjudicación para la compra e instalación de tres subestaciones eléctricas.
Las instalaciones, que debieron estar en operación desde el 31 de diciembre de 2024, permanecen sin conectar y fuera de servicio. A pesar de ello, no se han aplicado sanciones ni se ha dado vista al Órgano Interno de Control.
Y se refiere que actualmente existe un nuevo procedimiento de compra de subestaciones que se requiere con urgencia, pero en el que nuevamente se estaría favoreciendo a la misma empresa. El documento indica que el director habría dado instrucciones para “ayudar a la empresa Trolley and Bus a cumplir con los requisitos del proceso», ajustando los procedimientos para que la firma resultara ganadora.
Con esas irregularidades se afecta directamente la operación y seguridad del transporte eléctrico de la capital. La falta de competencia, la concentración de contratos y la ausencia de sanciones, señalan, podrían derivar en fallas mayores y en un daño económico al erario público.
Y Sepa La Bola pero el sector empresarial que colabora con el Gobierno de México también encendió nuevamente las alertas. Diversos proveedores acumulan meses sin recibir pagos, situación atribuida a la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Bertha Gómez Castro. La falta de liquidez afecta no solo a las empresas, sino también a dependencias como Salud, Seguridad, Defensa, Bienestar, Educación, Cultura, Turismo y el SICT, además de instituciones como IMSS-Bienestar, ISSSTE, IPN, DIF y el Hospital Juárez de México. La demora en las transferencias compromete la continuidad de servicios esenciales y refleja, según empresarios, una falta de compromiso por parte de Hacienda.
Y Sepa La Bola pero de cara al Mundial de Fútbol 2026, uno de los eventos más relevantes para el sector turístico y gastronómico, se prepara el XVI Congreso Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica y Conexos de la República (SITIHGA), donde se elegirá al nuevo secretario general. Fernando Martínez Gutiérrez, de 38 años, ya tiene 50 mil votos asegurados.
El va por la iniciativa de las 40 horas laborales no afecte al sector, caracterizado por depender de propinas, pero de forma gradual y acompañada de capacitación y productividad, para garantizar estabilidad económica para empresas y trabajadores.
por Dominio Público | Oct 9, 2025 | Opinión
La élite de la 4T ha roto una y otra vez los principios de su movimiento: vivir en la justa medianía, no robar, no mentir.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Son ya siete años desde que la autollamada Cuarta Transformación (4T), fundada y encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llegó al poder. Sus promesas eran acabar con la corrupción, mejorar la seguridad, fortalecer los programas sociales y cumplir con su lema de tener en cuenta “primero a los pobres”.
A lo largo de estos siete años en el poder, la 4T ha actuado más que con espíritu transformador, con un espíritu demoledor. Frenó proyectos estratégicos como el Nuevo Aeropuerto de Texcoco y lo cambió por uno más pequeño, el Felipe Ángeles (AIFA), con la promesa de integrar un sistema metropolitano de aeropuertos conformado por las terminales aéreas de Toluca, Ciudad de México y el AIFA.
Desmanteló el Seguro Popular, creó un Instituto de Salud para el Bienestar, que no terminó de funcionar; después impulsó el IMSS Bienestar, que no acaba de cuajar, y ahora anuncian la inscripción a un sistema universal de salud que quién sabe si funcione, o siquiera lo puedan echar a andar. Del abasto de medicamentos mejor ni hablamos.
Aunque la presidenta Sheinbaum ha tenido avances en el tema de seguridad, los cárteles siguen aterrorizando gran parte del territorio nacional y causando muerte y destrucción.
Por otro lado, la élite de la 4T ha roto una y otra vez los principios de su movimiento: vivir en la justa medianía, no robar, no mentir. Cada vez son más frecuentes los casos de corrupción y excesos de miembros de la nueva élite en el poder, esa que llegó prometiendo ser distinta, pero actúa igual.
Entonces, si no ha cambiado nada, ¿por qué la 4T sigue afianzándose? La respuesta es hasta cierto punto sencilla: se apoderaron de la narrativa. Ellos son los buenos, y quienes los cuestionan son los malos que quieren bloquear sus intenciones de transformar al país.
Pero para transformar al país no era necesario un movimiento de demolición. Bastaba con que cada quien —ciudadanos y gobierno— cumpliera con su deber.
En el Zócalo, la presidenta Sheinbaum dio un mensaje que parece ser un manotazo en la mesa para corregir los vicios de la 4T. Ojalá lo logre, y ojalá la dejen. De seguir así, la 4T quedará como una oportunidad desperdiciada, un saco de buenas intenciones.
EN EL TINTERO
Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, consiguió un amparo contra la orden de aprehensión en su contra. ¿Pavimentan su liberación?
por Dominio Público | Oct 8, 2025 | Opinión, Principales
Según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, en Teocaltiche hay 27 reportes activos en menos de dos años. Pero los vecinos aseguran que son muchos más. En este municipio, el miedo también desaparece las denuncias: la gente no confía en la autoridad, porque sabe que denunciar es inútil o peligroso.
Raúl García Araujo @araujogar
En Teocaltiche, Jalisco, el miedo dejó de ser noticia para convertirse en rutina. Las calles vacías, los comercios cerrados antes del anochecer y las familias atrincheradas tras rejas son el retrato de un pueblo que sobrevive entre el fuego cruzado y el abandono gubernamental.
El Estado se retiró. La ley no existe. Y los criminales dictan el orden.
Ha pasado más de una semana desde que Jaime Fuentes Cuevas, un joven carnicero de 32 años, fue levantado por un comando armado en pleno mercado municipal. A las cuatro de la tarde, a la vista de todos, hombres encapuchados lo sacaron por la fuerza, lo subieron a una camioneta blanca y huyeron escoltados por dos vehículos negros. Desde entonces, ni rastro, ni ficha, ni respuesta.
La Fiscalía de Jalisco se hizo la sorda, mientras el gobernador Pablo Lemus Navarro finge no ver.
El caso de Jaime es solo una muestra del vacío de poder que devora a Teocaltiche. Las denuncias se apilan en las oficinas, los familiares tocan puertas que nunca se abren y los expedientes se llenan de polvo. La autoridad estatal reacciona tarde, mal o nunca.
Y cuando responde, lo hace con una frialdad que ofende.
La indiferencia institucional en Jalisco se volvió una forma de complicidad.
Mientras tanto, la presidenta municipal Silvia Margarita Villalobos sigue instalada en la negación.
Calla ante los asesinatos, evade las desapariciones y maquilla cifras para cubrir el desastre.
Mientras la población se encierra por miedo, la alcaldesa organiza funciones de cine al aire libre.
La frivolidad es su sello; la cobardía, su método de gobierno.
La historia del agente vial Alberto Mendoza Flores resume la tragedia: el 15 de julio, un grupo armado irrumpió en su casa, lo sacó frente a su esposa y se lo llevó. Nadie intervino. Nadie lo buscó.
Semanas después, el Ayuntamiento lo dio de baja por inasistencia, como si su secuestro fuera una falta al reglamento laboral.
Esa decisión —inhumana y miserable— exhibe el tamaño de la degradación política en Teocaltiche.
Su esposa, Martha Rodríguez, lo contó con dolor: “Les pedí que al menos me siguieran apoyando porque tengo a mi niña de 11 años, pero me dijeron que no.”
Esa es la respuesta de un gobierno que perdió la vergüenza.
Según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, en Teocaltiche hay 27 reportes activos en menos de dos años. Pero los vecinos aseguran que son muchos más. En este municipio, el miedo también desaparece las denuncias: la gente no confía en la autoridad, porque sabe que denunciar es inútil o peligroso.
Aquí se reza más de lo que se denuncia. Y se sobrevive más de lo que se vive.
El gobernador Pablo Lemus prometió pacificar Teocaltiche en 45 días. Pasaron meses, y el único momento en que reapareció fue cuando cinco sicarios murieron en un enfrentamiento con el Ejército.
Entonces sí habló.
Entonces sí se tomó la foto.
Entonces sí quiso presumir autoridad.
Pero cuando los desaparecidos se llaman Jaime, Alberto o Juan Diego, Lemus guarda silencio.
Solo hay paz en su propaganda.
Y la alcaldesa Villalobos no se queda atrás. En marzo, cuando se le preguntó por policías desaparecidos, respondió con desdén:
“Yo ahora sí que soy la presidenta municipal. Estamos checando que haya agua, que se recoja la basura… lo demás no es mi responsabilidad.”
No hay frase que describa mejor el tamaño de su indolencia.
Villalobos gobierna como si fuera encargada de servicios públicos, no como autoridad de un municipio sitiado.
Teocaltiche no necesita barrenderos políticos; necesita liderazgo, empatía y valor.
Mientras Lemus se toma selfies y presume modernidad, los Altos de Jalisco viven bajo fuego.
Mientras Villalobos reparte sonrisas en festivales, las familias buscan entre potreros y cañadas a sus hijos desaparecidos.
Teocaltiche no está en paz: está en guerra.
Y sus gobernantes, en vez de enfrentar a los criminales, se rindieron sin disparar un tiro.
No hay estrategia, no hay justicia, no hay Estado. Solo silencio, cinismo y simulación.
Pero el pueblo tiene memoria.
Y la memoria, cuando madura, se convierte en fuerza política.
Esa fuerza, la de las madres y los hijos que buscan, terminará por exigir cuentas a los que hoy callan.
Porque mientras Pablo Lemus y Silvia Villalobos sigan gobernando con discursos huecos y promesas incumplidas, Teocaltiche seguirá siendo el retrato más descarnado del fracaso del Estado en Jalisco.
En Cortito: Nos cuentan que el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, no solo administra; corrige décadas de desatención y abuso laboral.
Su gobierno avanza en la solución de un rezago histórico: la incorporación de jubilados, pensionados e incapacitados al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, restituyendo derechos que habían sido negados por administraciones anteriores incapaces de cumplir con sus obligaciones.
El tesorero municipal, Javier Arozarena Salazar, confirmó que, tras la aprobación del Cabildo, a partir del 26 de octubre, mil 336 trabajadores en retiro recibirán el alta en el Instituto. Es un paso concreto que demuestra que, bajo Urióstegui, la política no se limita a promesas: se traduce en resultados tangibles para quienes sostienen al municipio con años de servicio.
Este avance es resultado de una gestión que enfrentó y liquidó una deuda histórica con dicho Instituto de 101 millones de pesos, con 55 millones pagados por el Ayuntamiento y 46 millones mediante quita de intereses. La disciplina financiera se convierte en herramienta para la justicia social, dejando en evidencia la diferencia entre un gobierno responsable y las administraciones pasadas que dejaron a los trabajadores en el abandono.
Con estas medidas, Cuernavaca se posiciona como un ejemplo de gobierno eficiente, justo y comprometido con su gente. José Luis Urióstegui Salgado demuestra que liderar es asumir responsabilidades, corregir errores históricos y garantizar que la política pública sirva a quienes han dedicado su vida al municipio, recuperando la confianza ciudadana donde otros solo dejaron promesas incumplidas.
por Dominio Público | Oct 7, 2025 | Opinión
La revolución de Cochisquila es el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando, de un lado, hay unión, y del otro, voluntad real de resolver los problemas que afectan a la gente.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Hace unos días, un comerciante en el mercado me decía que la solución a los problemas del país era una revolución. Algo de razón tiene mi amigo, pero antes de que levanten las cejas, permítanme explicar mis dichos.
Si entendemos una revolución como la unión de uno o varios grupos sociales para conseguir un objetivo, entonces sí: México necesita no una, sino muchas revoluciones. Y créanme, sí funcionan… si también hay voluntad.
La semana pasada les comenté los problemas en el servicio de energía eléctrica que padecían los pobladores de Cochisquila, municipio de Coatepec Harinas, en el Estado de México. Cansados de los pretextos, el pasado 2 de octubre decidieron manifestarse en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Tonatico.
Al llegar, los empleados de la CFE cerraron las puertas con cadenas, y el encargado del área técnica se escabulló.
No sé si reportaron lo sucedido a sus jefes de división, quizá para quedar bien, pero no contaban con la astucia de los directivos, que se comunicaron directamente con los manifestantes y escucharon el sentir del pueblo.
No les haré el cuento largo: después de esa llamada con el directivo, los pretextos desaparecieron. Por arte de magia, aparecieron el cable y el equipo que “no tenían”, y los trabajadores salieron —escoltados por los habitantes de Cochisquila— rumbo al lugar donde debían hacer las reparaciones.
Lo que no se imaginó el responsable técnico de la oficina de Tonatico fue que sus jefes, los directores de la División Centro Sur, acudirían personalmente al sitio con un expediente de fallas acumuladas y le pedirían explicaciones.
¿Por qué cuento esta historia? Porque este 2 de octubre, los habitantes de Cochisquila pusieron el desorden.
Hicieron su pequeña revolución.
Se unieron y lograron que la CFE reparara el suministro eléctrico, que el funcionario pretextoso recibiera su jalón de orejas, y que quedara la promesa de un nuevo tendido eléctrico para que el pueblo deje de vivir a oscuras.
Y eso se consiguió porque del otro lado —en la CFE— hubo funcionarios que se pusieron la camiseta del pueblo y trabajaron, como debía ser.
La revolución de Cochisquila es el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando, de un lado, hay unión, y del otro, voluntad real de resolver los problemas que afectan a la gente.
Así, con algo tan simple como cumplir con el deber, se cambian vidas.
EN EL TINTERO
Nota al margen: La Policía llegó tres veces a la manifestación, pero al ver de qué se trataba, la respuesta fue la misma:
“Mucha suerte con estos @#__-&.”
por Dominio Público | Oct 3, 2025 | Opinión, Principales
Diversas denuncias apuntan a que Katiria utilizaba su prestigio profesional para fabricar pruebas, manipular peritajes psicológicos y orquestar denuncias falsas en procesos de divorcio y custodia.
Claudia Bolaños @claudiabola
Durante más de dos décadas, Ana Katiria se presentó como abogada defensora de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia en México.
Conocida por litigar casos mediáticos bajo la bandera de la justicia de género, construyó una imagen de activista en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, detrás de ese discurso se acumulan acusaciones que la ubican como presunta prófuga, quien se escondería en España, señalada de encabezar una red de extorsión judicial, bajo lo que llamaba un esquema de negocios contra inversionistas en empresas que cotizaran en la Bolsa de Valores.
Así la acusó la abogada penalista Olivia Rubio, quien incluso le inició una carpeta de investigación por esos hechos, mismos que la acusada le reveló.
Rubio señaló que manejaba una red con participación de ministerios públicos, ex agentes, psicólogos y peritos, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como testigos falsos que aparecen en carpetas de investigación, donde se manipula a niños y niñas para que mientan.
Diversas denuncias apuntan a que Katiria utilizaba su prestigio profesional para fabricar pruebas, manipular peritajes psicológicos y orquestar denuncias falsas en procesos de divorcio y custodia.
El mecanismo, de acuerdo con las investigaciones, era similar: presentar casos de violencia familiar o abuso sexual con testimonios y dictámenes cuestionados, lo que le permitía presionar resoluciones judiciales favorables y fijar pensiones alimenticias millonarias.
Padres de familia denunciaron que fueron alejados de sus hijos como resultado de estas prácticas.
Aseguran que menores de edad fueron usados como herramienta de presión en litigios, obligados a declarar situaciones inexistentes para justificar decisiones judiciales.
La presunta red operaba en complicidad con ministerios públicos y peritos de la Fiscalía capitalina, consolidando un esquema que convertía los casos en vía de enriquecimiento.
Aunque la abogada se presentaba como defensora de víctimas y afirmaba enfrentar amenazas por su labor, su nombre aparece en carpetas de investigación por extorsión y abuso del sistema judicial. No obstante, hasta ahora no se sabe si se ha girado en su contra una orden de aprehensión ni ficha roja de Interpol, lo que ha permitido que permanezca en Europa mientras en México las denuncias siguen abiertas.
Grupos de padres afectados advierten que detrás de los casos de violencia que dice defender existe en realidad un negocio judicial. Según testimonios, se manipulaban denuncias para obtener fallos a modo, generando beneficios personales bajo el discurso de justicia de género.
Lo que en su momento fue visto como activismo en favor de mujeres víctimas, hoy es señalado como un mecanismo de extorsión que exhibe las debilidades del sistema de procuración de justicia en México.
La violencia contra las mujeres es una de las problemáticas más graves que enfrenta el país y debe ser erradicada, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos, la libertad y la dignidad de cada mujer. Sin embargo, en medio de esta lucha legítima han surgido acusaciones que ponen en riesgo su credibilidad.
Pese a los señalamientos no hay avances en el caso.
Y Sepa la Bola pero la reforma aprobada por el Senado en materia de amparo no es solo un error legislativo: es un golpe directo contra los derechos humanos de los mexicanos, acusan diversas asociaciones civiles, trabajadores del Poder Judicial y colectivos ciudadanos que alistan acciones para frenar lo que califican como un atropello, pues debilita la única herramienta que le queda a la sociedad para defenderse del abuso de las autoridades.
Resulta contradictorio que, mientras la propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que la reforma deberá ser “corregida” en la Cámara de Diputados, sus legisladores la hayan aprobado sin escuchar a quienes serán directamente afectados. No se trata de tecnicismos jurídicos, se trata de la vida de pacientes oncológicos, de la defensa de los derechos laborales, de la protección frente a la corrupción y los excesos del poder.
Las organizaciones que hoy levantan la voz entienden que este no es un asunto interno del Poder Judicial, sino un ataque a la ciudadanía en su conjunto. Por ello, anuncian movilizaciones y estrategias legales para impedir que la reforma se imponga sin cambios de fondo.
