La gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos y el secretario de Gobernación Adán Augusto López, firmaron un acuerdo

Eduardo León | @EduardoLeonMx

La incapacidad para resolver problemáticas tan severas como el del abasto y distribución de agua para los distritos de riego, fue para el entonces gobernador Javier Corral y el delegado “del Bienestar” Juan Carlos Loera, un nudo gordiano que estuvo muy por encima de sus habilidades como políticos y servidores públicos, tan es así que el asunto escaló hasta el asesinato de Jessica Silva por parte de elementos de la Guardia Nacional en septiembre de 2020.

Mes y medio después del cambio de gobierno, hace unos días, la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos y el secretario de Gobernación Adán Augusto López, firmaron un acuerdo que compromete a las partes a la atención de las demandas sobre la extracción de agua de la presa La Boquilla, en el marco de la legislación federal y con respeto al acuerdo firmado con los Estados Unidos en 1944.

Sin embargo, en los hechos, o por lo menos hasta este momento, quedaron fuera de toda consideración los presos políticos Juan Rivera Márquez, Rosendo Lerma Lechuga y Juan Lechuga Montes, aprehendidos en el marco de los disturbios tras la apertura por parte del personal de la Conagua de las compuertas de La Boquilla, que puso en riesgo el ciclo agrícola de este 2021, así como los medios de subsistencia de miles de familias que dedican su vida al campo.

También está el caso de Andrés Valles Valles, ingeniero agrónomo fitotecnista detenido este 2021 por agentes federales por los delitos de “motín, daños y robo”, aunque también podría haber sido por exhibir a la entonces directora de Conagua Blanca Jiménez y a Loera de la Rosa por su ignorancia en el tema hídrico y agrícola, falta de oficio político y su escasa empatía y voluntad de querer resolver las cosas por la vía del diálogo. La vena morenista se impuso y contra los campesinos de Chihuahua toda la fuerza del Estado Mexicano.

En la entidad, resuena todavía el eco de las palabras del presidente López Obrador “no estoy enterado de lo que hace mi secretario de Gobernación”, sobre todo porque envía un abierto mensaje a la gobernadora panista para hacerle saber que en cualquier momento puede, si así lo decide, desconocer cualquier acuerdo firmado o de palabra con Adán Augusto López, pese a que tanto la mandataria como el responsable de la política interior del país ostentan personalidad jurídica para la firma de convenios y establecer los acuerdos necesarios.

Entre los familiares de estos presos políticos, resulta incomprensible que si el presidente pudo poner en libertad en Culiacán a un delincuente de todos conocido con solo dar una orden, sea incapaz de dar la misma instrucción para poner en libertad a unos campesinos cuya vida ha estado entregada al campo y a la manutención de sus familias. La diferencia estriba en que para su desgracia, los detenidos ya fueron vinculados a proceso por un juez, mientras que en el otro caso, la autoridad ni siquiera tenía (ni tiene hoy todavía) orden de aprehensión en su contra. Así la justicia mexicana en tiempos de la 4T.

Qué lejos quedaron para Andrés Manuel aquellos días de “luchador social” en enero del ‘96 cuando tomó por la fuerza 51 pozos petroleros en su natal Tabasco, con las subsecuentes pérdidas multimillonarias; qué lejos quedó ese día en el que también instó a sus seguidores a negarse a pagar el recibo de la luz con el riesgo de ser detenido porque según él “la cárcel es un honor cuando se lucha por la justicia”.

Para el caso de Chihuahua, no aplica aquello de que no pasa nada sin que el presidente sea enterado. Peor aún, si desconoce el tema y los acuerdos ¿Porqué atiza la llama con que entre los productores inconformes hay acaparadores, caciques y huachicoleros? Como suele ser ya un hábito en el mandatario, sin presentar ninguna prueba.

¿Quién podrá sacarle el mayor provecho a los presos políticos de López Obrador?

Buscapiés

Morenistas “ultras” andan muy molestos porque a su modo de ver, la gobernadora de Chihuahua le vio la cara al Secretario Adán Augusto López en el acuerdo que se firmó para poner fin al conflicto que dio lugar a la “guerra” por el agua el año pasado y que continúa hasta nuestros días.

Ignoran, o pretenden ignorar que antes de su arribo a Chihuahua, el secretario de Gobernación habló largo y tendido sobre este tema con el presidente López Obrador, así como en los términos del acuerdo en los que se dio el visto bueno. Es más, hasta el delegado del Bienestar Loera de la Rosa aplaudió y reconoció la gestión de Maru Campos. Vaya.