La seguridad pública es uno de los grandes retos para la gobernadora de Chihuahua; en las zonas serranas comunidades enteras han sido desplazadas

Eduardo León | @EduardoLeonMx

Parte del éxito o fracaso de María Eugenia Campos durante su sexenio que recién comienza, se encuentra el tema de la seguridad, que si bien tuvo un descenso perceptible durante buena parte de la administración de César Duarte, tuvo un repunte hacia el final de su mandato y que Javier Corral fue incapaz de revertir, prueba de ello están los más de 11 mil homicidios registrados durante sus cinco años como gobernador de Chihuahua.

Esa seguridad que hemos perdido muchos mexicanos pero que en localidades de la serranía chihuahuense han provocado el desplazamiento de comunidades enteras incluso hacia otros estados vecinos, donde se ha visto que alcaldes electos fueron secuestrados como el Dr. Blas Juan Godínez Loya en Gómez Farías, cuyo hijo también sufrió un atentado poco después y que casi le cuesta la vida, o donde es imposible circular en incontables tramos carreteros cuando uno se dirige de la capital a Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Guerrero, Bocoyna o Madera, o donde los criminales dedicados al tráfico de hidrocarburos pueden asesinar con total impunidad a líderes empresariales como Uriel Loya Deister o periodistas como Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua.

Afortunadamente en la Mesa de Coordinación para la Seguridad son los altos mandos del Ejército y del Estado quienes intercambian información y establecen las reglas para proveer de seguridad a los chihuahuenses, porque si dependiera del superdelegado Juan Carlos Loera, quién sabe cuál sería la historia, y aquí sí el tema no da lugar para la politiquería del excandidato a gobernador, pues la experiencia nos ha mostrado que cuando existe coordinación, hay resultados que benefician a la comunidad y cuando no, bueno…

Sin embargo queda la suspicacia sobre los señalamientos hacia María Eugenia Campos, por presuntamente haber recibido dinero proveniente del erario, de manos del entonces gobernador César Duarte, suspicacia que en su momento se tradujo en denuncia penal por parte de el hoy presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Alejandro Domínguez, quien en 2018 ratificó la acusación ante la Fiscalía General del Estado, cuyas investigaciones pese a las pruebas documentales presentadas, jamás llegó a ningún lugar, lo cual tampoco significa que Campos Galván no haya cometido ningún ilícito, sencillamente la autoridad no pudo o no quiso ir más allá, pero si la entonces diputada local de Chihuahua hubiese sido capaz de cometer este tipo de ilícito ¿Qué garantía tenemos los chihuahuenses de que hoy como gobernadora combatirá el crimen, organizado y desorganizado? ¿Qué garantía hay de que no meterá la mano en el cajón? Ninguna