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Un entramado de personajes de primer nivel en la política conspiró para entregar los bienes de la nación: FGR

José Luis Conrado

Uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente de América Latina ha involucrado a políticos, funcionarios y empresarios en sobornos para favorecer al corporativo Odebrecht, ha permitido, en su versión mexicana, que Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto Castillo sumen esfuerzos para castigar a los artífices de una «conspiración de Estado».

Los desencuentros entre ambos personajes, que por azares de la política confluyeron en la Cuarta Transformación, se han dado desde principios del sexenio por una diferencia de criterio en el manejo de la información sobre casos como «La Estafa Maestra», que involucra a Rosario Robles, la detención del ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, y las acusaciones contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Sin embargo, ayer en las reuniones plenarias de Morena en las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión, los discursos confluyeron en un objetivo común: desenredar un caso de corrupción a nivel de Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas y dinero, que involucra no sólo al ex candidato presidencial del PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya Cortés, sino a todo un entramado de mayor envergadura.

«Es quizá uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importantes”, declaró el fiscal General de la República durante una accidentada videollamada a los senadores de Morena, quienes preguntaron cómo va el caso que se llevó las portadas de los periódicos de esta semana.

Alejandro Gertz Manero declaró que el caso no es sobre una persona “que recibió un dinero y que votó en un sentido”, sino por corrupción a nivel del Estado para entregar bienes de la nación en el que se ha podido ir probando con toda precisión ante los jueces la conspiración para entregar los bienes de la nación.

Durante la VII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, el titular de la FGR apuntó que Anaya Cortés es apenas copartícipe de una “inmensa colusión” en el caso que dañó a toda América Latina y a México.»No es como lo quieren plantear quienes están haciendo una defensa que me parece deleznable, es un asunto de fondo, es un asunto de la nación mexicana y patrimonio de todos nosotros”, dijo.

La FGR acusa a Ricardo Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para que votara a favor en 2014 de la reforma energética, que abrió el sector a la iniciativa privada.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que Anaya Cortés salió de México el 5 de julio por el Aeropuerto Internacional de Reynosa, en Tamaulipas, en un vuelo privado y que hasta el momento ninguna autoridad ha solicitado alguna alerta migratoria en su contra.

Anaya Cortés compareció por medio de videoconferencia ante Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México quien reprogramó para el 4 de octubre su audiencia, pues alegó quie no conocía el expediente.

 

Caso Emilio Lozoya

Getz Manero narró cómo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya es el punto nodal del que se desprenden las investigaciones, sobre todo las pruebas, que configuran el caso Odebrecht en México, mismos que ha derrumbado gobiernos en América Latina y que en nuestro país fue investigado en serio hasta el arribo de la actual administración.

«Con una serie de denuncias por una situación de un conflicto entre personas que estaban en el poder en ese momento (sexenio de Peña Nieto) se inició una carpeta de investigación que se quedó congelada hasta que nosotros llegamos.

«Esa carpeta, más otra que nos presentó de inmediato Pemex, nos permitió reiniciar todo este asunto para descubrir esa colusión dentro de nuestro país. Y eso fue lo que nos permitió iniciar un procedimiento en contra este señor Lozoya que se encuentra sujeto a proceso», explicó.

Lozoya también consiguió que se aplazara su audiencia tres meses para que su defensa termine de reunir pruebas a su favor en el caso Agronitrogenados antes de iniciar el juicio en su contra, por lo que el plazo vencerá el próximo 19 de noviembre, con el llamado del juez a que el exdirector de Pemex FGR traten de cerrar un acuerdo.

La defensa del exdirector de Pemex había argumentado que necesitaba más tiempo para recabar datos de prueba, pues buscaba obtener información bancaria de Alemania y Suiza. Emilio Lozoya señaló que existe un contrato con un banco suizo con los depósitos de Odebrecht.

Es la cuarta ocasión que se retrasa el cierre de la investigación complementaria contra Lozoya Austin, en el caso de la compra de la planta Agronitrogenados, que el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, le vendió a al exdirector de Pemex.

La FGR acusa a Emilio Lozoya por recibir presuntos sobornos para impulsar la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, que era propiedad de AHMSA, empresa de Alonso Ancira.

Getz Manero aclaró que la FGR no ha desistido de ejercer la acción penal contra Lozoya, pero el juez le decretó una libertad procesal para que pudiera dar todas las pruebas que ha acumulado para permitir a la fiscalía esclarecer ese enorme fraude.

«Lo trajimos y lo sujetamos a proceso y esa persona se acogió a una figura jurídica (criterio de oportunidad) que es válida en nuestro país y que consiste en que un procesado que da información puede tener, si comprueba que esa información es válida, una consideración que la propia ley señala (desistir de ejercer la acción penal)», acotó.

Emilo Lozoya, extraditado a México en julio de 2020, es acusado de operar con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, tras haber recibido 10.5 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht y 3.5 millones de dólares por la venta a sobreprecio a la planta Agronitrogenados.

Mientras Lozoya Austin ha permanecido en libertad, el exsenador Jorge Luis Lavalle es el único que se encuentra preso, por el caso.

 

Investigación de largo aliento

En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continúa con la revisión de la información proporcionada por Lozoya sobre los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón por su presunta vinculación en el pago de sobornos para la aprobación de la reforma energética.

Santiago Nieto Castillo, titular de UIF, comentó que la indagatoria continúa en la fase de integración de información y una vez que se integre toda la información relacionada con este caso serán las autoridades correspondientes las que tomen las decisiones.

“Respecto al tema de los ex presidentes como se sabe fueron denunciados en el escrito presentado por el señor Lozoya ante la FGR, y estamos nosotros en proceso de integración de la información para efecto de que se tomen las decisiones por parte de las autoridades competentes”, señaló.

El funcionario federal negó que se hayan congelado cuentas bancarias del excandidato presidencial y exdirigente del PAN, Ricardo Anaya, pero la investigación se desarrolla “sin filias, ni fobias” como siempre le solicita el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En este momento no (no han congelado cuentas bancarias), nosotros seguiremos trabajando en las investigaciones, porque requerimos de tener los indicios suficientes para poder actuar en consecuencia”, informó al finalizar su participación en la plenaria de los Diputados de Morena para la 65 Legislatura.