Mientras los criminales siguen operando con impunidad y sofisticación, la respuesta del Estado se limita a mirar —literalmente— a través de una cámara.
Mientras la violencia en Teocaltiche y Villa Hidalgo continúa cobrando vidas y sembrando el miedo entre sus habitantes, las autoridades estatales insisten en una estrategia que hasta ahora ha dado pocos resultados tangibles: la instalación de centros de videovigilancia C2.
Pese a que los enfrentamientos armados, los homicidios y la presencia del crimen organizado —con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa disputándose el control de la región— no han cesado, ni la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ni las corporaciones municipales han logrado detener a los responsables.
En cambio, su apuesta se centra en la construcción de dos centros de monitoreo, uno en cada municipio.
El titular de la dependencia estatal, Juan Pablo Hernández, informó que se colocarán cámaras de seguridad en al menos 10 puntos estratégicos de cada localidad, como accesos, plazas y entradas principales, las cuales estarán conectadas al sistema estatal Escudo Jalisco C5.
Según el funcionario, ya se hizo un levantamiento de los puntos clave en coordinación con los comisarios municipales y el personal de Escudo Urbano.
“Estamos observando movimientos de delincuencia o de sujetos relacionados con criminales”, explicó, justificando la medida tecnológica como una forma de incrementar la vigilancia.
Sin embargo, los ciudadanos cuestionan si el problema real es la falta de cámaras, o la falta de acción y presencia efectiva por parte del Estado. La desconfianza crece aún más cuando se recuerda que la delincuencia organizada ya ha demostrado tener su propio sistema de videovigilancia.
El 21 de febrero, fuerzas estatales y federales descubrieron un centro de monitoreo clandestino dentro de la propia Comisaría de Seguridad de Teocaltiche, operado por un grupo delictivo. Semanas después, el 11 de marzo, se halló otro C2 ilegal en una casa de la colonia Olímpica, con decenas de cámaras y equipos de cómputo. Y el 24 de marzo, fue asegurada una finca en la colonia Balcones del Alto con un sistema de vigilancia similar, también vinculado al crimen organizado.
Estos hallazgos, lejos de reforzar la confianza en la estrategia oficial, exponen la capacidad logística de los grupos criminales y la debilidad institucional para contenerlos. En lugar de capturar a los responsables o frenar la violencia, las autoridades siguen apostando por infraestructura tecnológica en territorios donde ni siquiera se garantiza que las comisarías estén libres de infiltración.
Mientras los criminales siguen operando con impunidad y sofisticación, la respuesta del Estado se limita a mirar —literalmente— a través de una cámara.
