Este patrón se ha repetido desde la desaparición de ocho policías en febrero.
La próxima semana comenzarán las evaluaciones de control y confianza para los pocos elementos de seguridad que permanecen activos en Teocaltiche y Villa Hidalgo, municipios cuyas corporaciones fueron intervenidas por el gobierno de Jalisco, encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, algunos elementos ya contaban con evaluaciones aprobadas —aunque no vigentes— mientras que otros aún no habían sido evaluados. Una vez que concluyan estos procesos, los agentes recibirán nuevo entrenamiento en la Academia Estatal de Policía.
No obstante, el contexto en el que se llevan a cabo estas medidas está marcado por la controversia. Tras el asesinato de Ramón Grande Moncada, director de Seguridad Pública de Teocaltiche, el gobierno estatal insinuó posibles vínculos del funcionario con el crimen organizado, a pesar de que contaba con evaluaciones previamente aprobadas. Como ha ocurrido en otros casos recientes, las autoridades lanzaron señalamientos sin presentar pruebas contundentes y, sobre todo, sin que los implicados pudieran defenderse.
Este patrón se ha repetido desde la desaparición de ocho policías en febrero —cuatro de ellos hallados ejecutados— cuando la administración estatal intensificó su narrativa de “depuración institucional”. Sin embargo, esta postura ha generado fuertes críticas, ya que más que evidenciar una estrategia real contra el crimen, parece orientada a justificar la creciente inseguridad en la región y deslindar al gobierno de responsabilidades.
Acusar a funcionarios ya fallecidos no solo imposibilita su defensa, sino que deja en la indefensión a sus familias y refuerza una narrativa que obstaculiza el acceso a la verdad y la justicia.
Mientras el gobierno de Jalisco insiste en señalar a los caídos, persiste la falta de resultados claros frente al avance del crimen organizado en municipios como Teocaltiche y Villa Hidalgo.
