El mensaje oficial habla de abasto; la experiencia ciudadana habla de filas, fichas agotadas y frustración.
Claudia Bolaños @claudiabola
Más de 20 minutos de espera —el doble de lo advertido— es lo que hoy debe invertir cualquier ciudadano que marque al 079 para preguntar dónde puede vacunarse contra el sarampión. La grabación del número de Atención Ciudadana es clara: la demanda es alta y hay que esperar un aproximado de 10 minutos. Las direcciones de los puntos es incompleta. «Es lo que indica la lista de sitios para vacunarse».
En medio del brote, la vacuna se ha convertido en un bien escaso incluso en el sector privado. En un ejercicio periodístico llamé a un sitio privado que presume tener todos los biológicos disponibles; la respuesta fue contundente: de sarampión no hay, está agotada y no saben cuándo llegará.
El gobierno federal asegura contar con más de 23 millones y medio de dosis, pero en los módulos públicos apenas se distribuyen poco más de cien vacunas por día. Es un número insuficiente, especialmente en puntos de alta concurrencia como estaciones del Metro, donde la demanda rebasa con facilidad la oferta. Basta revisar redes sociales: después de las nueve de la mañana, a una hora de abrir, las dosis se terminan. El mensaje oficial habla de abasto; la experiencia ciudadana habla de filas, fichas agotadas y frustración.
Y Sepa la bola cómo se explica esa brecha entre las cifras oficiales y lo que ocurre a ras de calle. Porque junto a la escasez física de dosis hay otra carencia igual de preocupante: la ausencia de un sistema digital que concentre el historial de vacunación de cada mexicano. Quien no conserve su cartilla —y no tenga padres con memoria intacta— difícilmente puede saber qué biológicos tiene aplicados. La recomendación es revisar el carnet y confirmar si está marcada la vacuna triple viral (SRP), pero esa indicación parte de un supuesto frágil: que el documento exista y esté completo.
La información sanitaria de una persona no debería depender de papeles que se extravían o se deterioran. Recuperar antecedentes puede convertirse en una odisea burocrática, como ocurrió en una escuela donde, tras perderse una cartilla, los padres tuvieron que reconstruir a mano el historial médico de su hijo. La solución fue emitir un nuevo carnet y continuar con las siguientes dosis. La prevención, así, queda sujeta a la memoria y al archivo doméstico.
Sepa la bola también en qué punto la discusión dejó de ser estrictamente sanitaria para convertirse en política. La oposición, particularmente legisladores del PAN, sostiene que entre 2022 y 2025 se dejaron sin ejercer más de 44 mil millones de pesos destinados al Programa de Vacunación.
Según esa narrativa, siete de cada diez pesos presupuestados no se utilizaron, lo que habría impactado directamente en las coberturas y en la capacidad de respuesta ante el brote.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba ha insistido en que no se trata de un problema heredado de décadas, sino de decisiones recientes que no tradujeron recursos aprobados en vacunación efectiva. Para él y su bancada, la falta de ejercicio presupuestal tiene consecuencias medibles: menor protección, mayor exposición y un sistema que reacciona cuando debería anticiparse. “No vale la pena morir por una enfermedad que puede prevenirse”, ha reiterado.
Entre filas interminables, módulos que agotan dosis en horas y expedientes que duermen en archivos físicos, el país enfrenta una pregunta incómoda: ¿es un problema de logística, de planeación, de ejecución presupuestal o de todo al mismo tiempo? Sepa la bola. Lo cierto es que la vacunación no solo requiere biológicos suficientes; exige trazabilidad, gestión eficiente y rendición de cuentas. Porque cuando la prevención falla, la factura la pagan los ciudadanos.
