Diversas denuncias apuntan a que Katiria utilizaba su prestigio profesional para fabricar pruebas, manipular peritajes psicológicos y orquestar denuncias falsas en procesos de divorcio y custodia.
Claudia Bolaños @claudiabola
Durante más de dos décadas, Ana Katiria se presentó como abogada defensora de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia en México.
Conocida por litigar casos mediáticos bajo la bandera de la justicia de género, construyó una imagen de activista en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, detrás de ese discurso se acumulan acusaciones que la ubican como presunta prófuga, quien se escondería en España, señalada de encabezar una red de extorsión judicial, bajo lo que llamaba un esquema de negocios contra inversionistas en empresas que cotizaran en la Bolsa de Valores.
Así la acusó la abogada penalista Olivia Rubio, quien incluso le inició una carpeta de investigación por esos hechos, mismos que la acusada le reveló.
Rubio señaló que manejaba una red con participación de ministerios públicos, ex agentes, psicólogos y peritos, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como testigos falsos que aparecen en carpetas de investigación, donde se manipula a niños y niñas para que mientan.
Diversas denuncias apuntan a que Katiria utilizaba su prestigio profesional para fabricar pruebas, manipular peritajes psicológicos y orquestar denuncias falsas en procesos de divorcio y custodia.
El mecanismo, de acuerdo con las investigaciones, era similar: presentar casos de violencia familiar o abuso sexual con testimonios y dictámenes cuestionados, lo que le permitía presionar resoluciones judiciales favorables y fijar pensiones alimenticias millonarias.
Padres de familia denunciaron que fueron alejados de sus hijos como resultado de estas prácticas.
Aseguran que menores de edad fueron usados como herramienta de presión en litigios, obligados a declarar situaciones inexistentes para justificar decisiones judiciales.
La presunta red operaba en complicidad con ministerios públicos y peritos de la Fiscalía capitalina, consolidando un esquema que convertía los casos en vía de enriquecimiento.
Aunque la abogada se presentaba como defensora de víctimas y afirmaba enfrentar amenazas por su labor, su nombre aparece en carpetas de investigación por extorsión y abuso del sistema judicial. No obstante, hasta ahora no se sabe si se ha girado en su contra una orden de aprehensión ni ficha roja de Interpol, lo que ha permitido que permanezca en Europa mientras en México las denuncias siguen abiertas.
Grupos de padres afectados advierten que detrás de los casos de violencia que dice defender existe en realidad un negocio judicial. Según testimonios, se manipulaban denuncias para obtener fallos a modo, generando beneficios personales bajo el discurso de justicia de género.
Lo que en su momento fue visto como activismo en favor de mujeres víctimas, hoy es señalado como un mecanismo de extorsión que exhibe las debilidades del sistema de procuración de justicia en México.
La violencia contra las mujeres es una de las problemáticas más graves que enfrenta el país y debe ser erradicada, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos, la libertad y la dignidad de cada mujer. Sin embargo, en medio de esta lucha legítima han surgido acusaciones que ponen en riesgo su credibilidad.
Pese a los señalamientos no hay avances en el caso.
Y Sepa la Bola pero la reforma aprobada por el Senado en materia de amparo no es solo un error legislativo: es un golpe directo contra los derechos humanos de los mexicanos, acusan diversas asociaciones civiles, trabajadores del Poder Judicial y colectivos ciudadanos que alistan acciones para frenar lo que califican como un atropello, pues debilita la única herramienta que le queda a la sociedad para defenderse del abuso de las autoridades.
Resulta contradictorio que, mientras la propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que la reforma deberá ser “corregida” en la Cámara de Diputados, sus legisladores la hayan aprobado sin escuchar a quienes serán directamente afectados. No se trata de tecnicismos jurídicos, se trata de la vida de pacientes oncológicos, de la defensa de los derechos laborales, de la protección frente a la corrupción y los excesos del poder.
Las organizaciones que hoy levantan la voz entienden que este no es un asunto interno del Poder Judicial, sino un ataque a la ciudadanía en su conjunto. Por ello, anuncian movilizaciones y estrategias legales para impedir que la reforma se imponga sin cambios de fondo.
