Un tribunal de Quintana Roo establece que no se configura el delito de tortura al no ser autoridad
El empresario mexicano de origen libanés Kamel Nacif Borge obtuvo un amparo de un Tribunal Colegiado de Quintana Roo para revocar la orden aprehensión por su probable participación en el delito de tortura de la periodista, Lydia Cacho Riberio.
El 19 de enero de 2021, los abogados de Nacif Borge interpusieron un juicio de amparo para revocar la sentencia, la cual establecía la orden de aprehensión librada en contra el empresario por su probable participación en el delito de tortura.
“Debe otorgarse al quejoso la protección de la Justicia Federal para que el Titular del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito deje insubsistente la resolución dictada el 3 de diciembre de 2020, únicamente para José Kamel Nacif Borge”, establece la resolución.
La resolución, de dio al no tener la calidad de servidor público, un requisito necesario para acreditar el delito.
En 2019, un tribunal federal decidió proceder contra Nacif quien huyó a Líbano en virtud de que tiene doble nacionalidad; sin embargo, se desconoce su ubicación exacta.
Mientras se cumplimenta la orden de arresto contra Nacif Borge, las autoridades lograron la detención del exgobernador Mario Marín, quien se encontraba en la casa de su hermana en el puerto de Acapulco, Guerrero.
La carpeta de investigación apunta que la escritora y activista fue victimizada por aval e instrucciones de Mario Marín, quien ese entonces era gobernador de Puebla.
La encomienda, apuntan los archivos, fue en represalia por denunciar una red de explotación sexual infantil encabezada por los empresarios Kamel Nacif, actualmente bajo proceso en Líbano, y Jean Succar Kuri. El 13 de mayo, Nacif Borge fue detenido en Líbano.
El pasado 16 de abril la justicia mexicano informó de la ampliación de 5 a 7 años de cárcel al excomandante de la Policía Judicial Juan Sánchez Moreno, quien ejecutó la detención ilegal y tortura de la periodista
La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.
Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente y dijo que sufrió tocamientos e insinuaciones sexuales y amenazas de muerte.
A mediados de abril, la periodista dijo que la Magistrada María Elena Suárez Préstamo, quien dictó la resolución, “es la jueza que no se arredra, que no se ha rendido ni vendido a pesar de las presiones del poder”.
Horas antes, la organización Artículo 19 informó que se les notificó la sentencia de apelación “la cual aumenta a 7 años la pena del excomandante de la judicial, Juan Sánchez Moreno, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista”.