Enfrenta cargos por espionaje por la publicación de documentos militares secretos en WikiLeaks hace una década

Julian Assange, programador, periodista y activista de Internet australiano conocido por ser el fundador del sitio web WikiLeaks será extraditado a Estados Unidos, donde se le acusa de haber difundido documentos confidenciales.

“En virtud de la ley de 2003 sobre la extradición, la ministra firmará una orden de extradición si no hay ningún motivo que la prohíba”, dijo, el 17 de junio del 2022, un portavoz del ministerio de Interior británico, quien confirmó que la titular de dicha institución, Priti Patel, había firmado el decreto de extradición de Assange, que tiene 15 días para apelar dicha decisión.

Según el portavoz del ministerio del Interior, “los tribunales británicos no concluyeron que sería opresivo, injusto o un abuso procesal extraditar al señor Assange” y que “tampoco concluyeron que la extradición fuera incompatible con sus derechos, incluyendo el derecho a tener un juicio justo”. Asimismo, garantizaron que “durante su estancia en Estados Unidos será tratado de manera apropiada, también con respecto a su salud”.

El Gobierno de EU aseguró al Reino Unido que si extradita a Assange, este podría cumplir su condena en Australia, el país donde nació. Además, señalaron que no sería retenido en la penitenciaría de máxima seguridad de Florence, Colorado.

El ciudadano australiano se enfrenta a una posible cadena perpetua, si es declarado culpable en un tribunal de Estados Unidos por cargos de espionaje, derivados de la publicación de documentos militares secretos en WikiLeaks hace una década.

Las revelaciones publicados en el portal digital expusieron crímenes de guerra estadounidenses en Irak y Afganistán, archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la prisión de Guantánamo, Cuba, así como cables diplomáticos que desvelaron abusos de derechos humanos de EE.UU. en todo el mundo.

La fiscalía estadunidense acusó a Assange de 17 casos de espionaje y de uno de uso indebido de computadoras por la publicación de miles de documentos militares y diplomáticos filtrados a través de WikiLeaks. Los delitos podrían tener una pena máxima de 175 años de cárcel.