La iniciativa nace ante la desconfianza que existe en el gobernador Pablo Lemus.
Ante el incremento de la violencia en Teocaltiche y la falta de resultados por parte del gobierno de Jalisco, senadores de la República plantearon la posibilidad de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se establezca temporalmente en el estado para coordinar acciones contra el crimen organizado.
El senador morenista Gerardo Fernández Noroña criticó la ausencia de una estrategia efectiva por parte del gobernador Pablo Lemus y su gabinete de seguridad. Señaló que, frente al recrudecimiento de la violencia, es urgente que el gobierno federal intervenga de manera más directa en la región de los Altos, particularmente en Teocaltiche.
“Tal vez sea necesario que García Harfuch se venga a vivir un tiempo a Jalisco para obligar a que se den los pasos necesarios y se logre una coordinación real que dé resultados”, expresó el senador.
De acuerdo con cifras oficiales, en los primeros cinco meses de 2025 se han registrado 22 homicidios violentos en Teocaltiche, municipio que se ha convertido en escenario de disputa entre grupos del crimen organizado, principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El caso más reciente que encendió las alertas fue el asesinato de Cecilia Ruvalcaba, regidora y jefa de enfermeras del municipio, quien fue ejecutada con cuatro disparos en su centro de trabajo por sujetos armados. El crimen, considerado por legisladores como una ejecución con características del crimen organizado, evidenció nuevamente la falta de coordinación entre autoridades estatales y federales.
Fernández Noroña reiteró la urgencia de implementar una estrategia conjunta y efectiva en Jalisco.
“La situación en Teocaltiche es crítica. No puede seguir habiendo una competencia política entre niveles de gobierno mientras la gente vive bajo el control del crimen organizado”, advirtió.
La realidad es que Teocaltiche está atrapado entre dos fuegos: el Cártel de Sinaloa y el CJNG se disputan la región mientras el gobierno estatal permanece de brazos cruzados. Los habitantes viven bajo amenaza constante, sin que las autoridades locales logren siquiera garantizar lo más básico: la vida.
La propuesta ha generado debate en torno a la viabilidad y efectividad de que un funcionario federal se traslade a una entidad para encabezar directamente las labores de seguridad, aunque también refleja la desconfianza creciente en la capacidad del gobierno de Jalisco para enfrentar la crisis.
