La Federación está metiéndose, otra vez, en la lógica presupuestal de estados y municipios.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Desde el primer día de la 4T hubo una consigna clara, casi litúrgica: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Algo con lo que estoy de acuerdo. Lo que comenzó como una política de contención del gasto terminó convertido en un mandato moral… y después en una herramienta de poder.
Hoy la pregunta ya no es retórica: ¿la austeridad está limpiando al Estado o lo está debilitando?
El 17 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado su reforma electoral, rebautizada como “Plan B” tras el fracaso constitucional. La promesa es atractiva: reducir el costo de las elecciones. Menos gasto, más eficiencia.
Pero el detalle importa. La iniciativa propone topar salarios en el INE y los OPLES, limitar el número de regidores —ningún municipio podría tener más de 15— y fijar un techo de apenas 0.70% del presupuesto estatal para los congresos locales. Dicho de otro modo: la federación está metiéndose, otra vez, en la lógica presupuestal de estados y municipios.
Y hay algo más delicado. Mucho más.
La posibilidad de realizar la consulta de revocación de mandato el mismo día de las elecciones intermedias. Es decir, colocar a la presidenta en la boleta… y en campaña. No es un ajuste técnico: es una ventaja política.
Lo propuesto encaja demasiado bien en un patrón conocido: cada recorte “por justicia” termina reduciendo la capacidad de las instituciones que deben arbitrar al poder.
El INE ya sufrió una reducción de mil millones de pesos en 2026. Y ahora se le pide hacer más con menos.
No es austeridad: es presión estructural.
Pero vayamos a los “triunfos” de la austeridad.
La narrativa oficial presume la eliminación de pensiones a expresidentes, seguros médicos de élite y gastos suntuarios. Son decisiones populares, sin duda.
Pero en términos fiscales, el impacto es marginal: menos del 0.2% del gasto público.
Un ahorro simbólico que se amplifica en el discurso… pero que no transforma un presupuesto de más de 10 billones de pesos.
La austeridad, así planteada, no es una política económica de fondo. Es una narrativa políticamente rentable.
Donde esa narrativa se rompe es en los datos duros.
En salud, pese a aumentos nominales, hay una caída real frente a 2024. Instituciones como el Instituto Nacional de Cancerología, Nutrición o Cardiología enfrentan recortes de hasta un tercio de sus recursos reales.
No son cifras: son tratamientos que no llegan, diagnósticos que se retrasan y pacientes que pagan lo que el Estado dejó de cubrir.
En educación superior, los recortes acumulados superan los 83 mil millones de pesos desde 2019. Menos investigación, menos infraestructura, menos futuro.
Y en paralelo, el contraste incómodo: diputados con percepciones superiores a 1.3 millones de pesos anuales… y nuevas prestaciones.
La austeridad, al parecer, no es un principio: es un criterio de selección.
La austeridad republicana puede ser necesaria. Pero aplicada de forma selectiva deja de ser virtud y se convierte en mecanismo.
Cortar privilegios no debería significar recortar capacidades. Mucho menos debilitar a quienes vigilan al poder.
Si los ahorros son mínimos, pero los daños institucionales son profundos, entonces no estamos ante una transformación del Estado… sino ante su reconfiguración.
Y cuando la austeridad sirve más para concentrar poder que para mejorar la vida pública, deja de ser mística republicana…
y empieza a parecer una guillotina institucional.
EN EL TINTERO
La CNTE volvió con su viejo libreto: presión, caos y negociación. Nada nuevo bajo el sol… salvo la factura.
Carpetazo al caso de Pío López Obrador. Los videos del hermano del expresidente recibiendo dinero no fueron prueba suficiente.
