El Tribunal Constitucional de Perú aprobó un recurso legal que permite liberar al ex presidente por asesinato y corrupción

El Tribunal Constitucional peruano aprobó un recurso legal que permite dejar en libertad al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por asesinato y corrupción.

La votación a favor de un hábeas corpus restituye un indulto humanitario otorgado en la navidad de 2017, concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, anulado por una resolución de 2018 de la Corte Suprema que había dejado sin efecto el indulto.

Tras obtener el indulto de 2017, Fujimori vivió casi un año en una casa ubicada en un barrio residencial de Lima. Volvió a prisión en octubre de 2018.

La decisión permitirá excarcelar a Fujimori —de 83 años y quien gobernó entre 1990 y 2000— y acortar una sentencia que iba a culminar el 10 de febrero de 2032.

Fujimori había sido condenado a prisión por abusos de derechos humanos, al restituirle un indulto otorgado en diciembre 2017 y anulado en octubre de 2018, informó una fuente judicial.

Tras ser extraditado desde Chile en 2007, Fujimori fue condenado por las matanzas de Barrios Altos (15 muertos, incluido un niño de 8 años) y de La Cantuta (10 muertos), perpetradas por un escuadrón militar durante su gobierno.

La votación en el Tribunal, conformado por seis magistrados, arrojó un empate de tres votos a favor y tres en contra de acoger el hábeas corpus. Pero el presidente del tribunal, Augusto Ferrero, inclinó la balanza a favor de Fujimori debido a que su voto se cuenta como doble.

Fujimori es el único recluso del pequeño penal Barbadillo, ubicado en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en el este de Lima, al que regresó el lunes luego de permanecer 11 días en una clínica por problemas cardiacos.

El presidente Pedro Castillo dijo en su cuenta de Twitter que “los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito”, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podrán proteger el derecho de los familiares de las víctimas, quienes podrán apelar a esas instancias.

Aníbal Torres, primer ministro del Perú, añadió que la decisión “perjudica” al país, aunque acatarán el fallo. “¿Dónde quedan las familias de las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta? Delitos gravísimos. Los secuestraron, los quemaron vivos, los descuartizaron y los enterraron clandestinamente. Por delitos de esa naturaleza ha sido sancionado el señor Fujimori”, indicó.