La violencia y la desconfianza hacia la policía estatal, las principales razones.
La crisis de seguridad en la región de los Altos de Jalisco ha alcanzado un nuevo punto crítico: en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, prácticamente nadie quiere integrarse a las corporaciones de policía municipal.
Actualmente, en Teocaltiche hay 15 vacantes activas, mientras que en Villa Hidalgo se contabilizan 10. Es decir, al menos 25 plazas sin cubrir en zonas donde la violencia es una constante.
Las renuncias masivas de elementos municipales se han dado en medio del avance del crimen organizado y, más recientemente, tras el asesinato del comisario de Seguridad Pública de Teocaltiche, Ramón Grande Moncada, y del secretario general del Ayuntamiento, José Luis Pereida Robles.
Ambos homicidios marcaron un antes y un después en el ánimo de los cuerpos de seguridad locales, que hoy se sienten vulnerables, solos y sin respaldo.
Habitantes de ambas localidades han denunciado, en diversas ocasiones, que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera con total impunidad en la región. Peor aún: han señalado directamente a policías estatales como cómplices o protectores de este grupo criminal. Estas acusaciones han incrementado la desconfianza ciudadana hacia la Secretaría de Seguridad Pública del estado, encabezada por Juan Pablo Hernández.
El Geras
A pesar de que el titular de la policía estatal ha declarado públicamente que se han iniciado exámenes de control y confianza para quienes deseen integrarse a las corporaciones municipales, la realidad es que nadie se está presentando.
De acuerdo con testimonios recabados por Dominio Público Noticias, el motivo principal es la falta de confianza en la propia Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, señalada no solo por supuesta complicidad, sino también por el abandono en momentos críticos.
“Cuando más se les necesita, los policías estatales simplemente no están”, denunció un habitante de Teocaltiche. “Nos dejan solos frente al crimen”.
La falta de policías municipales no solo representa un riesgo para la seguridad de los ciudadanos, sino que también deja a los gobiernos locales sin capacidad real de respuesta ante la violencia. Mientras tanto, el miedo y la desconfianza continúan ganando terreno.
