“Latinus conoce perfectamente bien sus obligaciones y derechos, y tenemos todo en regla. Rechazamos tajantemente que desde el medio se haya cometido algún acto ilegal ”, apuntó esta empresa
Para el medio digital Latinus, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se maneja con un claro “abuso de poder”, además de señalarlo de que, presuntamente, obedece una línea establecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien cuestionan por criticarlos dado su labor informativa a través de “calumnias y difamaciones” e incluso de calificarlos como «enemigo jurado del gobierno».
Asimismo, el sitio aseguró tener todos sus documentos e informes económicos en regla y que no tienen nada que esconder.
“Latinus conoce perfectamente bien sus obligaciones y derechos, y tenemos todo en regla. Rechazamos tajantemente que desde el medio se haya cometido algún acto ilegal como los que señala”, apuntó en un boletín esta empresa.
En la mañanera, el servidor público mencionó que detrás del financiamiento de Latinus estarían los gobiernos de seis estados, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancias que según dijo, dieron a este portal noticioso entre 2019 y 2024, la cifra de 2 mil 437 millones de pesos.
Gómez Álvarez sostuvo que las entidades federativas involucradas con estos pagos son el Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.
Según el encargado de la UIF, Latinus es un consorcio que está integrado por cinco empresas: Digital Beacon Programatic, BCG Limited Consulting, Diseño de Salud Integral, Digimedical y Samedic, siendo así que las dos primeras son financiadas totalmente de manera directa por entidades públicas, como los son Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa.
Mientras que las otras compañías obtienen dinero de forma indirecta de los gobiernos del Estado de México, Hidalgo y Michoacán, así como del TEPJF.
