El asesinato del activista Simón Pedro Pérez exhibió un gobierno estatal rebasado por el tema de los cacicazgos y la justicia por mano propia de las autodefensas
En Pantelhó, Chiapas, un municipio perteneciente a la zona de los Altos, ubicado a una hora y media de distancia de San Cristóbal de las Casas, hay sed de justicia que raya en la venganza.
Durante dos décadas, el cacique del pueblo Austreberto Herrera, impuso su ley, incluso contra sus propios familiares.
Desde la cabecera municipal encabezó despojos y asesinatos de varias personas, sobre todo indígenas que viven en las 86 comunidades del municipio. Todos le temían a él y a su familia.
Las denuncias en su contra se acumulaban pero no fue hasta que un presidente municipal pidió al gobierno del estado que lo detuvieran para que pudiera gobernar. Austreberto fue encarcelado pero sus hijos heredaron el legado y replicaron los abusos.
Desde principios de este año se comenzó a planear un grupo de autodefensas. Obtener armas de fuego no fue una dificultad; a unos cuántos kilómetros de distancia está la comunidad de San Juan Chamula, donde todos saben, hay un gran mercado ilegal de armas.
Lo que desencadenó todo fue el asesinato del activista Simón Pedro Pérez López, miembro de Las Abejas de Acteal. Así, el 7 de julio aparecieron por primera vez fotos de hombres armados que se identificaron días después como “Los Machetes”.
Decenas de familias salieron del pueblo cuando se dieron los primeros enfrentamientos. La gente de “Los Herrera” incluso detonó dos bombas. Los autodefensas tomaron el pueblo y los agresores huyeron.
Para el viernes 23 de julio el gobierno del estado “vendió” la idea de que todo se había tranquilizado pues las familias comenzaban a regresar.
Sin embargo el lunes 26 de julio la realidad estalló. Los pobladores, en su mayoría indígenas, insistían en catear las casas de las personas a las que identifican cómo parte del grupo agresor.
Ese día hubo saqueos, casas y vehículos quemados. Pero también hubo abusos, casas de gente ajena al conflicto fueron arrasadas. Los indígenas, según diversos testimonios, pedían a la gente que mantuviera abiertas las puertas de sus casas para que entraran o de lo contrario darían por hecho que eran rivales.
Pobladores fueron agredidos por el simple hecho de ser vecinos de alguien sospechoso o por haber trabajado en alguna de las administraciones en el ayuntamiento.
Hubo gente que quedó atrapada. Sus familiares aseguran que además les prohibieron hablar con reporteros para contar lo que estaba pasando.
Los indígenas lo negaron, pero en medio de la revuelta siempre pagan justos por pecadores, por más justificadas que sean las demandas.
Hasta ahora no se ha establecido una mesa de negociación, el gobierno estatal ha sido rebasado completamente y en medio de todo quedan los pobladores, quienes reclaman que son víctimas del desdén del gobierno.