El juez consideró que en Tepepan recibirá la atención médica que requiere y que no tendrá en su casa

Un juez federal negó a Jesús Murillo Karam -ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR)- el beneficio de la prisión domiciliaria por su estado de salud.

Durante una audiencia que empezó la tarde del jueves y concluyó durante la madrugada de este viernes, el juez rechazó modificar la medida cautelar argumentando que la salud del ex funcionario federal no fue una de las razones que él consideró imponerle la prisión preventiva justificada.

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte resolvió que Murillo Karam permanecerá en la Torre Médica del Centro Femenil de Reinserción Social “Tepepan”, en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, para recibir tratamientos médicos especializados, hasta que su condición clínica se restablezca por completo.

“Lo objetivo es que el señor justiciable requiere de atención y observación médica y que ésta se le está dando y que para ello no es el mejor sitio su domicilio”, dijo Fuerte Tapia.

El juez agregó que en cuanto Murillo Karam se recupere, tanto los médicos tratantes, como la Fiscalía General de la República (FGR), deberán entregar sus respectivos informes, para establecer si el ex gobernador de Hidalgo debe continuar internado en un nosocomio o regresar a su celda del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Asimismo, Fuerte Tapia amplió por tres meses el plazo de la investigación complementaria del proceso contra el ex titular de la ahora extinta PGR, motivo por el que la defensa y la Fiscalía General de la República tendrán hasta el 24 de febrero de 2022, para recabar sus respectivos datos de prueba.

El juez dijo que cuando le impuso la prisión preventiva justificada a Murillo Karam, el 20 de agosto de 2022, lo hizo con base en la trascendencia de la investigación en la que está implicado y en el perfil del imputado, no en su estado de salud.

Según Fuerte Tapia, los dos aspectos que tomó en cuenta incluyen los múltiples cargos de primer nivel que desempeñó como servidor público, una red de apoyo, sus varios domicilios -uno de ellos había estado oculto-, sus ingresos y tener el pasaporte vigente.

También, la gravedad y las características de violencia de los delitos, el riesgo de que pudiera influir en peritos y agentes que fueron sus subordinados en la PGR, trastocando la investigación e impidiendo el conocimiento de la verdad de los hechos.