Aún cuando la denuncia es contra Arturo Zaldívar no tiene facultades para investigarlo y sancionarlo, ya que eso corresponde a la propia SCJN
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña, ordenó investigar a su antecesor Arturo Zaldívar y a sus principales colaboradores por corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).
De acuerdo con la información, el pasado nueve de abril, la ministra presidenta de la SCJN recibió una denuncia anónima en contra de Zaldívar y otros integrantes del PJF por conductas como vulnerar la autonomía e independencia de dicho poder; violencia sexual; falta de profesionalismo; enriquecimiento ilícito; cohecho; abuso de funciones y desvío de recursos.
Por lo que, ordenó al órgano iniciar una investigación contra Lelo de Larrea.
Los exfuncionarios que serán sujetos de esta investigación son Carlos Alpízar, exsecretario General de la Presidencia del CJF, señalado en la denuncia anónima de cometer enriquecimiento ilícito, extorsión y corrupción para obtener resoluciones “a modo”, violencia sexual, entre otros.
También será investigado Edgar Manuel Bonilla del Ángel, quien fue titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, señalado por corrupción; así como el ex director del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval, quien actualmente es coordinador de la ponencia de la ministra Lenia Batres y fue denunciado por corrupción, hostigamiento y uso indebido del cargo.
Ante dicha investigación Zaldívar, dijo a SinEmbargo que jamás se había iniciado una investigación contra un expresidente de la SCJN, menos aún por un anónimo, que involucra además a jueces y magistrados a los que él supuestamente presionó, inclusive con extorsiones y amenazas, para emitir sentencias a favor de sus intereses, lo que debió desecharse por falso.
“Se ve claramente una intencionalidad política. Esto es algo que va más allá de mí, me trasciende, porque no sólo menciona una gran cantidad de servidores públicos, sino porque claramente es una revancha, una venganza contra el Presidente de la 4T y tratando de intervenir en un momento electoral muy trascendente para el país. ¿Por qué? Porque si admitirla era particularmente irregular, la filtra. Toda investigación requiere decrecía, requiere sigilo. Al filtrarla se está afectando el principio de presunción de inocencia, el derecho de defensa y nuestra imagen y honorabilidad de todos los que estamos mencionados ahí”, dijo al medio en entrevista.
En la denuncia anónima se acusa a Zaldívar Lelo de Larrea, como el principal responsable de presionar a impartidores de justicia y de vulnerar la independencia judicial, entre 2019 y 2022.
“Ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”, se detalla en el documento.
