La víctima y su madre ahora buscan asilo político en Estados Unidos.
Víctimas de la Policía Estatal de Jalisco denunciaron ser víctimas de secuestros, amenazas y torturas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quienes presuntamente los obligan a cometer delitos bajo amenaza de matar a sus familiares si no obedecen sus órdenes.
De acuerdo con uno de los testimonios, un joven originario de Teocaltiche fue interceptado por una patrulla de la Policía Estatal cuando se dirigía a su casa tras detenerse en una gasolinera. Los agentes lo golpearon, lo amenazaron y le aseguraron que tenían secuestrada a su hermana. Le advirtieron que si no robaba la gasolinera, la asesinarían.
El joven relató que fue obligado a participar en el asalto junto con otro muchacho, y que después los policías los citaron en un hotel, donde les entregaron dinero y una bolsa con droga —al parecer cristal— que debían vender para evitar represalias contra su familia.
Aseguró que logró huir de Teocaltiche y que ahora busca asilo político en Estados Unidos, mientras exige al Gobierno Federal la salida inmediata de la Policía Estatal de Jalisco de los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, donde dijo, los habitantes viven aterrorizados por los abusos de “malos servidores públicos”.
Los hechos se dan en medio de una escalada de violencia en la región de los Altos Norte, donde apenas el 10 de mayo, dos sujetos armados asaltaron una gasolinera ubicada en el centro de Teocaltiche, amenazando a los despachadores y exigiendo “cuotas” bajo el argumento de que “la administración cambió”, adjudicándose vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La ola de violencia ha cobrado la vida de al menos 39 personas, entre ellas el secretario del Ayuntamiento, José Luis Pereira; la regidora Cecilia Covarrubias; el director de la Policía Municipal, Ramón Moncada Grande; y el activista Juan Pablo Alonso.
Las víctimas acusan directamente al secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, y al gobernador Pablo Lemus, de encubrir los abusos de los policías estatales y de incriminar a personas inocentes mientras los verdaderos responsables continúan libres.
A cinco meses del asesinato de la regidora y jefa de enfermeras Cecilia Ruvalcaba, la Fiscalía de Justicia de Jalisco no ha presentado avances ni esclarecido los hechos, lo que refuerza el clima de impunidad en la región.
