El Instituto también contempla facilitar las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de su Órgano Interno de Control (OIC), instancias que participan en las investigaciones administrativas y de fiscalización.
A días de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala como consejera-presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo formalizó esta noche una denunca penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones y el manejo de recursos públicos durante su administración.
La consejera-presidente provisional del INE, Blanca Cruz García, informó en la víspera que el equipo jurídico revisaban los últimos detalles del documento, que ya entregó la noche de este viernes a la institución federal que dirige la senadora de Morena con licencia Ernestía Godoy.
La investigación involucra a exfuncionarios y servidores públicos de distintas áreas del Instituto, sin limitarse a la anterior titular, Guadalupe Taddei, exhibida en una serie de videos y audios en presentas acciones delictivas.
Durante la semana, las diez consejerías electorales acordaron impulsar la acción legal para que la FGR investigue posibles conductas relacionadas con contratos y proveedores del organismo electoral.
El consejero electoral Arturo Castillo explicó que la Dirección Jurídica elaboraba el proyecto de denuncia, que posteriormente sería revisado por los equipos legales de las consejerías antes de su presentación.
Entre los posibles ilícitos mencionados en la información periodística sobre el caso figuran uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos. Su eventual configuración deberá ser determinada por las autoridades competentes.
La revisión busca establecer si existieron irregularidades en decisiones administrativas, contrataciones y relaciones con proveedores durante la anterior administración del INE.
La presidenta provisional, Blanca Cruz, ha señalado que la investigación debe abarcar a cualquier funcionario o exfuncionario que pudiera tener responsabilidad, independientemente de su cargo o de que continúe trabajando en el Instituto.
El organismo también contempla facilitar las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de su Órgano Interno de Control (OIC), instancias que participan en las investigaciones administrativas y de fiscalización.
