Ante el desinterés del Ejecutivo, el Poder Judicial impulsó la agenda de género

En México, el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo tuvo que ser defendido por el Poder Judicial ante el desinterés del Poder Ejecutivo a impulsar esa agenda y ante la falta de acuerdos entre los congresistas integrantes de la fracción mayoritaria y del partido en el gobierno Morena, para legislar en la materia.
“No puedo, por la investidura presidencial, exponerme a un desgastase, debo cuidarme ya que es un asunto bastante polémico. Que resuelva la Corte” dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La resolución de la Corte es novedosa en dos sentidos:
1.- Los ministros que integran la Corte resolvieron que las mujeres y “personas con capacidad de gestar” son las únicas titulares del derecho a interrumpir su embarazo voluntariamente.
2.- Utilizan el término “personas con capacidad de gestar”, con el que se reconoce a las personas que no se identifican con el género femenino o mujer.
Esta decisión coloca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el primer tribunal de justicia de América Latina en señalar que es inconstitucional criminalizar el aborto.
El asunto llegó a la Corte para que se revisaran diversos artículos del Código Penal de Coahuila que establecen que “comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción en cualquier momento del embarazo”.

Las ministras que integran el Pleno trataron de visibilizar, en sus argumentaciones, la realidad a la que se enfrenta una persona que decide abortar.
«La mujer, o persona con capacidad de gestar, tomará su decisión desde lo más hondo de su esencia, así que la ejecutará con la anuencia del estado o sin ella, y no se trata de negarles servicios de salud para dejarlas sin alternativas, porque no es verdad que les deje sin alternativas, se les deja a su suerte / además del estigma, la impotencia y el abandono enfrentar una sanción penal y se hace esto “en nombre de la vida”, eso sin contar que también lleva implícita la idea de un castigo, de una maternidad por castigo, de una maternidad en la que todos pueden opinar mientras reprueban a la gestante», dijo la ministra Margarita Ríos Farjat.
La ministra Yasmin Esquivel consideró que criminalizar el aborto no evita su práctica, pero sí asegura que morirán más mujeres en la búsqueda de encontrar una solución a todas las dificultades que, para ella, conlleva un embarazo y la maternidad no deseada
La ministra Norma Lucia Piña Hernández dijo que “llevar a término un embarazo entraña un impacto profundo en su autonomía, ante la enorme responsabilidad que implica procrear un hijo cuando no se tienen las condiciones vitales para hacerlo adecuadamente, más aún si se tiene en cuenta que las mujeres, históricamente, han sido privadas de las mismas oportunidades de desarrollo que los hombres, al atribuírseles roles secundarios por razones de género, relacionados, generalmente — y que no por eso son secundarios— con la crianza y la vida doméstica”
La decisión de la Corte sólo obliga a los jueces del país a no penalizar el aborto de ahí la importancia de que el asunto hubiera emanado del Poder Legislativo pues así será ley.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) sólo en 4 entidades del país: la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, se permite la interrupción legal del embarazo, por lo que esta práctica se penaliza en 28 estados.