Estudio concluye que la intención de la PGR no fue investigar los crímenes sino crear una narrativa alterna
Con participación de otras instituciones, la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo entonces de Jesús Murillo Karam, practicó la tortura de manera sistemática y generalizada contra detenidos por el caso Iguala en 2014 y 2015, concluye un dictamen elaborado por el profesor Juan Méndez para la fiscalía especial del Caso Ayotzinapa.
La intención de la PGR no fue investigar los crímenes sino crear la narrativa alterna que Murillo denominó “verdad histórica”. Son hechos tan graves que un tribunal internacional podría llegar a calificarlos como crímenes de lesa humanidad, consideró Méndez.
Desde Ginebra, Suiza, y en vísperas de la presentación de su nuevo libro Un puesto de lucha. Los derechos humanos en evolución, que tendrá lugar el 31 de marzo en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México, el ex relator de la ONU para casos de tortura habla por primera vez de su reciente contribución a las pesquisas sobre la noche de Iguala.
“No era solamente una opinión jurídica, lo hice sobre la base del estudio de muchos materiales que la fiscalía especial puso a mi disposición, incluidos videos de interrogatorios informales, por no decir ilegales, y también partes importantes del expediente”.
Méndez se enfocó en los ocho detenidos cuyas declaraciones, arrancadas con violencia, formaron la base de la versión desarrollada bajo las órdenes de Murillo Karam.
“Yo he tenido mucho contacto con personas torturadas y he conocido actos de tortura, pero rara vez uno encuentra documentación tan clara y al mismo tiempo con la intención de crear una narrativa y no con la intención de investigar los hechos debidamente”, explica el hoy académico del Washington College of Law.
Los videos que examinó no muestran los peores tratos contra los detenidos, sino que constituyen “una especie de formalización de un interrogatorio que sí ocurrió bajo severas torturas”.
