El gobierno federal indicó que “es decepcionante ver cómo se valen de tecnicismos y pretextos procedimentales para dejar de lado los derechos de las víctimas y favorecer a los implicados”
El Gobierno suscribió la postura y manifestaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la decisión de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes ordenaron que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad.
Ante ello, se solicitará a la Fiscalía que revise las medidas cautelares y se agoten todas las líneas de investigación, y dijo que el objetivo es garantizar el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos.
Indicó que “es decepcionante ver cómo se valen de tecnicismos y pretextos procedimentales para dejar de lado los derechos de las víctimas y favorecer a los implicados”.
Al descalificar la decisión de liberarlos para así seguir su proceso judicial, el Gobierno señaló que para el poder judicial lo importante no es hacer justicia.
“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa.
Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso.
“Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores”.
Aunque se esperaba una conferencia de prensa el gobierno decidió mejor sacar un comunicado en el que citó como ejemplo el caso de Tomás “N” (Zerón), actualmente prófugo en Israel.
Y aseguró que también intentaron dejar en libertad al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la fiscalía y otras dependencias del Gobierno de México.
“Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército”.
Añadió que es realmente preocupante escuchar sobre las decisiones tomadas por el Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Parece que su prioridad no es buscar la justicia ni encontrar la verdad, sino más bien obstaculizar el proceso.
Además, es alarmante que el mismo Poder Judicial haya liberado a personas involucradas en el caso argumentando tortura, pero no haya tomado acciones contra los torturadores. Esto solo refuerza la idea de que el sistema judicial no está realmente interesado en hacer justicia.
Es importante destacar que el Gobierno de México considera el caso Ayotzinapa como un asunto de Estado y está comprometido en buscar la verdad y llegar al fondo de los hechos.
“Esperemos que se tomen las acciones necesarias para corregir estas decisiones y se pueda avanzar en la búsqueda de justicia en este caso tan importante. La verdad y la justicia son fundamentales para la construcción de un Estado de derecho sólido”.
