La activista murió el 19 de octubre de 2001 en circunstancias poco claras, se dijo que se suicidó 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reabrirá la investigación en el caso Digna Ochoa y Plácido, luego de que el pasado viernes 21 de enero, la FGJCDMX fue notificada de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la investigación de la muerte de la defensora de los derechos humanos.

Digna Ochoa murió en circunstancias poco claras el 19 de octubre de 2001 en sus oficinas en la colonia Roma. La investigación judicial que se realizó en ese momento determinó que la causa de la muerte fue suicidio, sin embargo, se ha acusado que hubo irregularidades en el proceso y que los hechos más bien correspondieron a un homicidio.

En consecuencia y cumplimiento de la resolución de la Corte Interamericana, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, instruyó la reapertura de la investigación de la muerte de Digna Ochoa.

Ello se realizará adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales; poniendo al centro a las víctimas; y, con objetividad, imparcialidad y rigor científico.

Es de señalar que ya se celebró un encuentro y diálogo con la familia Ochoa y Plácido, así como con sus representantes y servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas y de la propia FGJCDMX, en donde se refrendó la convicción por parte de las instituciones de dar cumplimiento debido y oportuno, en los términos señalados en cada resolutivo de la sentencia.

Durante el encuentro se acordó orientarse al cumplimiento puntual de los diversos componentes de reparación a favor de las víctimas indirectas, en ánimo de dar respetuosa remembranza y reconocimiento a la labor de la defensora derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.

Para el caso concreto de la reapertura de la investigación, se acordó una reunión de trabajo con la familia y sus representantes para avanzar en el diseño de un plan de investigación, lo anterior, de conformidad al compromiso para que la indagatoria garantice la participación activa de la familia y sus representantes, en un marco de actuación sustentado en la perspectiva de derechos humanos y el enfoque de género.

También, esto conlleva a una conducción estratégica de las acciones de investigación que permitan a la familia, a las personas defensoras de derechos humanos y a la comunidad identificar el compromiso de las autoridades por el esclarecimiento de los hechos y el valor que tiene recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración y administración de justicia.