Están acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; son buscados en 194 países
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra siete personas, entre ellas la conductora de televisión, Inés Gómez Mont Arena, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los siete señalados habrían participado en diversos contratos con las Oficinas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas.
Los otros presuntos implicados por la Fiscalía General de la República fueron identificados como Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, y, Mauricio “R”.
El 19 de octubre del 2021, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), giró una ficha roja para buscar en 194 países la conductora de televisión, Inés Gómez Mont Arena, y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.
Quienes cuentan con una orden de aprehensión en México, por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un supuesto desvío de 2 mil 950 millones de pesos del sistema penitenciario federal.
El 29 de septiembre del 2021, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró un total de 10 órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente implicadas en el caso contra Gómez Mont Arena y Álvarez Puga.
Las órdenes de captura incluyen a Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, ex director general de Administración; y Emmanuel Castillo Ruiz, ex titular de la Coordinación General de Centros Federales de dicho organismo dependiente de la SEGOB, cuando el titular de esa dependencia era Miguel Ángel Osorio Chong (2012-2018).
La FGR señaló que los implicados -entre los que está Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, considerado como el principal prestanombres de Álvarez Puga- desviaron 2 mil 950 millones de pesos a empresas “factureras”, supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que dicho dinero provenía de dos contratos con el OADPRS, mismos que fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia, para diversos penales federales.
Así como para la adquisición de la interconexión de otros tres CEFERESOS. De los ex funcionarios federales que la FGR busca detener por este caso -entre los que también se encuentran José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras-, Uribe Arriaga ya cuenta con citatorio para una audiencia por otro caso, que se realizará el próximo 18 de octubre.
La FGR buscará imputar el pago a sobreprecio de 62 mil millones de pesos por el otorgamiento de contratos multianuales, durante la titularidad de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, a empresas como ICA, Arendal, PRODEMEX, GIA, TRADECO y HOMEX, para la construcción de un penal privatizado, con capacidad para 20 mil internos.
