La Fiscalía General de la República (FGR) informó del hallazgo de nueva evidencia de las operaciones que se realizaban a través de la empresa Ingemar, de la cual es accionista mayoritario Ernesto Ruffo Appel
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró documentos relacionados con operaciones de comercio exterior que podrían aportar nuevos elementos a la investigación contra una presunta red dedicada al contrabando de combustible por vía férrea, conocido como huachicol fiscal, en la que estaría vinculado el exgobernador Ernesto Ruffo Apel.
En un mensaje por videoconferencia, la funcionaria reveló que las nuevas investigaciones llevaron al descubrimiento de dos bodegas ubicadas en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.
«En ese inmueble, ministerios públicos y peritos de la FGR, con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos que darían cuenta de la simulación ejecutada por los presuntos integrantes de la red criminal», señaló.
«Además de documentos relacionados con otros esquemas delictivos que ya investiga esta Fiscalía. Toda esta información se encontraba oculta en ambas bodegas», dijo Godoy Ramos.
Durante su mensaje señaló que el análisis de lo asegurado «permitió identificar indicios relevantes, sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada, los cuales aportan mayores elementos del modus operandi y abrirían nuevas líneas de investigación» de la «red criminal» con la que estarían vinculados Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California y 24 personas más, de las cuales, nueve ya han sido detenidas.
Particularmente sobre Ruffo Appel, mencionó que la fiscalía no ha sido notificada de que la defensa de Ruffo Appel, «haya solicitado el cambio de medida cautelar a efecto de que la prisión preventiva oficiosa sea cumplida en prisión domiciliaria», aunque su defensa informó que solicitó mediante un juicio de amparo una audiencia para que se autorice que puede enfrentar su proceso en prisión domiciliaria y abandone la prisión de máxima seguridad del Altiplano.
