De acuerdo con las investigaciones de la FGR, esta red generó, a través del huachicol, un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que el daño al erario producida por una red de huachicol fiscal ligada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, asciende a 4 mil millones de pesos.
En un mensaje a medios, la Fiscal destacó que se trata de la más grande red de huachicol fiscal detectada hasta ahora la cual utilizaba carros-tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones.
Esta red introducía combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
Este tipo de operaciones requiere de estructuras empresariales, financieras, aduaneras y logísticas coordinadas, por lo que su investigación demanda un trabajo técnico y especializado.
La investigación permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto “N”, ex gobernador de Baja California, quien fue aprehendido en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad.
Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los efectivamente transportados.
El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos de América, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes.
De acuerdo a la investigación, la red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril. Reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión, llamadas espuelas ferroviarias, para su distribución ilegal.
En esos puntos, y sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético, el producto era descargado en pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas diferentes.Después, estas empresas se encargaban de vender y distribuir el combustible en distintas regiones del país.
El análisis de dichas operaciones permitió estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.
Como resultado de este primer bloque de la investigación, se desplegó una operación de amplio alcance, con la cual se obtuvieron órdenes de aprehensión contra 25 objetivos.
Ernesto “N” y cuatro personas más, fueron detenidos en el transcurso del día. La fiscal detalló que del primero de diciembre de 2025 al 15 de julio del presente año, han llevado a proceso a 407 personas, relacionadas con enormes redes de contrabando de combustible, que operaban tanto por vía marítima, ferroviaria y terrestre.
