por Dominio Público | Jul 7, 2026 | Nacional, Principales
El secretario de Seguridad reporta más de 2 mil 400 detenidos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch aseguró que el incremento de la violencia en Sinaloa se originó por la confrontación entre grupos delictivos derivada de la captura de Ismael «El Mayo» Zambada en Estados Unidos, ocurrida el 25 de julio de 2024, situación que provocó una escalada de enfrentamientos en la entidad y obligó al gobierno federal a reforzar de manera permanente el despliegue de fuerzas de seguridad.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que, desde el inicio de la actual administración, el 1 de octubre de 2024, Sinaloa ha requerido atención prioritaria mediante un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
«Sinaloa es una entidad que ha requerido atención permanente, coordinación interinstitucional y un despliegue operativo sostenido, con la principal finalidad de proteger a la población y combatir la impunidad», afirmó.
Harfuch recordó que el recrudecimiento de la violencia comenzó tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada y Joaquín Guzmán López en territorio estadounidense, hecho que detonó una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, con un aumento de homicidios, bloqueos, ataques armados y otros hechos violentos en distintos municipios del estado.
«Como se ha informado aquí en diversas ocasiones, al inicio de este gobierno ya existía un incremento en los enfrentamientos entre grupos delictivos», señaló.
El secretario sostuvo que la respuesta federal ha consistido en mantener una presencia permanente de las fuerzas de seguridad y desarrollar operaciones de inteligencia para debilitar las estructuras criminales.
Informó que, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, las autoridades federales han detenido a 2 mil 487 personas por delitos de alto impacto en Sinaloa, además de asegurar más de 3 mil armas de fuego, decenas de toneladas de droga y laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de metanfetaminas.
«Nuestro objetivo ha sido proteger a la población y disminuir la capacidad operativa de las organizaciones criminales», expresó.
Añadió que las acciones también han permitido el aseguramiento de vehículos blindados, explosivos, municiones y equipos empleados por grupos delictivos, como parte de una estrategia basada en inteligencia e investigación.
«Los resultados que hoy presentamos son producto del trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad y de las instituciones federales que diariamente operan en Sinaloa», indicó.
Harfuch aseguró que las operaciones continuarán de manera permanente hasta reducir los niveles de violencia y recuperar las condiciones de seguridad en la entidad.
«No vamos a disminuir la presencia de las fuerzas federales; por el contrario, seguiremos fortaleciendo las operaciones para proteger a las familias sinaloenses y combatir la impunidad», concluyó.
por Dominio Público | Abr 22, 2026 | Opinión, Principales
Morelos no está bien. Y pretender lo contrario no sólo es irresponsable, es ofensivo para quienes todos los días entierran a sus muertos.
Raúl García Araujo @araujogar
En Morelos la violencia dejó de ser noticia para convertirse en rutina, y lo más grave no es la frecuencia de los hechos, sino la insistencia del gobierno estatal por administrarlos desde el discurso, minimizarlos en los hechos y diluir su gravedad ante una ciudadanía que vive, todos los días, bajo la sombra del miedo.
Lo ocurrido en los últimos días no admite eufemismos ni matices. El asesinato de Brenda Kelly Analco Santanero, enganchada con una falsa oferta de trabajo y localizada sin vida días después, evidencia no sólo la brutalidad del crimen, sino la fragilidad absoluta en la que se encuentran las mujeres frente a redes delictivas que operan con impunidad.
La respuesta institucional, como ya es costumbre, llegó tarde. Siempre llega tarde.
A la par, la masacre en el bar “El Rincón de la Banda” en Ayala —ocho personas ejecutadas sin piedad— confirma que amplias zonas del estado están bajo control de la violencia.
No fue un hecho aislado, fue un mensaje. Y el mensaje fue claro: aquí no hay autoridad que contenga, ni estrategia que disuada.
Como tampoco la hay en Cuautla, donde un cuerpo decapitado fue abandonado en plena vía pública, con un nivel de saña que habla de la normalización del horror.
O en Temixco, donde un comandante de la policía fue asesinado a plena luz del día, elevando a diez el número de elementos de seguridad ejecutados en lo que va del año. Ni quienes deberían garantizar la seguridad están a salvo.
Mientras tanto, la zona oriente —Ayala, Cuautla— sigue hundida en una crisis de violencia que supera ya los cinco años, sin que los operativos, refuerzos militares o despliegues especiales hayan logrado cambiar la realidad. Los anuncios van y vienen. Los muertos, también.
En este contexto, los llamados de organizaciones civiles y del sector empresarial no sólo han sido ignorados, sino prácticamente despreciados. Se pide acción, se exige estrategia, se reclama presencia del Estado. Pero la respuesta ha sido el silencio, la evasión o, peor aún, la narrativa de que las cosas “no están tan mal”.
La gobernadora Margarita González Saravia tiene hoy una responsabilidad que no admite excusas. Gobernar no es administrar crisis desde el discurso, es enfrentarlas con resultados. Y esos resultados no están a la vista.
Tampoco lo están en el desempeño del secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, ni en el del fiscal Fernando Blumenkron Escobar.
Ambos han quedado rebasados por la realidad. Los homicidios no disminuyen, los feminicidios no se detienen y la percepción de inseguridad crece. No hay estrategia visible, no hay golpe de timón, no hay señales de control.
Y cuando un gobierno pierde el control de la seguridad, lo pierde todo.
Porque aquí el problema ya no es sólo la violencia desbordada, sino la negación sistemática de esa violencia. Es el intento constante de bajarle el volumen a una crisis que grita por todos lados. Es la peligrosa apuesta por simular normalidad en medio del caos.
Morelos no está bien. Y pretender lo contrario no sólo es irresponsable, es ofensivo para quienes todos los días entierran a sus muertos.
Al final, la crudeza de la realidad termina por exhibir lo que el discurso intenta ocultar. Y es ahí donde cobra sentido aquella frase que el expresidente Andrés Manuel López Obrador lanzaba sin rodeos: “hay maderas que de plano no agarran el barniz”.
Hoy, en Morelos, esa frase ya no suena a crítica política.
Suena a diagnóstico.
En Cortito: Nos cuentan que la reducción de delitos de alto impacto en Ecatepec no es sólo un dato estadístico ni un informe administrativo: es un movimiento político que busca reposicionar al municipio dentro del debate nacional sobre seguridad pública.
La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, colocó sobre la mesa una caída del 36 por ciento en delitos como extorsión, robo de vehículo y robo a transporte en el primer trimestre del año, una cifra que, más allá de su valor técnico, tiene una lectura inevitable en el contexto mexiquense: demostrar que incluso en los territorios más complejos es posible revertir tendencias delictivas cuando hay coordinación y operación constante.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la reducción se detalla en varios frentes: 49 por ciento menos extorsión, 38 por ciento en robo de vehículo, 38 por ciento en robo a negocio, 27 por ciento en robo a transeúnte y 29 por ciento en homicidio doloso.
En términos fríos, se trata de una baja simultánea en delitos de alto impacto que, en otros contextos, suelen moverse de forma independiente.
La narrativa oficial sostiene que estos resultados derivan de la implementación territorial de la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el respaldo del gobierno del Estado de México encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
El énfasis no es menor: se trata de vincular un caso municipal con un diseño de política pública federal.
por Dominio Público | Feb 22, 2026 | Principales, Seguridad
La quema de sucursales se extendió a los municipios de Yecapixtla y Mazatepec, ubicados en la región oriente y surponiente, respectivamente.
Por Luis Alberto Beltrán
Corresponsal
Morelos.- Integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) también causaron disturbios en varios puntos del estado, tras la muerte de su líder El Mencho.
Al menos seis tiendas de conveniencia y dos taxis fueron incendiados en cuatro municipios, lo que generó que se activaran operativos en los límites con otros estados, sí como el monitoreo de los distintos penales de la entidad.
El primer hecho de violencia ocurrió en la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Jiutepec. Sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron una bomba molotov a una tienda oxxo y huyeron de inmediato.
Minutos más tarde, se reportó la quema de otras dos tiendas de esta cadena en el municipio de Temixco, así como la quema de un taxi.
La quema de sucursales se extendió a los municipios de Yecapixtla y Mazatepec, ubicados en la región oriente y surponiente, respectivamente.
Frente a estos hechos de violencia, las empresas de camiones de pasajeros anunciaron la cancelación de corridas a otros estados, y algunas bases de transporte colectivo cerraron sus accesos.
Ante ello, el Gobierno del Estado, anunció que la Mesa de Paz y Seguridad acordó fortalecer los operativos de vigilancia.
por Dominio Público | Feb 20, 2026 | Lo nuestro, Principales
El municipio de Jalisco se perfila como uno de los puntos donde el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, pretende implementar la Operación Enjambre, una estrategia enfocada en intervenir zonas con alta incidencia delictiva.
Mientras en Jalisco los homicidios dolosos registraron una reducción general durante 2025, el municipio de Teocaltiche mostró un comportamiento contrario, al multiplicar de manera significativa las carpetas de investigación por este delito, de acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.
El Reporte sobre incidencia delictiva en Jalisco. Anual 2025 señala que en el estado se abrieron 954 carpetas de investigación por homicidio doloso el año pasado, lo que representó una reducción del 34.37 por ciento en la tasa por cada 100 mil habitantes respecto a 2024, cuando se contabilizaron mil 442 casos. En promedio, durante 2025 se iniciaron 2.6 carpetas diarias en la entidad.
Sin embargo, esta tendencia a la baja no se reflejó en Teocaltiche. El municipio alteño pasó de apenas 2 carpetas en 2024 a 32 en 2025, convirtiéndose en el único municipio con un crecimiento de esta magnitud.
“A pesar de las reducciones, hubo aumentos que llaman la atención como el de Teocaltiche, que pasó de 2 a 32 carpetas”, destaca el documento.
Otros municipios también registraron incrementos, aunque mucho menores: Mezquitic pasó de dos a cuatro; Cabo Corrientes, Villa Corona y Jesús María, de una a dos; El Arenal, Ahualulco de Mercado y Tomatlán, de una a tres; Poncitlán, de una a cuatro; Zapotlán el Grande, de cinco a siete, y Etzatlán, de cero a una.
El repunte en Teocaltiche ocurrió en medio de la promesa de pacificación anunciada el año pasado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
Además, el municipio se perfila como uno de los puntos donde el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, pretende implementar la Operación Enjambre, una estrategia enfocada en intervenir zonas con alta incidencia delictiva.
