Congreso de Tabasco, el primero en aprobar el Plan B de la reforma electoral
El Plan B de reforma electoral fue aprobada durante la madrugada de este jueves con 29 votos a favor y uno en contra en el Congreso de Tabasco
El Plan B de reforma electoral fue aprobada durante la madrugada de este jueves con 29 votos a favor y uno en contra en el Congreso de Tabasco
Indicó que, desde su perspectiva, no existían argumentos sólidos para rechazar la propuesta.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que los partidos políticos no aprobaron la propuesta para permitir la revocación de mandato en 2027 debido al temor de que su imagen apareciera en la boleta electoral y pudiera influir en los resultados.
Señaló que la iniciativa buscaba abrir la posibilidad de que este ejercicio democrático no se realizara únicamente en el cuarto año de gobierno, sino también en el tercero o en años posteriores, sin que fuera obligatorio y siempre sujeto a la recolección de firmas.
Indicó que, desde su perspectiva, no existían argumentos sólidos para rechazar la propuesta, y consideró que la decisión respondió a cálculos políticos de los partidos, quienes temían un posible impacto en las votaciones.
No obstante, destacó que sí se aprobó la parte central de las reformas relacionadas con la eliminación de privilegios en el uso de recursos públicos, lo que calificó como un avance importante.
Explicó que entre estas medidas se encuentra la reducción de pensiones elevadas, límites a prestaciones y beneficios de funcionarios, así como ajustes en presupuestos de órganos electorales y congresos, con el objetivo de evitar gastos excesivos y destinar esos recursos a áreas como salud, educación y programas sociales.
Sostuvo que estas acciones forman parte de la política para erradicar privilegios y garantizar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de la población.
La reforma contempla medidas de austeridad en los órganos electorales del país, entre ellas la reducción del presupuesto de los congresos estatales y del propio Senado.
El Senado de la República aprobó el llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con modificaciones que excluyen disposiciones sobre el mecanismo de revocación de mandato.
Tras más de seis horas de debate, el dictamen fue avalado en lo general con 87 votos a favor y 41 en contra, alcanzando la mayoría calificada.
Durante la discusión, legisladores del Partido del Trabajo (PT) respaldaron la iniciativa en conjunto con Morena; sin embargo, presentaron reservas para eliminar los apartados relacionados con la revocación de mandato, condición planteada por su dirigente, Alberto Anaya.
La reforma contempla medidas de austeridad en los órganos electorales del país, entre ellas la reducción del presupuesto de los congresos estatales y del propio Senado, la eliminación de seguros privados y el ajuste a las remuneraciones de consejeros, magistrados y funcionarios, estableciendo que no podrán percibir ingresos superiores a los del titular del Ejecutivo federal.
Con las modificaciones realizadas, la minuta fue remitida a la Cámara de Diputados durante la madrugada, donde será analizada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral para su dictamen.
“En la sesión del martes, tenemos considerado dar primera lectura de la Reforma Constitucional del Plan B, ello para estar en posibilidades de discutirla para el miércoles 25″, dijo Laura Itzel Castillo
La Federación está metiéndose, otra vez, en la lógica presupuestal de estados y municipios.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Desde el primer día de la 4T hubo una consigna clara, casi litúrgica: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Algo con lo que estoy de acuerdo. Lo que comenzó como una política de contención del gasto terminó convertido en un mandato moral… y después en una herramienta de poder.
Hoy la pregunta ya no es retórica: ¿la austeridad está limpiando al Estado o lo está debilitando?
El 17 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado su reforma electoral, rebautizada como “Plan B” tras el fracaso constitucional. La promesa es atractiva: reducir el costo de las elecciones. Menos gasto, más eficiencia.
Pero el detalle importa. La iniciativa propone topar salarios en el INE y los OPLES, limitar el número de regidores —ningún municipio podría tener más de 15— y fijar un techo de apenas 0.70% del presupuesto estatal para los congresos locales. Dicho de otro modo: la federación está metiéndose, otra vez, en la lógica presupuestal de estados y municipios.
Y hay algo más delicado. Mucho más.
La posibilidad de realizar la consulta de revocación de mandato el mismo día de las elecciones intermedias. Es decir, colocar a la presidenta en la boleta… y en campaña. No es un ajuste técnico: es una ventaja política.
Lo propuesto encaja demasiado bien en un patrón conocido: cada recorte “por justicia” termina reduciendo la capacidad de las instituciones que deben arbitrar al poder.
El INE ya sufrió una reducción de mil millones de pesos en 2026. Y ahora se le pide hacer más con menos.
No es austeridad: es presión estructural.
Pero vayamos a los “triunfos” de la austeridad.
La narrativa oficial presume la eliminación de pensiones a expresidentes, seguros médicos de élite y gastos suntuarios. Son decisiones populares, sin duda.
Pero en términos fiscales, el impacto es marginal: menos del 0.2% del gasto público.
Un ahorro simbólico que se amplifica en el discurso… pero que no transforma un presupuesto de más de 10 billones de pesos.
La austeridad, así planteada, no es una política económica de fondo. Es una narrativa políticamente rentable.
Donde esa narrativa se rompe es en los datos duros.
En salud, pese a aumentos nominales, hay una caída real frente a 2024. Instituciones como el Instituto Nacional de Cancerología, Nutrición o Cardiología enfrentan recortes de hasta un tercio de sus recursos reales.
No son cifras: son tratamientos que no llegan, diagnósticos que se retrasan y pacientes que pagan lo que el Estado dejó de cubrir.
En educación superior, los recortes acumulados superan los 83 mil millones de pesos desde 2019. Menos investigación, menos infraestructura, menos futuro.
Y en paralelo, el contraste incómodo: diputados con percepciones superiores a 1.3 millones de pesos anuales… y nuevas prestaciones.
La austeridad, al parecer, no es un principio: es un criterio de selección.
La austeridad republicana puede ser necesaria. Pero aplicada de forma selectiva deja de ser virtud y se convierte en mecanismo.
Cortar privilegios no debería significar recortar capacidades. Mucho menos debilitar a quienes vigilan al poder.
Si los ahorros son mínimos, pero los daños institucionales son profundos, entonces no estamos ante una transformación del Estado… sino ante su reconfiguración.
Y cuando la austeridad sirve más para concentrar poder que para mejorar la vida pública, deja de ser mística republicana…
y empieza a parecer una guillotina institucional.
EN EL TINTERO
La CNTE volvió con su viejo libreto: presión, caos y negociación. Nada nuevo bajo el sol… salvo la factura.
Carpetazo al caso de Pío López Obrador. Los videos del hermano del expresidente recibiendo dinero no fueron prueba suficiente.