En coordinación con las embajadas correspondientes, se ha gestionado el retorno a sus países de origen de aquellos visitantes que ya han sido dados de alta
Entre quienes conocen la operación interna del OPLE poblano, se desliza que el interés no sería solo político, sino también administrativo: evitar que temas heredados escalen o se reabran.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero nos cuentan desde Puebla que la recién nombrada consejera electoral, Blanca Yassahara Cruz García, no perdió tiempo y, tras el protocolo en el Instituto Nacional Electoral, regresó a su estado.
En los pasillos del Organismo Público Local Electoral de Puebla aseguran que su visita no fue solo de cortesía.
Coincide, dicen, con el arranque de los movimientos rumbo a la renovación de la presidencia del organismo, donde ya empiezan a perfilarse nombres.
Ahí es donde varios levantaron la ceja: hay quien sostiene que la consejera estaría buscando incidir en ese relevo, impulsando a un perfil cercano que le dé continuidad a ciertas decisiones tomadas en su etapa local.
Otros, más cautos, hablan de simple interlocución política en un momento clave.
El comentario no es menor. Entre quienes conocen la operación interna del OPLE poblano, se desliza que el interés no sería solo político, sino también administrativo: evitar que temas heredados escalen o se reabran.
En paralelo, volvió a mencionarse en corto a viejos conocidos del sector de impresión, entre ellos la familia Carranza, lo que para algunos es coincidencia y para otros, parte de una red que sigue activa.
Por lo pronto, la llegada al INE no parece haber significado un corte con Puebla. Al contrario, dicen, la interlocución sigue… y no precisamente a distancia.
Y Sepa La Bola… pero en algunas regiones del país, programas de apoyo dirigidos a agricultores estarían siendo aprovechados por grupos de la delincuencia organizada para intervenir en la cadena de comercialización de las cosechas.
De acuerdo con versiones recogidas en campo, estos grupos compran productos agrícolas a precios por debajo del mercado directamente a los productores, para posteriormente revenderlos a instancias gubernamentales a un costo mayor.
Este esquema, señalan las fuentes, afecta de manera directa a los agricultores, quienes reciben menores ingresos por su producción, mientras que intermediarios ilegales concentran las ganancias.
La situación también podría distorsionar los objetivos de los programas públicos, diseñados para fortalecer al sector rural, pero que en estos casos terminan beneficiando a terceros ajenos a la actividad productiva.
Y Sepa La Bola, pero ocurrido en Teotihuacán no es un hecho aislado ni menor; es una alerta directa sobre la fragilidad con la que se está gestionando la seguridad en espacios turísticos clave de México.
La muerte de una turista canadiense y las personas heridas no solo estremecen por la tragedia humana, sino por lo que representan: una grieta en la confianza internacional hacia uno de los destinos más emblemáticos del país.
Teotihuacán no es cualquier sitio. Es símbolo de identidad, de historia y de proyección global. Lo que sucede ahí trasciende lo local y se convierte en un mensaje hacia el exterior. Hoy, ese mensaje es incómodo: la percepción de riesgo está ganando terreno donde debería existir certeza.
El avance de las investigaciones y la respuesta de las autoridades han sido observados con lupa. Más allá de los resultados periciales, el tema de fondo es la prevención.
¿Qué falló para que una visita turística terminara en tragedia? Esa es la pregunta que aún no encuentra una respuesta clara ni contundente.
Para México, el impacto es doble. Por un lado, el golpe reputacional en materia turística; por otro, la urgencia de replantear protocolos de seguridad en zonas de alta afluencia internacional. No se trata solo de esclarecer, sino de garantizar que no se repita.
Porque cuando falla la seguridad en un sitio como Teotihuacán, no solo cae una estadística: se tambalea la credibilidad de todo un destino país.
La FGJEM informó que el cuerpo de Julio César “N”, agresor del tirador en Teotihuacán, fue entregado a sus familiares tras concluir las diligencias ministeriales sobre el caso ocurrido el 20 de abril
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que habrá un reforzamiento en las medidas de seguridad
Detalló que la actuación oportuna de la Guardia Nacional fue clave para evitar una tragedia mayor en uno de los puntos turísticos más visitados del país.
Tras el ataque armado registrado el día de ayer en la zona arqueológica de Teotihuacán, el Gobierno Federal anunció un refuerzo inmediato de la seguridad en todos los sitios arqueológicos y principales destinos turísticos del país.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la respuesta del Estado fue inmediata, luego de un hecho sin precedentes en un espacio de esta relevancia.
Elementos de la Guardia Nacional actuaron con rapidez y lograron ubicar al agresor en cuestión de minutos.
Durante la intervención, el atacante fue herido y neutralizado, evitando que continuara la agresión.
Al verse rodeado por las fuerzas de seguridad, el agresor se quitó la vida, con lo que se dio por concluida la amenaza.
Harfuch destacó que la actuación oportuna de la Guardia Nacional fue clave para evitar una tragedia mayor en uno de los puntos turísticos más visitados del país.
Tras los hechos, se activaron protocolos de atención a víctimas y se mantiene el acompañamiento institucional a sus familias.
Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ordenó fortalecer de manera inmediata la seguridad en zonas arqueológicas y destinos turísticos a nivel nacional.
Las medidas incluyen el incremento de la presencia de la Guardia Nacional, el endurecimiento de revisiones y controles de acceso, así como el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia.
Asimismo, se ampliarán los patrullajes físicos y cibernéticos en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, con el objetivo de prevenir y detectar amenazas.
El secretario también resaltó la coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, cuya intervención fue fundamental desde los primeros momentos.
