El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, informó que sostuvo apenas un primer contacto con la alcaldesa Margarita Villalobos para coordinar “algunas líneas de acción”.
Han pasado más de dos meses desde la desaparición de ocho policías municipales de Teocaltiche, Jalisco, y apenas ahora la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento, empieza a considerar mecanismos de apoyo para las familias de los oficiales, evidenciando una preocupante lentitud institucional frente a un caso de violencia extrema.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero, cuando los oficiales, junto con un chofer, se dirigían a Guadalajara para realizar exámenes de control y confianza. Al día siguiente, cuatro de ellos fueron hallados asesinados y desmembrados, sus restos abandonados en bolsas en un tramo carretero cercano a la comunidad de La Esperanza. Desde entonces, no se tiene información sobre el paradero de los demás elementos.
Pese a la brutalidad del crimen y la gravedad de la situación, las autoridades estatales y municipales no habían articulado ninguna medida concreta de apoyo a las familias afectadas hasta ahora. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, informó que sostuvo apenas un primer contacto con la alcaldesa Margarita Villalobos para coordinar “algunas líneas de acción” que permitan brindarles ayuda económica y acompañamiento.
“Lamentablemente, cuando pasan este tipo de situaciones, nadie se hace cargo de las familias. Las dejan solas, sin trabajo, y pueden pasar por situaciones muy complicadas”, reconoció el funcionario, con una honestidad que deja en evidencia la falta de protocolos y atención estructural para los elementos de seguridad y sus familias.
El funcionario aseguró que continúan los operativos de búsqueda en municipios de la región Altos Norte, aunque no ofreció detalles específicos sobre avances, ni posibles líneas de investigación. También mencionó que se proporciona atención psicológica a las familias, aunque no se precisó desde cuándo ni con qué recursos.
El mismo 19 de febrero, día en que fueron hallados los cuerpos, la Secretaría de Seguridad intervino las comisarías de Teocaltiche y Villa Hidalgo y puso en marcha una serie de operativos que derivaron en la localización de casas de seguridad, armamento de alto calibre y la detención de presuntos integrantes del crimen organizado.
Sin embargo, ni las detenciones ni los aseguramientos han arrojado claridad sobre la desaparición de los otros policías, ni sobre los motivos detrás de este ataque directo y coordinado, lo cual aumenta la percepción de impunidad y desprotección para los cuerpos de seguridad que operan en zonas marcadas por el conflicto entre grupos criminales.
Mientras tanto, las familias de los desaparecidos siguen esperando respuestas, justicia y, al menos, un respaldo institucional que debió llegar desde el primer momento. La tardía reacción de las autoridades solo profundiza el dolor y la incertidumbre de quienes han sido doblemente víctimas: de la violencia y del abandono oficial.
