Inicia Universidad Autónoma de Hidalgo tres denuncias en contra de la titular de DDHH.
Una Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo dirigida a la Universidad Autónoma de esa entidad (UAEH) derivó en una serie de actos intimidatorios contra la titular, Ana Karen Parra Bonilla, y su equipo de trabajo.
Hechos por los que la Ombudsperson se vio obligada a tomar medidas de protección para salvaguardar la integridad y seguridad de ella, su familia y del personal que participó en la investigación que dio lugar al referido aviso.
Tras lamentar el estado de vulnerabilidad con el que labora el organismo de Derechos Humanos, Parra Bonilla explicó que no han podido iniciar una denuncia debido a que todos los actos de coacción provienen de redes sociales y número desconocidos.
“Hasta ahorita ha sido hostigamiento en redes sociales, con llamadas, que sabemos que son solamente para intimidarnos, pero eso no va a hacer que bajemos la guardia. Si supiéramos específicamente quiénes y de dónde provienen, ya lo hubiéramos denunciado”, expresó.
Luego de que la CDHEH emitió el 19 de agosto la recomendación R-VG-00012-24 a esa casa de estudios, por hechos violentos cometidos por su personal en contra de estudiantes del Instituto de Artes (IA) el 19 de septiembre de 2023, la Comisión está en un estado de fragilidad.
Esto, a causa de los mecanismos judiciales de los que se ha valido la autoridad de la Universidad con la intención de callarla y mermar el trabajo de defensa en beneficio de las personas, en este caso, de los estudiantes.
Sin embargo, en respuesta a la Recomendación, el 21 de agosto la UAEH informó que iniciaron tres carpetas de investigación, por los delitos de revelación de secreto agravado, abuso de autoridad e infidelidad de custodia de documentos y violación de secretos, en contra de personal de la Comisión y por quienes solicitaron a la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEH) la separación del cargo, como medida cautelar.
Dichas acciones, de acuerdo con Para Bonilla, demuestran el desconocimiento de las autoridades universitarias en materia de Derechos Humanos y en el trabajo que allí se realiza, así como de la Ley y el Reglamento que rigen sus funciones, base sobre la cual toman determinaciones para emitir sus recomendaciones.
Además, como órgano autónomo no jurisdiccional, el personal de la Comisión el personal de la comisión será inviolable por lo que nunca podrán ser detenidos, multados, perseguidos o juzgados en razón de la opiniones que manifiesten en el ejercicio de sus funciones. por las investigaciones que realiza sobre violaciones de Derechos Humanos, explicó.
“La metodología que nosotros usamos de investigación es un sistema no jurisdiccional, el jurisdiccional es la procuración de justicia, por eso es incomprensible que un sistema jurisdiccional pueda ser utilizado para amedrentar a personas de Derechos Humanos”, sentenció.
En cuanto al asunto que detonó la Recomendación, abundó, fueron comprobadas las violaciones a Derechos Humanos de los estudiantes y de la comunidad Universitaria, por lo que el actuar de la UAEH es un agravio en contra de su labor como órgano defensor.
Incluso, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), conformada por representantes de DDHH del país, se pronunció el 31 de agosto en contra de las acciones emprendidas por la UAEH pues éstas comprometen y amenazan la independencia de acción de esa Comisión estatal.
“La presentación de denuncias constituye un grave atentado contra la independencia y autonomía de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, pilares fundamentales para la salvaguarda de los derechos y libertades de todas las personas en nuestro país”, expuso en un comunicado.
¿Qué sigue?
La Ombudsperson comentó que hace unos días la autoridad universitaria solicitó una prórroga de aceptación o no respecto a la Recomendación, la cual vence el lunes 9 de septiembre.
Y como la Comisión es un organismo de buena fe, dijo, espera que la Universidad reflexione, reconsidere y ponga de ejemplo de que en una Casa de Estudios se debe velar por la cordialidad y la dignidad de las personas.
Sin embargo, de no aceptar tiene claro cuál es el camino a seguir con base en la Ley que rige a la esa Comisión estatal, ya que cuentan con la facultad y la obligación de notificar al Congreso local, la no aceptación de la Recomendación y éste tendrá que llamar a comparecer a ambas partes.
“Les dimos los cinco días hábiles de buena fe para que pudiera sesionar su Consejo. Si no se logra que en esos días se dé una aceptación, entonces nosotros saldremos en una rueda de prensa a decir qué es lo que está sucediendo y cuáles son los pasos siguientes”, puntualizó la Comisionada.
“Nosotros (iremos) para explicar al Congreso cuáles fueron las violaciones a derechos humanos que acreditamos, cuáles son las consecuencias que nosotros observamos y que pueden detonar conflictos sociales, pero sobre todo que puedan poner en riesgo a las y los jóvenes estudiantes”.
Por su parte, detalló Parra Bonilla, la Universidad habrá de explicar, pero sobre todo fundamentar con la ley, una interpretación armónica y no a modo como lo han venido haciendo, a una interpretación lógica, apegada a derecho y no a conveniencia, siempre atendiendo el principio pro persona como se hace en Derechos Humanos.
Y por supuesto, debe fundamentar por qué no están dispuestos a aceptar la Recomendación.
“Aquí no importan las instituciones sino las personas, nosotros nos basamos en procedimientos y tenemos clara convicción en que el respeto a nuestra autonomía es lo que hace que nuestras recomendaciones sean pulcras, que estén bien fundamentadas y que tengan todos los elementos de acreditación a violaciones a Derechos Humanos”.
Destacó que en el extremo caso de que durante la comparecencia la Universidad tampoco acepta la Recomendación, el órgano de DDHH está en la facultad de denunciar.
En cuanto a las víctimas, tienen la posibilidad de impugnar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que por su parte debe revisar el asunto y entonces confirmar la Recomendación o incluso, ampliarla.
De tampoco aceptarla, lo que sigue es llevar el caso ante el Senado y escalar hasta las últimas consecuencias.
