A su llegada al cargo, Uriel Carmona se negó a ser partícipe de una persecución política solicitada por el Gobernador del estado, dijo el abogado defensor del fiscal

La aprobación para retirarle el fuero al Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, y que sea procesado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público es una revancha política, aseguró el abogado Gabriel Regino.

En febrero de 2018, cuando Carmona Gándara tomó la titularidad del organismo el Gobernador Cuauhtémoc Blanco le pidió proceder penalmente en contra de la Administración anterior ante lo cual se negó.

“Porque la investigación de un crimen no está basada única y exclusivamente en los ánimos políticos de venganza sino en evidencia científica y datos de prueba”, expuso el litigante.

Pero esa negativa le salió cara al Fiscal, pues al no prestarse a ese juego político se convirtió en el blanco de una venganza y un ataque constante que enfrenta hasta la fecha.

Tras su negativa, a la Fiscalía General de la República (FGR) llegó un correo interno (al cual no tiene acceso la opinión pública) con una denuncia anónima dirigida a la Unidad Especializada en Investigación Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, en la que se señaló al Fiscal de Morelos de estar coaligado con organizaciones delictivas.

Sin embargo, esa autoridad no encontró nada en su contra, detalló Regino, por lo que fue necesario encontrar un nuevo pretexto para actuar en su contra.

La Unidad de Terrorismo se dio a esa tarea y lo único que halló fue acusarlo por un fallo administrativo: el haber asumido su cargo sin contar con los exámenes de control de confianza.

“Lo cual (en su momento) fue cierto, pero no es delito porque la Constitución del Estado de Morelos no los exige como requisito”, explicó la defensa.

Llama la atención que ese es un hecho de índole administrativa y no corresponde ser investigado por una Unidad de Terrorismo sino por otra área de la FGR, ya que existe una Fiscalía para Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

En aras de dar cumplimiento a las disposiciones correspondientes, a dos meses de haber asumido el cargo, el Fiscal de Morelos presentó los exámenes y actualmente cuenta con todas esas certificaciones.

De eso hace ya casi seis años, por lo que esos hechos, que no son delito, ya prescribieron y por tanto no eran susceptibles de una votación ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

“Yo acuso a la Sección Instructora de no haber atendido la petición que hicimos de que votarían sobre hechos ya prescritos. Yo acuso a la Fiscalía General de la República y a esta Unidad de Terrorismo ante quienes nos presentamos para pedir la prescripción del caso y contestó con ‘una iiregularidad’”, relató Gabriel Regino.

“Señor Uriel Carmona Gándara, lamentamos no poderle dar trámite a su solicitud, porque usted no tiene ninguna calidad en esta carpeta ¡Siendo que ellos pidieron el desafuero!”.

Para la defensa del Fiscal todo esto no es más que un montaje para declarar, a como dé lugar, la procedencia para que vuelva a enfrentar una serie de procesos como la que ya enfrentó en meses pasados en reprimenda por no alinearse.

“Como no se le había podido doblegar, se le quiso imputar como ya se ha hecho con la muerte desafortunada de una joven sobre la que el Fiscal no tiene participación, ni responsabilidad alguna”, consideró.

El Fiscal General de Morelos es inocente, no ha cometido ningún delito, aseguró el abogado Gabriel Regino.

Durante su participación en el Pleno de San Lázaro a donde acudió en representación del Fiscal, el penalista recordó que hace más de 20 años en ese mismo recinto parlamentario se legisló para darle a las Fiscalías estatales y a la General de la República la figura de la autonomía.

Porque ya entonces era imperante la necesidad de contar con organismos constitucionales autónomos.

“(Con autonomía) no sólo de gestión operativa sino de independencia en la investigación y persecución de los delitos”, subrayó.

De ahí que cuestionó el hecho que desde 2014 y a la fecha, con los cambios transexenales de gobierno, bajo amenazas ya se ha hecho abdicar a 17 fiscales estatales.

“Los nuevos titulares del Poder Ejecutivo estatal les han obligado a renunciar con amenazas de denuncias disfrazadas de motivos personales, con lo cual indirectamente se está violando un mandato constitucional”, deploró.

En sentido opuesto, Gabriel Regino, recordó a los diputados que sus homólogos de la Ciudad de México en breve podría ratificar en el cargo a una Fiscal que fabrica carpetas de investigación y que con el apoyo de federal fue a otro estado a detener a un Fiscal, lo cual no es de su competencia.